Manuel Ahumada Rivera

Expediente 218/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
218/2016
Año
2016
Actuaciones
26
Última actuación
23/03/2017

Partes del expediente

  • Manuel Ahumada Rivera
  • Juez de Control Titular de la Sala Uno del Sistema de Justicia Acusatorio del Partido Judicial de Baja California. Ensenada.
  • Manuel Ahumada Rivera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, a la PARTE TERCERO INTERESADA AARÓN EDUARDO MORENO CADENA, representado por su madre INDIRA ARIANA MORENO CADENA, el auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del Juicio de Amparo 218/2016, que en lo substancial dice: ".Ensenada, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los autos; se advierte que en la actual etapa de ejecución de la sentencia de amparo, se tuvo por recibido el oficio y anexos registrado con número 1589 de la Jueza de Control del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional los actos realizados en cumplimiento al fallo protector otorgado al quejoso Manuel Ahumada Rivera. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecisiete se dio vista a las partes con los actos realizados por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo se notificó por lista a las partes, sin que realizaran las manifestaciones que a sus intereses conviene; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que en lo que aquí interesa establece que con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución en la que declare si está cumplida o no la sentencia y, agrega, por el término cumplida deberá entenderse cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Es ilustrativa, la tesis 2a.XXXVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página trescientos quince, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECRETARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis , se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a Manuel Ahumada Rivera, contra los actos que reclamó de la Jueza de Control del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. El agente del Ministerio Público del Fuero Común tercero interesado y el quejoso, inconformes con dicha determinación, promovieron sendos recursos de revisión; dichos medios de impugnación fueron elucidados por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali. Dicho órgano terminal, por ejecutoria de once de enero de dos mil diecisiete , emitida dentro del amparo en revisión 364/2016 penal, dejó firme, ante el desistimiento del recurso, la sentencia concesoria de la protección constitucional. Recibidos los autos que componen al presente sumario de amparo, por proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete se requirió a la autoridad el cumplimiento del fallo protector. La Jueza de Control del Estado de Baja California, con sede en esta localidad, informó las actuaciones con las que dio cumplimiento a la sentencia y remitió las constancias con las que acreditó su postura -copias certificadas del auto de vinculación a proceso y copia digital en disco compacto de la audiencia de siete de febrero de dos mil diecisiete-, tal y como se advierte del oficio registrado por oficialía de partes de este juzgado con número 1589 . Los efectos del fallo protector conferido fueron los siguientes: "[.] la Juez responsable deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, así como las medidas cautelares dictadas en dicho auto y se reponga el procedimiento hasta la audiencia de imputación a fin de que el órgano acusador subsane tal irregularidad, sin permitir al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación. [.]". De lo anterior se obtiene que los efectos de la concesión de amparo otorgada a Manuel Ahumada Rivera, consisten en que la autoridad responsable realice lo siguiente: Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de diecinueve de abril de dos mil dieciséis y las medidas cautelares dictadas en dicho auto. Reponer el procedimiento hasta la audiencia de imputación a fin de que el órgano acusador omita dar lectura al formular la imputación, sin permitir al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación. Ahora, a fin de corroborar lo anterior, se realiza un examen de las constancias enviadas por la juzgadora responsable, copias certificadas y videograbación contenida en archivo informático almacenado en un disco versátil digital, a las cuales se otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos ; de las que se desprende, en esencia, que: En audiencia pública de siete de febrero de dos mil diecisiete dejó sin efectos el auto vinculación a proceso de diecinueve de abril de dos mil dieciséis y las medidas cautelares dictadas en dicho auto. Repuso el procedimiento hasta la audiencia de imputación. Inició la audiencia de imputación en la que no permitió al órgano acusador dar lectura al formular la imputación, con base en el principio de oralidad que rige al proceso penal acusatorio. Emitió una nueva determinación judicial en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra de Manuel Ahumada Rivera -aquí quejoso- e impuso medidas cautelares al imputado. Con lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la juzgadora responsable cumplió cabalmente con la concesión de amparo, porque de conformidad con los lineamientos del fallo protector. En efecto, por lo que hace al indicado en el punto uno (I), dejó sin efectos el auto vinculación a proceso de diecinueve de abril de dos mil dieciséis y las medidas cautelares dictadas en dicho auto. Ahora, en relación al punto dos (II): repuso el procedimiento hasta la audiencia de imputación; inició la audiencia de imputación en la que no permitió al órgano acusador dar lectura al formular la imputación, con base en el principio de oralidad que rige al procesa penal acusatorio; y, emitió una nueva determinación judicial en la que dictó auto de vinculación a proceso en contra de Manuel Ahumada Rivera -aquí quejoso- e impuso medidas cautelares al imputado En esas condiciones, con lo expuesto en precedentes resulta evidente que se colman los lineamientos contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, al haber emitido la autoridad responsable nuevos actos que evidencian una restitución en el pleno goce de los derechos fundamentales de la parte impetrante; en función de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Apoya a lo anterior, el criterio aislado 1a. CCXXVI/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, octubre de dos mil siete, página ciento ochenta y seis, con número de registro 171208, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión". Consecuentemente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el aludido precepto legal. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Se declara que el presente asunto no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se otorgó la protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo, determinación que fue confirmada por la Superioridad en los términos relatados en precedentes; aunado a que no obran documentos originales; que con motivo de la petición formulada por la parte quejosa se abrió por duplicado un incidente, en el que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva de los actos reclamados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiéndose conservar la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos y la determinación del órgano colegiado a que se hizo referencia en este proveído. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión el cual es depurable, según lo dispone el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del acuerdo en cita, debiéndose conservar las determinaciones que otorgaron la medida cautelar a la parte quejosa. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude la disposición vigésima, fracción III, del propio acuerdo. Consérvese por separado dicho cuaderno. Finalmente, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó que el nuevo titular de este Juzgado, a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es quien firma la presente determinación NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." Lo anterior en cumplimiento al auto once de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del propio juicio de amparo, con fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a catorce de febrero de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector y, para acreditarlo, remite diversas constancias; con su contenido, dese vista a las partes, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado de distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con lo que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otro lado, en relación al anexo consistente en un disco compacto que se acompaña al oficio de mérito; a efecto de que este órgano cuente con el archivo necesario para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio constitucional, realícese una copia digital del video en comento, previa certificación y guárdese la copia generada en el equipo de cómputo, con número 332571 de inventario del Poder Judicial de la Federación, el cual corresponde a la Secretaría que lleva la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, específicamente dentro del folder intitulado "Insumos Electrónicos Nuevo Sistema de Justicia Penal", videograbación que se encuentra a disposición de las partes en este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo por analogía la tesis 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XXIII, agosto de dos mil trece, página setecientos tres, con número de registro 2004362, del rubro y textos siguientes. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Ensenada, Baja California a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. A sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en once de enero de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión administrativo 364/2016, en la que resolvió: "PRIMERO. Se tiene al recurrente Manuel Ahumada Rivera, por desistido del recurso de revisión interpuesto. SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida." Glósese el cuaderno de antecedentes; realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente; y hágase el acuse de recibo de estilo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control Titular de la Sala Uno del Sistema de Justicia Acusatorio del Partido Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación correspondiente, sin demora alguna dé cumplimiento al fallo protector dictado en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, en términos de los numerales 238 y 260 ambos de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, y asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, según lo dispuesto por el arábigo 192, párrafo segundo, del ídem. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, a siete de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a las actuaciones el escrito signado por Manuel Ahumada Rivera, en calidad de parte quejosa, y por Alfredo Balbuena Placiera (en calidad de defensor público de dicho quejoso), así como la comparecencia de seis de diciembre de dos mil dieciséis -en la cual el agraviado ratificó dicho ocurso-; en atención a su contenido, se les tiene desistiéndose del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en autos, por así convenir a sus intereses. Ahora bien, tomándose en consideración que dicho medio de impugnación fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, quedando registrado como amparo en revisión 346/2016 penal; por lo que, sobre la renuncia al recurso corresponde pronunciarse en exclusiva a tal tribunal de alzada. Luego, remítasele el original del escrito y de la comparecencia de mérito a la Superioridad, previa copia certificada que en su lugar se deje, para los efectos a que haya lugar. NOTIFÍQUESE

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