Manuel Chávez Álvarez

Expediente 600/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
600/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Manuel Chávez Álvarez
  • Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia En Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. DEVOLUCIÓN DE TOMOS DE PRUEBAS. Del estado que guardan los autos, se desprende que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que resulta innecesaria la retención de los dos tomos de prueba relativos al juicio ordinario oral familiar, sobre divorcio sin expresión de causa número ********************, provenientes del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  2. Principal

    En trece de junio de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponían las partes para recurrir la sentencia que sobreseyó y negó el juicio de amparo, transcurrió del veintisiete de mayo al nueve de junio de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificadas por lista el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, sin que lo hubieran hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con lo anterior se da cuenta al Juez. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó y negó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las doce horas con cincuenta y seis minutos, del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 600/2021, en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.********************La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención.********************Y, relaciona como principales constancias del expediente:********************La demanda; ********************Informes justificados; y,********************Emplazamiento del tercero interesado. ********************A lo que es Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias.********************Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la secretaria da cuenta al Juez con la prueba documental ofertada por la autoridad responsable, así como con la documental, instrumental de actuaciones y presuncional legal humana del representante especial de la menor de iniciales A.N.CH.R. A lo que el juez provee: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza.********************Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio.********************En el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con el pedimento ministerial formulado por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Órgano de Control Constitucional y por el representante especial de los menores; mientras que las partes restantes fueron omisas en formular alegatos.********************A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado y representante especial formulando alegatos; y, al resto de las partes por precluido su derecho de exponerlos.******************** En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictar la siguiente:********************SENTENCIA********************Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 600/2021, promovido por Manuel Chávez Álvarez contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en materia Familiar de esta ciudad;********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. ********************Por escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno (fojas 3 a 7) Manuel Chávez Álvarez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen:********************"La autoridad responsable: Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo.******************** El acto y omisión de autoridad que se reclama: Es la audiencia preliminar llevada el 1 primero de octubre del presente año que integra el las juicio ordinario oral familiar número 414/2020 promovida por el suscrito Manuel Chávez Álvarez, tramitado ante el juzgado tercero de primera instancia en materia familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, referente a la admisión de la pruebas referente a las personas morales y la medida cautelar sobre alimentos provisionales a favor de la señora Elizabeth Ruiz Mora." ****************************************El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimaron pertinentes.****************************************SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO.********************El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de la propia fecha (fojas 8 a 13), se registró con número de expediente 600/2021 y se desechó.********************Por auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso interponiendo recurso de queja contra el auto de desechamiento; el cual se admitió bajó el registro 220/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, con residente en Morelia, Michoacán de Ocampo; el cual, por resolución de veintiséis de enero de dos mil veintidós, lo declaró fundado.********************El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O:****************************************PRIMERO. COMPETENCIA. ********************Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021; lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución en esta ciudad, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.********************SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. ****************************************Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan.****************************************Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo".****************************************En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos.****************************************Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo.****************************************Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: ********************De la Juez Tercero de Primera Instancia en materia Civil de Morelia, Michoacán de Ocampo:********************La audiencia preliminar celebrada el uno de octubre de dos mil, en el juicio ordinario oral familiar 414/2020, promovido por el quejoso contra Elizabeth Ruiz Mora, en los puntos siguientes:********************La determinación sobre la admisión de pruebas referente a las personas morales.********************La medida cautelar sobre alimentos provisionales a favor de Elizabeth Ruiz Mora.****************************************TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO.********************Es cierto el acto reclamado a la Juez Tercero de Primera Instancia en materia Familiar de esta ciudad, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado.********************Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado, relativas al juicio ordinario oral familiar 615/2012 y disco versátil digital en el que consta la audiencia preliminar en la que se emitieron los actos reclamados.********************Documentales con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. ********************Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ********************"DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." ****************************************CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.********************El artículo 62 de la Ley de Amparo, exige el estudio oficioso de las causales de improcedencias, previamente al estudio del fondo del asunto; por lo que, se procede a su análisis.********************Tiene sustento, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:********************"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías".********************Respecto del acto reclamado consistente en la admisión de las pruebas de la parte demandada relativas a la solicitud de informes de las personas morales, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario. ********************De una interpretación integral de las disposiciones invocadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. ****************************************Ahora, en relación con los actos de imposible reparación, en la tesis de jurisprudencia P./J.37/2014 (10a) el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107 fracción V, precisa el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;".****************************************Con base en la nueva disposición, el Alto Tribunal sustentó el criterio de que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas.******************** ********************Añadió, que la anterior interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento:********************a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.********************Una de las determinaciones que se reclama en el presente juicio de amparo, no es de imposible reparación, lo anterior, por las siguientes consideraciones: ********************La quejosa se duele de la audiencia preliminar celebrada el uno de octubre del de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario oral familiar número 414/2020, del índice de la autoridad responsable, sobre divorcio sin expresión de causa, promovido el quejoso Manuel Chávez Álvarez, contra Elizabeth Ruíz Mora, en relación a la admisión de pruebas de la parte demandada, en cuanto a que no se le permitió objetar la solicitud de información sobre diversas personas morales ofrecidas por ésta. ********************Actos de los que se evidencia la falta de presupuestos necesarios para actualizar la hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo, al no ocurrir el perjuicio de "imposible reparación". ********************Es así, pues no se advierte que dicha determinación produzca en la parte quejosa, consecuencias que afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, como pudiera ser la vida, propiedades y posesiones entre otros, y tampoco se produce afectación material de los mismos. ********************Aspectos adjetivos que, en caso trascender al resultado del fallo definitivo, podría incluso, ser materia de impugnación, como violación procesal.********************Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario; con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado en estudio.********************En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa.********************Sin que se advierta de oficio o a petición de parte diversa causal de improcedencia que estudiar, se procede al estudio de fondo del diverso acto aquí reclamado.********************QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ********************La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo.********************Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer".****************************************SEXTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y/O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA CONFIRMACIÓN DE LA MEDIDA CUATELAR DE ALIMENTOS PROVISIONALES.********************El quejoso refiere que la Juez responsable omitió fundar y motivar la determinación de confirmar la medida de alimentos provisionales, ya que sólo indicó que se atendía a la ejecutoria dictada en diverso juicio de amparo; lo cual contravino sus derechos fundamentales porque la fijación de alimentos tiene efectos únicamente hasta la celebración de la audiencia preliminar; por lo que se encontraba en libertad de modificarlos, conforme lo establece el artículo 996 del Código Familiar vigente en el Estado de Michoacán de Ocampo, al no estar acreditados los requisitos que impone el numeral 462 de la referida legislación.********************Lo anterior es infundado.********************A fin de dar claridad al problema planteado, resulta necesario hacer una narración de antecedentes, del acto reclamado, los cuales de desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable:********************El siete de septiembre de dos mil veinte, el Juez de instancia admitió a trámite la demanda que en la vía ordinaria familia promovió Manuel Chávez Álvarez, frente a Elizabeth Ruiz Mora, misma que registro con el número 414/2020.********************El veintitrés de septiembre Elizabeth Ruiz Mora, por su propio derecho y en representación de la niña A.N.CH.R., dio contestación a la demanda instaurada en su contra, en la que presentó reconvención en contra de Manuel Chávez Álvarez, y a su vez, solicitó el pago de alimentos provisionales y en su caso, los definitivos a su favor y al de la niña A.N.CH.R.; la separación de personas y/o cónyuges; la fijación de las medidas necesarias para que no se le cause perjuicio en torno a los bienes y derechos respecto de los cuales tiene derecho a recibir una compensación, se girara oficio a diversas autoridades para obtener información sobre la totalidad de las cuentas bancarias a nombre de Manuel Chávez Álvarez, Agrícola Agua Chiquita, S.P.R. de R.L., Afrinata, S.P.R. de R.L., Agrícola Chaval, S.P.R. de R.L., Ochochem, S.A. de C.V. y GYM Obelisco del Cupatitzio, S.A. de C.V., y determinar la capacidad económica del actor y evitar que se dispusiera y se dilapidaran en perjuicio de las acreedoras alimentistas. ********************El veintinueve de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable, realizó lo siguiente: ********************Fijó como pensión alimenticia a favor de la menor A.N.CH.R, un importe equivalente a treinta veces al salario mínimo general vigente en el Estado, a razón de $132.22, que arroja la cantidad de $3,696.60 tres mil seiscientos noventa y seis pesos.********************Decretó orden de restricción, a fin de impedir que el actor se les acercara a la demandada y a su menor hija, a una distancia de cien metros de su domicilio particular o en cualquier otro lugar de su entorno social en donde ambas se encontraran, centro educativo o recreativo de la infanta.********************Determinó orden de protección a favor de Elizabeth Ruiz Mora, con la finalidad de evitar posibles agresiones por parte de su cónyuge Manuel Chávez Álvarez, para lo cual giró oficio al Secretario de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad Municipal de esta localidad, solicitando la designación de elementos que le brindarán apoyo en cualquier momento y lugar que necesitara. ********************Estableció medida cautelar de aseguramiento de inmuebles propiedad del actor, para prohibir su enajenación.********************Asimismo, determinó no admitir la reconvención intentada por Elizabeth Ruiz Mora frente a Manuel Chávez Álvarez, al ser improcedente la misma, por ser prestaciones reclamadas a su contraparte inherentes al juicio ordinario que en la vía oral familiar sobre divorcio que sin expresión de causa promueve en su contra Manuel Chávez Álvarez. ********************En contra de tal determinación, la quejosa promovió el juicio de amparo 434/2020, del índice de este Juzgado; en cuyo cuaderno suspensional, con data veintinueve de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia interlocutoria, en la que entre otras, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que la responsable, de conformidad con sus atribuciones legales, dictara un auto en el que fijará una pensión provisional a favor de la niña A.N.CH.R. con base en los estándares establecidos, sin que en ningún caso la pensión pudiera ser inferior a los $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, en conjunto con el equivalente por los demás rubros propuestos por el acto del juicio natural. ********************De igual forma se concedió la suspensión para efecto de que la responsable se pronunciara respecto a la prohibición de que los bienes adquiridos durante el matrimonio sujeto al trámite de divorcio de mérito, no fueran dilapidados, ocultados o destruidos y que, una vez que recibiera la información solicitada a las instituciones bancarias, se pronunciara conforme a derecho procesa respecto a las medidas solicitadas por la quejosa en ese aspecto.********************En cumplimiento a tal medida cautelar, el juez de instancia el cinco de noviembre de dos mil veinte, determinó en lo que interesa: ".atendiendo al interés superior de la menor hija de los contendientes, y como de las constancias que obran en el sumario se advierte que hasta este momento el deudor alimentista es solvente para satisfacer las necesidades básicas alimenticias, educación, vestido, salud y recreación de su menor hija, en términos del artículo 443 del Código Familiar vigente en el Estado de Michoacán, se fija como pensión provisional a favor de la menor A.N.CH.R. la cantidad de $20,000.00 veinte mil pesos mensuales, que el deudor alimentario Manuel Chávez Álvarez deberá cubrir a partir de esta fecha, depositándola ante este juzgado, o bien, entregados de manera directa a la madre de la infante, o en cualquier cuenta bancaria que se haga saber a este Tribunal, reiterándose que esta suma solo es provisional hasta en tanto se resuelva en definitiva este tópico. ********************Por ejecutoria de catorce de diciembre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la aquí tercera interesada a efecto que la Juez responsable realizara lo siguiente:********************".********************Deje sin efectos el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, y en su lugar, dicte uno, en el que reiterando los supuestos que no fueron materia de concesión en la presente sentencia, realice lo siguiente: ********************Se pronuncie nuevamente sobre la fijación de la pensión alimenticia de la menor A.N.CH.R., la cual no podrá ser menor a $15,000.00 (quince mil pesos mensuales). ********************De manera fundada y motivada, en respeto al principio de exhaustividad, se pronuncie sobre la solicitud de la pensión alimenticia respecto de la quejosa Elizabeth Ruiz Mora; así como, de todas y cada una de las medidas precautorias, solicitadas a fin de proteger los derechos y patrimonio de las quejosas, estableciendo si proceden o no, dando las razones legales de su determinación. ********************En la inteligencia que no deberá incurrir en las deficiencias que quedaron señaladas en esta sentencia y que motivaron esta concesión de amparo."****************************************En la parte que interesa en este juicio, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo referida, por auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, resolvió sobre la solicitud de la pensión alimenticia solicitada por Elizabeth Ruiz Mora, y al respecto precisó que se demostraron los requisitos previstos en los artículos 445 y 462 del Código Familiar, pues la quejosa acreditó cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, con la copia del acta de matrimonio, y se justificó la necesidad de la acreedora derivado de sus manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, en el sentido que no cuenta con medios económicos para su subsistencia y que durante su vida matrimonial se dedicó a las labores del hogar, cuidado, alimentación, educación, salud física y mental de su menor hija y en apoyo a su cónyuge en sus negocios, sin percibir salario ni remuneración económica alguna; tomando en cuenta además, el caudal económico del obligado y el nivel de vida que mantuvieron durante su relación conyugal; por tanto, fijó discrecionalmente como pensión provisional a su favor la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), mensuales, los que debería cubrir el obligado a partir de esa fecha, depositándola ante ese juzgado, o bien, entregarlos de manera directa a la madre de la menor, o en cualquier cuenta bancaria.********************El uno de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la audiencia preliminar, la Juez responsable determinó que subsistía la medida cautelar de alimentos provisionales decretada el ocho de abril de dos mil veintiuno.********************La última determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional.********************Resulta pertinente destacar que la fracción I, del artículo 464, del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, impone la obligación al juez de instrucción para que una vez recibida la demanda, fije de manera inmediata una pensión provisional en favor de sus acreedores; además, dicha medida no admitirá recurso alguno.******************** Por su parte, el artículo 996 de la legislación invocada establece, que las medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias decretadas, serán revisadas de oficio o a petición de parte y, en su caso, podrán ser modificadas en la audiencia preliminar, y que las resoluciones que recaigan en la revisión y la concesión de medidas en la audiencia preliminar serán irrecurribles.********************De igual manera, el artículo 1062 del Código Familiar de la entidad refiere, que las resoluciones provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva y que las resoluciones firmes dictadas en negocios de alimentos, entre otros, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias.********************De lo expuesto, se advierte que en las disposiciones que rigen la materia del asunto de origen, se encuentra determinado los momentos y las formas en que pueden establecerse y modificarse las medidas cautelares, entre la que se encuentra la de alimentos provisionales dictada en el juicio de origen; y que uno de estos momentos podrá ser en la audiencia preliminar, lo cual estará sujeto a que la circunstancias que la originaron hubieran variado.********************En ese sentido, del contenido de la audiencia preliminar de uno de octubre de dos mil veintiuno, se aprecia que en la fase de revisión de medidas cautelares, la autoridad judicial responsable determinó, derivado de su revisión oficiosa y de la solicitud del aquí quejoso, en cuanto a los alimentos provisionales en favor de la tercera interesada Elizabeth Ruiz Mora, así como de la menor, que debían subsistir en los términos previamente establecidos; ello, en virtud de que no existían datos sobre alguna modificación respecto de las circunstancias por las que se autorizó, la cual, además, se emitió con motivo de la concesión del diverso juicio de amparo promovido por la tercera interesada.******************** Así, con tal determinación (aquí reclamada) no se vulneraron los derechos fundamentales del quejoso, pues aún y cuando la juez natural no se pronunció nuevamente sobre los elementos y cumplimiento de requisitos legales que tomó en consideración para decretar la continuación de tal medida, dicha circunstancia resulta irrelevante pues la fundamentación y motivación que la sustenta, se encuentra contenida en el diverso auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno; elementos que como lo refirió no se modificaron. Lo que además fue argumentado por la referida autoridad en la revisión de medidas cautelares realizada en la audiencia preliminar de uno de octubre de dos mil veintiuno.******************** Y, contrario a lo que refiere el quejoso, las disposiciones legales invocadas previamente no refieren que las medidas cautelares que se impongan antes de la audiencia preliminar tendrán vigencia únicamente hasta la celebración de ésta; sino que pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente; así como que, el juez del procedimiento deberá revisarlas de oficio o a petición de parte y, en su caso, modificadas en la audiencia tal audiencia; por tanto, no se advierte el incumplimiento de dichos dispositivos por parte de la autoridad judicial responsable, pues una vez realizada la revisión de la medida cautelar, advirtió que ante la permanencia de las condiciones que le dieron origen, no ameritaba su modificación y debía seguir vigente, hasta en tanto se resuelva en definitiva la prestación de alimentos solicitada.********************Lo cual no se traduce, como desacertadamente lo refiere el quejoso, en que hubiera perdido su vigencia o que estuviera obligada a pronunciarse nuevamente, pues ello puede ocurrir, si de oficio se advierte, o lo demuestra alguna de las partes, que se alteraron las circunstancias por las que inicialmente se fijaron; lo que como refiere la autoridad responsable, no ocurrió.********************En consecuencia y ante lo infundado del concepto de violación, lo procedente es NEGAR al quejoso Manuel Chávez Álvarez, la protección constitucional solicitada en cuanto al acto reclamado que se estudia en este apartado.****************************************ALEGATOS.********************No pasan inadvertidos los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional y representante especial de la menor; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen.********************Es ilustrativa, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece:********************"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos."****************************************SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.********************De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.********************Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: ********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Manuel Chávez Álvarez, contra el acto reclamado y por los motivos contenidos en la consideración cuarta de esta sentencia.********************SEGUNDO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a Manuel Chávez Álvarez, contra los actos reclamados y por las razones expuestos en el considerando sexto de esta sentencia.********************TERCERO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia.********************Notifíquese.********************Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.********************

  4. Principal

    En tres de mayo de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio y anexos registrado bajo el folio 5807. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio y anexos, signado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se le tiene desahogando el requerimiento formulado en auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, esto es, remitiendo un disco compacto que contiene el audio y video, relativo a la audiencia preliminar que tuvo verificativo el uno de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio de origen. Dese vista a las partes para los efectos legales a que haya Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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