Manuel Alfonso Carrillo Reyes
Expediente 150/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 82 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 82
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Manuel Alfonso Carrillo Reyes
- Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 82.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la representante legal del Órgano de Operación Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Puebla, mediante el cual informa domicilio de la empresa Comercializadora Loch, Sociedad Anónima de Capital Variable; lo anterior, sin mayor trámite, en virtud de que, el dieciséis de junio de la presente anualidad, se dictó sentencia en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con veinte del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas (foja 739) para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 150/2021, promovido por Manuel Alfonso Carrillo Reyes; el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, quien da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y, certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias, y en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que en copias certificadas remitió la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz, como justificación de sus actos (fojas 17-19, 245-253 y 555-587). Asimismo, hace constar que las demás partes no las ofrecieron. Se acuerda: Se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por la citada autoridad responsable, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, la cual será valorada al resolver el presente asunto; luego, al no existir prueba que relacionar se cierra este periodo de la audiencia. Abierto el período de alegatos, la secretaria da cuenta que las partes no presentaron alegato alguno y que el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción no presentó pedimento. A lo anterior. Se acuerda: Se da por concluido este período de la audiencia constitucional. En seguida, se dicta SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 150/2021 promovido por Manuel Alfonso Carrillo Reyes, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad y turnado el día siguiente a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa, promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 02-05). SEGUNDO. Mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; requirió de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 738-739). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 16) y, tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, en virtud de que se reclama de un tribunal del trabajo la omisión de dictar el laudo dentro de un juicio laboral; de ahí que es susceptible de afectar el derecho fundamental de acceso a la justicia, e impugnable en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La omisión de dictar laudo dentro de los autos del juicio laboral 281/VIII/2019 de la estadística de la junta responsable. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz, por así manifestarlo en su informe justificado (foja 16). Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la citada Junta responsable como soporte de su informe justificado, dentro de las cuales se aprecia que la autoridad responsable emitió laudo con fecha de veintidós de mayo del dos mil veintitrés. Tales constancias merecen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, a criterio de este juzgador, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden del escrito inicial de demanda, así como de las copias certificadas del juicio laboral 281/VIII/2019, del índice de la Junta responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes: a).- El once de febrero de dos mil diecinueve, el aquí quejoso Manuel Alfonso Carrillo Reyes, presentó demanda ante la Junta responsable en contra de Comercializadora El Vedat, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien funciona con el nombre comercial SIAGO ALIMENTOS y/o como se denomine en el futuro, Arleth Aguilar de la Paz, quien se ostenta como principal duelo o patrón, y quien resulte responsable y/o propietario de la fuente de trabajo ubicada en Aquiles Serdán, número 4711-A, entre avenida Venustiano Carranza y avenida Francisco I. Madero, colonia San Baltazar Campeche, Heroica Puebla, Puebla, radicándose bajo juicio laboral 281/VIII/2019. b).- Siguiendo la secuela procesal, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno la Junta responsable dictó acuerdo en el que declaró cerrada la instrucción y turnó los autos para resolver dicho asuntos. c).- Posteriormente, por oficio presentado el cinco de junio del dos mil veintitrés, ante este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable hizo del conocimiento, que mediante resolución de veintidós de mayo del dos mil veintitrés, se dictó laudo dentro del juicio laboral 281/VIII/2019, ordenándose la notificación de la parte actora (aquí quejosa). Hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable emitió un nuevo acto que incide en la omisión de acordar lo conducente en relaciona la solicitud que le formuló la parte quejosa, sustituyéndose la omisión por ese acuerdo. Lo anterior es así, pues se estima que la omisión que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (diez de marzo de dos mil veintiuno) ha quedado superada, el laudo se emitió el veintidós de mayo del dos mil veintitrés por la responsable. Esto es, mediante resolución de veintidós de mayo del dos mil veintitrés, dentro de las actuaciones del expediente laboral 281/VIII/2019, se destaca que el laudo fue dictado (foja 758-770). Por tanto, la omisión de dictar laudo reclamada quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado. De lo anterior, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento de dicho oficio de contestación al momento en que se le dio vista con las constancias remitidas por la Junta responsable, consistentes en copias certificadas del laudo de veintidós de mayo de la presente anualidad, emitido en el juicio laboral 281/VIII/2019; que lo fue precisamente el siete de junio pasado, en que se le notificó por lista el acuerdo de seis de junio anterior. Luego, si la parte quejosa conoció el laudo emitido por la Junta responsable dentro del expediente de origen; por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la omisión de emitir dicha resolución, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 17 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En términos de lo resuelto, el suscrito considera procedente emitir el presente fallo, aun cuando no se ha emplazado a juicio a quienes fueran señalados con el carácter de tercera interesada Comercializadora Loch, Sociedad Anónima de Capital Variable y Artlet Aguilar de la Paz. Lo anterior, pues el sentido de esta sentencia no le produce perjuicio alguno; de ahí que a nada práctico conllevaría posponer el dictado de la misma, a fin de ordenar que se realice dicho emplazamiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531 de la séptima época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Así también, es aplicable la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, 74 a 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Manuel Alfonso Carrillo Reyes, contra los actos precisados en el considerando segundo, que atribuye a la 1. Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del auxiliar de la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz; y en alcance a su informe justificado, se le tiene remitiendo el laudo emitido el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente laboral 281/VIII/2019; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley en mención. Notifíquese en términos de ley.
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