Manuel Domitilo León García

Expediente 503/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 30 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
503/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Manuel Domitilo León García
  • Lic. Katia Monserrat Serrano Téllez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la resolución en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió un legajo de constancias en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, ..., el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva; ... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA NO ACUDIÓ POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 30 DE AGOSTO DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 503/2020, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Tercero Civil de Cuantía Menor, así como del Subdirector de Control y Ejecución de Multas, todos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El uno de octubre de dos mil veinte, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la primera y tercera autoridades indicadas, por estimarlos violatorios de sus derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Sustanciación del juicio. La demanda se recibió en este juzgado el ocho siguiente y, previo desahogo de prevención -donde se señaló como responsable a la segunda mencionada-, el cuatro de noviembre posterior, el suscrito la admitió a trámite, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió a las autoridades su informe justificado, designó parte tercera interesada y señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que la representante social mencionada no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes de ley, se emplazó a la tercera interesada, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del fuero común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 2036/2019, del índice del Juzgado Décimo Tercero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, y reclama lo siguiente: - La falta de llamamiento a dicho controvertido y todo lo actuado, esto es, el auto de exequendo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve (que aún no se ha ejecutado); - El auto de nueve de enero de dos mil veinte, que le impuso una multa por $3,977.74 (tres mil novecientos setenta y siete pesos 74/100 moneda nacional), y su ejecución; - El acuerdo de dieciocho de septiembre siguiente, donde se desechó un incidente de nulidad de actuaciones que planteó. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La certeza de los actos combatidos quedó acreditada con los informes rendidos por las autoridades responsables en sentido afirmativo. Lo que se corrobora con las constancias del juicio de origen y procedimiento de ejecución de multas remitidas como anexo a dichos comunicados, de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Precisada la existencia de los actos reclamados, se analiza la procedencia del juicio de amparo lo cual es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia, y de la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El presente juicio es improcedente toda vez que por el estado que guarda el juicio ejecutivo de origen, a la quejosa no le asiste el carácter de tercera extraña, de modo que para combatir el auto de exequendo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, debe agotar los medios de defensa que contempla la legislación mercantil y la jurisprudencia; esto es, por no estar satisfecho el principio de definitividad. En primer lugar es pertinente señalar por qué no le asiste el carácter de tercero extraño al quejoso. El tercero extraño auténtico a un juicio es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. Orienta lo anterior el criterio de Jurisprudencia VII.2o.C. J/21 de la Novena Época, con registro: 177771. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 1305, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. Ahora bien, de conformidad con el criterio que sostiene el Máximo Tribunal del País, cuando el quejoso está en condiciones de incorporarse a la contienda para defender sus intereses, como lo es en aquellos casos en que el asunto sigue en fase de sustanciación, o sea, antes del dictado de sentencia, el impetrante pierde el carácter de tercero extraño a juicio, y siendo así, queda en obligación de agotar los mecanismos de defensa ordinarios que contempla la ley reguladora del acto reclamado, pues en este caso, no está de cara a un estado de indefensión insuperable. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Décima Época, registro: 2000293. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, en Materia(s): Común, Página: 1627, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En el particular, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, se aprecia que la diligencia de exequendo no se ha practicado, por lo que ni siquiera se ha integrado la relación procesal; incluso el juez de la causa ordenó de nueva cuenta se llevara a cabo dicha diligencia, con apercibimiento de multa en caso de que se opusiera a su realización, siendo la imposición de dicha sanción una actuación dictada en el proceso natural y la última es el auto que desechó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el peticionario, situación que evidencia que aún no se ha dictado sentencia definitiva; y por tanto, el quejoso está en plenas condiciones de incorporarse a la contienda y hacer valer los medios de defensa que correspondan. Al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, cuyo rubro y texto es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Cabe precisar que en similares términos resolvió el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 332/2017, derivado del diverso juicio de amparo 337/2017 del índice de este Juzgado Federal, donde se sostuvo: "En cambio, no tiene el carácter de tercero extraño por equiparación quien alega que no fue citado al juicio o lo fue ilegalmente, si aún no se dicta sentencia en el juicio de origen y tiene conocimiento de los datos precisos del expediente y autoridad ante la que se tramita, ya que en ese supuesto, está en posibilidad de integrarse a la relación procesal y hacer valer los medios ordinarios de defensa correspondientes y aportar pruebas para acreditar la inexistencia o ilegalidad del llamamiento al juicio. Sin que para ello sea necesario que el quejoso tenga conocimiento íntegro de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio al que se ostenta como tercero extraño por equiparación, pues basta que conozca de forma completa y exacta la existencia del juicio seguido en su contra, a fin de que realmente pueda estar en condiciones de acudir a ese juicio e integrarse a la relación procesal, de manera que se tenga la certeza de que, a pesar de estar en posibilidad de acudir al juicio al que se ostenta como tal, no lo hizo. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729, registro 2004274, que se lee: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." [.] Es por ello que, si de constancias de autos se advierte que la quejosa es parte en el juicio de origen, y que al momento de la presentación de la demanda de amparo, aquél se encontraba en gestiones para lograr el embargo de los bienes señalados por la parte actora, sin que obrare constancia alguna sobre la apertura de la etapa probatoria, mucho menos del dictado de la sentencia que resolviera el juicio ejecutivo mercantil, es claro que la quejosa estaba en posibilidad de integrarse a la relación procesal del juicio de origen." Esta resolución se invoca pues constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, así como lo establecido en la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de junio de 2006, página 963, en materia común, cuyo rubro y texto es: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.". Por ello, atento al estado procesal que actualmente guarda el juicio de origen (trámite), se concluye que conforme la jurisprudencia del Máximo Tribunal, la parte quejosa está en condiciones de entablar su defensa, y por ello, no le asiste el carácter de tercera extraña que alega. En concordancia con lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que no se actualizan, pues como ya se explicó, atento al estado procesal que guarda el juicio de origen, a la parte quejosa no puede considerársele como una tercera extraña. Por ello, se concluye que está obligada a agotar el recurso de revocación, para combatir el auto de exequendo (admisorio del juicio ejecutivo mercantil); lo anterior, en término de los artículos 1334 y 1335, ambos del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Lo anterior es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el auto de exequendo debe sujetarse al principio de definitividad; lo anterior, de acuerdo a los razonamientos establecidos en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.) de la Décima Época, en Materia(s): Común, de rubro: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Luego, si en el juicio de origen la suerte principal reclamada asciende a $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), como se advierte de las constancias del procedimiento de origen, es claro que este monto no supera la cantidad a que se refiere el artículo 1339 del Código de Comercio, por lo que al no ser apelable, el recurso conducente será el de revocación. Lo anterior conforme al criterio de jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) de la Décima Época, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, en Materia(s): Civil, Página: 401, que dispone: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Como se aprecia de las disposiciones y jurisprudencias transcritas, el recurso de revocación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el acto reclamado, pues por medio de éste se puede combatir el auto de exequendo del que se duele la parte quejosa; por lo que al no haberse agotado este medio de impugnación, es inconcuso que no se satisface el principio de definitividad. Se cita el criterio II.2o.C.T.34 C de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, en Materia(s): Civil, Página: 508, cuyo contenido: "JUICIOS MERCANTILES. AUTO DE EXEQUENDO. PROCEDE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, CUANDO LA SUERTE PRINCIPAL NO EXCEDA DE CIENTO OCHENTA Y DOS VECES EL SALARIO MÍNIMO. Si en el amparo indirecto que se promueve en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, el acto reclamado surgió de un juicio ejecutivo mercantil en el que la suerte principal no excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo y lo constituye el auto admisorio de la demanda que dio origen a la controversia que por su naturaleza se tramita ante un juzgado de cuantía menor, como el auto de exequendo es una resolución que afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del ejecutado, resulta incuestionable que éste puede interponer contra dicho auto admisorio el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio; ello por exclusión, al no poder combatirlo mediante la apelación a que se refiere el numeral 1340 del último ordenamiento mencionado, cuyo medio de impugnación sólo procede cuando se trata de asuntos de cuantía superior y, actuar en contrario, transgrede garantías individuales." Misma causal de improcedencia pesa respecto de la ejecución del auto de exequendo, pues la diligencia puede combatirse a través del incidente de nulidad respectivo en caso de que se practique en forma contraria a la ley. Lo anterior se apoya en la tesis jurisprudencial VI.1o. J/78, de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 61, Enero de 1993, en Materia(s): Común, Página: 99, que dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa por ello es obvio que en esta última expresión, medio de defensa, queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, a través del cual puede lograrse la anulación del acto reclamado; esto es obtener el objetivo de cualquier medio de defensa. Por ende si el juicio en que se reclama la falta o indebido emplazamiento no se encuentra concluido por sentencia, eso vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo." En efecto, al no ser tercero extraño al proceso por lo que se explicó con antelación, el quejoso queda obligado a promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de exequendo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1394 y 1414 de la legislación mercantil; y 319, 320, 359 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio. Lo anterior, aun cuando la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos; pues lo cierto es que tal disposición refiere también los medios de defensa", con los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos de que se trate, como en el caso es el incidente de nulidad de actuaciones; toda vez que materialmente cumple con el último de los objetivos mencionados, y por ello encuadra como un medio de defensa a que la causal de improcedencia se refiere. Al respecto, es aplicable el criterio de jurisprudencia VI.2o.C. J/243 de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, en Materia(s): Civil, Página: 1651, que dispone: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." También lo es, la tesis III.1o.C. J/34, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, página 1041, de noviembre de 2002, Novena Época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Por lo que ve a los autos de nueve de enero de dos mil veinte y dieciocho de septiembre siguiente, en los que se impuso una multa al peticionario y se desechó el incidente de nulidad de actuaciones que planteó, respectivamente, se actualiza la misma causal de improcedencia, pues deben ser combatidos a través del citado medio de impugnación (recurso de revocación). Por lo anterior, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y lo procedente es SOBRESEER el juicio de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma legislación. No impide el sentido de la presente determinación, que la demanda de garantías haya sido admitida y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, virtud a que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento lo antes señalado, en el criterio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 377, Tomo III, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional." Así, dados los motivos de sobreseimiento que se actualizaron, resulta innecesario entrar al análisis de fondo de las manifestaciones que a modo de conceptos de violación hizo valer la parte quejosa en relación con los actos reclamados. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76,217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 503/2020, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Tercero Civil de Cuantía Menor, así como del Subdirector de Control y Ejecución de Multas, todos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo.".

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 503/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 503/2020, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Tercero Civil de Cuantía Menor, así como del Subdirector de Control y Ejecución de Multas, todos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El uno de octubre de dos mil veinte, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la primera y tercera autoridades indicadas, por estimarlos violatorios de sus derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Sustanciación del juicio. La demanda se recibió en este juzgado el ocho siguiente y, previo desahogo de prevención -donde se señaló como responsable a la segunda mencionada-, el cuatro de noviembre posterior, el suscrito la admitió a trámite, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió a las autoridades su informe justificado, designó parte tercera interesada y señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que la representante social mencionada no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes de ley, se emplazó a la tercera interesada, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del fuero común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 2036/2019, del índice del Juzgado Décimo Tercero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, y reclama lo siguiente: - La falta de llamamiento a dicho controvertido y todo lo actuado, esto es, el auto de exequendo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve (que aún no se ha ejecutado); - El auto de nueve de enero de dos mil veinte, que le impuso una multa por $3,977.74 (tres mil novecientos setenta y siete pesos 74/100 moneda nacional), y su ejecución; - El acuerdo de dieciocho de septiembre siguiente, donde se desechó un incidente de nulidad de actuaciones que planteó. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La certeza de los actos combatidos quedó acreditada con los informes rendidos por las autoridades responsables en sentido afirmativo. Lo que se corrobora con las constancias del juicio de origen y procedimiento de ejecución de multas remitidas como anexo a dichos comunicados, de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Precisada la existencia de los actos reclamados, se analiza la procedencia del juicio de amparo lo cual es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia, y de la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El presente juicio es improcedente toda vez que por el estado que guarda el juicio ejecutivo de origen, a la quejosa no le asiste el carácter de tercera extraña, de modo que para combatir el auto de exequendo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, debe agotar los medios de defensa que contempla la legislación mercantil y la jurisprudencia; esto es, por no estar satisfecho el principio de definitividad. En primer lugar es pertinente señalar por qué no le asiste el carácter de tercero extraño al quejoso. El tercero extraño auténtico a un juicio es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. Orienta lo anterior el criterio de Jurisprudencia VII.2o.C. J/21 de la Novena Época, con registro: 177771. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 1305, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. Ahora bien, de conformidad con el criterio que sostiene el Máximo Tribunal del País, cuando el quejoso está en condiciones de incorporarse a la contienda para defender sus intereses, como lo es en aquellos casos en que el asunto sigue en fase de sustanciación, o sea, antes del dictado de sentencia, el impetrante pierde el carácter de tercero extraño a juicio, y siendo así, queda en obligación de agotar los mecanismos de defensa ordinarios que contempla la ley reguladora del acto reclamado, pues en este caso, no está de cara a un estado de indefensión insuperable. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Décima Época, registro: 2000293. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, en Materia(s): Común, Página: 1627, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En el particular, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, se aprecia que la diligencia de exequendo no se ha practicado, por lo que ni siquiera se ha integrado la relación procesal; incluso el juez de la causa ordenó de nueva cuenta se llevara a cabo dicha diligencia, con apercibimiento de multa en caso de que se opusiera a su realización, siendo la imposición de dicha sanción una actuación dictada en el proceso natural y la última es el auto que desechó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el peticionario, situación que evidencia que aún no se ha dictado sentencia definitiva; y por tanto, el quejoso está en plenas condiciones de incorporarse a la contienda y hacer valer los medios de defensa que correspondan. Al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, cuyo rubro y texto es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Cabe precisar que en similares términos resolvió el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 332/2017, derivado del diverso juicio de amparo 337/2017 del índice de este Juzgado Federal, donde se sostuvo: "En cambio, no tiene el carácter de tercero extraño por equiparación quien alega que no fue citado al juicio o lo fue ilegalmente, si aún no se dicta sentencia en el juicio de origen y tiene conocimiento de los datos precisos del expediente y autoridad ante la que se tramita, ya que en ese supuesto, está en posibilidad de integrarse a la relación procesal y hacer valer los medios ordinarios de defensa correspondientes y aportar pruebas para acreditar la inexistencia o ilegalidad del llamamiento al juicio. Sin que para ello sea necesario que el quejoso tenga conocimiento íntegro de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio al que se ostenta como tercero extraño por equiparación, pues basta que conozca de forma completa y exacta la existencia del juicio seguido en su contra, a fin de que realmente pueda estar en condiciones de acudir a ese juicio e integrarse a la relación procesal, de manera que se tenga la certeza de que, a pesar de estar en posibilidad de acudir al juicio al que se ostenta como tal, no lo hizo. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729, registro 2004274, que se lee: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." [.] Es por ello que, si de constancias de autos se advierte que la quejosa es parte en el juicio de origen, y que al momento de la presentación de la demanda de amparo, aquél se encontraba en gestiones para lograr el embargo de los bienes señalados por la parte actora, sin que obrare constancia alguna sobre la apertura de la etapa probatoria, mucho menos del dictado de la sentencia que resolviera el juicio ejecutivo mercantil, es claro que la quejosa estaba en posibilidad de integrarse a la relación procesal del juicio de origen." Esta resolución se invoca pues constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, así como lo establecido en la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de junio de 2006, página 963, en materia común, cuyo rubro y texto es: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.". Por ello, atento al estado procesal que actualmente guarda el juicio de origen (trámite), se concluye que conforme la jurisprudencia del Máximo Tribunal, la parte quejosa está en condiciones de entablar su defensa, y por ello, no le asiste el carácter de tercera extraña que alega. En concordancia con lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que no se actualizan, pues como ya se explicó, atento al estado procesal que guarda el juicio de origen, a la parte quejosa no puede considerársele como una tercera extraña. Por ello, se concluye que está obligada a agotar el recurso de revocación, para combatir el auto de exequendo (admisorio del juicio ejecutivo mercantil); lo anterior, en término de los artículos 1334 y 1335, ambos del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Lo anterior es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el auto de exequendo debe sujetarse al principio de definitividad; lo anterior, de acuerdo a los razonamientos establecidos en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.) de la Décima Época, en Materia(s): Común, de rubro: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Luego, si en el juicio de origen la suerte principal reclamada asciende a $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), como se advierte de las constancias del procedimiento de origen, es claro que este monto no supera la cantidad a que se refiere el artículo 1339 del Código de Comercio, por lo que al no ser apelable, el recurso conducente será el de revocación. Lo anterior conforme al criterio de jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) de la Décima Época, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, en Materia(s): Civil, Página: 401, que dispone: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Como se aprecia de las disposiciones y jurisprudencias transcritas, el recurso de revocación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el acto reclamado, pues por medio de éste se puede combatir el auto de exequendo del que se duele la parte quejosa; por lo que al no haberse agotado este medio de impugnación, es inconcuso que no se satisface el principio de definitividad. Se cita el criterio II.2o.C.T.34 C de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, en Materia(s): Civil, Página: 508, cuyo contenido: "JUICIOS MERCANTILES. AUTO DE EXEQUENDO. PROCEDE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, CUANDO LA SUERTE PRINCIPAL NO EXCEDA DE CIENTO OCHENTA Y DOS VECES EL SALARIO MÍNIMO. Si en el amparo indirecto que se promueve en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, el acto reclamado surgió de un juicio ejecutivo mercantil en el que la suerte principal no excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo y lo constituye el auto admisorio de la demanda que dio origen a la controversia que por su naturaleza se tramita ante un juzgado de cuantía menor, como el auto de exequendo es una resolución que afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del ejecutado, resulta incuestionable que éste puede interponer contra dicho auto admisorio el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio; ello por exclusión, al no poder combatirlo mediante la apelación a que se refiere el numeral 1340 del último ordenamiento mencionado, cuyo medio de impugnación sólo procede cuando se trata de asuntos de cuantía superior y, actuar en contrario, transgrede garantías individuales." Misma causal de improcedencia pesa respecto de la ejecución del auto de exequendo, pues la diligencia puede combatirse a través del incidente de nulidad respectivo en caso de que se practique en forma contraria a la ley. Lo anterior se apoya en la tesis jurisprudencial VI.1o. J/78, de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 61, Enero de 1993, en Materia(s): Común, Página: 99, que dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa por ello es obvio que en esta última expresión, medio de defensa, queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, a través del cual puede lograrse la anulación del acto reclamado; esto es obtener el objetivo de cualquier medio de defensa. Por ende si el juicio en que se reclama la falta o indebido emplazamiento no se encuentra concluido por sentencia, eso vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo." En efecto, al no ser tercero extraño al proceso por lo que se explicó con antelación, el quejoso queda obligado a promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de exequendo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1394 y 1414 de la legislación mercantil; y 319, 320, 359 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio. Lo anterior, aun cuando la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos; pues lo cierto es que tal disposición refiere también los medios de defensa", con los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos de que se trate, como en el caso es el incidente de nulidad de actuaciones; toda vez que materialmente cumple con el último de los objetivos mencionados, y por ello encuadra como un medio de defensa a que la causal de improcedencia se refiere. Al respecto, es aplicable el criterio de jurisprudencia VI.2o.C. J/243 de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, en Materia(s): Civil, Página: 1651, que dispone: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." También lo es, la tesis III.1o.C. J/34, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, página 1041, de noviembre de 2002, Novena Época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Por lo que ve a los autos de nueve de enero de dos mil veinte y dieciocho de septiembre siguiente, en los que se impuso una multa al peticionario y se desechó el incidente de nulidad de actuaciones que planteó, respectivamente, se actualiza la misma causal de improcedencia, pues deben ser combatidos a través del citado medio de impugnación (recurso de revocación). Por lo anterior, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y lo procedente es SOBRESEER el juicio de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma legislación. No impide el sentido de la presente determinación, que la demanda de garantías haya sido admitida y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, virtud a que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento lo antes señalado, en el criterio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 377, Tomo III, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional." Así, dados los motivos de sobreseimiento que se actualizaron, resulta innecesario entrar al análisis de fondo de las manifestaciones que a modo de conceptos de violación hizo valer la parte quejosa en relación con los actos reclamados. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76,217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 503/2020, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Tercero Civil de Cuantía Menor, así como del Subdirector de Control y Ejecución de Multas, todos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO EN DERECHO CORRESPONDA. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretaria que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy treinta de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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