Manuel Borbolla García
Expediente 746/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/03/2021
Partes del expediente
- Manuel Borbolla García
- Manuel Borbolla García y Otros.
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. I. Readscripción del Titular. Vista la cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/52/2021 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de enero de dos mil veintiuno, se acordó la readscripción del juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar; de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, registro 164217, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Llegada de Autos. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución, dictada en los autos del recurso de queja penal.... Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior, haciendo del conocimiento de las partes, al tenor del siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja, por las razones precisadas en este fallo." III. Se ordena el Archivo. De igual manera, en vista de que dicha resolución no requiere de ejecución material alguna, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de destrucción, en términos en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de once de noviembre de dos mil veinte, del que se advierte que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, mismo que se registró bajo el amparo en revisión 117/2020. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el escrito de cuenta signado por la autorizada de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, mediante el cual exhibe dos copias del escrito de queja interpuesto en autos, lo anterior, tomando en consideración que en proveído inmediato anterior, se proveyó lo conducente respecto al citado medio de impugnación, atendiendo a que fue interpuesto respecto del acto que desechó la demanda de amparo intentada, lo que se asienta para los efectos conducentes. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de octubre de dos mil veinte.RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por **, por sí y en representación de**personalidad que se le reconoce al tenor del instrumento notarial que anexa a la demanda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, contra actos del Fiscal de Acusación Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y otra autoridad.EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 746/2020-III, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico.Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. HECHO NOTORIO. Asimismo, se ordena agregar copia certificada de la demanda de amparo y de diversas actuaciones del juicio de amparo **del índice de este Juzgado, consistentes en: la demanda de amparo; auto de desechamiento de quince de agosto de dos mil diecinueve; resolución dictada en los autos del recurso en queja **por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito; y, acuerdo de admisión de tres de marzo de dos mil veinte. Documentales que constituyen un hecho notorio para esta Juzgadora de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis (V Región)3o.2 K (10a.), emitida por la Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, Décima Época, con número de registro 2009758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, visible en la página 2181, que a la letra dice: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." ACTO RECLAMADO. En la especie, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La determinación de siete de mayo de dos mil diecinueve, emitida dentro de la carpeta de investigación *-*, mediante el cual se negó reconocer la personalidad de **, como representante de **, y como consecuencia, la negativa de acceso a la consulta de la citada carpeta, en la cual aduce, la moral quejosa tiene la calidad de ofendida. DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Señalado lo anterior, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. [.]". De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, el máximo tribunal del país ha establecido que la causal de improcedencia mencionada se agota en los casos en los que en la anterior ejecutoria de amparo se haya examinado y resuelto la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado que es materia del posterior juicio de amparo, así como en los casos en que se haya determinado la inatacabilidad del acto, con motivo de la actualización de ciertas causales de improcedencia. En este último supuesto, se determinó que para que el sobreseimiento decretado en un anterior juicio de amparo pueda tener efectos de cosa juzgada, se requiere la convergencia de razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, que han cesado sus efectos, que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa; pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de amparo. La premisa de la que parte la actualización de la causal de improcedencia de cosa juzgada, derivada del sobreseimiento decretado en un anterior juicio de amparo, es la absoluta inatacabilidad del mismo acto en un posterior juicio de amparo, con motivo de la existencia de circunstancias que, de manera insuperable, hacen inejercitable la acción de amparo. Atento a lo anterior, para que se configure la causal de improcedencia de mérito se requiere la actualización de una de las dos condiciones siguientes: a) Que en el anterior juicio de amparo se haya analizado y resuelto, en el fondo, la constitucionalidad del acto reclamado materia del posterior juicio de garantías. b) Si en el anterior juicio de amparo se configuró una causal de improcedencia respecto del acto reclamado, que ésta conlleve su absoluta inatacabilidad en un posterior juicio de amparo, con motivo de la existencia de circunstancias que, de manera insuperable, hagan inejercitable la acción de amparo. De no cumplirse alguna de las condiciones apuntadas, no se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Sustenta lo anterior, la tesis CCLXXVIII/2012 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado, sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia aludida, en virtud de las copias certificadas de las diversas constancias y actuaciones relativas al juicio de amparo ** promovido por ** por conducto de su apoderada ** del índice de este juzgado, las cuales constituyen un hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la materia. Sentado lo anterior, en el caso se está en presencia del supuesto supracitado, pues en el juicio de amparo **, la parte quejosa señaló -entro otro- el mismo acto y autoridad responsable que ahora señala, esto es, la determinación de siete de mayo de dos mil diecinueve, emitida dentro de la carpeta de investigación **y sus consecuencias; respecto del cual se actualizó la improcedencia estipulada por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo, lo que condujo a su desechamiento. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa interpuso recurso de queja contra la resolución en la que se desechó la demanda de amparo intentada en el juicio de amparo **, del índice de este órgano jurisdiccional; sin embargo, mediante auto de tres de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibida la resolución dictada en los autos del recurso de queja **, por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, y se admitió la demanda de amparo únicamente respecto al diverso acto reclamado, es decir, la determinación de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual, el Juez de Control de la Unidad II del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, resuelve no admitir el recurso de impugnación interpuesto por la moral quejosa respecto de la determinación decretada por la Fiscal de Acusación Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro en la carpeta de investigación número **. Lo anterior, toda vez que el tribunal de alzada, en el considerando quinto de la referida resolución, determinó no emitir pronunciamiento alguno respecto del acto que la parte quejosa pretende combatir en el juicio de amparo que nos ocupa, en virtud de que ésta, en el recurso de queja interpuesto, no expuso agravios para entrar a su estudio; de tal modo que, el desechamiento respecto del acto combatido, adquirió firmeza al no haber sido impugnado. Por tanto, es evidente que la presente demanda ya fue materia de una resolución anterior, recaída en un juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, determinación que si bien no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad de los actos reclamados, sí constituye cosa juzgada para efectos de la improcedencia de un nuevo juicio de amparo en contra de ese mismo acto, esto es, existe un pronunciamiento firme e inamovible en torno a su improcedencia, cuyo contenido no puede desconocerse. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), con número de registro 2018597, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, visible en la página 808, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada." Apoya al o dicho la tesis I.5o.P.1 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, materia común, número de registro 2005580, visible en el la página 2306, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse." Así como, por identidad jurídica, la jurisprudencia 8 sustentada por la Segunda Sala del Máximo tribunal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 181-186, tercera parte, página 91, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías" (el subrayado y resaltado no es de origen). De igual modo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis XIII.3º.3K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que se comparte, visible a página 2380, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero de 2006, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA UN ACTO QUE YA FUE RECLAMADO EN UNO ANTERIOR EN EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA Y CAUSÓ ESTADO TAL DETERMINACIÓN. Tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 4/90, consultable a fojas ciento veinticinco del Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segunda Sala, que dice: "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA.", estableció el criterio de que el juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda se concluye que su desechamiento implica que se da por concluido al causar estado la determinación que al efecto se emita -pues se está ya en presencia de una ejecutoria de amparo- de tal forma que cuando el quejoso promovió con anterioridad al juicio de amparo uno diverso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado y el Juez de Distrito del conocimiento determinó desechar la demanda y contra tal determinación no se interpuso recurso alguno, resulta evidente que contra tal determinación no puede ejercerse nuevamente la acción de amparo, al configurarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia contemplado en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo". Por tanto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo intentada por ** por conducto de su apoderada **. Robustece a lo expuesto la tesis sin número sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 226, Tomo XII, julio de 1993, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". Asimismo, se estima que en el presente asunto la acción de amparo intentada por **, por propio derecho, se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, siendo su texto el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" En suma, bajo el cuadro legal antes expuesto se evidencia que el plazo preprocesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contado de la forma que estatuye el artículo 17 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En seguimiento a lo anterior se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que antes fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." La Jurisprudencia que precede y que se considera afín a la nueva Ley de Amparo, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, se pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: Un acto de autoridad o de particular en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo. Una persona afectada por tal acto. La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se intenta no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Lo anterior se explica en la medida que el quejoso reclama la determinación de siete de mayo de dos mil diecinueve, emitida en la carpeta de investigación **de la estadística de la Fiscalía de Acusación Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, mediante la cual se negó reconocerle la calidad de representante de ** y como consecuencia, la negativa de acceso a la consulta de la citada carpeta, en la cual aduce, la moral quejosa tiene la calidad de ofendida, siendo éste precisamente acto de naturaleza penal, que no encuadra en las excepciones que prevé el ordinal 17 de la Ley de Amparo vigente. De esta guisa, el consentimiento tácito implica la falta de impugnación de un acto determinado, dentro de los términos prejudiciales establecidos por el numeral 17 de la propia ley, que es el aplicable al caso concreto, pues dada la naturaleza del acto reclamado, el plazo prejudicial aplicable es el genérico, de quince días, mismo que se contará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución. Lo anterior se estima así, ya que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el diez de mayo de dos mil diecinueve, se le realizó la notificación correspondiente de la determinación reclamada; manifestación que adquiere fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, dado que se trata de una afirmación espontánea que bajo protesta de decir verdad externó el accionante en su escrito de demanda, de ahí que adquiere la naturaleza de confesión de parte. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Entonces en función a la fecha en que se presentó la demanda, resulta que el término de quince días con el que se contaba para la interposición del juicio de amparo en contra del acto reclamado ha fenecido. Lo anterior, toda vez que la notificación que se le realizó el diez de mayo de dos mil diecinueve en la carpeta de investigación **, surtió efectos el día siguiente al que se realizó la notificación correspondiente, conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimiento Penales estipulada en el artículo 82, pues dicha legislación rige el procedimiento génesis del acto reclamado; por ende, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo comenzó a partir del catorce de mayo de dos mil diecinueve y feneció el tres de junio de dos mil diecinueve, descontando los sábados y domingos y los días inhábiles que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo que mediaron en ese lapso. Cabe precisar que el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 82. Formas de notificación. Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Luego si de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la determinación reclamada fue notificada al promovente el diez de mayo de dos mil diecinueve, la cual de conformidad con el artículo 82 del Código Nacional de Procedimiento Penales surte sus efectos al día siguiente en que se practicó, esto es, el trece de mayo de dos mil diecinueve. Por tanto, como ya se dijo en líneas arriba, el plazo para la interposición de la demanda de amparo, transcurrió del catorce de mayo de dos mil diecinueve al tres de junio de dos mil diecinueve. Por lo que, al haberse presentado la demanda de amparo el día veintinueve de septiembre de dos mil veinte, según se advierte del sello plasmado por la Oficina de Correspondencia Común, ello sucedió posterior al plazo precitado ya que la parte quejosa afirmó conocer el acto reclamado el diez de mayo de dos mil diecinueve, por ende, operó el consentimiento tácito del aquí quejoso con el contenido del acto reclamado, de manera que se actualiza la improcedencia estipulada por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia número P./J. 11/2017 (10a.), publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 7, Tomo I, Materia Común, Mayo de 2017, con número de registro 2014199, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." De igual forma, sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 13/2014 (10a.), publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 275, Tomo I, Materia Común, Agosto de 2014, con número de registro 2007052, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." En las relatadas circunstancias, se afirma la actualización de una causa notoria de improcedencia del juicio de amparo, por ende, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo intentada por **, por propio derecho, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. RECEPCIÓN DE PROMOCIONES. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. DOMICILIO Y AUTORIZADA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizada en términos amplios a ***, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el en el Sistema Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 07 de agosto de 2020, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. CAPTURA DE PROVEÍDO. Finalmente, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Manuel Antonio Hernández Ortiz304/2019
- Manuel Antonio Santiago Barrera91/2023
- Manuel Arauz Colchado54/2019
- Manuel Arellano Sotelo185/2021
- Manuel Arizpe Dodero2869/2015
- Manuel Barrón Paulín1124/2017
- Manuel Calle Ruiz373/2017
- Manuel Campos Martínez1508/2015
- Manuel Cardona Armenta791/2016
- Manuel Castro Montaño638/2017
- Manuel Catiel Núñez1231/2023
- Manuel Clemente Lara1691/2017