Manuel Armando Guillén Bonilla

Expediente 648/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
648/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2018

Partes del expediente

  • Manuel Armando Guillén Bonilla

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el libelo de cuenta, mediante el cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio autorizado de la resolución emitida el cinco del mes y año en curso, en el recurso de queja 284/2017 interpuesto por Refugio Nayarita Temporal y Optativo, Asociación Civil, por conducto de su apoderado Rogeiro González González, de la que se aprecia que el pleno de ese tribunal declaró infundado el medio de impugnación de referencia; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, déjese por separado el legajo certificado formado con motivo del medio de impugnación en cita y acúsese el recibo de estilo. En atención a que se resolvió la queja planteada, cuya admisión generó la suspensión del procedimiento en el presente juicio, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, se ordena reanudarlo; en consecuencia, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otro lado, visto el estado de autos, se desprende que las autoridades responsables denominadas Refugio Nayarita Temporal y Optativo, Asociación Civil;**, en calidad de Presidente de la Asociación antedicha; Comité de Acción Ciudadana del Fraccionamiento Jardines de La Cruz; y Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Nayarit; todas con sede en esta ciudad, han sido omisas en rendir su correspondiente informe con justificación que les fue solicitado, no obstante de encontrarse debidamente notificadas para ello, según se advierte a fojas setenta y ocho y ciento tres, sin que tampoco hubieren allegado a este Órgano Jurisdiccional, fotocopias certificadas de las constancias relativas al acto aquí reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación en comento, por disposición expresa del precepto 2°, requiérase a las responsables aludidas, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciban la notificación que se les haga del presente proveído, remitan las constancias que fueron precisadas con antelación o bien, manifiesten el impedimento que tengan para ello; pues las mismas resultan necesarias para resolver conforme a derecho corresponda el presente sumario; apercibidas que en caso de ser omisas, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de la Materia. En otro aspecto, vistas las constancias de autos, se hace del conocimiento de las partes, que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México, a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete, la suscrita Licenciada Isaura Romero Mena, funge como titular de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; lo anterior, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante auto de quince de marzo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió el reporte de transferencias SPEI del que se aprecia que transfirió a la quejosa la cantidad de $12,245.95 (doce mil doscientos cuarenta y cinco pesos 95/100 moneda nacional) . En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, con el citado libelo y documentales para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que la quejosa haya hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Cynthia Zulema Campa Anguiano, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los diversos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa las cantidades de $12,266.05 (doce mil doscientos sesenta y seis pesos 05/100 moneda nacional), por la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos "FOM. EDUCACIÓN", "ASIST. SOCIAL" y "U.A.N.", al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. Resolución que causó ejecutoria el veintiocho de febrero del año en curso. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los diversos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolver a la quejosa la cantidad de $12,266.05 (doce mil doscientos sesenta y seis pesos 05/100 moneda nacional), por la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos "FOM. EDUCACIÓN", "ASIST. SOCIAL" y "U.A.N." la cual debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió el reporte de transferencias SPEI del que se aprecia que transfirió a la quejosa la cantidad de $12,245.95 (doce mil doscientos cuarenta y cinco pesos 95/100 moneda nacional), del que se advierte la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $12,266.05 (doce mil doscientos sesenta y seis pesos 05/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), se obtiene como resultado la cantidad de $11,986.05 (once mil novecientos ochenta y seis pesos 05/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete y en el mes de marzo de este año, se efectúo la devolución correspondiente mediante transferencia interbancaria; por tanto, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de octubre de dos mil diecisiete y febrero del año que transcurre. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del presente año entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 131.50 y para el mes de octubre de dos mil diecisiete de 127.91. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02806. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $11,986.05 (once mil novecientos ochenta y seis pesos 05/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $12,322.37 (doce mil trescientos veintidós pesos 37/100 moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $336.32 (trescientos treinta y seis pesos 32/100 moneda nacional). Por tanto, si las autoridades responsables entregaron a la quejosa la suma de $12,245.95 (doce mil doscientos cuarenta y cinco pesos 95/100 moneda nacional), como se advierte del reporte de transferencias SPEI, que consta agregado en autos, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No es obstáculo a lo anteriormente determinado, que la responsable de mérito devolvió a la parte quejosa la suma de $12,245.95 (doce mil doscientos cuarenta y cinco pesos 95/100 moneda nacional) y no la de $12,322.37 (doce mil trescientos veintidós pesos 37/100 moneda nacional); en virtud de que el faltante, a saber, $76.42 (setenta y seis pesos 42/100 moneda nacional), no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

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