Manuel Antonio Galván Esparza

Expediente 592/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
592/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Manuel Antonio Galván Esparza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que obra el oficio del 3. Director de la Heroica Escuela Naval Militar, con residencia en Antón Lizardo, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el diecisiete de agosto de la presente anualidad, por medio del cual rindió su correspondiente informe justificado. Sin embargo, por auto de dieciocho de agosto pasado, únicamente se tuvo por rendido el informe justificado del 2. Presidente del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, con sede en Alvarado, Veracruz, omitiéndose acordar lo conducente en relación al informe de la diversa autoridad identificada con el arábigo 3. En ese contexto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento el presente juicio para el efecto de subsanar dicha omisión; y, con base en el normativo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO del 3. Director de la Heroica Escuela Naval Militar, con residencia en Antón Lizardo, Veracruz, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. En consecuencia a lo anterior, y a fin de que transcurra el citado plazo que fue otorgado a las partes en los términos antes referidos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense los escritos signados por el quejoso y en atención al primer escrito de cuenta, téngasele a la citada parte, desahogando el requerimiento efectuado por auto de dieciocho de agosto pasado, citando que no es su deseo ampliar la demanda según los términos requeridos. En consecuencia, se continuará el presente asunto en los términos planteados desde su inicio. Ahora bien, por cuanto hace al segundo escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngasele desahogando la vista dada respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Presidente del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, con sede en Alvarado, Veracruz, y haciendo manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de éstos, en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados por el 2. Presidente del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, con sede en Alvarado, Veracruz, y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. DOMICILIO Y DELEGADOS Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA Ahora, del informe de mérito se advierte que el 2. Presidente del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, con sede en Alvarado, Veracruz, se advierte que dicha autoridad manifestó que el Organismo Disciplinario Superior, es decir, el Consejo de Honor Superior, resolvió el recurso interpuesto por el quejoso, que confirmó la sanción interpuesta y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, requiérasele por conducto de la actuaria adscrita a este juzgado, para que dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, esto es, QUINCE DÍAS, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo para señalar como acto reclamado la resolución citada y como autoridad responsable al Consejo de Honor Superior de la Secretaría de Marina, autoridad que resolvió el recurso en cuestión. En el entendido que el escrito de ampliación deberá satisfacer todos los requisitos contenidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se ordena a la actuaria adscrita a este Juzgado adjunte a la notificación personal que le haga a la parte quejosa, copia autorizada del presente acuerdo y de las constancias relativas al informe citado en párrafos precedentes, para que tenga pleno conocimiento de ello y cuente con los elementos necesarios para desahogar cabalmente el requerimiento correspondiente. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido para ello, se continuará el presente asunto en los términos planteados desde su inicio. En atención a lo anterior, toda vez que de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el veintiuno del actual; en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que este juzgador determina diferirla anticipadamente y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley. CON ESTA FECHA SE NOTIFICA ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA

  4. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del quince de agosto de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 592/2023, promovido por Manuel Antonio Galván Esparza, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, así como del 2. Presidente del Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, con residencia en Antón Lizardo, Veracruz y el secretario hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que ni las partes, ni la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 592/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Manuel Antonio Galván Esparza, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Presidente del Honorable Consejo de Honor Ordinario de la Tercera Regional Naval. -- Resuelto VERACRUZ, VERACRUZ. 2. Presidente del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar y 102 a 106 Cierto. 3. Director de la Heroica Escuela Naval Militar, 260 a 263 Cierto. ANTÓN LIZARDO, MUNICIPIO DE ALVARADO, VERACRUZ. De las que reclama: la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el Consejo de Honor Ordinario de la Tercera Región Naval, con residencia en Veracruz, Veracruz, dentro del expediente RN-3/HCHO/RI-14/2023, relativo al recurso de inconformidad que promovió el aquí quejoso, por el que se le dio de baja de la Escuela y del servicio activo de la Armada de México. En auto de diez de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. SEGUNDO. En interlocutoria de veinticinco de julio del año en curso, este juzgado resolvió la suspensión definitiva en relación con la autoridad identificada con el número 1., reservándose por las restantes, fijándose fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. De la lectura integral de los informes previos de las autoridades responsables 2. Presidente del Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar y 3. Director de la Heroica Escuela Naval Militar, con residencia en Antón Lizardo, Veracruz, se advierte la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. En primer término, conviene señalar que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que se le reingrese al servicio activo de la Secretaría de Marina Armada de México y se le permita concluir con sus estudios dentro de la Heroica Escuela Naval Militar. En esas condiciones, el pronunciamiento de la suspensión atenderá exclusivamente a tal solicitud, ello en observancia a la tesis de jurisprudencia 2a./J.111/2003; sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese contexto, con base en los elementos que de la demanda y sus anexos se desprenden, el suscrito resuelve: Sobre el particular, es de señalarse que el ejercicio de la facultad que la Ley de Amparo otorga al juzgador para decidir sobre la procedencia o no de conceder la suspensión, implica el examen cuidadoso y detallado de las circunstancias específicas del caso concreto y su confrontación con los objetivos que a través de los requisitos legales exigidos para la procedencia de la medida, se pretenda lograr. Ello como se dijo, siempre que se cumpla con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, respecto de la dificultad de la reparación de esos daños y perjuicios, la posible afectación que pueda sufrir el interés social y las disposiciones de orden público con su otorgamiento, para evitar que la ejecución del acto reclamado torne a éste irreparablemente consumado, y se destruya la materia del amparo, o bien, se produzcan consecuencias de tan difícil reparación, que se torne nugatoria la acción consagrada constitucionalmente para el respeto a las garantías individuales afectadas por actos de autoridad al volverse imposible restituir al agraviado en su goce. Con base en lo anterior, el suscrito estima que en el presente caso de concederse la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que el impetrante reingrese al servicio activo de la Secretaría de Marina Armada de México y se le permita concluir con sus estudios dentro de la Heroica Escuela Naval Militar, se contravendría a disposiciones de orden público, en perjuicio del interés social, conllevando que no se actualice el requisito señalado en el inciso b) del artículo 128 la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, se señala que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público, deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y, por interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, resulta que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Respecto a lo anterior, resulta aplicable la tesis 8, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". Asimismo, resulta aplicable la tesis sustentada por la misma Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, que señala: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría". Ese sentido, en el caso concreto, NO PUEDE OTORGARSE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA respecto de orden de baja de la Heroica Escuela Naval Militar, por la comisión de faltas graves a la Disciplina Naval, pues en este supuesto el interés de la sociedad se ve afectado. En efecto, lo anterior es así ya que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la baja del servicio activo de la Armada de México, decretada en contra del aquí quejoso, obedeció a lo que se calificó con mala conducta comprobada, sancionándolo en consecuencia conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción VI de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, y 139, fracción II, inciso e) del Reglamento de la Heroica Escuela Naval Militar. Entonces, es factible estimar que en el caso no se reúnen los requisitos señalados en el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que la sociedad tiene interés en que la función castrense se realice por quienes satisfagan los requisitos que garanticen su debida operatividad, es decir, en que los funcionarios públicos realicen sus encargos de acuerdo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. De modo que, de permitirse que la orden de baja surta no sus efectos hasta en tanto no se determine la ilegalidad de la misma, se desatendería el cumplimiento de los estándares exigidos por la ley para el desempeño de las funciones del estado, pues dada la actividad que tiene encomendada la Marina Armada de México, se requiere de personas que observen los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben observar todos los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, ya que de lo contrario, se obstaculizaría que la institución que emitió la orden de baja, ejerciera las atribuciones primordiales que tiene encomendadas, tales como la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía nacionales, la seguridad interior del país y el auxilio a la población civil en casos de necesidad pública. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo". Asimismo, corrobora lo expuesto, en lo conducente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual se comparte, cuyo rubro y texto señalan: "EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA BAJA DEFINITIVA DE SUS MIEMBROS, ORIGINADA POR NO CONSIDERARSE NECESARIOS SUS SERVICIOS, SI AQUÉLLA NO DERIVA DE ALGÚN PROCEDIMIENTO EN EL CUAL SE INVOLUCRE LA DISCIPLINA MILITAR COMO MOTIVO DEL CESE Y EXISTE LA PRESUNCIÓN DE QUE EMANA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE UN ACTO DISCRIMINATORIO EN RAZÓN DE GÉNERO Y ESTADO DE SALUD. Con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, procede conceder la suspensión contra la baja definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por no considerarse necesarios sus servicios, si aquélla no deriva de algún procedimiento en el cual se involucre a la disciplina militar como motivo del cese y se funda en el artículo 170, fracción II, apartado E, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, si de los antecedentes narrados en la demanda y de las constancias se advierte la apariencia del buen derecho, al desprenderse que para considerar que no eran necesarios los servicios del quejoso como militar auxiliar, para efectos de su baja y pérdida de los derechos generados por los años de servicio, la autoridad responsable parte de una afectación en su salud que le impidió desempeñar sus funciones, además de considerar que había otro elemento de las fuerzas armadas que las realizó sin novedad y sin ser necesaria especialización o alguna característica peculiar al efecto, lo que en un estudio anticipado y provisional de la constitucionalidad del acto reclamado presume la existencia de una distinción basada en una situación particular de género y salud, que llevó al quejoso a la pérdida de sus derechos, en contravención a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen la prohibición de la discriminación. Lo anterior es así porque, en principio, la medida no afecta el orden público o interés social, al no establecer el citado artículo 170, fracción II, una causa grave de separación, por el contrario, se trata de un supuesto de amplia aplicación discrecional, lo cual en cada caso deberá ser ponderado, como lo dispone el artículo 138 de la Ley de Amparo". Por otra parte, cabe señalar que ni aun haciendo una ponderación del buen derecho y del peligro en la demora podría ser factible la concesión de la medida suspensional que solicita la parte quejosa, pues no se puede adelantar que el acto de autoridad se declarará inconstitucional, habida cuenta que la parte quejosa aduce que -a su consideración- para la emisión del acto las normas aplicadas no son vigentes ni válidas, cuyo análisis es propio de la sentencia de fondo, de ahí que se estime que del estudio apriorístico del acto reclamado no pueda advertirse que el acto controvertido sea violatorio de derechos fundamentales. Aunado a lo anterior, hasta el momento procesal que nos ocupa no se aprecia que la orden de baja reclamada se haya originado con motivo de alguna discriminación por parte de la autoridad responsable hacia el quejoso. Tampoco se aprecia un peligro en la demora consistente en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, es decir que al no suspenderse los actos reclamados existiera un riesgo inminente que pudiera dañar de manera irreparable su esfera de derechos, debido a que las prestaciones inherentes al cargo se podrían restituir al peticionario de amparo posteriormente a la concesión del amparo, y sería reincorporado al servicio activo. Orienta a lo anterior, la tesis siguiente: "ORDENES MILITARES, SUSPENSIÓN CONTRA LAS. PARA DETERMINAR SI DICHA MEDIDA ES PROCEDENTES O NO CONTRA AQUELLAS, DEBE ATENDERSE PRINCIPALMENTE A SU CONTENIDO Y NO ÚNICAMENTE AL HECHO DE QUE PROVENGAN DE AUTORIDAD MILITAR, PUES SOLO ASI PODRA CONOCERSE SI LA RESPECTIVA ORDEN ESTA VINCULADA O NO CON EL INTERES SOCIAL O CON DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO. En términos del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, es procedente conceder la suspensión del acto reclamado cuando el otorgamiento de tal medida, amén de cumplirse con otros requisitos, no represente perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones de orden público, indicándose en la misma norma legal que debe considerarse que se ocasiona ese perjuicio o esa contravención, cuando, entre otros casos, la concesión del citado beneficio suspensional "permita el incumplimiento de las órdenes militares". Una interpretación simplista del precepto en consulta conduciría a concluir que la suspensión es improcedente contra cualquier acto emitido por una autoridad militar. Sin embargo, no todos los actos emitidos por autoridades militares están provistos de un contenido estrictamente militar, en atención a que no todas las actividades que realizan las fuerzas armadas se vinculan de inmediato con las atribuciones primordiales que tienen encomendadas, tales como la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía nacionales, la seguridad interior del país y el auxilio a la población civil en casos de necesidad pública. Así encontramos que aquéllas realizan actos de tipo laboral o de tipo administrativo, como lo es la contratación (alta) y el despido (baja) de sus elementos, o bien las órdenes de que se cubran los salarios (haberes) de éstos, al igual que las relacionadas con sus vacaciones, el otorgamiento de viviendas y, en general, las relativas a esa clase de prestaciones, del mismo modo que efectúan actos de contenido judicial, tales como órdenes de aprehensión, entre otros; así que aun cuando aquéllos deben realizarse dentro del marco de la disciplina militar y en el entorno de la normatividad que rige a las referidas fuerzas armadas, ello no necesariamente significa que el contenido de dichos actos sea de carácter militar, desde el punto de vista material, pues conforme a este enfoque es evidente que se trata de actos cuya realización no afecta directamente las preindicadas encomiendas asignadas a esas fuerzas. Lo anterior reviste particular relevancia jurídica en relación con la interpretación que debe darse al precepto antes citado, pues evidentemente que el hecho de suspender la ejecución de un acto cuyo contenido sea estrictamente militar, no tendría la misma repercusión que aquellos actos que, aun proviniendo de una autoridad militar, estén provistos de un contenido diverso, como lo pueden ser los ejemplificados anteriormente. Ahora bien, en la respectiva exposición de motivos se aprecia que la razón que dio lugar a la reforma legal que incluye las órdenes militares entre los actos cuya suspensión se considera perjudicial para el interés social o contraria a disposiciones de orden público, consiste fundamentalmente en que todo militar debe quedar ineludiblemente obligado a cumplir las órdenes que sus superiores le dirijan, cuando estén vinculadas con el desempeño de las misiones y servicios propios de las fuerzas armadas de México, deduciéndose que la negativa de que se conceda la suspensión contra órdenes militares, se encuentra vinculada con aquellas órdenes cuyo cumplimiento y ejecución estén encomendados al mismo destinatario de la orden, lo que denota que un militar no debe ser beneficiado con la suspensión contra órdenes militares que él mismo deba cumplir, situación que difiere ostensiblemente del caso en que el militar quejoso no es el mismo sujeto obligado a acatar la orden de que se trate, sino quien resultará perjudicado con la ejecución que de esa orden lleve a cabo su destinatario. Por otro lado y a mayor abundamiento, en cuanto concierne a la interpretación del numeral en consulta, debe tenerse presente que ha sido una tendencia constante en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, distinguir entre los actos cuyo contenido es de carácter estrictamente militar y aquéllos provistos de un contenido distinto, pese a provenir de autoridades militares. Así las cosas, debe decirse que el simple hecho de estar en presencia de un acto emitido por una autoridad militar no necesariamente conduce a concluir que la suspensión decretada contra su ejecución, implicará perjuicio a la sociedad o contravención a disposiciones de orden público. En tal sentido habrá de tenerse presente que éstos son los valores cuya protección ha dado lugar a que se considere improcedente la suspensión de los actos reclamados en determinados casos, por lo que en cada caso debe atenderse al hecho de si una orden militar representa o no alguna vulneración respecto de aquéllos, a fin de decidir si la suspensión debe concederse o negarse. En tal virtud, si no existen elementos para considerar que la suspensión contra una orden militar pudiera representar perjuicio al interés social o contravención a disposiciones de orden público, en atención a la naturaleza de aquélla, entonces no debe negarse dicha medida cautelar bajo el simple argumento de tratarse de un acto proveniente de autoridad militar, pues no todos los que ésta emita tienen la misma repercusión, pues muchos de ellos estarán relacionados con aspectos de interés estrictamente individual y no colectivo". Además, debe añadirse que de conceder la medida cautelar, implicaría darle efectos restitutorios propios de la concesión de una sentencia de amparo. Esto es, de conceder la suspensión solicitada implicaría darle efecto restitutorios a la medida cautelar de los que no goza, sino que sólo son propios, en su caso, de la ejecutoria favorable en el juicio principal a que esta incidencia se contrae. Asimismo, debe destacarse que la suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo de carácter instrumental, útil para preservar la materia del propio juicio a efecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de derechos que alega el quejoso, hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación. De modo que en el caso sujeto a estudio, de concederse la suspensión en los términos pretendidos por el quejoso, esto es, para que continúe en sus funciones como Cadete de Quinto Año de la Heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina y Armada de México, en Antón Lizardo, municipio de Alvarado Veracruz, pernoctar en el mismo; de igual forma, se le permita asistir a clases, participar en ellas, elaborar y presentar trabajos, exámenes, obtener ascensos y otorgamiento de grados, así como asistir a la ceremonia de graduación, de ninguna manera implicaría mantener el estado del asunto en la forma en que se encontraba al momento de promover el juicio de amparo, que es el objeto de la suspensión; sino que, por el contrario, como ya se dijo, significaría darle efectos restitutorios a la medida cautelar que nos ocupa. La anterior determinación, se encuentra sustentada en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del toca 246/2019, en la que confirmó la resolución interlocutoria emitida dentro del incidente de suspensión 403/2019 de la estadística de este órgano jurisdiccional, en la que se negó la suspensión definitiva solicitada; ello es así, atendiendo al caso en concreto y su identidad en razonamientos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Manuel Antonio Galván Esparza, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en el quinto considerando. Notifíquese en términos de ley.

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