Manuel Ángel García Jiménez
Expediente 1656/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1656/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 20/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Manuel Ángel García Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
(RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 13/AGO/2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA QUE NEGÓ EL AMPARO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que se negó la protección constitucional en el presente asunto. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del mencionado Acuerdo General, en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, y toda vez que en el presente asunto se negó la medida cautelar solicitada respecto de todos los actos reclamados, son susceptibles de destrucción el original y duplicado del incidente de suspensión, los cuales serán destruidos, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el original transcurridos tres años contados a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido, lo que procederá dentro del plazo de treinta días siguientes. Glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa anexó un documento original en el expediente en que se actúa, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dicho documento y previo desglose de éste, debiendo dejar constancia de su entrega, haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo de referencia. En el entendido de que la persona que acuda a recibir el documento, deberá solicitar una cita para tal efecto a través de un código QR, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas, tomando en consideración que es la jornada de labores presenciales que le corresponde a este Juzgado de Distrito. Sin que el establecimiento de un horario para la devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en calle López, número uno, piso cuatro, despacho cuatrocientos cuatro, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe. El Juez
- Principal
Ciudad de México, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en la sentencia dictada en este juicio de amparo, con sellos de publicación de veinte de abril del año en curso, se omitió precisar la fecha de su emisión; por tanto, a efecto de brindar certeza jurídica a las partes, se informa que dicha sentencia se dictó el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron. Ahora, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, esto es, a la parte quejosa, autoridades responsables, Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, y en su caso, tercero interesado; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen; o bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Por último, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en calle López, número uno (1), piso cuatro (4), despacho cuatrocientos cuatro (404), colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1656/2019-VI, promovido por Manuel Ángel García Jiménez, por derecho propio, contra actos de la Subprocuradora de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y remitido por razón de turno al día siguiente a este Juzgado Décimo de Distrito, Manuel Ángel García Jiménez, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos siguientes: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen el carácter de autoridades responsables en el presente procedimiento las siguientes: A. COMO AUTORIDAD ORDENADORA: La C. SUBPROCURADORA LETICIA QUIÑONES VALADEZ ADSCRITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. B. COMO AUTORIDAD EJECUTORA: El NOTIFICADOR ALBERTO ACANDA CEBALLOS ADSCRITO A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. IV Acto que se reclama: A. De la C. SUBPROCURADORA LETICIA QUIÑONES VALADEZ ADSCRITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO se reclama: 1. El oficio identificado como PAOT-05-300/300 006650-2019 de fecha 15 de agosto de 2019 relacionado con el expediente PAOT-2019-3056-SOT-1201, así como la ejecución que ordene darle. 2. La ILEGAL NOTIFICACIÓN a mi persona del oficio identificado como PAOT-05-300/300 006650-2019 de fecha 15 de agosto de 2019 relacionado con el expediente PAOT- 2019-3056-SOT-1201. 3. TODO LO ACTUADO en el expediente PAOT-2019-3056- SOT-1201. 4. LA NEGATIVA A MI PERSONA DE CONSULTAR el expediente PAOT-2019-3056-SOT-1201. B. Del C. NOTIFICADOR ALBERTO ACANDA CEBALLOS adscrito a la PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO se reclama: 1. La ILEGAL NOTIFICACIÓN a mi persona en el oficio identificado como PAOT-05-300/300 006650-2019 de fecha 15 de agosto de 2019 relacionado con el expediente PAOT- 2019-3056-SOT-1201." SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes y expuso como derechos fundamentales violados en su perjuicio los señalados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó el registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 1656/2019-VI y con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, se desechó la demanda de amparo. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja el cual se radicó con el número Q.A. 355/2019, ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que en sesión de nueve de enero de dos mil veinte, determinó fundado dicho recurso en los términos siguientes: "Así las cosas, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja a fin de que se admita a trámite la demanda de que se trata, únicamente respecto de la negativa de permitirle al quejoso el acceso al expediente PAOT-2019-3056-SOT- 1201, salvo que se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia o motivo que amerite su prevención." CUARTO. Previa aclaración, por auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo registrada con el número 1656/2019-VI; se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable; se dio intervención legal al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual, previos diferimientos de celebró en términos del acta que antecede y concluye con la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, párrafo primero, y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto segundo, fracción I, número 3, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dada la naturaleza del acto que se reclama. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es oportuno precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: ? La negativa de permitir al quejoso el acceso al expediente PAOT-2019-3056-SOT-1201. TERCERO. La Subprocuradora de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, el cual consiste en la negativa de permitir al quejoso el acceso al expediente PAOT-2019-3056-SOT-1201; en consecuencia, se tiene por acreditada la existencia de dicho acto por así reconocerlo la autoridad responsable en su informe justificado. CUARTO. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 814, publicada en la página quinientos cincuenta y tres del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, de texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, la autoridad responsable aduce que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ello en razón de que el quejoso no acredita ser el titular, propietario, administrador, representante legal o encargado del establecimiento mercantil con giro de restaurante, ubicado en la calle Alejandría, número treinta y cinco (35), colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México; por tanto, carece de interés jurídico para consultar el expediente PAOT- 2019-3056-SOT-1201. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" La hipótesis normativa transcrita establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Al respecto, se desestima la causa de improcedencia planteada, puesto que su análisis implica examinar cuestiones relativas al fondo del asunto, pues para resolver al respecto necesariamente debe examinarse la constitucionalidad del acto que se le atribuye a la autoridad responsable; esto es, analizar si el quejoso tiene el derecho para acceder al expediente administrativo PAOT-2019-3056- SOT-1201. Luego, al tratarse de un tema vinculado con el estudio de fondo, es inconcuso que no puede dar lugar al sobreseimiento. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, del Tomo XV, Novena Época, correspondiente al mes de enero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 187973, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Al no existir otra causa de improcedencia propuesta por las partes y no advertirse alguna que deba estudiarse de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto al tenor de los conceptos de violación vertidos en el escrito de la demanda de amparo. QUINTO. Se procede al examen de la constitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues el suscrito no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcada con el número 2a./J. 58/2010, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el caso, el quejoso alega que el acto reclamado consistente en la negativa de permitirle el acceso al expediente PAOT-2019-3056-SOT-1201, viola los derechos de audiencia y debido proceso, pues no le otorga la oportunidad de oponer defensas y ofrecer pruebas en la investigación que se lleva a cabo respecto del establecimiento mercantil ubicado en la calle Alejandría, número treinta y cinco (35), colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Es infundado el motivo de disenso. A fin de evidenciar lo anterior, conviene señalar que conducta negativa señalada como inconstitucional en el presente asunto, debe considerarse como acto que en sí mismo no es violatorio de los derechos fundamentales, lo cual implica que, por su propia naturaleza, necesita demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Al respecto, se destaca que la investigación radicada con el número de expediente PAOT-2019-3056-SOT-1201, se lleva a cabo en contra del propietario, administrador, representante legal o encargado del establecimiento mercantil ubicado en la calle Alejandría, número treinta y cinco (35), colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Entonces, quien puede consultar dicho expediente a efecto de oponer defensas y ofrecer pruebas, es el propietario o quien cuente con su representación legal; sin embargo, el quejoso no acredita tal extremo, ya que no exhibió prueba alguna de la que se advierta que es el titular, propietario, administrador, representante legal o encargado del establecimiento que pretende defender; lo cual es indispensable para acreditar que la negativa de la autoridad responsable de permitirle revisar el expediente PAOT-2019- 3056-SOT-1201, es violatoria de derechos. Además, porque cuando se reclaman actos que no son inconstitucionales en sí mismos, como se precisó con antelación, la carga de probar que son violatorios de derechos corresponde a la parte quejosa, pues se insiste, su ilegalidad depende de las razones esgrimidas por la responsable para actuar en el sentido que se le imputa. Por lo tanto, no basta que los argumentos vertidos en la demanda se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque, como ya se mencionó, tratándose de actos que no son constitucionales en sí mismos es indispensable que el peticionario de amparo aporte pruebas idóneas dirigidas a demostrar que son violatorios de derechos. De ahí lo infundado del concepto de violación. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, del Número 80, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro digital 210769, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En las relatadas condiciones, al ser infundado el argumento de la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en contra de la negativa de permitirle el acceso al expediente PAOT-2019- 3056-SOT-1201, por parte de la autoridad responsable. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel Ángel García Jiménez, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por lo expuesto en el último considerando de este fallo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en calle López, número uno (1), piso cuatro (4), despacho cuatrocientos cuatro (404), colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
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