Manuel Bernal Hernández
Expediente 1454/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1454/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2019
Partes del expediente
- Manuel Bernal Hernández
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, para lo cual remite copia certificada del auto de nueve de agosto del año en curso, así como de la interlocutoria de trece de agosto del mismo año, emitidos dentro de los autos del juicio laboral 208/2018 de su índice. Así, de dicha interlocutoria se observa que la responsable en cumplimiento al fallo protector, realizó lo siguiente: Aplicó el artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya omisión fue uno de los motivos por lo que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión; Invocó el artículo 762 y demás relativos a la Ley Federal del Trabajo, en el considerando II, de la interlocutoria, con el que sostuvo que era competente para resolver el incidente en estudio (incidente de competencia); Derivado de los fundamentos que invocó y por los motivos que realizó en la propia resolución, destacó que era claro que existía un sometimiento tácito a la competencia a favor de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Estado de Nayarit, ya que el registro del sindicato y su reglamento se encontraban realizados ante la propia autoridad laboral responsable; y Finalmente, declaro improcedente el incidente de competencia. Sin embargo, de dicha resolución interlocutoria se aprecia que la responsable no dio cabal cumplimiento al fallo protector, toda vez, que si bien realizó las actuaciones que se describen en las fracciones que anteceden, en el caso, no atendió las siguientes indicaciones: En primer orden, no dejó sin efectos la resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral 208/2018, ni tampoco las diversas interlocutorias de doce de marzo y seis de mayo, ambas del año en curso, por las cuales pretendió cumplir con la sentencia; y, En segundo término, no atendió los planteamientos expuestos por el actor incidentista, como lo indicó el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa: "entorno (sic) a que no tiene competencia legal para conocer del conflicto inter-sindical, toda vez que los artículos 1, 2 y 3 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, establece que en los conflictos que surjan de las relaciones entre los trabajadores al servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los Municipios del Estado de Nayarit e Instituciones Descentralizadas de carácter estatal, los trabajadores serán representados a través de su sección, sindicato, federaciones y confederaciones, así mismo, el artículo 133 de dicho estatuto, establece que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit es competente para conocer de los conflictos sindicales e inter-sindicales, que emanen con motivo de la relación laboral antes mencionada; así mismo, deberá exponer porqué considera que es competente para conocer del presente conflicto y a su vez sustentar jurídicamente dicha decisión." (foja 44 frente y reverso). Por tanto, con sustento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de DIEZ DÍAS siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido esto es, deje sin efectos las interlocutorias emitidas en cumplimiento al fallo protector, y dicte otra, en la que atienda los lineamientos faltantes que se le exponen en el presente acuerdo, para lo cual deberá remitir las documentales de las que se aprecie ha dado cumplimiento total a la sentencia concesoria de amparo; para lo cual remítasele de nueva cuenta copia simple de la sentencia a efecto de que tenga pleno conocimiento de los efectos vinculatorios del fallo protector. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por *********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita lo siguiente: Se deje sin efectos la orden de emplazamiento por medio de edictos de la tercera interesada ***********, en virtud de que ya compareció a juicio; Se provea lo conducente respecto a la prueba pericial en materia de topografía e inspección judicial. Se autorice la expedición de copias certificadas. Ahora, visto el estado de autos, en particular el proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se advierte que se tuvo por apersonada al presente juicio a la tercera interesada Katia Paola Miramontes Rodríguez por conducto de su apoderado legal Cesar Candelario Miramontes; en consecuencia, se ordena dejar sin efecto la orden de emplazamiento por medio de edictos de la citada tercera interesada, emitida en proveído de diecisiete de junio del año actual (fojas 348). Luego, del estado de autos, se advierte que no se notificó la interposición de la parte quejosa del recurso de queja contra los autos de veintisiete, veintinueve y treinta y uno de mayo del presente año, a la tercera interesada Katia Paola Miramontes Rodríguez; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que con copia del citado medio de impugnación, la notifique y requiera para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación correspondiente, señale las constancias que estime pertinentes para la resolución del recurso de queja de que se trata. Por otra parte, visto el proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 348 y 349), se advierte que se reservó a proveer respecto de la prueba pericial en materia de topografía, así como la inspección judicial de archivos y documentos físicos o digitales, ofertadas por la parte quejosa hasta en tanto se tuviera el emplazamiento de la tercera interesada Katia Paola Miramontes Rodríguez al presente juicio; en consecuencia, en virtud de que en proveído de veintiuno de junio del año en curso, se tuvo compareciendo a juicio a la tercera en cita, con fundamento en el artículo 119, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba pericial en materia de topografía y por designado como perito a José Fidencio Ibarra Castro, con domicilio en Privada Río Grijalva número 31, colonia Los Fresnos de esta ciudad. De conformidad a lo previsto por la fracción II, del arábigo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su dispositivo 2º, comisiónese al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que se constituya en el domicilio indicado y requiera al perito de referencia, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, comparezca a las instalaciones de este juzgado debidamente identificado, a manifestar si acepta o no el cargo conferido, o bien, manifieste el impedimento legal que tuviera para ello. De igual manera, a efecto de llevar a cabo el desahogo de la prueba en comento, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por determinación del ordinal 2° de la ley de la materia, distribúyanse entre las demás partes las copias del cuestionario sobre el cual versará la prueba pericial en materia de topografía, ofrecida por la parte quejosa y requiéraseles, a efecto de que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, propongan un perito de su parte; asimismo, adicionen el cuestionario con las repreguntas que estimen convenientes, en el entendido que de no formular manifestación alguna, se entenderá su desinterés en ello. Luego, este órgano de control constitucional, a efecto de designar perito oficial en materia de topografía, con fundamento en los preceptos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ordena girar oficios al Centro Científico de Comprobación Criminal Certificador (C-5), de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República e Instituto Tecnológico de Tepic, todos residentes en esta ciudad, con la finalidad de que dentro del término de tres días siguientes a la notificación correspondiente, se sirvan informar a este juzgado, si en las instituciones a su cargo, cuentan con algún perito en materia de topografía, que pueda llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial ofertada por la parte quejosa, para lo cual se le anexa copia simple del interrogatorio sobre el cual versará el medio de convicción en comento; lo anterior, con el objeto de agilizar el procedimiento en el presente juicio de amparo, como lo dispone el artículo 17 Constitucional. Por otro lado, en relación con la prueba de inspección judicial de archivos y documentos físicos o digitales, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo peticionado, toda vez que lo pretendido por el ofertante de la prueba tiene como objeto comprobar la existencia de diversos documentos o registros digitales que obran en los archivos tanto físicos como digitales de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Tepic Nayarit; por ende, procede su desechamiento en razón de que tal probanza no es la conducente ni idónea para constatar lo que pretende, toda vez que la inspección judicial sólo se limita a que el funcionario, a través de sus sentidos, describa lo que perciba y verifique alguno de los hechos alegados por las partes, siempre y cuando se contraiga a las cosas o personas relacionadas con la litis; por tanto, es indudable que la prueba ofrecida no es la idónea para acreditar el hecho pretendido, consistente en probar que dentro de su propiedad se han otorgado diversas claves catastrales a terceros. Finalmente, con sustento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias certificadas que indica el compareciente, a su costa, previa toma de razón y constancia de recibo que deje en autos el compareciente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo 78/2019, que le fue enviado para que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal dicte la sentencia correspondiente; en consecuencia, agréguese a sus autos el libelo de referencia, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el seis de mayo del año en curso (fojas 207 a 242), las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar y el Coordinador de la Sala de Ejecutores del Poder Judicial del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de siete de mayo de la presente anualidad (foja 243), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar el trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 104 a 120), por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, se determinó sobreseer, por una parte y por otra, conceder a la quejosa Emma Samira Valencia Carretero el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Inconforme con dicha resolución, el tercer interesado Julio César Cayeros Soto interpuso recurso de revisión en su contra (foja 147); luego, por ejecutoria emitida el veintinueve de marzo del año actual, por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión número 684/2018 (fojas 189 a 200), fue modificada y en su lugar concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] El juez responsable, en el ejercicio de la facultad para intervenir de oficio en asuntos familiares decrete las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto la situación irregular que ocurre en perjuicio de la niña D.S.C.V., que impide la comunicación y convivencia con la aquí quejosa Emma Samira Valencia Carretero [.]". En ese orden de ideas, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante oficio 1731/2019, de treinta de abril del año actual, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el seis de mayo siguiente, remitió copia certificada de la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 208 a 216), en el que procedió a decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cesara ipso facto la situación irregular que ocurría en perjuicio de la niña "D.S.C.V.", que impedía la comunicación y convivencia con la aquí quejosa Emma Samira Valencia Carretero, por lo que requirió al tercer interesado Julio César Cayeros Soto, permitiera la comunicación y convivencia de la menor de edad, asimismo, para que respetara el régimen de convivencias y visitas decretadas en la sentencia ejecutoriada de dos de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca familiar número 38/2012, del índice de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, en cumplimiento al amparo directo 378/2015, así como las medidas cautelares decretadas el catorce de marzo de dos mil dieciocho y el requerimiento formulado el treinta y uno de mayo de ese mismo año, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedor a una medida de apremio consistente en una multa de hasta treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Además, toda vez que de actuaciones advirtió que la última convivencia llevada a cabo entre la menor de edad y su progenitora lo había sido desde diciembre de dos mil diecisiete, a fin de restituir a la referida menor en el goce de su derecho de convivencia en atención a su interés superior concedió una convivencia libre y sin supervisión alguna a la quejosa Emma Samira Valencia Carretero con la menor de edad de iniciales "D.S.C.V.", y requirió al demandado Julio César Cayeros Soto, aquí tercer interesado, para que presentara a la menor en la recepción de las instalaciones que ocupa el Centro Estatal de Justicia Alternativa y de Convivencia Familiar, en la hora y fecha programada para que la quejosa conviviera de manera libre con la menor de edad. Sin que pase inadvertido las manifestaciones que formularon el tercer interesado Julio César Cayeros Soto y la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar mediante libelos y anexos recibidos el catorce y veinte de mayo de la presente anualidad (fojas 256 a 260 y 262 a 373), en el sentido de que cambió la situación jurídica en el juicio de origen, toda vez que la guarda y custodia definitiva de la menor de edad con iniciales "D.S.C.V.", lo tiene actualmente la progenitora Emma Samira Valencia Carretero, en atención a lo decretado por diversa autoridad jurisdiccional, a saber, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con domicilio en esta ciudad; sin embargo, al respecto, esta autoridad federal considera que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en función del acto que reclamó la parte quejosa y lo determinado por el Tribunal de Alzada. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de sus derechos constitucionales violados, en términos del numeral 196 de la actual Ley de Amparo. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la Materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto Vigésimo Primero, del capítulo Quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto de los actos reclamados (fojas 27 a 29 y 35 a 38 del cuaderno incidental original); por ende, déjense por separado. El cuaderno original del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción junto con el juicio principal una vez que transcurran más de cinco años; en tanto que el duplicado, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, previa acta que se elabore para constancia y realizada la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvanse al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede esta ciudad, las copias certificadas del expediente familiar 737/2011 de su estadística, en dos tomos, a la Coordinadora del Sistema de Notificaciones y Diligencias de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en un tomo, mismos que acompañaron en apoyo a sus respectivos informes justificados (fojas 51 a 52 y 81), solicitándoseles el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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