Manuel Anzures Garcia

Expediente 502/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
502/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Manuel Anzures Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos de cuenta, del Director de Atención a Trámites de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, manifiesta que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y exhibe las constancias con las que lo acredita. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos que acompaña, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante; apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito tendrá por cumplido el fallo protector. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente. INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio y la sentencia dictada en el presente asunto, remitidos por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, respecto a su expediente auxiliar 42/2022; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la promoción de mérito, tomando conocimiento de su contenido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese recibo vía interconexión. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso e), fracción II incisos a) y c) y fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa, a las autoridades responsables, y al Fiscal Ejecutivo Titular de la adscripción, la sentencia de mérito. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y Fiscal Ejecutivo Titular adscrito. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, devuelve los autos originales del juicio en que se actúa y remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el toca R.A. 349/2021, por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco Guerrero, en sesión virtual de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, se agrega a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el oficio y anexos de cuenta, para que obren como correspondan y surtan los efectos legales procedentes. En ese sentido, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil tres prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." (Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional. Al respecto, el artículo 192 de la ley de la materia, prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a las autoridades responsables, se les requerirá para que cumplan con ella dentro del plazo de tres días, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Asimismo, que al ordenar la notificación y requerimiento a las autoridades responsables, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquéllas, en su caso, para que les ordene cumplir con la ejecutoria, con el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En el caso, en la sentencia dictada por este juzgado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En atención a lo anterior, se concluye que el artículo 226, fracción VI, último párrafo de la Ley General de Salud, es inconstitucional por violar los derechos fundamentales de derecho a la igualdad, a la salud en tanto afecta la accesibilidad de los medicamentos y libertad de comercio contenidos en los artículos 1, 4, tercer párrafo, y 5, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, debe concederse el amparo solicitado a la parte quejosa, para los efectos de que una vez que se notifique el auto por el que causó ejecutoria esta sentencia, dentro del plazo de tres días, deje de aplicar al quejoso en el presente y futuro lo previsto en el artículo 226, fracción VI, último párrafo, de la Ley General de Salud. El amparo se hace extensivo al acto de aplicación, por lo que la Subdirectora Ejecutiva de Licencias Sanitarias de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, deje insubsistente el oficio C193300EL531479, de cinco de febrero de dos mil veinte, mediante el cual se negó la autorización para que la quejosa pueda ofrecer al público la venta de medicamentos del grupo VI (aquellos medicamentos que no requieren receta médica ni de expenderse en farmacias) a través de las denominadas máquinas expendedoras, y emita otro en el que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre la solicitud de autorización de la parte quejosa, analice si esa solicitud reúne todos los requisitos legales para obtener la autorización de mérito, y únicamente se abstenga de aplicar la prohibición contenida en el artículo 226, fracción VI, último párrafo, de la Ley General de Salud. Lo anterior, pues la permisión a la quejosa de la venta de medicamentos del grupo VI (aquellos medicamentos que no requieren receta médica ni de expenderse en farmacias), no implica que deje de cumplir con los demás requisitos legales que deba cubrir a efecto de estar en posibilidad de vender dichos medicamentos." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la Subdirectora Ejecutiva de Licencias Sanitarias de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber acatado a cabalidad los lineamentos precisados en líneas que anteceden. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en su calidad de superior jerárquico de la referida autoridad, para que la conmine a cumplir con el fallo protector y dentro del mismo término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita las constancias con las que lo acredite, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; ello, toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismos. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes; parte quejosa, autoridades responsables, y Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 17/MAR/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE

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