MANUEL BUZO AGUILERA Y/O OLIVA y Otros.

Expediente 940/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
940/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Manuel Alejandro Buso Oliva
  • MANUEL BUZO AGUILERA Y/O OLIVA y Otros.
  • MANUEL ALEJANDRO BUSO OLIVA y Otros.
  • Manuel Buzo Aguilera Y/O Oliva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 10 DE MARZO DE 2022, QUE REZA: Recepción del testimonio de la resolución del recurso de queja 9/2022 y dos legajos de copias certificadas. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato capital, resolvió: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja interpuesto contra el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, dentro del juicio de amparo indirecto 940/2021, por los motivos expuestos en la presente resolución." Acúsese recibo. Sin que haya lugar a glosar las copias certificadas que se reciben, pues se estiman innecesarias, por lo tanto, destrúyanse en su oportunidad. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  2. Principal

    León, Guanajuato; diecisiete de enero de dos mil veintidós. I. Tribunal colegiado informa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por medio del cual comunica que el tribunal de su adscripción, por una parte desechó el recurso de queja interpuesto en autos y por otra lo admitió a trámite, el cual quedó registrado bajo el número 9/2022; de lo cual este Juzgado Federal toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presentado por ******** y *********, a través del cual cumplen el requerimiento que se formuló en auto de veintiuno de diciembre pasado, y al efecto señalan las constancias que deberán remitirse a la superioridad en mérito del recurso de queja interpuesto. Se rinde informe respecto al recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en el citado numeral 101, párrafo primero, de la ley de la materia, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que en fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal decretó la separación de autos respecto de los diversos actos reclamados por los quejosos ********** y *************, y se continuó el trámite del presente juicio únicamente respecto de la demanda presentada por *************, la que se desechó de plano al estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que ahí se exponen. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente juicio de amparo, escrito de expresión de agravios con copia para el Fiscal Federal de esa adscripción, así como del diverso juicio 1046/2021-I del índice de este juzgado, por así solicitarlo la parte impetrante, a fin de que se sirva resolver lo que en derecho corresponda. Respecto de la solicitud de copias que realiza, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el auto inicial, en el que se autorizó su expedición durante el trámite del presente juicio.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 08 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Parte quejosa desahoga requerimiento. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos Manuel Alejandro Buso Oliva y Manuel Buso Aguilera, a través del cual desahogan el requerimiento que se les formuló en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por tanto se provee: II. Separación de juicios. Del contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que acuden los quejosos a reclamar: Manuel Buso Aguilera: La omisión del Ministerio Público de investigar el delito de daños de su camioneta, dentro de la carpeta de investigación 50814/2020. Manuel Alejandro Buso Oliva: La detención de que fue objeto el uno de junio de dos mil veinte. La imputación del delito de robo calificado. El auto de vinculación a proceso dictado el veintiocho de junio de dos mil veinte. La resolución de audiencia de tutela de derechos llevada a cabo el cuatro de octubre de dos mil veintiuno. La inadmisibilidad del recurso de apelación. En consecuencia, este Juzgado Federal procede, de oficio, a aperturar el incidente de separación y a pronunciarse, de plano, sobre la posible actualización de dicha figura jurídica en el juicio constitucional en que se actúa. En efecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que en los juicios de amparo se substancie de oficio y en la vía incidental las cuestiones que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento, pudiendo resolverse de plano por el tribunal. Dicha porción normativa es del tenor siguiente: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia." Entonces, debido a que la naturaleza de la separación requiere del tratamiento inmediato por la vía incidental, en virtud de que las personas que figuran como quejosas promovieron demanda de amparo contra diversos actos reclamados, lo que imposibilita a este juzgado dar trámite en un solo juicio a la demanda entablada en su contra, ya que de hacerlo así, implicaría el dictado de una sentencia respecto de distintos actos reclamados, con la consecuente problemática que conllevaría su cumplimiento; lo anterior, en razón a que los actos que se reclaman, tienen existencia autónoma; por lo tanto, no deben resolverse en una sola sentencia. Es aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 76/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época, que es del siguiente rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el 66 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera que en el caso resulta procedente declarar, de plano, la separación de autos en el presente juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 78/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete, del Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 77/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, del Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS." Sin que el sentido de la presente determinación cause perjuicio a las partes que integran cada uno de los juicios, pues no se debe perder de vista que cada uno de ellos conserva su autonomía, tanto procesal como en el estudio de fondo. En tal virtud, se ordena formar cuaderno de amparo por separado, en el que se analizaran los actos reclamados por el quejoso Manuel Alejandro Buso Oliva, con excepción de Manuel Buso Aguilera, al cual deberá agregarse copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente asunto y remitirse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, a efecto de que realice el turno aleatorio de la nueva demanda. En el entendido de que el presente juicio de amparo continuará su tramitación únicamente por lo que ve al acto reclamado por Manuel Buso Aguilera; por tanto, se provee: III. Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo se obtiene que la parte impetrante señala como acto reclamado la omisión del Ministerio Público de investigar el delito de daños de su camioneta, dentro de la carpeta de investigación 50814/2020. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, respecto al aludido acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque contra el mismo procede un recurso por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, de acuerdo a las siguientes consideraciones. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." (.)." Del precepto legal trascrito se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, a través de los cuales los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo en los casos en que no exista obligación de agotarlos. En efecto, el acto reclamado en el caso resulta ser la omisión del Ministerio Público de investigar el delito de daños de su camioneta, dentro de la carpeta de investigación 50814/2020. Sobre el particular, conviene señalar que la etapa de investigación dentro del sistema penal acusatorio, tiene por objeto determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que sustenten la acusación y aquellos que garanticen la defensa del indiciado. En ese sentido, la función del Ministerio Público al tener conocimiento de un hecho que pudiera tipificar un delito, será dirigir y promover una investigación que lleve al esclarecimiento de los acontecimientos, lo cual quedará integrado en la carpeta correspondiente. Por lo que respecta a los derechos de las víctimas (como lo es el caso de la parte quejosa, quien acorde a sus manifestaciones, tiene la calidad de denunciante en la carpeta de investigación 50814/2020), éstos se consagran en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como en el numeral 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre los cuales se encuentra la posibilidad de impugnar ante la autoridad judicial las decisiones u omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación en los términos previstos en dicho Código. Tales disposiciones establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Carta Magna, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. De lo cual se desprende la intención de otorgar mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos del delito como parte procesal, lo que implica una intervención directa y activa durante las etapas del procedimiento; además, se buscó evitar que el Ministerio Público fuera un obstáculo para los intereses de los mismos. De esta manera, para hacer efectivo el derecho en cuestión y con apoyo en el numeral 258 del Código Nacional del Procedimientos Penales, la víctima u ofendido pueden impugnar las determinaciones relativas a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal ante el juez de control, a fin de que éste pueda verificar su legalidad. Ese precepto señala lo que sigue: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Lo anterior se corrobora de lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en cuanto a que la interpretación sistemática y funcional de los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; 109, fracción XXI; y, 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, evidencia que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control, entre otras determinaciones u omisiones, el no ejercicio de la acción penal, a través del medio de defensa innominado previsto en el último de los preceptos legales en mención, pues la finalidad de que dicho juzgador revise la actuación correspondiente del Ministerio Público -las cuales definen el curso de una indagatoria- es que, de considerarla ilegal, lo conmine a cesar tal estado de cosas, o bien, que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Así es, de la contradicción de tesis ya invocada, surgieron las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), que respectivamente son del siguiente rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Además, lo anterior se justifica en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le genera afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Es decir, debe cumplirse el principio de definitividad, agotándose previamente todos los medios o recursos de defensa ordinarios en contra del acto reclamado. Luego, partiendo de las consideraciones antes expuestas y ante la existencia de un recurso ordinario previsto en la legislación adjetiva de la materia, está claro que para cumplir con el principio de definitividad era necesario, antes de promover un juicio de amparo indirecto, que la ahora parte agraviada impugnara la omisión del ministerio público de investigar el hecho denunciado, así como todos aquellos actos cometidos por éste en la integración de la carpeta de investigación de la que emana el acto reclamado, y en su caso, la decisión de la autoridad responsable de no ejercer la respectiva acción penal, ya que de lo contrario, opera en su contra la causa de improcedencia en estudio. Máxime que aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a actuaciones del Ministerio Público cometidas durante la integración de la carpeta de investigación, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, es decir, actos que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado. Tiene aplicación la jurisprudencia PC.I.P. J/68 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Libro 75, Febrero de 2020 Tomo II, página 1433, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado." Así como, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese orden de ideas, de admitir a trámite la demanda, lejos de beneficiar a la parte quejosa, le perjudicaría porque si se tramita todo el juicio de amparo culminará con un sobreseimiento y quedarán las cosas en el estado que guardan, siendo que desde este momento se encuentra en posibilidad de acudir con el Juez de Control para que de forma ágil sea escuchado y la autoridad judicial resuelva sobre las omisiones del Ministerio Público que le agravian. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, de rubro que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE."

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