Manuel Arellano Sotelo
Expediente 185/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 185/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/01/2022
Partes del expediente
- Manuel Arellano Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de enero de dos mil veintidós. I. Calificación de cumplimiento Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad vinculada; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Cabe precisar los siguientes antecedentes: A) Por sentencia dictada el veinticinco de mayo de do mil veintiuno, se concedió el amparo a la parte quejosa respecto de la omisión reclamada a la Legislatura del Estado. B) En ocho de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia pronunciada y se requirió a la autoridad responsable mencionada el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, los efectos del fallo protector se hicieron consistir en: "(.) Se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para que la Legislatura del Estado de Querétaro, emita respuesta a la solicitud que le fue presentada por el aquí quejoso el ocho de octubre de dos mil veinte. Sin que dichos efectos permeen sobre el sentido de la respuesta que se emita en relación a la solicitud del quejoso, en virtud de que con la emisión de la sentencia que se dicta no se realiza un pronunciamiento de fondo al respecto, sino únicamente, que la autoridad resuelva si procede o no." Así, por oficio agregado en auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario de Servicios Parlamentario de la Legislatura del Estado de Querétaro remitió las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo. Documentales, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Precisado lo anterior y vistas las constancias que integran el presente juicio, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: En satisfacción a lo anterior, la autoridad responsable Legislatura del Estado de Querétaro remitió entre otros copia certificada del oficio ................ de once de octubre de dos mil veintiuno, de los que se advierte que dio respuesta al escrito recibido en la oficialía de partes de dicha dependencia el ocho de octubre de dos mil veinte; informando al ahora quejosa que no existe solicitud de jubilación ante dicha instancia. Que dicha contestación fue notificada al autorizado de la parte quejosa el trece de octubre de dos mil veintiuno. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio pues se cumplieron los lineamientos ordenados, al contestar la solicitud que la parte quejosa le presentó. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, del Tomo I, Febrero de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACONTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" II. Archivo del expediente. Ahora, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración, que ninguna de las partes allegó al juicio principal, algún documento original que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo dispuesto con la fracción XVIII del artículo 3, del referido Acuerdo General. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de octubre de dos mil veintiuno. I. Oficio -Pretende Cumplir-. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado en representación de la Sexagésima Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual, remite las constancias con las que considera dar cumplimiento al fallo protector. II. Vista. Ahora, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito y su anexo, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de octubre de dos mil veintiuno. I. Oficio. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio proveniente de la Subcoordinador de Gestión Administrativa de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, señala que al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio por lo que se refiere a los actos que le fueron atribuidos, no existe acto alguno que deba restituir al quejoso. Lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. II. Estado de Autos -requiere cumplimiento-. Ahora, de la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido en exceso el término concedido a la Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro, para dar cumplimiento en lo que a su esfera competencial corresponde a los efectos postulados en el fallo protector; en tal virtud, atendido a que el cumplimiento de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público, con fundamento en el artículo 192 la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión a dicha autoridad, para que dentro del improrrogable plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de este proveído, realice las gestiones necesarias para logar el cumplimiento del fallo protector, debiendo informar lo conducente y enviando las constancias que acrediten lo anterior. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese; y por oficio a la Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de julio de dos mil veintiuno. I. Ejecutoría. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Requiere cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES; contados a partir de que reciban la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. Lo anterior tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la actualización de las cantidades no es optativa, sino que constituye una obligación clara y sin excepción alguna, de reintegrar el saldo a favor debidamente actualizado, que se originó con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma analizada, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce del derecho vulnerado. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. IV. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.
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