Manuel de Jesus Arroyo Rodríguez

Expediente 127/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
127/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Manuel de Jesus Arroyo Rodríguez
  • Federico Arreola Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado procesal, el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  2. Principal

    Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído de dieciocho de marzo pasado, donde se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que este cuaderno es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió constancias en justificación de sus actos, devuélvansele; en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Por recibido el oficio proveniente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual adjunta la resolución de cuatro de marzo de la presente anualidad, dictada en los autos del toca R.C. 135/2020, de la que se advierte que confirmó la interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil veinte, y remite los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 127/2020. Acúsese recibo y dígase a la Superioridad que el suscrito queda enterado del contenido de dicha ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, e infórmese a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para emplazar a juicio al tercero interesado ..., no obstante que por auto de ocho de octubre de dos mil veinte, se ordenó realizar las gestiones necesarias con el objeto de localizar su domicilio, girando oficios a diversas dependencias y se agotaron las diligencias correspondientes, sin lograr resultados favorables. Asimismo, por auto de cinco de noviembre de esa anualidad, se puso a disposición de la parte quejosa el extracto correspondiente a los edictos para ser publicados por tres veces, de siete en siete días en el "Diario ..." y en un periódico de circulación nacional; sin que hasta la fecha haya manifestado las gestiones para ello, o la imposibilidad económica para sufragar un gasto de esa naturaleza; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído. Lo anterior, da lugar a SOBRESEER el presente asunto, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 17 constitucional, dispone: "Articulo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El derecho humano contenido en el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona puede acudir ante los tribunales, y que éstos le administren justicia de forma pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Además, debe considerarse que la reserva de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de administrar justicia, estará en contravención con el precepto constitucional aludido. Del texto del artículo 17 constitucional, se desprende que el derecho humano consagrado garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia de forma pronta y expedida, ya que los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Consecuentemente, de la armónica y sistemática interpretación de dicho precepto constitucional, se colige que no es permisible que la impartición de justicia se obstaculice con la falta de interés de la parte quejosa con la intención de paralizar el procedimiento, debiendo prevalecer en todo caso lo ordenado por la Constitución Federal, la cual establece de manera expresa las limitantes a que están sujetos los derechos humanos que ella otorga. Por ello, la reserva de ley en virtud de la cual el referido precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador ordinario la facultad de reglamentar el derecho de la justicia de manera discrecional, sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se paraliza el procedimiento jurídico ante la inactividad de una de las partes para la prosecución del proceso, como en el presente juicio de amparo, en donde la parte quejosa no realizó las gestiones necesarias para emplazar al tercero interesado, ni manifestó la imposibilidad económica que tenía para sufragar tal gasto, pues ello es indispensable para la continuación del juicio, retardando o entorpeciendo la función de administrar justicia pronta y expedita, lo cual contraviene el precepto constitucional en mención. Bajo esos planteamientos, si este Juzgado Federal agotó la investigación a que se refiere el artículo 27 fracción III inciso b) de la Ley de Amparo y ordenó en su oportunidad el emplazamiento del tercero interesado ... a este juicio de amparo, por medio de edictos, sin que la parte quejosa haya realizado las gestiones para la publicación de los edictos ordenados, ni haya manifestado la imposibilidad económica para ello, a pesar de haber sido notificada por última ocasión de dicho requerimiento el tres del presente mes y año, se concluye que la peticionaria de amparo incumplió con un presupuesto procesal, como en el caso que nos ocupa lo es la prosecución del procedimiento. En esas condiciones, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO DE AMPARO promovido por Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, contra actos de la Segunda Sala y Juez Trigésimo Quinto, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos, y con fundamento en el artículo 63 fracción II, en relación con el diverso 27 fracción III de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número P./J. 23/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el 11 de septiembre de 2015, Décima Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo anterior, queda sin efectos la hora para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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