MANUEL BASAURI y/o BASABURI GÓMEZ

Expediente 1024/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1024/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • MANUEL BASAURI y/o BASABURI GÓMEZ

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    Desechamiento de la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado descrito en el punto 1. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Además, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Del contenido de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama ante la presente instancia constitucional el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ******************** por medio del cual el Agente del Ministerio Público responsable negó solicitar la audiencia inicial al juez de control, en virtud de que hasta ese momento los datos de prueba que obran en la carpeta resultaron insuficientes, asimismo negó solicitar la suspensión de los juicios C459/2020 y 1659/2009, del índice del Juzgado Noveno Civil de esta ciudad y Juzgado Décimo Octavo de la Ciudad de México, respectivamente; empero, como de la certificación que antecede se desprende que la parte impetrante ya había promovido diversa demanda de amparo, en los mismos términos que la de cuenta, se determina que su tramitación es notoriamente improcedente y por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. Por lo que hace a dicho acto reclamado, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Es decir, la disposición anterior señala que son necesarios los siguientes elementos para que la causa de improcedencia de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: a) La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de un juicio de amparo pendiente de resolución en definitiva; b) Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, de los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que ante este juzgado se presentó diversa demanda de amparo promovida por Manuel Basauri Gómez, la cual se registró bajo el número 1004/2023-IV, contra la misma autoridad, y por los mismos actos que se reclaman en la demanda de amparo de cuenta, que se traducen en el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ******************** por medio del cual el Agente del Ministerio Público responsable negó solicitar la audiencia inicial al juez de control, en virtud de que hasta ese momento los datos de prueba que obran en la carpeta resultaron insuficientes, asimismo negó solicitar la suspensión de los juicios C459/2020 y 1659/2009, del índice del Juzgado Noveno Civil de esta ciudad y Juzgado Décimo Octavo de la Ciudad de México, respectivamente; lo que constituye un hecho notorio, sin que para ello sea menester deducir copia certificada de la misma, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al constar los datos atinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." En efecto, en el juicio de amparo 1004/2023-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que el promovente reclama el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ******************** por medio del cual el Agente del Ministerio Público responsable negó solicitar la audiencia inicial al juez de control, en virtud de que hasta ese momento los datos de prueba que obran en la carpeta resultaron insuficientes, asimismo negó solicitar la suspensión de los juicios C459/2020 y 1659/2009, del índice del Juzgado Noveno Civil de esta ciudad y Juzgado Décimo Octavo de la Ciudad de México, respectivamente. Por su parte, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que también fue señalado como acto reclamado el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ******************** por medio del cual el Agente del Ministerio Público responsable negó solicitar la audiencia inicial al juez de control, en virtud de que hasta ese momento los datos de prueba que obran en la carpeta resultaron insuficientes, asimismo negó solicitar la suspensión de los juicios C459/2020 y 1659/2009, del índice del Juzgado Noveno Civil de esta ciudad y Juzgado Décimo Octavo de la Ciudad de México, respectivamente. De ahí que este tribunal no pueda realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado por el citado quejoso, ya que tal cuestión se dilucida en el diverso asunto 1004/2023-IV, del índice este Juzgado Federal, a que se ha hecho alusión, lo que imposibilita abordar de nueva cuenta tal tópico, pues de hacerlo así, implicaría que la parte quejosa pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo; por tanto, al existir identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia, es evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, procede desechar la demanda por su manifiesta improcedencia. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2º.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN." VI. Desechamiento de la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado descrito en el punto 2. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión del agente del ministerio público responsable de girar los oficios correspondientes a las autoridades a las cuales solicitó diversa documental en el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ******************** se estima que en el caso se surte de un modo manifiesto, la diversa causal prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.).". De tal disposición se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el caso concreto, para evidenciar la causal de improcedencia de que se trata, es necesario transcribir, para su análisis, los artículos 20, apartado C, fracciones II y VII y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 109, fracción XXI, 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218, 251, 253, 254, 255, 256, 257 y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. (.) B. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.)". "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." (.) "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e (.)" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Pues bien, del análisis de los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 109, fracción XXI, 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216 y 258 del Código Nacional del Procedimientos Penales, antes transcritos, se advierte que la etapa de investigación inicial en el procedimiento, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para justificar el hecho que la ley prevé como delito, así como la probable intervención del imputado en su comisión, para el pleno ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada la naturaleza de la destacada etapa del proceso penal oral, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Así luego, todos los actos correspondientes a la formación de la carpeta de investigación, a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización; inclusive a través del medio extraordinario de defensa, como es el juicio de protección de derechos fundamentales, en la vía indirecta. De tal forma, la legislación secundaria transcrita, se advierte que el Agente del Ministerio Público, al integrar la carpeta de investigación, debe actuar de manera objetiva, o sea, garantizando el respeto al derecho de igualdad entre las partes contendientes (indiciado y ofendido o víctima), así como respetando las formalidades del debido proceso penal en materia acusatoria, que descansan en cinco principios básicos, a saber: publicidad, contradicción, continuidad, concentración, inmediación, entre otros; la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; el Agente del Ministerio Público investigador deberá resolver tales peticiones, dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes, esto es, solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, o aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En resumen, de la anterior acotación cabe destacar que: a) La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que considerasen pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. b) Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en el citado Código. Por otra parte, de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracciones II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales previamente transcritos y analizados, concretamente, los arábigos 109, fracción XXI, y 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los medios de impugnación o de defensa ordinarios, contra los actos emanados en la etapa de investigación, cuando lesionen los derechos sustantivos y adjetivos de la víctima o el ofendido. Dichos medios de impugnación, en la etapa de investigación, tienen la finalidad de combatir las omisiones o actuaciones del Agente del Ministerio Público investigador así como de la policía ministerial, para lograr que el Juez de Control realice un examen de las omisiones o de lo actuado ante el Ministerio Público investigador o ante la policía ministerial, con el propósito de restablecer el equilibrio procesal de las partes contendientes, es decir, "revisar, para volver a su curso", el actuar de las autoridades que intervienen en la etapa de investigación; los medios de impugnación o recursos ordinarios están sujetos a determinados requisitos y trámite procesal (legitimación de las partes, término para la interposición, vistas y resolución), para subsanar las omisiones, excesos o defectos; y en general, cualquier error o transgresión, a las formalidades esenciales del debido proceso en materia penal oral. En conclusión, los recursos se sujetan a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza jurídica a las partes contendientes, procurando siempre el equilibrio procesal. Ahora, la omisión reclamada, de girar los oficios correspondientes a las autoridades a las cuales solicitó diversa documental en el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación de origen, puede ser impugnada ante el Juez de control, conforme lo dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir, en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación "procedimiento". Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir actuaciones u omisiones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la omisión aquí reclamada constituye una actuación del ministerio público, que a dicho del quejoso, vulnera los derechos reconocidos en su favor, para acceder a la justicia penal acusatoria; actuaciones, que deben considerarse impugnables a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 109, fracción XXI, 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, porque dichos preceptos constitucionales y secundarios, prevén la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, aquí quejoso, de impugnar las determinaciones u omisiones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar e integrar la carpeta de investigación que está comprendida dentro de las hipótesis expresamente señaladas en el artículo 258 del citado Código Nacional. Así, se observa que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provoca que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Se cita al efecto, la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 que derivó de la contradicción de tesis, con registro 2017641, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, visible en la página 945, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Asimismo, la diversa Jurisprudencia 1a./J. 28/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como se dijo, también se originó de la contradicción de marras, con registro 2017640, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, Décima Época, Materias Común, Penal, visible en la página 943, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Sirve de apoyo la tesis aislada I.1o.P.26 P, con registro 2026514, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de dos mil veintitrés, Tomo IIII, Undécima Época, Materia Penal, visible en la página 3350, de rubro y texto: "RECURSOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO PREVÉ UNO "INNOMINADO" CONTRA LAS OMISIONES, NEGLIGENCIAS O DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SINO EL DERECHO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO A IMPUGNARLAS A TRAVÉS DEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL MISMO ORDENAMIENTO. Hechos: En la audiencia de impugnación de la determinación de no ejercicio de la acción penal, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control refirió que ésta debía desecharse y declararse sin materia, dado que el asesor jurídico de la parte impugnante no había interpuesto previamente el "recurso innominado" que prevé la fracción XXI del artículo 109 del citado código, por lo que había precluido su derecho para recurrir las omisiones ministeriales reclamadas y, por ende, debía confirmarse la referida determinación ministerial. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé un "recurso innominado" contra las omisiones o negligencias que cometa el órgano ministerial en el desempeño de sus funciones de investigación, ni respecto de las determinaciones de abstención para investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino el derecho de la víctima u ofendido a impugnarlas ante la autoridad judicial, por sí o por medio de su representante, precisamente a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 de dicha codificación, pues es el recurso idóneo para ello. Justificación: El artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé el derecho de la víctima u ofendido a impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), de títulos y subtítulos: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." y "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO.", respectivamente, estableció que la víctima u ofendido puede impugnar ante la autoridad judicial, a través del recurso innominado previsto en el artículo 258 de la referida codificación, no sólo las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino también las omisiones o negligencias que el órgano ministerial cometa durante la etapa de investigación. De ahí que el medio de defensa idóneo que tiene la víctima u ofendido para demostrar la ilegalidad en la investigación, esto es, que se pretenda concluirla con un inejercicio de la acción penal, pero provocado precisamente por desvío u omisión en la investigación de los hechos, lo cual se traduce como violaciones procedimentales que trascendieron a la decisión de inejercicio, que pueden ser planteadas no como impugnaciones autónomas, sino como agravios al impugnarse esa resolución terminal, sea el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, en la solución del problema jurídico en materia penal planteado a través del juicio oral acusatorio, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente; en tanto que, acudir directamente al juicio de amparo biinstancial, implica además, el desacato al imperativo categórico previsto en la norma constitucional (artículo 20, apartado C, fracciones II y VII), consistente en impugnar a través de los medios ordinarios de defensa las actuaciones u omisiones ocurridas en el trámite del juicio penal acusatorio, para llegar, eventualmente, a un mismo resultado, ya que el Juez de Control ejerce las mismas funciones que el Juez de Distrito de Control Constitucional, durante la etapa de investigación, en la recabación u omisión de datos de prueba y previo al dictado del auto de vinculación a proceso, para subsanar, a través de los medios de impugnación ordinarios, las actuaciones u omisiones del agente del Ministerio Público investigador y de la policía ministerial. Por ello, cobra especial relevancia el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, contra actos y omisiones ocurridas en la etapa de investigación del juicio penal acusatorio y oral, como ocurre en este caso, pues, dicho principio implica el agotamiento previo del recurso o medio de defensa ordinario procedente respecto a las omisiones o determinaciones imputadas o asumidas por el Agente del Ministerio Público investigador; principio de definitividad que se traduce en la obligación que tiene la parte quejosa de agotar los medios de impugnación, antes de promover el juicio de protección de derechos fundamentales, por tanto, en la especie, la demanda de amparo es improcedente. Debe destacarse que no considerarlo así, se impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación; pues en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería lo conducente atendidendo a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial que por su naturaleza no puede cumplir con los principios establecidos, ya que no se prevé una audiencia en la que se encuentren presentes todas las partes y se emitan de manera oral los conceptos de violación, lo que sí podría efectuarse ante el Juez de Control. Motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. VII. Domicilio, autorizados y acceso al expediente electrónico. Como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario ******************** se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. VIII. Se exhorta y se requiere a la parte quejosa. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general. XI. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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