Manuel de Jesús Sánchez Pool
Expediente 1216/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1216/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel de Jesús Sánchez Pool
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley, en contra del acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel de Jesús Sánchez Pool, contra el acto que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que hace consistir esencialmente en: El auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil 1005/2018 de su índice. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1216/2018-V-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio, se considera pertinente destacar que el citado numeral 107 establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Apoya lo anterior, la tesis IV.2o.C. J/2 (10a.)c, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la foja 1539, del tomo III, Mayo de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006338, que precisa: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Así, es oportuno precisar que se está ante una violación a derechos sustantivos, cuando el acto reclamado es de tal manera grave, que aunque se obtenga una sentencia favorable, el agravio sufrido ya no será reparable. En esa condición, si se trata de violación a derechos procesales, es indudable que cualquier violación puede ser susceptible de repararse en sentencia. Ciertamente, si el gobernado considera que le afectan diversos actos de naturaleza procesal o adjetiva, como lo es el caso que nos ocupa, en el cual, la parte aquí quejosa, reclama el auto de veintiséis de septiembre mediante el cual se tuvo por no presentada a tiempo su contestación de demanda en autos el juicio ejecutivo mercantil 1005/2018, promovido en su contra. Dicho acto no es violatorio de derechos sustantivos, pues no le causa un perjuicio, ya que si al final de la controversia obtiene sentencia favorable, evidentemente el justiciable no resentiría el perjuicio que consideraba le aquejaba. Caso contrario, de obtener resolución desfavorable, estará en posibilidad de promover amparo directo en contra de tal sentencia, en el que podrá hacer valer la existencia de la violación procesal. Interpretación, la anterior, que además se corrobora, si se toma en cuenta que en la ley en vigor el legislador privilegió el principio de concentración, con la finalidad de que sea en un solo juicio en el que se diriman los problemas y evitar que éstos se prolonguen con amparos para efectos. Por ende, al establecer la procedencia del juicio de amparo indirecto, en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, no consideró las violaciones procesales como actos de imposible reparación, las cuales fueron reservadas para ser reclamadas junto con la sentencia, a través del amparo directo, en términos del ordinal 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, ese tipo de violaciones procesales ya no son factibles combatirlas a través de amparo indirecto. Corolario de lo anterior, como la Ley de Amparo para la procedencia del amparo indirecto considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces no queda comprendido en esa connotación, las violaciones aducidas en cuanto a la negativa a admitir la contestación de demanda en el juicio natural; toda vez que dicha actuación sólo afecta derechos procesales, los cuales pueden ser reparados si la aquí quejosa obtiene sentencia favorable. Por tanto, ese tipo de violaciones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino hacerlas valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adversa la sentencia y en el supuesto de que sea favorable al afectado, lo puede plantear en el amparo adhesivo conforme al numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 182 de la Ley de Amparo, a fin de que no quede en estado de indefensión, pues esta última fue una de las razones por las cuales, con base en la jurisprudencia, se determinó la improcedencia del amparo indirecto. Así las cosas, la actuación reclamada no produce afectación material de derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos, tal como lo consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación; entonces, es factible colegir que actualmente no se surte el supuesto de procedencia del amparo indirecto, al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; por no afectar materialmente derechos fundamentales, máxime que en el caso, el promovente no señala que hubiese hecho valer alguna excepción que hiciera procedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación precisa al caso, la tesis jurisprudencial 1a./J. 54/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 772, del Tomo II, Octubre de 2011, Materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 160910, que es del tenor siguiente: "DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto." En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, las causales de improcedencia analizadas, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Manuel de Jesús Sánchez Pool, contra el acto que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizados a Yeimy Isaura Pacheco Canché, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y Manuel Jesús González Romero, en términos del segundo parrado del artículo 24 de la citada ley. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese.
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