Manuel DomìNguez Flores
Expediente 441/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel DomìNguez Flores
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: ESTADO DE AUTOS Vista la constancia de notificación de veinte de julio de dos mil veintidós, practicada al quejoso por el Actuario de la adscripción, se aprecia la manifestación siguiente: "Se da por notificado y solicita atención médica". Con lo anterior, dese vista al representante especial del impetrante de amparo, a efecto de garantizar en debida forma el derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Notifíquese personalmente al profesionista ********************. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Abel Jonapá García, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: SE RECIBE ESCRITO Visto lo de cuenta, téngase a Efraín Sandoval Rosales Defensor Público Federal, aceptando y protestando el cargo de representante especial de la parte quejosa, conferido en autos, así como proporcionando el correo electrónico, número telefónico, domicilio y usuario para oír y recibir notificaciones. Por tanto, manténganse bajo resguardo estos datos, a fin de que sean utilizados como medios especiales y expeditos de contacto. Con fundamento en el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones que le resulten a través de los usuarios "EFRAINSANDOVALROSALES" para lo cual se instruye al actuario de la adscripción darles de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, deberá habilitarse la consulta del Expediente Electrónico. Finalmente, se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica en su manuscrito de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, virtud a que el quejoso guarda reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario de la adscripción, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y le notifique el presente auto al aludido impetrante de amparo. Lo anterior, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de la persona justiciable. De ser el caso, instrúyase al área administrativa de este juzgado, para los efectos del artículo 156, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: SE RECIBE OFICIO Visto lo de cuenta, téngase al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, designando como representante especial de la parte quejosa, al licenciado Efraín Sandoval Rosales; así como proporcionando el número telefónico, correo electrónico y domicilio donde puede ser notificado. Por tanto, requiérase a dicho profesionista en el domicilio proporcionado para que dentro del plazo de tres días comparezca en días y horas hábiles ante este Juzgado, a aceptar el cargo conferido. Notifíquese; y personalmente a Efraín Sandoval Rosales.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: 1. Determinaciones específicas en relación con la acción de amparo. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, y otras autoridades. 1.2. Registro. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número ********************/2022-P. 1.3. Causa de improcedencia y desechamiento de la demanda de amparo. Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. A continuación, se trascribe el reclamo del impetrante de amparo: "(.) todas las Autoridades aquí descritas con domicilio en el centro federal nu 17 cps michoacan.(SIC). acto reclamado reclamo de estas autoridades que he señalado como responsables que en las reuvicaciones del Año 2020 seme reuvico A una celda de la esquina donde uno no Puede ver la television y el 2021 seme buelve A reuvicar y nueva mente seme reuvica a otra celda tambien en la esquina y no se puede ver la tele y en este Ano 2022 seme buelve A feuvicar A otra celda otra ves en la esquina donde no se ve la televisión señor Juez no es Justo que yevo casi 3 Años en las celdas de las esquinas donde no puedo ver la television la verdad no se por que motivos no Puedo gosar como los demas compañeros que eyos si lueden ver la television yo no le falto al respeto A ningun oficial o licenciado o licenciada tengo buena conducta y estudio en el ceba secundaria e solicitado una celda donde yo pueda ver la televisión me contestan mis peticiones Asen caso omiso (SIC). Por ese motivo solicito su Ayuda y su Proctección Safa que la ley federal me Ampare y me Proteja es muy estresante estar en una celda de la esquina sin poder ver un rato la television me estreso mucho y Aparte traigo una centencia de 40 Años que empese A compurgar desde el 3 de Julio del 2007 en este centro yo ingrese de 2018 de un traslado de chiapas y nunca e causado Probleme Alguno Por ese motivo Pido semede el mismo trato que A los demas companeros todo este tiempo e estado en la secundaria y trabajo vas volsas le pido humilde mente seme feuvique A una celda de enfrente. y tambien tengo mas de un año que no semeda Atencion medica y ando mal de salud me duele mucho el pecho y tengo almorroides y es muy doloroso cuando Ago del baño nesesito semede una dieta con colacion porque me la paso estrinido y Pues es muy doloroso (SIC). Antecedentes del acto reclamado bajo Protesta de decir verdad manifiesto que todos los hechos que Aqui narro son verdaderos y susedieron Asi tengo de las reuvicaciones del 2020 que me tienen en las celdas de las esquinas donde no seve la television y pues es muy estresante vivir tanto tiempo en esas celdas pues por ese motivio y la Atencion medica ya perdi la Cuenta e mandado muchas peticiones al Afea medica y no seme Atiende Asen casa omisa me siento mal de salud y tengo almorroides internas es muy delicado Por que en veces sangro mucho es Por que me estrine eso quiero una atencion medica Para que se mede una dieta con tres colaciones las colaciones es fruta por separade para el estreñimiento le pido humildemente seme brinde la protección de usted y la protección federal astas son las cosas que quiero y ocupo seme brinde no es nada que no tengo yo derecho (SIC). (.)" Bajo ese contexto, se aprecia que el peticionario de amparo, comparece ante esta instancia constitucional a dolerse en esencia de: Hechos, actos y omisiones respecto de las condiciones de internamiento. No obstante la presunción de la certeza del acto reclamado, este Órgano de Control Constitucional, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho precepto alude, al principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo, es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, cuando: A. Deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o bien, B. Proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el entendido de que la última hipótesis opera siempre y cuando conforme a las leyes que rijan los actos tildados de inconstitucionales, se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la legislación de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la invocada normatividad. Al respecto, el mecanismo establecido en la legislación aplicable al particular, dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por las autoridades penitenciarias, como se precisará párrafos posteriores e incluso, si la parte quejosa, desea que su acto sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, a fin de que cese la omisión, por lo que dicha suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la regulada por la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que ésta requiere, ni tampoco mayor plazo para su otorgamiento. Ahora, de los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que dicha legislación prevé el Procedimiento Administrativo, mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden interponerlo a su favor sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Además, si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Asimismo, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme con el nuevo sistema penal acusatorio. Ahora en el caso en particular, de la demanda de amparo, se evidencia que el quejoso, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlan, Michoacán y reclama hechos, actos y omisiones respecto de las condiciones de internamiento. De lo anterior se concluye que este juicio es improcedente porque el promovente antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo, es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien respecto de los actos reclamados analizados en este apartado y, en su caso, formular controversia ante el juez de ejecución, pues no se actualiza algún caso de excepción al citado principio de definitividad. No es óbice a lo anterior que, el impetrante de amparo refiera haber presentado diversos escritos ante el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo (solicitando atención medica); pues, aun cuando hubiera formulado tal petición, tiene a su disposición la instancia a que se ha hecho referencia ante el juez competente. Cobra aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Además, la legislación en cita, también regula la atención de ese tipo de casos apremiantes, en los que el quejoso podrá solicitar la suspensión de inmediato de las omisiones reclamadas, por lo que no se actualiza alguna causa de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Es así, ya que la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que, en actos, urgentes, el Juez de Ejecución de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motive la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que procede es DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley en cita. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia número I.13º.A. J/6, visible en la página 1631, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que sostiene: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." 1.4. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, virtud a que el quejoso guarda reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario de la adscripción, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y le notifique el presente auto al aludido impetrante de amparo. Lo anterior, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de la persona justiciable. De ser el caso, instrúyase al área administrativa de este juzgado, para los efectos del artículo 156, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1.5. Representante especial. Tomando en consideración que el peticionario del amparo se encuentra privado de su libertad y no designó autorizado para recibir notificaciones, solicítese vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que en un plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de que le sea legalmente notificado el presente proveído, designe a un defensor público que le brinde asesoría jurídica especializada al aludido quejoso, a fin de garantizar en debida forma su derecho fundamental de tutela judicial efectiva; adjuntándole copia simple del líbelo constitucional. 1.5.1. Aceptación y protesta de cargo conferido. En ese contexto, requiérase al defensor designado por lo que se refiere a este sumario, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, y con apoyo en los artículos 5, fracción II, y 25, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, que establece que las audiencias se desarrollen por regla general por videoconferencias, con independencia de que un asunto se tramite bajo el esquema tradicional, bajo el de juicio en línea, o en una combinación de ambos, en relación con lo dispuesto por los preceptos 27 fracción III, y 28, fracción II, del Acuerdo General 12/2020, ambos acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con identificación oficial fehaciente, acepte y proteste el cargo que se le confiere, mediante videollamada, a través de la aplicación móvil denominada "WhatsApp", para lo cual, se proporciona el número telefónico 452 135 4490, del Actuario encargado del presente asunto. 1.5.2. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado, se les impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, a cada uno, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 259, de la Ley de Amparo. 2. Determinaciones generales en relación con la actuación del personal judicial y las partes. Con apoyo en el Acuerdo General 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525180416 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525180416 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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