Manuel Danilo Llamas Sotelo
Expediente 891/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Manuel Danilo Llamas Sotelo
Actuaciones
- Principal
En veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Juez con el oficio con registro 14323.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veinticuatro de octubre del presente año, dictado por la superioridad dentro del amparo directo civil 1105/2017-5 de su índice, en el que acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el juicio de amparo 891/2017; asimismo, comunica que ese Tribunal Federal aceptó la competencia declinada por este Juzgado; para seguir conociendo de la demanda de garantías promovida por Manuel Danilo Llamas Sotelo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, se determina que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito; por lo que una vez que transcurra el término de seis meses a que el citado punto vigésimo se refiere, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CUENTA. El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta al juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Manuel Danilo Llamas Sotelo, registrada con el folio 13682 con quince copias que de ésta se adjuntan La circunstancia de que José Pedro Enrique Herrera Hernández y Luis Gerardo Campos Rodríguez, tienen sus cédulas profesionales (2643943 y 8987062) registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y Tony de Marco Ramírez Romero, Mario Salazar Macías y Belem Ramírez no cuentan con ese requisito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel Danilo Llamas Sotelo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por considerar que se transgreden en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 21 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 891/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que se reclama lo es la sentencia pronunciada el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dentro del juicio mercantil ejecutivo 394/2016, promovido por Tony de Marco Ramírez Romero, Estela Carrillo Vargas, María Teresa Reyes Gómez y Karina Isabel Fernández Murillo, en su carácter de endosatarios en procuración el aquí quejoso, contra Jaime Cabrera Bautista, de la que se desprende que se absolvió al citado demandado del pago por la cantidad de setenta y cinco mil pesos como suerte principal, así como para que el quejoso de manera inmediata devuelva los bienes embargados al aquí tercero interesado y pague los gastos y costas dentro del juicio de origen. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El citado artículo establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. ." Del contenido del precepto legal transcrito, se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente y la mandará remitir al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por su parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". Del precepto transcrito se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Para efectos de la ley de amparo, el juicio comienza con la presentación de la demanda. Entonces, las resoluciones que se dicten con posterioridad a la presentación de una demanda, con independencia de la materia, se entenderán dictadas en el juicio. En ese orden de ideas, la sentencia dictada dentro de un juicio ejecutivo mercantil, constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. Se estima así, puesto que, si bien al absolver al demandado de las prestaciones reclamadas a través de la instancia de menor grado en términos del artículo 1409 del Código de Comercio, dicha determinación finaliza el juicio, por tanto su impugnación debe hacerse a través del amparo directo, una vez agotados los recursos ordinarios que al efecto prevea la ley de la materia que rija el acto. Pues bien, conforme a lo anterior, de la lectura de la demanda que se analiza se advierte que el promovente, reclama del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas la sentencia dictada el veinte de septiembre del presente año, dentro del juicio ejecutivo mercantil 394/2016, promovido por Tony de Marco Ramírez Romero, Estela Carrillo Vargas, María Teresa Reyes Gómez y Karina Isabel Fernández Murillo, en su carácter de endosatarios en procuración el aquí quejoso, contra Jaime Cabrera Bautista (tercero interesado), al pago a favor del actor de la cantidad de setenta y cinco mil pesos como suerte principal. A fin de justificar lo anterior, es pertinente precisar el contenido de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio reformado y vigente a la fecha de la notificación de la sentencia reclamada: [.] "CÓDIGO DE COMERCIO (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) (ACTUALIZADO EN SU MONTO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 2014) Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. [.] Se afirma que se está en presencia de una sentencia definitiva, ya que la norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general; y si en el caso, con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se notificó a la parte actora la sentencia definitiva de veinte del citado mes y año, emitida dentro del juicio mercantil ejecutivo número 394/2016, debe atenderse a la norma vigente cuando llegue el momento de apelar la sentencia y como quedó precisado en líneas precedentes, la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $562,264.43 (quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) por concepto de suerte principal; entonces, se está en presencia de una sentencia definitiva, que no puede ser recurrida a través del recurso de apelación, ya que la cuantía del negocio, ascendió a la suma de setenta y cinco mil pesos, como suerte principal; de ahí, que resulte procedente el amparo directo, por tratarse de una resolución definitiva respecto de la cual no procede ya recurso ordinario, mediante el que pueda ser modificado o revocado, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Además, es de indicarse que la sentencia impugnada, no encuadra en las hipótesis de excepción que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO.- La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." De lo anterior se colige que el acto reclamado es una determinación que puso fin al juicio puesto que al resolver el juicio de origen, ya no existe actuación pendiente o posterior que pueda tener lugar en el citado juicio mercantil; y, por ello, la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, salvo que dicha Superioridad determine lo contrario; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo este Juzgado Primero de Distrito en el Estado se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda, por lo que se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal Colegiado de mérito, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del líbelo se deje en este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como Tesis P./J. 40/97, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tienen como autorizados de su parte en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Pedro Enrique Herrera Hernández y Luis Gerardo Campos Rodríguez, toda vez que cuentan con cédula profesional 2643943 y 8987062; respectivamente, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no acreditarse es circunstancia, se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a Tony de Marco Ramírez Romero, Mario Salazar Macías y Belem Ramírez, y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle Valentín Gómez Farías número 120, Colonia C.N.O.P. de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
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