Manuel Eduardo Cortés Ancona
Expediente 1443/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1443/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Eduardo Cortés Ancona
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 371/2019 signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, sin que sea el caso pronunciarse en relación a su contenido, en virtud de que el original del juicio de amparo de donde deriva este expedientillo, se encuentra con audiencia levantada de dos de diciembre del presente año. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase la copia que solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Finalmente, una vez dictada la sentencia respectiva, agréguese este cuaderno de antecedentes al original del juicio principal. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el informe justificado signado por el agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal Orientador "B" de la Unidad de Atención y Determinación Mérida del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, actuando en auxilio del Juez Segundo de Distrito de la misma especialidad, con sede en esta ciudad, así como los anexos que acompaña, consistentes en las copias certificadas del cuaderno de impugnaciones contra determinación del Ministerio Público 34/2019 de su índice y un disco compacto en formato DVD (Disco Versátil Digital). Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes del citado informe y de los anexos que acompaña, y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *********, en contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Centro de Justicia Penal Federal y agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal Orientador "B" de la Unidad de Atención y Determinación Mérida, ambos con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve dictada en autos del expediente número 34/2019 del índice del Juzgado Segundo de Control del Centro de Justicia Penal Federal, mediante la cual confirma la determinación de abstenerse de investigar decretada en la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000390/2019. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1443/2019-V-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de referencia como en derecho procede. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con diez minutos del dos de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Asimismo, respecto al Juez de Control, en términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del citado numeral, adicionado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, de ser cierto el acto reclamado, deberá acompañar además a su aludido informe de ley, el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que indicará el orden de intervención de cada una de las partes. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales públicas consistente en las constancias relativas a la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000390/2019 y el expediente de origen 34/2019, que habrán de remitir las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, así como la diversa documental, que acompañó a su escrito de demanda, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Téngase como domicilio y autorizados de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los que señala para tal fin en su demanda de amparo, en los términos que indica. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. Sin que haya necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y regístrese.
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