Manuel Andrés Castillo Hernández

Expediente 286/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
286/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Manuel Andrés Castillo Hernández
  • Floriberto López Morales
  • Manuel Andrés Castillo Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DESTRUIR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Por otra parte, se hace constar que el original del cuaderno incidental es destruible, después de cinco años, con base en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo indicado en el párrafo que antecede, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio registrado con el folio 8886 (foja 249), la autoridad responsable Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables -en lo que interesa- a la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, y Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, de quienes reclamó lo siguiente: 1. ".La resolución de veinte de enero de dos mil diecisiete, pronunciada dentro del toca 232-A-2P01/2016, que confirmó el auto de incoación de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 134/2016, por el cual se negó la orden de aprehensión solicitada en contra de Floriberto López Morales, como probable responsable del delito de abuso de confianza." Mediante sentencia de once de mayo de dos mil diecisiete (fojas 198 a 221), pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el treinta de mayo del año en curso (fojas 235 y 236), concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: ". a) Deje sin efectos la resolución de segunda instancia emitida el veinte de enero de dos mil diecisiete, en el toca penal 232-A-2P01/2016 en la que confirmó el auto de incoación del a quo; y, b) En su lugar, dicte otra mediante la cual estime fundados los agravios formulados por el quejoso en aquella instancia, relativos al cumplimiento del requisito de procedibilidad consistente en la querella de parte legítima, y con plenitud de jurisdicción, atendiendo a la inexistencia del reenvío, se pronuncie en relación a la demostración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, a efecto de resolver sobre la procedencia de la orden de aprehensión solicitada por la representación social...." ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 8886 (foja 249), la autoridad responsable Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, remitió copia certificada de la resolución de doce de junio de dos mil diecisiete (fojas 250 a 289), mediante la cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano de control constitucional, dejó insubsistente la diversa resolución de veinte de enero de dos mil diecisiete, en los autos del toca de apelación 232-A-2P01/2016, y estimó fundados los agravios formulados por el quejoso, al haberse acreditado su carácter de ofendido; asimismo, al tener por satisfecho el requisito de procedibilidad de la querella de parte legítima, se pronunció con relación a la acreditación del delito de abuso de confianza y la probable responsabilidad atribuida al sujeto pasivo, a efecto de resolver sobre la procedencia de la orden de aprehensión solicitada por la representación social y el ofendido, aquí quejoso ***; de ahí que concluyó al determinar que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad de Floriberto López Morales en la comisión del antisocial mencionado; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, mediante oficio registrado con el folio 8886 (foja 249), remitió copia certificada de la resolución de doce de junio de dos mil diecisiete (fojas 250 a 289), en la que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano de control constitucional, dejó insubsistente la diversa resolución de veinte de enero de dos mil diecisiete, pronunciada en los autos del toca de apelación 232-A-2P01/2016, y estimó fundados los agravios formulados por el quejoso, al haberse acreditado su carácter de ofendido; asimismo, al tener por satisfecho el requisito de procedibilidad de la querella de parte legítima, se pronunció con relación a la acreditación del delito de abuso de confianza y la probable responsabilidad atribuida al sujeto pasivo, a efecto de resolver sobre la procedencia de la orden de aprehensión solicitada por la representación social y el ofendido, aquí quejoso ***; con motivo de lo anterior, determinó que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad de Floriberto López Morales en la comisión del antisocial mencionado, con lo que acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Esto es, la autoridad vinculada pronunció una nueva resolución dentro del toca de apelación 232-A-2P01/2016, en la que declaró fundados los agravios expresados por el ofendido, aquí quejoso ***, al tener por acreditado su carácter de ofendido, a la luz de los siguientes hechos y constancias probatorias. a) Que el quejoso estuvo casado bajo el régimen de sociedad conyugal con Lilia Martínez González, conforme al acta de matrimonio de veintidós de abril de mil novecientos setenta y tres. b) Que durante el matrimonio entre el quejoso y aquella, ésta última adquirió los certificados de aportación de la Sociedad Cooperativa Cuauhtémoc S.C.L, con números 121, 122 y 123. c) Que ***falleció el veintinueve de enero de dos mil cinco. d) Que con motivo de la muerte de ***, se encuentra en trámite la sucesión testamentaria a bienes de ésta, en la que fuer designados como únicos herederos a José Alfredo Reyes Martínez y Ana Isabel Baños Martínez, y, según se observa de las constancias del juicio sucesorio 748/2007, radicado ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, aún no se ha procedido a la partición y adjudicación. En ese sentido, en atención a los antecedentes descritos la autoridad responsable concluyó que el quejoso es titular del cincuenta por ciento de los bienes que corresponden al patrimonio que conformó la sociedad conyugal durante el matrimonio que sostuvo con ***; Lo anterior, atendiendo a que el Juicio testamentario 748/2007, fue iniciado por José Alfredo Reyes Martínez y Ana Isabel Baños Martínez, únicamente por el cincuenta por ciento de los bienes que le correspondían a ***, por la sociedad conyugal, aunado a este hecho, no se demuestra que haya tenido verificativo la participación de la sociedad conyugal; de tal suerte que permita identificar cuáles bienes corresponden al cónyuge supérstite y cuales a las sucesión. En consecuencia, se evidenció que el ofendido, aquí quejoso Manuel Andrés Castillo Hernández, conserva por lo menos presuntivamente la posesión y administración de los bienes que constituyeron la sociedad conyugal, dentro de los cuales se encuentran los certificados de aportación que se reputan objeto del delito de abuso de confianza denunciado. Con lo anterior, la autoridad responsable tuvo por satisfecho el requisito de procedibilidad de querella, y pronunció la resolución dentro del recurso de apelación 232-A-2P01/2016, en la que la probable responsabilidad penal de Floriberto López Morales, en la comisión del delito de abuso de confianza, no se encontró debidamente acreditada ya que la autoridad responsable afirmó que los elementos objetivos o externos que integran la materialidad del delito descrito no se encuentran debidamente acreditados; lo anterior, al considerar que para efectos de la acreditación del delito en estudio es requisito sine qua non, que al sujeto activo, se le entregue una cosa ajena, mueble, en virtud de la confianza depositada en éste, por parte del sujeto pasivo, o de un contrato que no transfiere el dominio del bien mueble; asimismo, que la confianza alcanzada por el agente del delito sea con la finalidad distinta a disponer de lo ajeno; es decir, que el sujeto activo no se haya ganado la confianza del agraviado, con la finalidad de obtener un beneficio indebido por la entrega de una cosa mueble y que el acusado disponga de ese bien mueble para fines distintos de los indicados por el sujeto pasivo, sabiendo que no le pertenecen. Asimismo, señaló que los elementos que integran el delito de abuso de confianza, no se acreditan porque los medios de prueba existentes en autos, no evidencian que al sujeto activo se le haya transmitido únicamente la tenencia de tres certificados de aportación con números 121, 122 y 123, correspondiente a la unidad con número económico 100, como derecho de explotación para prestar el servicio público con modalidad de colectivo en la Sociedad Cooperativa Cuauhtémoc de Chiapas, Sociedad Cooperativa Limitada, y que éste haya dispuesto para sí de los mismos. A su vez, de los hechos narrados en el escrito de querella de veinticinco de junio de dos mil catorce, por el quejoso ***, la responsable advirtió que los mismos no son constitutivos del delito de abuso de confianza, ya que al sujeto activo no se le transmitió la tenencia, ni el dominio de una cosa ajena mueble, ni que éste dispuso de la misma en beneficio de otra persona, causándole un perjuicio al quejoso; por el contrario señaló que el daño ocasionado fue producto de actos realizados mediante maquinaciones, al realizar actos jurídicos asentando datos falso, para crear una falsa realidad que permitiera la obtención de un beneficio ilícito, lo que demuestra que esos hechos pueden ser constitutivos de un delito diverso al que se estudia, y por el que ejerció acción penal el Fiscal del Ministerio Público. Por lo tanto, al no constar los medios de prueba fehacientes que demuestren que el sujeto activo dispusiera indebida para sí o para otro, de una cosa ajena mueble, violando la finalidad jurídica de la tenencia, en forma tal, que el abusario obre como si fuera su dueño, sea para apropiársela en forma ilícita retención, disponer para sí, o sea para apropiársela, enajenándola o gravándola; esto es, disponer para otro. Dicho en otras palabras, en el abuso de confianza la tenencia del objeto le ha sido confiada voluntariamente, sólo que viola la finalidad jurídica de la tenencia por ende al no quedar acreditado el cuerpo del delito de abuso de confianza, no abordó estudio alguno respeto de la probable responsabilidad penal que se le imputa al inculpado Floriberto López Morales, por su comisión. Lo anterior encuentra apoyo, en el hecho de que tuvo como propósito fundamental y primordial que el quejoso conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, pues constituye una obligación por parte de la autoridad responsable darle a conocer en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que la afectada pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado, formalmente ilegal; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para que dejará insubsistente la resolución de veinte de enero de dos mil diecisiete, y emitiera una nueva resolución en la que estimará fundados los agravios formulados por el quejoso, con relación al requisito de procedibilidad de la querella de parte legítima; asimismo, con plenitud de jurisdicción se pronunciara con relación a la acreditación del delito de abuso de confianza y la probable responsabilidad atribuida al sujeto pasivo, a efecto de resolver sobre la procedencia de la orden de aprehensión solicitada por la representación social y el ofendido, aquí quejoso ***. Esto es, de una manera fundada y motivada confirmó la determinación de la juez de primer grado, que negó la orden de aprehensión solicitada, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues en el caso subsanó la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo, debido a que acató el núcleo esencial de la misma; esto es, estimó fundados los agravios formulados por el quejoso, al haberse acreditado su carácter de ofendido; asimismo, al tener por satisfecho el requisito de procedibilidad de la querella de parte legítima, con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución pronunciándose con relación a la acreditación del delito de abuso de confianza y la probable responsabilidad atribuida al sujeto pasivo, a efecto de resolver sobre la procedencia de la orden de aprehensión solicitada por la representación social y el ofendido, aquí quejoso ***. Además, determinó que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad de Floriberto López Morales en la comisión del antisocial mencionado, con lo que acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Resulta aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro número 2008717, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, con sede en esta ciudad, y anexo, por medio del cual informa que mediante resolución de doce de junio actual, emitida en el toca penal 232-A-2P01/2016, cumplió con la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente asunto; con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se les practique del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable aduce haber dado a la ejecutoria emitida en autos; en el entendido que pasado dicho término, desahogada o no la vista otorgada, este órgano judicial emitirá la resolución correspondiente. Resulta aplicable la tesis I.5o.C.7 K (10a.) , sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA. El propio órgano de control de los actos de autoridad es quien debe, a su vez, asumir la responsabilidad que le corresponde, de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y terceros interesados.

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