MANUEL ALEJANDRO ARREGUIN FLORES y Otros.

Expediente 121/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
121/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • VICTOR ALEXIS AGUILAR PUENTE y Otros.
  • MANUEL ALEJANDRO ARREGUIN FLORES y Otros.
  • Victor Alexis Aguilar Puente
  • Manuel Alejandro Arreguin Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio de; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". De acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "Para el efecto de que los Integrantes de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, dentro del término perentorio de tres días hábiles, contados a partir de que se les notifique el acuerdo que declare ejecutoriada esta sentencia, previo al dictado del laudo, provean lo conducente a fin de solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas (sanitarias, fiscales, etcétera), a fin de que le proporcionen el nombre de la persona responsable de la fuente de trabajo ubicada por calle Justo Sierra número 1952, fraccionamiento San Fernando, en esta ciudad, identificada como lote 34 treinta y cuatro de la manzana 13 trece; inscripción número 116, libro 1069, sección primera, clava catastral 007-161-034-001, con las siguientes medidas y colindancias; Al Noreste, mide 17.50 diecisiete punto cincuenta metros y colinda con avenida J.G. Ortega; Al Noroeste, mide 7.00 siete metros y colinda con Lote 01 uno; Al Sureste, mide 7.00 siete metros y colinda con calle Justo Sierra; Al Suroeste, mide 17.50 diecisiete punto cincuenta metros y colinda con lote 33 treinta y tres de la misma manzana, en los autos del expediente laboral número J.E.N.2.-07-424/2018. Ahora bien, de autos se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio presentado ante este juzgado el seis de junio del año en curso, allegó copia certificada del proveído de cuatro del mismo mes y año, en el que ordenó girar oficios con los insertos necesarios al Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Electricidad, Subdelegación Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Catastro Municipal y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, a fin de que informaran si en sus archivos o registros se desprende el nombre o los propietarios de quien resulte responsable y propietario del bien inmueble y finca urbana con domicilio en calle Justo Sierra número 1952, fraccionamiento San Fernando, en esta ciudad, en los autos del expediente laboral número J.E.N.2.-07-424/2018; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, se puede concluir que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS QUEJOSOS MANUEL ALEJANDRO ARREGUIN FLORES Y VÍCTOR ALEXIS AGUILAR PUENTE, EL AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". De acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "Para el efecto de que los Integrantes de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, dentro del término perentorio de tres días hábiles, contados a partir de que se les notifique el acuerdo que declare ejecutoriada esta sentencia, previo al dictado del laudo, provean lo conducente a fin de solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas (sanitarias, fiscales, etcétera), a fin de que le proporcionen el nombre de la persona responsable de la fuente de trabajo ubicada por calle Justo Sierra número 1952, fraccionamiento San Fernando, en esta ciudad, identificada como lote 34 treinta y cuatro de la manzana 13 trece; inscripción número 116, libro 1069, sección primera, clava catastral 007-161-034-001, con las siguientes medidas y colindancias; Al Noreste, mide 17.50 diecisiete punto cincuenta metros y colinda con avenida J.G. Ortega; Al Noroeste, mide 7.00 siete metros y colinda con Lote 01 uno; Al Sureste, mide 7.00 siete metros y colinda con calle Justo Sierra; Al Suroeste, mide 17.50 diecisiete punto cincuenta metros y colinda con lote 33 treinta y tres de la misma manzana, en los autos del expediente laboral número J.E.N.2.-07-424/2018. Ahora bien, de autos se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio presentado ante este juzgado el seis de junio del año en curso, allegó copia certificada del proveído de cuatro del mismo mes y año, en el que ordenó girar oficios con los insertos necesarios al Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Electricidad, Subdelegación Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Catastro Municipal y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, a fin de que informaran si en sus archivos o registros se desprende el nombre o los propietarios de quien resulte responsable y propietario del bien inmueble y finca urbana con domicilio en calle Justo Sierra número 1952, fraccionamiento San Fernando, en esta ciudad, en los autos del expediente laboral número J.E.N.2.-07-424/2018; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, se puede concluir que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede de los que se advierte a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo contra la resolución de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, y toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que; "Para el efecto de que los Integrantes de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, dentro del término perentorio de tres días hábiles, contados a partir de que se les notifique el acuerdo que declare ejecutoriada esta sentencia, previo al dictado del laudo, provean lo conducente a fin de solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas (sanitarias, fiscales, etcétera), a fin de que le proporcionen el nombre de la persona responsable de la fuente de trabajo ubicada por calle Justo Sierra número 1952, fraccionamiento San Fernando, en esta ciudad, identificada como lote 34 treinta y cuatro de la manzana 13 trece; inscripción número 116, libro 1069, sección primera, clava catastral 007-161-034-001, con las siguientes medidas y colindancias; Al Noreste, mide 17.50 diecisiete punto cincuenta metros y colinda con avenida J.G. Ortega; Al Noroeste, mide 7.00 siete metros y colinda con Lote 01 uno; Al Sureste, mide 7.00 siete metros y colinda con calle Justo Sierra; Al Suroeste, mide 17.50 diecisiete punto cincuenta metros y colinda con lote 33 treinta y tres de la misma manzana, en los autos del expediente laboral número J.E.N.2.-07-424/2018.". Y toda vez, que en autos obra el oficio 1034 suscrito por el Presidente y por el Secretario de Acuerdos, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, en el que informan el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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