Manuel Eduardo Espadas Castillo
Expediente 566/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 13/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Eduardo Espadas Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
MESA VII. Agréguese a estos autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de once de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin excesos ni defectos. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído de once de octubre del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser DEPURABLE, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante José Nerio Ojeda Echeverría, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VII. Agréguese a estos autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Primer Departamento Judicial del Estado; sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de once de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin excesos ni defectos. Cúmplase. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante José Nerio Ojeda Echeverria, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VII. Visto el estado que guardan los presentes autos, en el que obra la siguiente documentación: - Oficio CJ/DCLP/OD/522/2019, de doce de agosto del año en curso, por medio del cual, el Gobernador Constitucional del Estado, remitió el diverso DGOB/1087/2019, de diecisiete de junio del año en curso, con el que solicitó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, se sirva proporcionar el auxilio de la fuerza pública a su cargo. - Oficio SSP/DJ/28973/2019, firmado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el que informa que señaló las diez horas con treinta minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la diligencia con auxilio de la fuerza pública que le fue solicitada mediante oficio 3930, expedido por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 300/2015 de su índice. - Oficio SSP/DJ/32375/2019, firmado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el que informa que la fuerza pública con oficio DGOB/1087/2019, señalada para las diez horas con treinta minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve, no se llevó a cabo, en vista de que la parte interesada no se apersonó para ello. - Escrito del quejoso Manuel Eduardo espadas Castillo, de diecinueve de septiembre del año en curso, en el que señaló que la diligencia con auxilio de la fuerza pública no se pudo realizar, debido a que en el expediente 300/2015, no se habían nombrado a los peritos competentes para poder realizar el desalojo, toda vez que el predio que se va a recuperar se encuentra en copropiedad y requiere de dichos peritos para poder delimitar la parte de terreno que se le entregará, motivo por el cual, la diligencia no podía realizarse; agregando que posteriormente se solicitará de nuevo la diligencia - Oficio 2590, de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, expedido por la Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que informa a éste órgano judicial que el expediente 300/2015 de su índice, se encuentre en la fase de ejecución de sentencia, así como que por el momento, no es posible que se lleve a cabo la diligencia de desalojo con auxilio de la fuerza pública, e indica las diligencias faltantes para que ello ocurra, las cuales, estima se podrían diligenciar en un plazo de veinticinco días hábiles, atendiendo a los términos dispuestos para resolver y llevar a cabo las notificaciones pertinentes, considerando la promoción oportuna de las solicitudes respectivas. Asimismo, se aprecia que mediante proveído de uno de octubre del año en curso, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este Juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia firmada el trece de junio del año en curso, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Asimismo, por auto de dos de julio del presente año, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. Efectos de la sentencia. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de las autoridades responsables, violatoria de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en perjuicio de la parte quejosa; lo procedente es conceder a MANUJEL EDUARDO ESPADAS CASTILLO, el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra, para el efecto de que el Gobernador Constitucional responsable, ordene prestar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado y, de inmediato, proporcione los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública en comento, en términos de lo solicitado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 300/2015, en donde es actor el aquí quejoso." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que por oficio CJ/DCLP/OD/522/2019, de doce de agosto del año en curso, el Gobernador Constitucional del Estado, cumplió con lo ordenado en la sentencia ejecutoriada, en razón de que autorizó al Secretario de Seguridad Pública del Estado proporcionar el auxilio de la fuerza pública a su cargo; determinación que fue acatada por la última autoridad nombrada, quien, por oficio SSP/DJ/28973/2019, informó que se señalaron las diez horas con treinta minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la diligencia con auxilio de la fuerza pública que le fue solicitada mediante oficio 3930, expedido por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 300/2015 de su índice. Sin que obste para lo anterior, que la diligencia de mérito no se haya llevado a cabo en la fecha y hora fijadas para ello, pues tal situación se debió a que en el expediente 300/2015, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial, existen una serie de diligencias pendientes de desahogar, previas a la desocupación y entrega del inmueble que debía ser entregado al aquí quejoso; situación que desconocían las responsables, quienes, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, proporcionaron los elementos policiacos necesarios para que tenga verificativo la diligencia de desocupación y entrega del bien inmueble que defiende la parte quejosa. Lo que se corrobora con la documentación remitida por la Juez Primero de lo Civil de Estado de Yucatán, la cual tiene valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en las que asentó que "por ahora, no es posible que se lleve a cabo la diligencia de desalojo con auxilio de la fuerza pública", indicando para ello, cuales son las diligencias faltantes para que ello ocurra, y el tiempo estimado para su realización, la cual no sólo depende de los tiempos procesales, propios del juicio ordinario civil, sino también del impulso de las partes que lo conforman, en especial, del aquí quejoso. En ese sentido, debe concluirse que incuestionablemente las autoridades responsables han dado cumplimiento cabal a la sentencia amparadora, por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE DETERMINA QUE SE HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD EL FALLO PROTECTOR, SIN EXCESOS NI DEFECTOS; máxime, que el propio quejoso, Manuel Eduardo Espadas Castillo en su escrito de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, indicó que con posterioridad al desahogo de las diligencias pendientes en el expediente 300/2015, solicitaría de nuevo la diligencia de fuerza pública; lo cual, en su caso, constituiría un acto diverso al reclamado en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de José Nerio Ojeda Echeverria, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VII. Visto el estado que guardan los presentes autos, en el que obra la siguiente documentación: - Oficio CJ/DCLP/OD/522/2019, de doce de agosto del año en curso, por medio del cual, el Gobernador Constitucional del Estado, remitió el diverso DGOB/1087/2019, de diecisiete de junio del año en curso, con el que solicitó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, se sirva proporcionar el auxilio de la fuerza pública a su cargo. - Oficio SSP/DJ/28973/2019, firmado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el que informa que señaló las diez horas con treinta minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la diligencia con auxilio de la fuerza pública que le fue solicitada mediante oficio 3930, expedido por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 300/2015 de su índice. - Oficio SSP/DJ/32375/2019, firmado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el que informa que la fuerza pública con oficio DGOB/1087/2019, señalada para las diez horas con treinta minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve, no se llevó a cabo, en vista de que la parte interesada no se apersonó para ello. - Escrito del quejoso Manuel Eduardo espadas Castillo, de diecinueve de septiembre del año en curso, en el que señaló que la diligencia con auxilio de la fuerza pública no se pudo realizar, debido a que en el expediente 300/2015, no se habían nombrado a los peritos competentes para poder realizar el desalojo, toda vez que el predio que se va a recuperar se encuentra en copropiedad y requiere de dichos peritos para poder delimitar la parte de terreno que se le entregará, motivo por el cual, la diligencia no podía realizarse; agregando que posteriormente se solicitará de nuevo la diligencia - Oficio 2590, de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, expedido por la Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que informa a éste órgano judicial que el expediente 300/2015 de su índice, se encuentre en la fase de ejecución de sentencia, así como que por el momento, no es posible que se lleve a cabo la diligencia de desalojo con auxilio de la fuerza pública, e indica las diligencias faltantes para que ello ocurra, las cuales, estima se podrían diligenciar en un plazo de veinticinco días hábiles, atendiendo a los términos dispuestos para resolver y llevar a cabo las notificaciones pertinentes, considerando la promoción oportuna de las solicitudes respectivas. Asimismo, se aprecia que mediante proveído de uno de octubre del año en curso, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este Juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia firmada el trece de junio del año en curso, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Asimismo, por auto de dos de julio del presente año, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. Efectos de la sentencia. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de las autoridades responsables, violatoria de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en perjuicio de la parte quejosa; lo procedente es conceder a MANUJEL EDUARDO ESPADAS CASTILLO, el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra, para el efecto de que el Gobernador Constitucional responsable, ordene prestar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado y, de inmediato, proporcione los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública en comento, en términos de lo solicitado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 300/2015, en donde es actor el aquí quejoso." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que por oficio CJ/DCLP/OD/522/2019, de doce de agosto del año en curso, el Gobernador Constitucional del Estado, cumplió con lo ordenado en la sentencia ejecutoriada, en razón de que autorizó al Secretario de Seguridad Pública del Estado proporcionar el auxilio de la fuerza pública a su cargo; determinación que fue acatada por la última autoridad nombrada, quien, por oficio SSP/DJ/28973/2019, informó que se señalaron las diez horas con treinta minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la diligencia con auxilio de la fuerza pública que le fue solicitada mediante oficio 3930, expedido por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 300/2015 de su índice. Sin que obste para lo anterior, que la diligencia de mérito no se haya llevado a cabo en la fecha y hora fijadas para ello, pues tal situación se debió a que en el expediente 300/2015, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial, existen una serie de diligencias pendientes de desahogar, previas a la desocupación y entrega del inmueble que debía ser entregado al aquí quejoso; situación que desconocían las responsables, quienes, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, proporcionaron los elementos policiacos necesarios para que tenga verificativo la diligencia de desocupación y entrega del bien inmueble que defiende la parte quejosa. Lo que se corrobora con la documentación remitida por la Juez Primero de lo Civil de Estado de Yucatán, la cual tiene valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en las que asentó que "por ahora, no es posible que se lleve a cabo la diligencia de desalojo con auxilio de la fuerza pública", indicando para ello, cuales son las diligencias faltantes para que ello ocurra, y el tiempo estimado para su realización, la cual no sólo depende de los tiempos procesales, propios del juicio ordinario civil, sino también del impulso de las partes que lo conforman, en especial, del aquí quejoso. En ese sentido, debe concluirse que incuestionablemente las autoridades responsables han dado cumplimiento cabal a la sentencia amparadora, por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE DETERMINA QUE SE HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD EL FALLO PROTECTOR, SIN EXCESOS NI DEFECTOS; máxime, que el propio quejoso, Manuel Eduardo Espadas Castillo en su escrito de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, indicó que con posterioridad al desahogo de las diligencias pendientes en el expediente 300/2015, solicitaría de nuevo la diligencia de fuerza pública; lo cual, en su caso, constituiría un acto diverso al reclamado en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de José Nerio Ojeda Echeverria, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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