Manuel Carbajal Contreras
Expediente 735/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/07/2019
Partes del expediente
- Manuel Carbajal Contreras
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de julio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de trece de junio de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto adquirió firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
iii) Toluca, Estado de México; trece de junio de dos mil diecinueve. Presentación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel Carbajal Contreras, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 735/2019-III. Desechamiento. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Por tanto, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 113, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado trascendiendo al resultado del fallo, incluso dentro de estos supuestos podemos hablar de la etapa de ejecución de determinado juicio, ya que en esta no todos los actos pueden considerarse definitivos, pues lo serán únicamente aquellos que declaren el cumplimiento de la sentencia o su inejecución; contra los que se puede instar el juicio de amparo. Entonces, la esencia de este principio resalta por sí misma, pues procurar que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de garantías individuales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que en la etapa en que se emita ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examine la inconstitucionalidad alegada como último recurso. Por lo que, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; c) Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En ese contexto, se tiene que el quejoso señaló como actos reclamados: La notificación de catorce de mayo de dos mil diecinueve y el auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 141/2012 del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. En tales condiciones, el estudio oficioso del asunto permite observar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues contra la notificación de catorce de mayo de dos mil diecinueve, procede el incidente de nulidad de actuaciones. Lo anterior, dado que la ley aplicable al acto reclamado en el presente asunto es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, tal como se aprecia de las constancias de notificación que agregó la parte quejosa, razón por la cual debemos estar a lo establecido por el artículo 108 del ordenamiento antes citado y toda vez que la notificación de referencia, no tiene el carácter de definitiva, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues dicho precepto establece de manera expresa que la notificación reclamada, puede combatirse a través del incidente de nulidad de notificaciones, razón por la cual en el caso se actualiza la hipótesis normativa prevista en la transcrita fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues la ley en vigor conforme a la que se tramitó la causa penal 141/2012, es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el cual concede la posibilidad de que esa actuación sea combatida a través del incidente de nulidad de notificaciones, según el artículo 108. En efecto, por virtud del incidente aludido, dicha notificación podría ser nula según lo establecido en el artículo 108 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, cuyo contenido es: "Nulidad de notificaciones Artículo 108. Las notificaciones serán nulas siempre que causen indefensión; cuando exista error en la identidad de la persona notificada; la resolución haya sido notificada en forma incompleta; no haya constancia de la fecha de la notificación o de la entrega de la copia; falte alguna de las firmas requeridas en la notificación; exista disconformidad entre el original y la copia recibida por el interesado; y en cualquier otro caso que haya dejado sin defensa al inculpado." De igual forma, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la ley de la materia por lo que hace al acto consistente en el acuerdo de veintisiete de mayo de este año, en el que el quejoso manifiesta, se niega la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de catorce de mayo de dos mil diecinueve, pues contra esa determinación procede el recurso de revocación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada II.3o.P.43 P (10a.), visible en Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Página: 2224 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015934, de rubro y texto: RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. SU DESECHAMIENTO DEBE IMPUGNARSE POR MEDIO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA). De la interpretación armónica de la segunda parte del artículo 404 y del numeral 405, párrafo segundo, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, se obtiene que son revocables por el órgano jurisdiccional los autos que se hayan dictado en segunda instancia antes de la sentencia, y que la revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia deberá interponerse por escrito, en el acto de su notificación o al día siguiente. Por ende, si el acto reclamado es el desechamiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia penal de primera instancia, es innegable que el quejoso debe agotar el recurso de revocación antes de promover el juicio de amparo directo, ya que por medio de aquél es factible que se modifique o revoque el desechamiento; de ahí que si no promovió ese medio de impugnación, la acción de amparo que intente será improcedente por no haberse satisfecho el principio de definitividad. De ahí que el quejoso debió agotar los medios de defensa ordinarios, pues no se encuentra dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad conforme a los artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el quejoso está sujeto a un procedimiento penal que incluso enfrenta en libertad. Entonces, es incuestionable que debió haber observado el principio de definitividad, que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues se insiste, las determinaciones combatidas no se encuentran entre las excepciones que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, fuerza armada o fuerza aérea nacionales, o bien cuando el acto reclamado consista en ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal o cuando se trate de persona extraña al procedimiento, o en su caso cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.4º.C.J./25 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN", asimismo la diversa intitulada: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." De igual forma, funda lo expuesto el criterio que contiene la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, publicada en la página 1816, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2006, Tomo XXIII, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Manuel Carbajal Contreras, contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Domicilio procesal. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio el señalado por la parte quejosa. Autorizados. Vista la certificación de cuenta, ténganse por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Simón Quirino Huerta, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a la restante en términos restringidos del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Rojas Moreno que autoriza, firma y da fe.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA DETERMINACIÓN DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE DIECIOCHO DE JUNIO DEL MISMO AÑO. iii) Toluca, Estado de México; trece de junio de dos mil diecinueve. Presentación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel Carbajal Contreras, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 735/2019-III. Desechamiento. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Por tanto, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 113, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado trascendiendo al resultado del fallo, incluso dentro de estos supuestos podemos hablar de la etapa de ejecución de determinado juicio, ya que en esta no todos los actos pueden considerarse definitivos, pues lo serán únicamente aquellos que declaren el cumplimiento de la sentencia o su inejecución; contra los que se puede instar el juicio de amparo. Entonces, la esencia de este principio resalta por sí misma, pues procurar que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de garantías individuales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que en la etapa en que se emita ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examine la inconstitucionalidad alegada como último recurso. Por lo que, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; c) Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En ese contexto, se tiene que el quejoso señaló como actos reclamados: La notificación de catorce de mayo de dos mil diecinueve y el auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 141/2012 del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. En tales condiciones, el estudio oficioso del asunto permite observar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues contra la notificación de catorce de mayo de dos mil diecinueve, procede el incidente de nulidad de actuaciones. Lo anterior, dado que la ley aplicable al acto reclamado en el presente asunto es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, tal como se aprecia de las constancias de notificación que agregó la parte quejosa, razón por la cual debemos estar a lo establecido por el artículo 108 del ordenamiento antes citado y toda vez que la notificación de referencia, no tiene el carácter de definitiva, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues dicho precepto establece de manera expresa que la notificación reclamada, puede combatirse a través del incidente de nulidad de notificaciones, razón por la cual en el caso se actualiza la hipótesis normativa prevista en la transcrita fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues la ley en vigor conforme a la que se tramitó la causa penal 141/2012, es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el cual concede la posibilidad de que esa actuación sea combatida a través del incidente de nulidad de notificaciones, según el artículo 108. En efecto, por virtud del incidente aludido, dicha notificación podría ser nula según lo establecido en el artículo 108 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, cuyo contenido es: "Nulidad de notificaciones Artículo 108. Las notificaciones serán nulas siempre que causen indefensión; cuando exista error en la identidad de la persona notificada; la resolución haya sido notificada en forma incompleta; no haya constancia de la fecha de la notificación o de la entrega de la copia; falte alguna de las firmas requeridas en la notificación; exista disconformidad entre el original y la copia recibida por el interesado; y en cualquier otro caso que haya dejado sin defensa al inculpado." De igual forma, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la ley de la materia por lo que hace al acto consistente en el acuerdo de veintisiete de mayo de este año, en el que el quejoso manifiesta, se niega la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de catorce de mayo de dos mil diecinueve, pues contra esa determinación procede el recurso de revocación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada II.3o.P.43 P (10a.), visible en Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Página: 2224 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015934, de rubro y texto: RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. SU DESECHAMIENTO DEBE IMPUGNARSE POR MEDIO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA). De la interpretación armónica de la segunda parte del artículo 404 y del numeral 405, párrafo segundo, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, se obtiene que son revocables por el órgano jurisdiccional los autos que se hayan dictado en segunda instancia antes de la sentencia, y que la revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia deberá interponerse por escrito, en el acto de su notificación o al día siguiente. Por ende, si el acto reclamado es el desechamiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia penal de primera instancia, es innegable que el quejoso debe agotar el recurso de revocación antes de promover el juicio de amparo directo, ya que por medio de aquél es factible que se modifique o revoque el desechamiento; de ahí que si no promovió ese medio de impugnación, la acción de amparo que intente será improcedente por no haberse satisfecho el principio de definitividad. De ahí que el quejoso debió agotar los medios de defensa ordinarios, pues no se encuentra dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad conforme a los artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el quejoso está sujeto a un procedimiento penal que incluso enfrenta en libertad. Entonces, es incuestionable que debió haber observado el principio de definitividad, que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues se insiste, las determinaciones combatidas no se encuentran entre las excepciones que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, fuerza armada o fuerza aérea nacionales, o bien cuando el acto reclamado consista en ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal o cuando se trate de persona extraña al procedimiento, o en su caso cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.4º.C.J./25 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN", asimismo la diversa intitulada: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." De igual forma, funda lo expuesto el criterio que contiene la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, publicada en la página 1816, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2006, Tomo XXIII, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Manuel Carbajal Contreras, contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Domicilio procesal. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio el señalado por la parte quejosa. Autorizados. Vista la certificación de cuenta, ténganse por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Simón Quirino Huerta, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a la restante en términos restringidos del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Rojas Moreno que autoriza, firma y da fe.
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