Manuel Alberto del Toro Herrera

Expediente 657/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
657/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Manuel Alberto del Toro Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos se advierte que en acuerdo de doce de julio del año en curso se desechó la demanda, el cual se notificó el dieciséis de julio de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad.

  2. Principal

    Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la parte quejosa el auto de doce de julio de dos mil veintiuno, por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto. Auto de doce de julio de dos mil veintiuno: Vista la demanda de amparo de Manuel Alberto del Toro Herrera, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 657/2021. DESECHAMIENTO En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo y de advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El aquí quejoso reclama del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades, los actos siguientes: ... De lo cual se observa que el inconforme reclama la omisión de citarlo a comparecer a la carpeta de investigación que refiere se instruye en su contra y la entrevista que se pretende tomarle dentro de la misma indagatoria. Sin embargo, contra la omisión de citarlo a comparecer dentro de la indagatoria que refiere se sigue en su contra, el juicio de amparo es improcedente porque no causan un agravio personal y directo, situación que actualiza de manera notoria e indudable la causal contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción I, los dos últimos en sentido contrario, de la Ley de Amparo. De los numerales citados, en relación con el diverso 107, fracción I, constitucional, se advierte que el juicio de amparo debe promoverse únicamente por la parte que aduzca ser titular del derecho subjetivo siempre que se alegue que con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En el caso, no se actualizan esos extremos, pues el promovente sostiene que tiene derecho a que se le permita comparecer a la carpeta de investigación, por el sólo hecho de que se siguen en su contra. Sin embargo, esa circunstancia no lo hace titular por sí de un derecho subjetivo. Es cierto que en términos del artículo 20, apartado B, fracción VI, constitucional, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación. Empero, ese derecho no nace con la formación de la carpeta de investigación o con la radicación y de la causa penal en contra del imputado, sino que el propio texto constitucional condiciona el surgimiento de ese derecho al momento en el que el indiciado se encuentre detenido o se pretenda recibir su declaración o entrevistarlo. Incluso se precisa en el texto constitucional que antes de su primera comparecencia ante juez el imputado y su defensor podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. También indica que a partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación. Esto es, el derecho fundamental de defensa en el matiz de ser citado a comparecer dentro de una indagatoria y, como consecuencia, tener acceso a los registros de investigación y obtener copia de la carpeta de investigación, no se ejerce en cualquier momento, sino que la Carta Fundamental establece las pautas bajo las cuales podrá ejercerse. En el caso, el promovente controvierte la falta de citación a la carpeta de investigación que refiere se sigue en su contra, lo cual estima que vulnera su garantía de audiencia; sin embargo, no indica que se haya sido citado formalmente para declarar o recibir entrevista ante la autoridad investigadora de los delitos y que pese a ello no se le permite el acceso a dicha indagatoria. Esto es, el quejoso no menciona encontrarse en una circunstancia en la que esté en posición de ejercer el derecho fundamental que pretende, pues para ello, debe ser requerido para declarar o ser entrevistado por la autoridad ministerial, ya que esas son las circunstancias previstas en la constitución como aquellas que le permiten exigir el acceso a los registros de investigación, sino que tuvo conocimiento de su existencia, pero no que se actualice alguno de los supuestos indicados. Por ende, al no referir encontrarse en alguno de esos supuestos, no está en aptitud de alegar que tiene el derecho de ser citado a comparecer dentro de la carpeta de investigación, por lo cual no se puede considerar que se vulneren sus derechos fundamentales, en términos de lo previsto en los artículos 1º y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, pues si bien alega que se le viola un derecho subjetivo, lo cierto es que el análisis integral de la demanda permite identificar que quiere conocer el contenido de la carpeta de investigación, pese a que no se han dado las condiciones constitucionales que le permitan su conocimiento. Luego, como el juicio de amparo tiene como finalidad resolver controversias por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos fundamentales previstos en la Constitución o en los tratados Internacionales, y en el caso, lo alegado por el promovente no implica que algún derecho fundamental se le esté vulnerando, debe desecharse la demanda, pues bajo lo relatado por el quejoso no habría controversia que resolver porque no refiere a la afectación real y directa de un derecho. Por su parte, respecto la entrevista que refiere pretenden recabar los agentes ministeriales dentro de tal indagatoria, el juicio de amparo es improcedente, ya que no afecta el interés jurídico del quejoso, por lo cual se actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal. Conforme a los numerales citados, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En el caso, se surte la hipótesis de improcedencia indicada, porque el impetrante carece de interés jurídico para controvertir la entrevista que refiere se pretende recabar por parte de los elementos ministeriales al constituir una diligencia que forma parte de la integración de la carpeta de investigación mencionada. Lo anterior, porque los actos de investigación que realiza el Ministerio Público no le engendran algún derecho susceptible de defensa en esta vía, pues su actuación no afecta su interés jurídico, aun cuando sea la persona contra la cual se sigue la investigación. Ello, porque el desahogo de los actos necesarios para la integración de la carpeta, al tener sustento jurídico en el artículo 21, párrafo primero, constitucional, el cual faculta al Ministerio Público para investigar los delitos como base del ejercicio de la acción penal, no causan un daño o perjuicio al gobernado contra quien se presentó la denuncia o querella, a menos que impliquen un acto de molestia a sus derechos fundamentales, lo cual en la especie no se advierte. Lo anterior, porque de la lectura de la demanda se observa que el promovente sostiene que elementos de la policía ministerial se presentaron en el domicilio de su progenitor para preguntar por él, con la finalidad de recabar su entrevista, pero no se observa que hayan dejado algún requerimiento en el que se apercibiera con la imposición de alguna medida de apremio que afectara su libertad o algún derecho fundamental, por lo cual resulta evidente que está en posibilidad de no rendir entrevista de así considerarlo, por lo que sólo se trata de una diligencia más tendente a la integración de la indagatoria. En efecto, considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En tales condiciones, al ser notorias y manifiestas las causas de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizado con las restricciones que prevé el 12 de la Ley de Amparo, por no contar con el registro de cédula correspondiente en el Registro de Cédulas de la Secretaría de Educación Pública. FORMAS DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el Consejo de la Judicatura Federal, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y 29 del Acuerdo General 21/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx E incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITAR DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo de Manuel Alberto del Toro Herrera, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 657/2021. DESECHAMIENTO En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo y de advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El aquí quejoso reclama del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades, los actos siguientes: ... De lo cual se observa que el inconforme reclama la omisión de citarlo a comparecer a la carpeta de investigación que refiere se instruye en su contra y la entrevista que se pretende tomarle dentro de la misma indagatoria. Sin embargo, contra la omisión de citarlo a comparecer dentro de la indagatoria que refiere se sigue en su contra, el juicio de amparo es improcedente porque no causan un agravio personal y directo, situación que actualiza de manera notoria e indudable la causal contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción I, los dos últimos en sentido contrario, de la Ley de Amparo. De los numerales citados, en relación con el diverso 107, fracción I, constitucional, se advierte que el juicio de amparo debe promoverse únicamente por la parte que aduzca ser titular del derecho subjetivo siempre que se alegue que con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En el caso, no se actualizan esos extremos, pues el promovente sostiene que tiene derecho a que se le permita comparecer a la carpeta de investigación, por el sólo hecho de que se siguen en su contra. Sin embargo, esa circunstancia no lo hace titular por sí de un derecho subjetivo. Es cierto que en términos del artículo 20, apartado B, fracción VI, constitucional, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación. Empero, ese derecho no nace con la formación de la carpeta de investigación o con la radicación y de la causa penal en contra del imputado, sino que el propio texto constitucional condiciona el surgimiento de ese derecho al momento en el que el indiciado se encuentre detenido o se pretenda recibir su declaración o entrevistarlo. Incluso se precisa en el texto constitucional que antes de su primera comparecencia ante juez el imputado y su defensor podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. También indica que a partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación. Esto es, el derecho fundamental de defensa en el matiz de ser citado a comparecer dentro de una indagatoria y, como consecuencia, tener acceso a los registros de investigación y obtener copia de la carpeta de investigación, no se ejerce en cualquier momento, sino que la Carta Fundamental establece las pautas bajo las cuales podrá ejercerse. En el caso, el promovente controvierte la falta de citación a la carpeta de investigación que refiere se sigue en su contra, lo cual estima que vulnera su garantía de audiencia; sin embargo, no indica que se haya sido citado formalmente para declarar o recibir entrevista ante la autoridad investigadora de los delitos y que pese a ello no se le permite el acceso a dicha indagatoria. Esto es, el quejoso no menciona encontrarse en una circunstancia en la que esté en posición de ejercer el derecho fundamental que pretende, pues para ello, debe ser requerido para declarar o ser entrevistado por la autoridad ministerial, ya que esas son las circunstancias previstas en la constitución como aquellas que le permiten exigir el acceso a los registros de investigación, sino que tuvo conocimiento de su existencia, pero no que se actualice alguno de los supuestos indicados. Por ende, al no referir encontrarse en alguno de esos supuestos, no está en aptitud de alegar que tiene el derecho de ser citado a comparecer dentro de la carpeta de investigación, por lo cual no se puede considerar que se vulneren sus derechos fundamentales, en términos de lo previsto en los artículos 1º y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, pues si bien alega que se le viola un derecho subjetivo, lo cierto es que el análisis integral de la demanda permite identificar que quiere conocer el contenido de la carpeta de investigación, pese a que no se han dado las condiciones constitucionales que le permitan su conocimiento. Luego, como el juicio de amparo tiene como finalidad resolver controversias por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos fundamentales previstos en la Constitución o en los tratados Internacionales, y en el caso, lo alegado por el promovente no implica que algún derecho fundamental se le esté vulnerando, debe desecharse la demanda, pues bajo lo relatado por el quejoso no habría controversia que resolver porque no refiere a la afectación real y directa de un derecho. Por su parte, respecto la entrevista que refiere pretenden recabar los agentes ministeriales dentro de tal indagatoria, el juicio de amparo es improcedente, ya que no afecta el interés jurídico del quejoso, por lo cual se actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal. Conforme a los numerales citados, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En el caso, se surte la hipótesis de improcedencia indicada, porque el impetrante carece de interés jurídico para controvertir la entrevista que refiere se pretende recabar por parte de los elementos ministeriales al constituir una diligencia que forma parte de la integración de la carpeta de investigación mencionada. Lo anterior, porque los actos de investigación que realiza el Ministerio Público no le engendran algún derecho susceptible de defensa en esta vía, pues su actuación no afecta su interés jurídico, aun cuando sea la persona contra la cual se sigue la investigación. Ello, porque el desahogo de los actos necesarios para la integración de la carpeta, al tener sustento jurídico en el artículo 21, párrafo primero, constitucional, el cual faculta al Ministerio Público para investigar los delitos como base del ejercicio de la acción penal, no causan un daño o perjuicio al gobernado contra quien se presentó la denuncia o querella, a menos que impliquen un acto de molestia a sus derechos fundamentales, lo cual en la especie no se advierte. Lo anterior, porque de la lectura de la demanda se observa que el promovente sostiene que elementos de la policía ministerial se presentaron en el domicilio de su progenitor para preguntar por él, con la finalidad de recabar su entrevista, pero no se observa que hayan dejado algún requerimiento en el que se apercibiera con la imposición de alguna medida de apremio que afectara su libertad o algún derecho fundamental, por lo cual resulta evidente que está en posibilidad de no rendir entrevista de así considerarlo, por lo que sólo se trata de una diligencia más tendente a la integración de la indagatoria. En efecto, considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En tales condiciones, al ser notorias y manifiestas las causas de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizado con las restricciones que prevé el 12 de la Ley de Amparo, por no contar con el registro de cédula correspondiente en el Registro de Cédulas de la Secretaría de Educación Pública. FORMAS DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el Consejo de la Judicatura Federal, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y 29 del Acuerdo General 21/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx E incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITAR DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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