Manuel Alejo Bazan
Expediente 184/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 23/11/2016
Partes del expediente
- Manuel Alejo Bazan
- Manuel Alejo Bazan y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Ensenada, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 1915-I, la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Jueza de Primera Instancia Penal, en San Quintín, Baja California, de quien reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. De la Autoridad Responsable Ordenadora C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE SAN QUINTÍN, DEL PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, se le reclama EL AUTO CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS como probable responsables del delito de FRAUDE GENÉRICO en contra de los quejosos MANUEL ALEJO BAZÁN y JUAN FELIMÓN BAUTISTA TENORIO." El cual, en lo atinente, indica: "[.] Vistos los escritos a que se refiere la razón de cuenta agréguense a los autos de la causa penal 23/2011-I, para obren como correspondan, mediante los cuales solicitan se les fije caución a efecto de gozar del beneficio de la libertad provisional y atendiendo a lo solicitado toda vez que el delito que se atribuye a los procesados MANUEL ALEJO BAZÁN y JUAN FELIMÓN BAUTISTA TENORRIO, no es de considerarse como de los clasificados como graves conforme al artículo 123 del Código de Procedimientos Penales, tomando en consideración el artículo 122 del Ordenamiento legal antes invocado de igual manera lo contenido en la Fracción I del Articulo 20 Constitucional, la Suscrita estima procedente fijarle a cada uno de los inculpados MANUEL ALEJO BAZÁN Y JUAN FELIMÓN BAUTISTA TENORIO, la cantidad de $15,000.00 M.N. (QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL) por concepto de CONDUCTA PROCESAL, por el delito de FRAUDE GENÉRICO, previas garantías que exhiba cada uno por la cantidad de $605,927.96 M.N. (SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 96/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO a favor de la ofendida EMPAQUE SAN SIMÓN, S.A. de C.V., en el entendido de que la cantidad fijada por concepto de reparación del daño se hace en base a la PERICIAL CONTABLE suscrita por el C.P. FRANCISCO JAVIER BECERRA DE LA PAZ, obrante en autos mismas cantidades antes mencionadas que deberán ser depositadas dentro del TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES que se le conceden contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído APERCIBIDOS que de no hacerlo se ordenará su reaprehensión [.]" Ahora bien, el trece de julio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección a los quejosos, misma que causó ejecutoria el uno de agosto del mismo año, requiriéndose a la responsable diera cumplimiento a los lineamientos contenidos en el fallo protector. Los efectos de la concesión de amparo fueron en los siguientes términos: "[.] Por otra parte, el juez responsable tampoco tomó en consideración para determinar el monto de la garantía, la gravedad y modalidad de la conducta delictiva de los imputados, esto es, el grado de participación; así como las circunstancias personales de quienes tengan derecho a la reparación del daño, pues en el caso que nos ocupa, se trata de una persona moral cuya actividad prepoderante lo es la agricultura y venta de hortalizas por lo que si bien tiene derecho a la reparación del daño ocasionado por la conducta delictiva probablemente desplegada por los ahora quejosos, también lo es que de esa reparación del daño no depende su subsistencia y, si así fuese, en el acto reclamado se debieron expresar las razones por las cuales puede verse afectada la actividad comercial de la ofendida y en que grado de afectación ocurrió. Además que el ofendido si bien tiene derecho a la reparación del daño, no implica que cada inculpado deba pagar el total de eso, pues se traduciría en una ganancia para la ofendida, lo cual no es la intención del órgano reformador de la constitución federal, ni del legislador ordinario; por tanto, debe atenderse al grado de participación, conforme a la fracción II del artículo 126 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. [.]" Ahora bien, por oficio registrado con el folio 15552, la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia Penal, en San Quintín, Baja California, informó que procedió de acuerdo a lo solicitado por este juzgado, lo que acreditó con la copia certificada del auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro de la causa penal 23/2011-I, de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, la Jueza de Primera Instancia Penal, en San Quintín, Baja California, mediante auto de ocho de noviembre del presente año, dictado en expediente que nos ocupa, emitiendo otro -con libertad de decisión- purgando los vicios con base en los argumentos destacados en el fallo protector y la resolución emitida por el éste órgano jurisdiccional. Con base en lo anterior, la responsable indicó las particularidades de los quejosos, tales como el trabajo que realizaban, el ingreso percibido, su instrucción escolar, la manera en que éstos actuaron en perjuicio de la aquí tercera interesada al cometer el delito que se les imputa, es decir, fundó y motivó debidamente su determinación, así como el medio de prueba en que se basó para llegar a la conclusión de imponer dicha cantidad. Así, se estima que el fallo protector se encuentra debidamente cumplida, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma y se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO. Asimismo, glósese el cuaderno de antecedentes correspondiente y ARCHÍVESE el asunto como concluido. Por otra parte, al ponderar que en el presente juicio de amparo se aperturó el incidente de suspensión en el que se negó la suspensión provisional y se concedió la definitiva, asimismo, se otorgó la protección federal solicitada por los quejosos, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ASÍ COMO EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS, ASÍ COMO AL TERCERO INTERESADO.
- Principal
con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso b) NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO el proveído de veintitres de noviembre de dos mil dieciseis que en lo conducente dice: "... Ensenada, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 1915-I, la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Jueza de Primera Instancia Penal, en San Quintín, Baja California, de quien reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. De la Autoridad Responsable Ordenadora C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE SAN QUINTÍN, DEL PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, se le reclama EL AUTO CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS como probable responsables del delito de FRAUDE GENÉRICO en contra de los quejosos MANUEL ALEJO BAZÁN y JUAN FELIMÓN BAUTISTA TENORIO." El cual, en lo atinente, indica: "[.] Vistos los escritos a que se refiere la razón de cuenta agréguense a los autos de la causa penal 23/2011-I, para obren como correspondan, mediante los cuales solicitan se les fije caución a efecto de gozar del beneficio de la libertad provisional y atendiendo a lo solicitado toda vez que el delito que se atribuye a los procesados MANUEL ALEJO BAZÁN y JUAN FELIMÓN BAUTISTA TENORRIO, no es de considerarse como de los clasificados como graves conforme al artículo 123 del Código de Procedimientos Penales, tomando en consideración el artículo 122 del Ordenamiento legal antes invocado de igual manera lo contenido en la Fracción I del Articulo 20 Constitucional, la Suscrita estima procedente fijarle a cada uno de los inculpados MANUEL ALEJO BAZÁN Y JUAN FELIMÓN BAUTISTA TENORIO, la cantidad de $15,000.00 M.N. (QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL) por concepto de CONDUCTA PROCESAL, por el delito de FRAUDE GENÉRICO, previas garantías que exhiba cada uno por la cantidad de $605,927.96 M.N. (SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 96/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO a favor de la ofendida EMPAQUE SAN SIMÓN, S.A. de C.V., en el entendido de que la cantidad fijada por concepto de reparación del daño se hace en base a la PERICIAL CONTABLE suscrita por el C.P. FRANCISCO JAVIER BECERRA DE LA PAZ, obrante en autos mismas cantidades antes mencionadas que deberán ser depositadas dentro del TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES que se le conceden contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído APERCIBIDOS que de no hacerlo se ordenará su reaprehensión [.]" Ahora bien, el trece de julio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección a los quejosos, misma que causó ejecutoria el uno de agosto del mismo año, requiriéndose a la responsable diera cumplimiento a los lineamientos contenidos en el fallo protector. Los efectos de la concesión de amparo fueron en los siguientes términos: "[.] Por otra parte, el juez responsable tampoco tomó en consideración para determinar el monto de la garantía, la gravedad y modalidad de la conducta delictiva de los imputados, esto es, el grado de participación; así como las circunstancias personales de quienes tengan derecho a la reparación del daño, pues en el caso que nos ocupa, se trata de una persona moral cuya actividad prepoderante lo es la agricultura y venta de hortalizas por lo que si bien tiene derecho a la reparación del daño ocasionado por la conducta delictiva probablemente desplegada por los ahora quejosos, también lo es que de esa reparación del daño no depende su subsistencia y, si así fuese, en el acto reclamado se debieron expresar las razones por las cuales puede verse afectada la actividad comercial de la ofendida y en que grado de afectación ocurrió. Además que el ofendido si bien tiene derecho a la reparación del daño, no implica que cada inculpado deba pagar el total de eso, pues se traduciría en una ganancia para la ofendida, lo cual no es la intención del órgano reformador de la constitución federal, ni del legislador ordinario; por tanto, debe atenderse al grado de participación, conforme a la fracción II del artículo 126 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. [.]" Ahora bien, por oficio registrado con el folio 15552, la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia Penal, en San Quintín, Baja California, informó que procedió de acuerdo a lo solicitado por este juzgado, lo que acreditó con la copia certificada del auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro de la causa penal 23/2011-I, de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, la Jueza de Primera Instancia Penal, en San Quintín, Baja California, mediante auto de ocho de noviembre del presente año, dictado en expediente que nos ocupa, emitiendo otro -con libertad de decisión- purgando los vicios con base en los argumentos destacados en el fallo protector y la resolución emitida por el éste órgano jurisdiccional. Con base en lo anterior, la responsable indicó las particularidades de los quejosos, tales como el trabajo que realizaban, el ingreso percibido, su instrucción escolar, la manera en que éstos actuaron en perjuicio de la aquí tercera interesada al cometer el delito que se les imputa, es decir, fundó y motivó debidamente su determinación, así como el medio de prueba en que se basó para llegar a la conclusión de imponer dicha cantidad. Así, se estima que el fallo protector se encuentra debidamente cumplida, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma y se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO. Asimismo, glósese el cuaderno de antecedentes correspondiente y ARCHÍVESE el asunto como concluido. Por otra parte, al ponderar que en el presente juicio de amparo se aperturó el incidente de suspensión en el que se negó la suspensión provisional y se concedió la definitiva, asimismo, se otorgó la protección federal solicitada por los quejosos, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ASÍ COMO EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS, ASÍ COMO AL TERCERO INTERESADO..."
- Principal
Ensenada, Baja California, a once de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Primera Instancia Penal, con residencia en San Quintín, Baja California, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector; con su contenido, dese vista a las partes, por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con lo que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo la tesis 2da. XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en que se hizo constar que de las constancias que integran el presente asunto, no se observa que la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia Penal, en San Quintín, Baja California, haya dado cabal cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; pues no obstante que mediante auto de cinco de octubre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que manifestó haber dado, corresponde a este órgano jurisdiccional verificar que la sentencia esté debidamente cumplida, sin exceso ni defecto, atendiendo, además, a que el cumplimiento de la sentencia en el procedimiento de amparo es de orden público, por lo que se procede a analizar las constancias que integran el presente asunto. Si bien es cierto que mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable procedió a fijar la garantía para gozar de la libertad provisional bajo caución a los quejosos JUAN FELIMÓN BAUTISTA TENORIO y MANUEL ALEJO BAZÁN, a quienes se les instruye el proceso penal 23/2011-I, por el reprochable de FRAUDE GENÉRICO, atendiendo las circunstancias personas de cada uno, tal como la percepción monetaria que percibían semanalmente, el estado civil, su ocupación, instrucción escolar, sus antecedentes, imponiéndoles una cantidad considerable para garantizar sus obligaciones procesales, también lo es que al imponer la garantía por concepto de reparación del daño a favor de la parte ofendida EMPAQUE SAN SIMÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no motivó debidamente el por qué deberían garantizar dicha cantidad, es decir, la responsable únicamente hizo mención al peritaje realizado por el Contador Público Francisco Javier Becerra de la Paz, la cual fue ofrecida por la ofendida, sin mencionar las particularidades que consideró para llegar a la conclusión emitida en su dictamen; además, indicó que los quejosos deberían garantizar mancomunadamente la garantía por tal concepto, cuando lo correcto es fijar, fundada y motivadamente a cada quien, la parte que le corresponde, atendiendo a lo indicado en la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, que en lo conducente, indica lo siguiente: "Por otra parte, el juez responsable tampoco tomó en consideración para determinar el monto de la garantía, la gravedad y modalidad de la conducta delictiva de los imputados, esto es, el grado de participación; así como las circunstancias personales de quienes tengan derecho a la reparación del daño, pues en el caso que nos ocupa, se trata de una persona moral cuya actividad prepoderante lo es la agricultura y venta de hortalizas por lo que si bien tiene derecho a la reparación del daño ocasionado por la conducta delictiva probablemente desplegada por los ahora quejosos, también lo es que de esa reparación del daño no depende su subsistencia y, si así fuese, en el acto reclamado se debieron expresar las razones por las cuales puede verse afectada la actividad comercial de la ofendida y en que grado de afectación ocurrió. Además que el ofendido si bien tiene derecho a la reparación del daño, no implica que cada inculpado deba pagar el total de eso, pues se traduciría en una ganancia para la ofendida, lo cual no es la intención del órgano reformador de la constitución federal, ni del legislador ordinario; por tanto, debe atenderse al grado de participación, conforme a la fracción II del artículo 126 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California." Es decir, si la sentencia de amparo que causó ejecutoria otorgó la protección a los quejosos para que la autoridad responsable motivara y fundamentara su actuación, es evidente que debe de razonadamente precisar los motivos que la llevaron a fijar la cantidad con la que se cubrirá la reparación de daño ($605,907.96). Se advierte del proveído analizado que al parecer lo único que tiene la responsable tiene a su alcance para indicar esa condición es una pericial contable, sin embargo omite explicar qué se colige de su contenido; que técnica utilizó el perito en contabilidad al realizar su dictamen; que valor le otorga, y por qué, con la finalidad de que los impetrantes de garantías estén en aptitud de conocer su decisión y en su caso, recurrir esa determinación. También importa explicar el por qué estima que ambos quejosos deben de cubrir una cantidad de manera mancomunada dado que la libertad de las personas es un derecho que debe privilegiarse de manera individual, decidir lo contrario implicaría a otorgar cargas pecuniarias de manera arbitraria a solo una de las partes. De lo anterior es dable concluir que la autoridad responsable Jueza Primero de Primera Instancia Penal, en San Quintín, Baja California, realizó los actos tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo, sin que haya atendido de manera completa los puntos medulares de la garantía individual cuya restitución en su goce se ordenó a favor del quejoso, por lo que resulta procedente de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192, de la Ley de Amparo, requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, deje insubsistente el acuerdo veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, y dictar uno en su lugar que cumpla cabalmente las directrices que le fueron señaladas en el presente proveído, así como en la sentencia de amparo; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 de la ley de la materia, en relación con los numerales Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos de los ordinales 238 y 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, en turno, para continuar con el trámite ahí previsto para la inejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XX. 2o 14 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XIII, abril del 2001, pagina 1124, materia penal, que indica lo siguiente: "REPARACIÓN DEL DAÑO. CUANDO VARIOS INCULPADOS COMPARECEN EN FORMA INDIVIDUAL A SOLICITAR EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD BAJO CAUCIÓN EN EL MISMO PROCESO PENAL, CADA UNO DEBE CUMPLIR CON ESA OBLIGACIÓN DE MANERA SEPARADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 20 de la Constitución General de la República y el diverso numeral 524 de la ley adjetiva penal del Estado de Chiapas, una vez que el inculpado solicite su libertad, el Juez podrá otorgarla bajo caución, en los supuestos y condiciones establecidos en los mismos. Por otro lado, los preceptos 21 y 27 del Código Penal para el Estado de Chiapas, señalan que la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño y que esta última se considerará mancomunada y solidaria cuando varias personas cometan un delito; sin embargo, esta circunstancia no implica que puedan cumplir la obligación de manera optativa, porque la forma de garantizar provisionalmente la reparación del daño mancomunadamente en el ámbito punitivo, significa que si concurren voluntariamente todos los partícipes del ilícito, como colectividad deudora, deben aportar en equidad la totalidad de la garantía; en cambio, si comparecen en forma individual y por separado a solicitar el beneficio de la libertad bajo caución, entonces cada quien debe responder por la totalidad, porque puede ser que al concluir el juicio penal que se les instruye, todos resulten condenados, o bien algunos o solamente uno de ellos, o ninguno en su caso, sin que ello implique que el ofendido, de resultar beneficiado con el pago de la reparación del daño al dictarse la sentencia correspondiente, pudiera cobrar más de una vez esa sanción accesoria." NOTIFÍQUESE.
Quedan 20 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 5,994 expedientes
- Magdiel Marrón Munguía430/2018
- Magdiel Marron Munguia646/2023
- Mahendra Tanahara Romero1150/2023
- Malibé Chacón Sánchez y Otros.201/2022
- Manue Alejandro Ruiz Arevalos627/2023
- Manuel Ahumada Rivera218/2016
- Manuel Alejo Bazan297/2015
- Manuel Alejo Bazan11/2015
- Manuel Alejo Bazan261/2017
- Manuel Alejo Bazan483/2016
- Manuel Alejo Bazan234/2016
- Manuel Antonio García González264/2023