Manuel Antonio Ávila Lozano
Expediente 934/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Manuel Antonio Ávila Lozano
Actuaciones
- Principal
PRAL. 996/2019AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Puebla, Puebla, a las nueve horas con treinta y seis minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el expediente relativo al juicio de amparo 996/2019, promovido por Jaime Castañeda Pantoja o Jaime Castellanos López o Jaime Castellanos Pantoja, Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de Mónica Grisell Hernández Velázquez, secretaria que autoriza y da fe y sin la asistencia de las partes, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. Al efecto, la secretaria certifica y hace constar que ninguna de las partes manifestó su deseo de que la presente audiencia se realice a través de videoconferencia, conforme al requerimiento contenido en el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte. El juez provee: vista la certificación secretarial, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo aludido y se procede a desahogar la audiencia en la forma tradicional. La secretaria da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. A lo que el Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. En seguida, con fundamento en el numeral 123 de la Ley de la materia se abre el período probatorio, en el cual se hace relación de: las pruebas documentales remitidas por la Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado. De igual modo, se relacionan las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, consistentes en instrumental pública de actuaciones y presuncional en su doble aspecto; a lo que el juez acuerda: se tienen por admitidas y desahogadas las citadas probanzas en razón de su propia naturaleza. Al no existir prueba pendiente por ofrecer, ni desahogar, se cierra la etapa respectiva. Luego, una vez abierta la fase de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la parte quejosa, así como los formulados por la Ministerio Publico de la Federación adscrita a este Juzgado Federal mediante alegato 566/2019; por lo tanto, se cierra este periodo. CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ JUEZ QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. MÓNICA GRISELL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. veinticuatro de noviembre de dos mil veinte 996/2019
- Principal
Puebla, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. RADICACIÓN Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al que adjunta la demanda de amparo promovida por ------------, contra los actos del COMISIONADO DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 934/2020. INCOMPETENCIA Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como autoridades responsables a las siguientes: Comisionado del Órgano Desconcentrado y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad. Coordinador General de Centros Federales de la Comisión de Seguridad. Comisionado Nacional de Seguridad. Titular de la Policía Federal Ministerial de la P.G.R. Director General del Ce.Fe.Re.So. #4"Noroeste". A quienes reclaman el acto siguiente: "El traslado del lugar de mi reclusión a otros centros federales." De igual forma, debe precisarse que los peticionarios de amparo, en su demanda, señalaron tener su domicilio en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, es decir, se encuentran internos en dicho centro penitenciario. Ahora bien, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado anteriormente referido, se advierte que a este juzgado federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo que se provee, por los motivos que a continuación se exponen. Al respecto, debe destacarse que en conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado tenga ejecución será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que: a) Deba tener ejecución; b) Trate de ejecutarse; c) Se esté ejecutando; o, d) Se haya ejecutado. Ahora bien, la orden de traslado constituye, por su naturaleza, un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario. Sin embargo, para determinar la competencia del juez para conocer del asunto cuando solo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose, el juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la orden de traslado de un interno de un centro de reclusión a otro, se surte en favor de aquel que tiene residencia en el lugar donde el quejoso se encuentra recluido. En esa tesitura, es necesario precisar que los quejosos de amparo refieren encontrarse recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" en Nayarit y se limitan a reclamar la orden de traslado a otro Centro Federal del país, sin especificar a cuál. Por ende, es inconcuso que la ejecución del acto que los peticionarios del amparo tildan de inconstitucional, se surte en aquella Entidad Federativa y, en consecuencia, tiene que conocer del presente juicio de amparo el juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar donde los inconformes guardan prisión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Décima Época Registro: 2020828 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 64/2019 (10a.) Página: 899 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Contradicción de tesis 338/2018." Por tanto, al consistir el acto reclamado en la orden de traslado de los quejosos del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, a otro Centro Federal del país, resulta competente el juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que los promoventes se encuentran recluidos, en el caso, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con residencia en Tepic, Nayarit, de conformidad en los acuerdos segundo, fracción XXIV, y cuarto, fracción XXIV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ahora bien, el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establece que los envíos de expedientes de un órgano jurisdiccional a otro se harán de forma electrónica. En consecuencia, privilegiando lo dispuesto por el referido Acuerdo General, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase vía correo electrónico al Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Nayarit, copia digitalizada de la demanda de amparo de cuenta, así como del presente proveído. Cabe destacar que el envío se ordena al citado Juzgado Federal, toda vez que es el órgano jurisdiccional que se encuentra de guardia alta, de los de esa materia, a la data en que se actúa; ello, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado -la orden de traslado-, que indirectamente afecta la libertad de los quejosos, aún con las restricciones propias de su reclusión. Asimismo, se solicita al homólogo federal se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, y hágase de su conocimiento que, en caso de considerarlo necesario, se encuentra en condiciones de requerir el envío físico del juicio de amparo en que se actúa. Fórmese el expedientillo de antecedentes y, una vez que el juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a MANUEL ANTONIO ÁVILA LOZANO, sin perjuicio de que con posterioridad la autoridad que acepte la competencia determine lo conducente. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS Ahora bien, toda vez que los quejosos se encuentra recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en el Rincón, Municipio De Tepic, Nayarit, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que gire exhorto vía interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con Residencia en Tepic, Nayarit, para que en auxilio de la labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el contenido del presente proveído al representante común MANUEL ANTONIO ÁVILA LOZANO, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CUATRO "NOROESTE", CON SEDE EN EL RINCÓN, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al representante común en cita, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación "Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla", así como el número de expediente -juicio de amparo 934/2020; Le notifique el presente acuerdo; Le corra traslado con copia del presente acuerdo; y, Asiente razón en el sentido de si quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia. Solicitándole que, una vez que se encuentre diligenciada dicha comunicación, remita a este juzgado por la misma vía. Se solicita al juez exhortado que, de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar la notificación ordenada en este proveído, para que de ser necesario la realice aun en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información, elaborará la versión pública protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese..
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