Manuel Alejandro Lara Lopez

Expediente 503/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
503/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Manuel Alejandro Lara Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio 2905/2023 con anexos de cuenta, suscrito por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, en su calidad de autoridad vinculada, al cumplimentar el exhorto que le giró la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, para que por su conducto se desahogara la prueba de inspección ordenada en el juicio laboral de origen. En ese contexto, este Juzgado se reserva proveer al respecto, hasta en tanto la citada responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, comunique el acuerdo que recayó a lo actuado por la referida junta exhortada, tocante a la prueba de inspección mencionada.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, no ha otorgado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo del presente asunto. En ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la referida responsable, a fin de que, en el término de tres días, otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuviere. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para****************a. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: ''PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo''. En consecuencia, se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio 2643/2023 con anexos de cuenta, suscrito por los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad, mediante el cual dicen dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo. En ese contexto, este Juzgado se reserva proveer al respecto, hasta en tanto la diversa responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, comunique el acuerdo en que recayó las actuaciones de la autoridad exhortada, relativa a la prueba de inspección ordenada.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta en la que se hace constar que fueron declarados inhábiles los días del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora, del estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de septiembre del actual, mediante la cual se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, a fin de que otorguen el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifiesten el impedimento legal o material que para ello tuvieren. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: ( ''Quinto. Efectos de la concesión del amparo. Tales efectos son para que: La Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, tome las medidas para que la prueba de inspección ordenada en el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ********************/********************, por medio de exhorto dirigido a la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, se desahogue, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, con base en lo que establece el artículo 197 de la Ley de Amparo al tener intervención en el cumplimiento de esta sentencia esa Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, quedará vinculada a dicho cumplimiento, ya que acorde a ese precepto todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades a que alude la citada Ley Reglamentaria; debiéndosele remitir a la autoridad laboral en mención, copia certificada de esta sentencia de amparo y del auto que la declare ejecutoriada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: ''PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo''. En consecuencia, se apercibe a las citadas autoridades responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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