Manuel Arturo Villareal Heredia

Expediente 755/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
755/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/06/2018

Partes del expediente

  • Manuel Arturo Villareal Heredia

Actuaciones

  1. Principal

    IV Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mediante el cual hace del conocimiento el auto de treinta de mayo de este año, por el cual informa no insistir en declinar la competencia planteada por dicho órgano jurisdiccional, circunstancia de la que se toma conocimiento. Por otra parte, el estado procesal de este asunto evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, remítase al archivo de este Juzgado de Distrito y las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: El presente cuaderno es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto citado). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Radicación. Se tiene por recibido el oficio 35972/2018, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco; mediante el cual al estimar que carece de competencia legal, remite el juicio de amparo indirecto 740/2017, de su índice estadístico, promovido por Manuel Arturo Villareal Heredia, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 755/2018-IV. Competencia. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada por Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, ya que se considera que el órgano jurisdiccional competente para avocarse a su conocimiento es el juzgado declinante. Ahora bien, el Juez de Distrito declinante sustentó su incompetencia al ponderar: "(.) En el caso concreto, los actos reclamados consisten en la orden de aprehensión, el cual debe tener ejecución, incluso ésta también fue señalada como acto reclamado, la cual consiste en el cumplimiento de dicha orden. También debe tomarse en consideración que el quejoso manifestó encontrarse recluido en Estados Unidos de Norteamérica, en virtud de una investigación llevada a cabo en aquel país y que se encuentra próximo a obtener su libertad. Por tanto, en el presente caso, se advierte que no existe razón por la cual el acto reclamado deba tener ejecución en la jurisdicción territorial asignada a este juzgado, ya que por una parte, las autoridades que decretaron el mandato de captura no tienen su residencia dentro de esa demarcación geográfica y, por otra, el quejoso se encuentra recluido fuera de la misma. Por lo anterior, en la especie es aplicable la primera de las reglas de competencia antes enunciadas, o sea, la que dispone que es juez competente aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En consecuencia, como lo establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en .itria Penal en el Estado de Jalisco declara de plano su incompetencia legal, para conocer de este juicio de amparo, por lo que ve a las órdenes de aprehensión reconocidas por las autoridades judiciales. (.)" Expuesto lo anterior, este órgano de control constitucional, no comparte el criterio que sustenta el homólogo declinante, por lo siguiente: El Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Al respecto, el artículo 37 de la vigente Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se deducen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez en cuyo ámbito territorial deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, pero continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de cualquiera de ellos, a prevención; y 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La competencia por razón de territorio en materia de amparo se fija en atención a un criterio unitario, relativo a la naturaleza del acto que puede tener ejecución material o bien, tratarse de actos de naturaleza meramente declarativa. Para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Corolario a lo expuesto, éste juzgado federal estima carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por Manuel Arturo Villareal Heredia, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en razón de las consideraciones siguientes: El agraviado reclama la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Mediante auto dictado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el juzgado oficiante declinó competencia al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turno, porque estimó que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, fue aceptada por el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en la causa penal 48/2004, juicio de amparo que tocó conocer a este órgano jurisdiccional. Ahora, es importante establecer que el acto reclamado por el quejoso, consistente en la orden de aprehensión, sí requiere de ejecución material, pues dicho acto tiene como efecto la detención del imputado para presentarlo ante el juez responsable. Del estudio de las copias certificadas del juicio de amparo 740/2017, específicamente de la demanda de amparo, se advierte con los datos manifestados por la parte quejosa hasta este momento que el acto reclamado pretendió ejecutarse en el Estado de Jalisco, pues es precisamente ahí donde se presentó la demanda de amparo y se firmó. Por tanto, se estima que el acto reclamado tiene ejecución en el Estado de Jalisco y en toda la República Mexicana, pues incluso se señaló que Agentes Federales de Investigación dependientes de la Procuraduría General de la República, se presentaron en el domicilio de los padres del quejoso, autoridad esta última que tiene facultades para ejecutar la orden de aprehensión reclamada en cualquier parte del territorio nacional. De ahí que, en conformidad con el artículo 37, segundo párrafo de la Ley de Amparo, si el acto reclamado tiene ejecución en más de un Distrito es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Consecuentemente, en el caso es dable considerar que se actualiza dicha hipótesis, pues el acto reclamado puede ser materializado en cualquier parte de la república mexicana o en el Estado de Jalisco; de ahí que por la naturaleza jurídica de éste y por los datos que hasta en este momento se cuentan, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes a presentar al impetrante de amparo ante el juzgado responsable, esto es, sus efectos no se agotan con una sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que dictamina la orden de aprehensión actúa constantemente hasta su ejecución, la cual culmina con la detención del agraviado. Esto es, se advierte que en el Estado de Jalisco o en toda la República Mexicana podría llevarse a cabo la captura del quejoso por incluir lugares o zonas del desenvolvimiento personal de éste, y dada las facultades de las autoridades involucradas, podría comenzar a ejecutarse el acto reclamado en cualquier ámbito competencial; por tanto, es posible acudir al criterio de prevención inicial como forma alternativa de resolver la competencia citada, para lo cual el facultado para resolver dicho sumario es el Juez de Distrito que previno y así evitar la gestión de conflictos competenciales innecesarios que redundan en perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia. En conclusión, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ende, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, por ser el que previno. Sobre lo expuesto, es aplicable la tesis II. 2o. P. 238 P, publicada en la página 983, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2008, Tomo XXVIII, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. TRATÁNDOSE DE LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EN DIVERSAS ZONAS CONURBADAS, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Cuando dos juzgadores federales entran en conflicto competencial por razón de territorio, y se advierte que en ambas demarcaciones podría llevarse a cabo la captura del quejoso por incluir lugares o zonas del desenvolvimiento personal y laboral cotidiano de éste, dada la jurisdicción territorial de cada uno de los contendientes y las facultades de las autoridades involucradas, podría comenzar a ejecutarse el acto reclamado en cualquiera de sus ámbitos competenciales, al tratarse de las llamadas zonas conurbadas de las grandes ciudades o urbes colindantes; por lo que de una interpretación sistemática, progresiva, teleológica e integral del artículo 36 de la Ley de Amparo, en relación con el 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela la pronta impartición de justicia, en casos como éste, ante la falta de datos que hagan aplicable otra regla específica, es posible, incluso por igualdad de razones, acudir al criterio de prevención inicial como forma alternativa de resolver el conflicto, designándose al Juez de Distrito que previno para fincar en su favor la competencia respectiva y así evitar la gestión de conflictos competenciales innecesarios que redundan en perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia." Asimismo, por las razones que la informa, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2008, Tomo XXVIII, Materia Penal, Noventa Época, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." Lo anterior implica que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, fue quien previno; por ende, es dicho juzgado a quien compete el conocimiento de la demandad en análisis. Por lo anterior, se invoca la tesis XV.1o.33 P del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la página 1305 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2006, Tomo V, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA EN AMPARO TRATÁNDOSE DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN CUYA EJECUCIÓN MATERIAL PUEDE SER EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA EN QUE SE ENCUENTRE EL INCULPADO. CORRESPONDE CONOCER DE LA DEMANDA RELATIVA, A PREVENCIÓN, A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE ESAS JURISDICCIONES. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los Juzgados de Distrito, como en el caso sería las pertenecientes a la Procuraduría General de la República, que es a la que corresponde ejecutar las órdenes de aprehensión de su competencia, a través de la Policía Judicial a su cargo y de sus auxiliares, de conformidad con el artículo 196 del Código Federal de Procedimientos Penales, resulta evidente que una orden de aprehensión puede tener ejecución material dentro de cualquier parte de la República en que se encuentre el inculpado, por ser de aquellos actos que, por su naturaleza, requieren de ejecución material, por tanto, será competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de Distrito de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo." En ese sentido, si el acto reclamado materialmente tiene ejecución en diversos Distritos, resulta que será competente para conocer del asunto el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda y, en el caso, corresponde al juzgador declinante. En consecuencia a lo anterior, este órgano de control constitucional no acepta la competencia que declinó el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco. Devuélvase el expediente y constancias de cuenta, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. Con las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Al caso, por analogía, es aplicable la tesis publicada en la página tres mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Materia Laboral, Quinta Época, con el rubro y texto siguiente: "HORAS INHÁBILES, HABILITACIÓN DE. No existe infracción a los artículos 455 y 456 de la ley, cuando las Juntas están en posibilidad de habilitar las horas inhábiles del día en que llevan a término la audiencia de demanda, excepciones y pruebas, para los fines que señalen." Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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