Manuel David Alcocer Zurita

Expediente 529/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
529/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Manuel David Alcocer Zurita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Juicio de amparo 529/2019 El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió para la autoridad responsable y el tercero interesado del veintinueve de noviembre al doce de diciembre del dos mil diecinueve, y para el quejoso del dos al trece de diciembre del presente año, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 529/2019. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Fabiola

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo en el presente juicio la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo, al informe justificado de la autoridad señalada como responsable, y a las constancias aportadas por dicha autoridad al rendir su informe de derecho. A lo anterior, el Juez de Distrito provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con los hechos notorios a que hace referencia el quejoso en su escrito inicial de demanda, y con las documentales anexadas a dicho ocurso, así como con las constancias aportadas por la autoridad señalada como responsable al rendir su informe de derecho y las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana ofrecidas en el informe de derecho. A lo que el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos: se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado de Distrito formuló los alegatos que en derecho estimó procedentes (fojas 158 a 160); asimismo se da cuenta que las diversas partes no formularon alegatos, por lo que, se tienen por recibidas las manifestaciones de mérito, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y sin más alegatos que relacionar se cierra dicho periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos que proveer, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 529/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dos de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, Manuel David Alcocer Zurita, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La parte quejosa estimó vulnerados en su perjuicio, los derechos humanos consagrados en los artículos 6°, 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda, los antecedentes del acto reclamado. SEGUNDO. Por cuestión de turno se remitió la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; por auto de tres de julio de dos mil diecinueve, se radicó la demanda planteada, y una vez desahogadas las prevenciones decretadas en dicho proveído, por acuerdo de seis de agosto siguiente se admitió a trámite; al respecto se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación así como a la parte tercera interesada, y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en párrafos precedentes y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se le atribuye a una autoridad cuya residencia se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" y la tesis VI/2004, con registro 181810, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y veintiséis, del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En esas condiciones, de un análisis acucioso a la demanda de amparo, en correlación con el escrito aclaratorio a dicha demanda obrante a foja 80, se desprende que el acto reclamado al Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso de Información de Datos Personales consiste en: El auto de desechamiento del recurso de revisión interpuesto por David Alcocer Zurita, aquí quejoso, en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado, aquí parte tercera interesada, emitido el diecinueve de junio de dos mil diecinueve. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, lo anterior pues si bien al rendir su informe justificado obrante a fojas 90 a 98, fue omisa en pronunciarse de manera concreta sobre su existencia, sin embargo, de su contenido se advierten manifestaciones que evidencian la intervención del instituto responsable, por conducto de su Comisionada Ponente, en relación al acto tildado de inconstitucional, y de ahí que este órgano de control constitucional tenga por cierto dicho acto. Apoya lo considerado, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 211004, publicada en la página 391 del tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas del expediente IZAI-RR-209/2019, que la responsable anexó a su informe con justificación, localizables a fojas 138 a 154, las cuales cuentan con pleno valor probatorio en términos del artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el segundo párrafo de su artículo 2º. CUARTO. Procedencia del juicio. Por ser de estudio preferente, este Juzgado de Distrito examinará de oficio la procedencia del juicio constitucional, lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que instituye que las causales de improcedencia previstas en el diverso precepto 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se sobreseerá en el juicio. Bajo esa tesitura, de un estudio realizado a las constancias obrantes en el sumario de amparo, se considera que en relación al acto reclamado consistente en el auto de desechamiento del recurso de revisión interpuesto por David Alcocer Zurita, aquí quejoso, en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado, aquí parte tercera interesada, emitido el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5°, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que, entre otros supuestos, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora, de las constancias que el Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso de Información de Datos Personales, remitió por conducto de su Comisionado Presidente, al rendir su informe justificado, se advierte que el acuerdo de desechamiento reclamado fue emitido por Fabiola Gilda Torres Rodríguez, en su carácter de Comisionada Ponente del citado instituto (fojas 149 a 151); sin embargo esta última autoridad no fue señalada como responsable por la parte quejosa, y por ende, no fue llamada a juicio. Cabe precisar en forma destacada que por auto de dos de octubre de dos mil diecinueve (fojas 165 a 166), notificado al quejoso por lista el ocho de octubre de dos mil diecinueve, con efectos de notificación personal, tal como se aprecia de la razón actuarial obrante a foja 170, se requirió al peticionario del amparo para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a Fabiola Gilda Torres Rodríguez, en su carácter de Comisionada Ponente del supracitado instituto, y de ser así ampliara su demanda de amparo apercibido que de no hacerlo se continuaría el procedimiento únicamente por el acto y la autoridad responsable ya señalados con antelación; siendo que mediante proveído de treinta y uno de octubre de esta anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento descrito en líneas previas (foja 173). Acotándose que la intención del promovente de señalar como autoridad responsable al Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso de Información de Datos Personales y no a la Comisionada Ponente de ese instituto, resulta patente en razón que en su escrito aclaratorio a la demanda de amparo localizable a fojas 80 y 81, el quejoso precisó de manera textual lo siguiente: "(.) Precise de manera clara el acto o actos que le reclama al Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso de Información de Datos Personales. ACTO RECLAMADO. El resolutivo UNICO de fecha 19 de junio de 2019, en el que se señala: "UNICO- Se DESECHA el recurso de revisión promovido por el D. DAVID ALCOCER ZURITA, en ejercicio de su propio derecho, en donde combate la respuesta de la FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, actualiuzandoseel (sic) supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas" Se reclama desechamiento del recurso de revisión interpuesto por el quejoso ante ese H. Instituto. (.)" Circunstancias que conllevan a aseverar que no es jurídicamente posible examinar la legalidad del acto reclamado porque quien lo emitió no fue designada como autoridad responsable, y por ende, no estuvo en condiciones de defender la constitucionalidad de su actuar en la presente instancia. Sirve de apoyo a lo considerado la tesis con registro 265198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, del Tomo CXXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE NO LLAMADA A JUICIO. NO PROCEDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS. Los Jueces de Distrito no están obligados a examinar la constitucionalidad del acto de una autoridad que no fue llamada a juicio, máxime si la parte quejosa estuvo en posibilidad de ampliar su demanda de amparo al conocer por el informe justificado, rendido con anterioridad a la fecha de celebración de la audiencia constitucional, que el acto reclamado provenía de otra autoridad". Y la diversa tesis con registro 224945, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 468, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto refiere: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OMISIÓN DE SU SEÑALAMIENTO. IMPOSIBILIDAD DE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no fue llamada a juicio y, por ende, no fue oída en el mismo". En consecuencia, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, ambos del mismo ordenamiento legal, con fundamento en el precepto 63, fracción V, del ordenamiento en cita, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. No es óbice a lo anterior que sí haya sido llamado a juicio el Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso de Información de Datos Personales, pues conforme a lo dispuesto por el precepto 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, el instituto multicitado contará para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, entre otros órganos, con el Pleno integrado por los tres Comisionados, la Presidencia, los Comisionados, y las ponencias, entre otros; y en esa guisa, el artículo 178 de la ley de referencia, estipula que interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento. De todo lo cual se concluye que si el Comisionado a cargo de una ponencia, tiene como función concreta analizar el recurso de revisión turnado por el Comisionado Presidente, y decretar su admisión o desechamiento, como en el caso ocurrió con el acto reclamado emitido por la Comisionada Ponente ya referida; en consecuencia, la autoridad responsable ordenadora que debió ser designada por el quejoso en la demanda es precisamente la que suscribió el auto de desechamiento reclamado, es decir, la que materialmente la emite, de ahí que no pueda tenerse por cierto el acto reclamado atribuido a un órgano distinto de esta, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, no establece que tiene el carácter de autoridad el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo. Robustece el argumento planteado, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206531, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, que se transcribe a continuación. "AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo." De ahí que el sobreseimiento decretado involucre al Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso de Información de Datos Personales. Finalmente, al decretar el sobreseimiento en el juicio, existe imposibilidad para a estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación, la Jurisprudencia (Común), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Manuel David Alcocer Zurita, por propio derecho, acorde a los motivos y fundamentos establecidos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante el licenciado Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    El seis de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, con el objeto de que la parte quejosa se imponga del contenido del proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, en el que se ordenó continuar el trámite del presente juicio en los términos planteados en el escrito inicial de demanda y transcurra el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y, en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, quien actúa con Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. Vicky 32170 y 32171

  4. Principal

    El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas certifica: Que del diez al treinta de octubre de dos mil diecinueve, transcurrió el término de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de dos de octubre del año en curso (foja 165 y 166) para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Comisionada Ponente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), con residencia en esta ciudad. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de quince días otorgado a la parte quejosa mediante auto de dos de octubre del año en curso (foja 165 y 166) para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Comisionada Ponente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), con residencia en esta ciudad, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído, por lo que se continua el procedimiento dentro del presente, respecto de los actos reclamados y autoridad responsable indicados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. fabiola

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