Manuel Alonso Santos y Otros.
Expediente 829/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/12/2021
Partes del expediente
- Manuel Alonso Santos y Otros.
- Manuel Alonso Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, considerando que las partes no interpusieron recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se negó al amparo y protección de la justicia federal; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, considerando que las partes no interpusieron recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se negó al amparo y protección de la justicia federal; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, por el que solicita que se imponga a las autoridades responsables la sanción prevista en el artículo 262 de la Ley de la Materia. En atención a la petición del promovente conviene citar la porción normativa cuya aplicación solicita por este órgano de control constitucional, que es del tenor siguiente: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; Tal disposición se contiene en el apartado de los delitos especiales previstos en el Capítulo III, del Título Quinto, de la Ley de Amparo. En ese contexto, primeramente debe precisarse que el sistema de sanciones penales ahí previsto escapa al ámbito de competencia de los juzgadores de amparo, pues ante su posible comisión sólo están obligados a dar vista a la Representación Social, para el caso de que así se advierta. Sobre el tema resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5, registro digital 2014917, de rubro: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Luego, como cualquier otro hecho delictivo, las conductas tipificadas en la Ley de Amparo deben seguir el mismo procedimiento que cualquier otra investigación relacionada con una conducta ilícita, no imponerse a priori, bajo la sola petición de un particular. Por ende, no ha lugar a la petición del quejoso; máxime, que la vista de que se habla es una facultad discrecional de este órgano de control constitucional, la cual se actualiza si de las actuaciones dentro del juicio de amparo, se advierte la realización de alguna de la conductas que prohíbe la Ley de la materia y que se ejerce cuando en el juicio de amparo se emite la sentencia respectiva, lo cual no aconteció en la resolución dictada el trece de diciembre del año en curso. Lo anterior, en el entendido que como cualquier gobernado, la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para hacer valer las acciones que pretende ante el órgano técnico al que constitucionalmente se otorga la facultad exclusiva de investigación de los delitos. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios remitidos por las autoridades responsables 1. Directora de Educación Superior, 2. Jefa del Departamento de Servicios Escolares, y 3. Jefa de Oficina en el Departamento de Servicios Escolares, todos de la Dirección de Educación Superior, dependientes de la Subsecretaría de Educación Estatal, con sede en esta ciudad, con los cuales realizan diversas manifestaciones en vía de alegatos. Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza, sin perjuicio de relacionarlas en el acto de la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, concedido a las partes en proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, durante el cual debe hacerse de su conocimiento el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Directora de Educación Superior, 2. Jefa del Departamento de Servicios Escolares, y 3. Jefa de Oficina en el Departamento de Servicios Escolares, todos de la Dirección de Educación Superior, dependientes de la Subsecretaría de Educación Estatal, con sede en esta ciudad Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las doce horas con cuarenta y ocho minutos del trece de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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