MANUEL ALEJANDRO BARRIENTOS VARGAS y Otros.
Expediente 1074/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- MANUEL ALEJANDRO BARRIENTOS VARGAS y Otros.
- Manuel Alejandro Barrientos Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Razón. En catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, CERTIFICA: a) Que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ya transcurrió; b) Una vez efectuada una minuciosa búsqueda en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no se encontró en ese lapso promoción alguna, interponiendo recurso de queja en contra del proveído que desechó de plano la demanda de amparo; c) Si obran documentos susceptibles de devolución; yd) Que en el presente asunto no existe promoción pendiente de acuerdo, ni actuaciones qué practicar.- Doy fe. En la misma fecha, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado da cuenta al Juez, con un oficio registrado con el(los) número(s) de correspondencia interna 17289; con la certificación que antecede; así como con el estado que guardan los autos.- Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Juez Cuarto de Distrito en el Estado; mediante el cual transcribe el proveído de treinta de octubre del presente año, dictado dentro de los autos del juicio de amparo 1148/2018-I, de su registro; del que se advierte que acusa recibo del diverso oficio número 22412/2018, del índice de este Juzgado e informa que se avoca al conocimiento del juicio promovido por Manuel Alejandro Barrientos Vargas. Por otra parte, vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Manuel Alejandro Barrientos Vargas, por su propio derecho y en representación del menor con iniciales L.A.B.C., con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se trata de un asunto de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa anexo documento(s) original(es) al presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal(es) documento(s), previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los presentes autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho(s) documento(s) podrá(n) ser destruido(s) junto con el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"Razón. En catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, CERTIFICA: a) Que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ya transcurrió; b) Una vez efectuada una minuciosa búsqueda en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no se encontró en ese lapso promoción alguna, interponiendo recurso de queja en contra del proveído que desechó de plano la demanda de amparo; c) Si obran documentos susceptibles de devolución; yd) Que en el presente asunto no existe promoción pendiente de acuerdo, ni actuaciones qué practicar.- Doy fe. En la misma fecha, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado da cuenta al Juez, con un oficio registrado con el(los) número(s) de correspondencia interna 17289; con la certificación que antecede; así como con el estado que guardan los autos.- Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Juez Cuarto de Distrito en el Estado; mediante el cual transcribe el proveído de treinta de octubre del presente año, dictado dentro de los autos del juicio de amparo 1148/2018-I, de su registro; del que se advierte que acusa recibo del diverso oficio número 22412/2018, del índice de este Juzgado e informa que se avoca al conocimiento del juicio promovido por Manuel Alejandro Barrientos Vargas. Por otra parte, vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Manuel Alejandro Barrientos Vargas, por su propio derecho y en representación del menor con iniciales L.A.B.C., con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se trata de un asunto de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa anexo documento(s) original(es) al presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal(es) documento(s), previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los presentes autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho(s) documento(s) podrá(n) ser destruido(s) junto con el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe."
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Manuel Alejandro Barrientos Vargas, y en atención su contenido, téngasele por dando cumplimiento parcial al requerimiento efectuado el dieciséis de octubre del año en curso, toda vez que no expresa los antecedentes de los actos reclamados que se le requirieron en relación con la controversia familiar por guarda y custodia 1098/2018 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar de esta ciudad. Sin perjuicio del pronunciamiento que al respecto se realizará. No obstante lo anterior, se estima que se tienen datos suficientes para proveer respecto de la demanda de amparo en los términos siguientes: En principio resulta necesario precisar los actos reclamados. Para lograr tal propósito es necesario analizar integralmente la demanda a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, del análisis integral del ocurso de demanda, aclaratorio de la misma y anexos que se exhibieron, pone de manifiesto que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: 1. Del Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, en relación con el expediente 676/2018 de su índice: 1.1) la omisión en acordar el escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 676/2018, relativo a la controversia familiar por guarda y custodia del menor con iniciales L.A.B.C., promovido por Raúl Barrientos Placencia, en contra de Karina Castillo Torres y Manuel Alejandro Barrientos Vargas. 2. Del Juez y Secretaria de Acuerdos adscritos al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, en su carácter de autoridades ordenadoras, así como del Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, en su calidad de autoridad ejecutora, en relación con el expediente 1098/2018 de su índice: 2.1) La falta de emplazamiento al expediente 1098/2018, relativo a la controversia familiar por guarda y custodia del menor con iniciales L.A.B.C., promovido por Micaela Torres Delgado y Miguel Ángel Castillo Puente, en contra de Karina Castillo Torres y Manuel Alejandro Barrientos Vargas, y como consecuencia de ello todo lo actuado en dicho controvertido 2.2) La resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, a través de la que se otorgó la guardia y custodia provisional del menor con iniciales L.A.B.C., a favor de Micaela Torres Delgado y Miguel Ángel Castillo Puente, dictada en la controversia familiar por guarda y custodia 1098/2018. 2.3) La falta de declaración judicial de conexidad del expediente 676/2018 y el diverso 1098/2018, relativos a las controversias familiares por guarda y custodia del menor con iniciales L.A.B.C. De lo expuesto se arriba a la conclusión de que la omisión y actos reclamados, respectivamente, son autónomos entre sí, ya que en principio derivan de expedientes distintos (676/2018 y 1098/2018 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en esta ciudad). Máxime teniendo en cuenta que por lo que se refiere al primero de ellos, se reclama una abstención, consistente en la omisión de acordar el escrito de veinte de septiembre del año en curso, a través del cual el quejoso hizo del conocimiento de la autoridad responsable que desde ese momento su hijo se encontraba bajo su cuidado; controvertido que se promovió por Raúl Barrientos Placencia, en contra de Karina Castillo Torres y Manuel Alejandro Barrientos Vargas. En cuyo caso la litis constitucional versaría en torno a determinar si dicha omisión -de ser cierta- viola o no algún derecho sustantivo dentro de ese preciso juicio. En cambio, en el diverso expediente 1098/2018, figura como parte actora Micaela Torres Delgado y Miguel Ángel Castillo Puente, y como demandados Karina Castillo Torres y Manuel Alejandro Barrientos Vargas, respecto del cual los actos reclamados consisten en (i) la falta de emplazamiento y como consecuencia de ello todo lo actuado en el mismo, (ii) la resolución relativa a la guardia y custodia provisional del menor con iniciales L.A.B.C., y (iii) la falta de declaración judicial de conexidad de las controversias familiares por guarda y custodia 676/2018 y la diversa 1098/2018. De modo que en un primer orden de ideas, habrá de verificarse si el quejoso es persona extraña por equiparación y, de ser así, si fue o no legalmente llamado a ese preciso juicio natural, además de la constitucionalidad de la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el mismo, sin perjuicio de decidir lo relativo a la aludida falta de conexidad. Aspecto este que en conformidad con los artículos 35, fracción III, 39 y 41 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se dilucida en el juicio más reciente. Se afirma lo anterior, pues de conformidad con los citados preceptos legales la conexidad de la causa constituye una excepción dilatoria, la cual tiene por objeto la remisión de los autos en que se opone, al juzgado que primeramente previno en el conocimiento de la causa conexa. Así, la parte que oponga dicha excepción (conexidad) acompañará con su escrito, copia autorizada de la demanda y contestación que iniciaron el juicio conexo; y con esta prueba y la contestación de la parte contraria que producirá dentro del tercer día, el juez fallará dentro de las veinticuatro horas siguientes. Procedente la excepción de conexidad se mandarán acumular los autos del juicio al más antiguo para que, aunque se tramiten por cuerda separada, se resuelvan en una misma sentencia. Lo expuesto con antelación evidencia que la parte demandada que oponga la excepción en comento, al dar contestación al ocurso enderezado en su contra, se encuentra obligada a exhibir copia autorizada de la demanda y contestación que iniciaron el juicio conexo, a efecto de que el juzgador, previo el tramite respectivo, se encuentre en aptitud de resolver la misma, de donde deviene inconcuso que la misma se debe hacer en el segundo o ulterior juicio respecto del cual se solicita la aludida conexidad, que en el caso es la controversia por guarda y custodia 1098/2018 del índice de la responsable. Lo que trae como consecuencia que técnicamente la omisión reclamada en relación con el juicio 676/2018 y los diversos actos que se vinculan al diverso expediente 1098/2018 no pueden ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo, al provenir de sendos procedimientos jurisdiccionales que -en la actualidad- se siguen por cuerda separada. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo, resultando que: a) En la primera, lo reclamado consistirá en la omisión en que incurre el Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, en acordar el escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 676/2018, relativo a la controversia familiar por guarda y custodia del menor con iniciales L.A.B.C., promovido por Raúl Barrientos Placencia, en contra de Karina Castillo Torres y Manuel Alejandro Barrientos Vargas. b) En la segunda, los actos reclamados consistirán en los relativos al expediente 1098/2018, esto es: Del Juez y Secretaria de Acuerdos adscritos al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, en su carácter de autoridades ordenadoras, así como del Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, en su calidad de autoridad ejecutora, en relación con el expediente 1098/2018 de su índice: b.1) La falta de emplazamiento al expediente 1098/2018, relativo a la controversia familiar por guarda y custodia del menor con iniciales L.A.B.C., promovido por Micaela Torres Delgado y Miguel Ángel Castillo Puente, en contra de Karina Castillo Torres y Manuel Alejandro Barrientos Vargas, y como consecuencia de ello todo lo actuado en dicho controvertido b.2) La resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, a través de la que se otorgó la guardia y custodia provisional del menor con iniciales L.A.B.C., a favor de Micaela Torres Delgado y Miguel Ángel Castillo Puente, dictada en la controversia familiar por guarda y custodia 1098/2018. b.3) La falta de declaración judicial de conexidad del expediente 676/2018 y el diverso 1098/2018, relativos a las controversias familiares por guarda y custodia del menor con iniciales L.A.B.C. En consecuencia, continúese con el trámite de la presente demanda de amparo únicamente en lo atinente al acto reclamado destacado en el inciso a) que antecede, consistente en la omisión en que incurre el Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, en acordar el escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 676/2018, relativo a la controversia familiar por guarda y custodia del menor con iniciales L.A.B.C., promovido por Raúl Barrientos Placencia, en contra de Karina Castillo Torres y Manuel Alejandro Barrientos Vargas. Por consiguiente, expídase copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, hasta el presente auto inclusive, y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA; remítanse tales reproducciones mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada en el inciso b) y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin perjuicio de lo que en su momento, el Juzgador Federal a quien por razón de turno corresponda conocer de la misma, determine proveer en relación con la circunstancia de que el quejoso dio cumplimiento parcial al requerimiento formulado el dieciséis de octubre del año en curso, al no expresar los antecedentes de los actos reclamados que se le solicitaron en relación con la controversia familiar por guarda y custodia 1098/2018 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar de esta ciudad. Notifíquese, y personalmente al promovente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Como esta ordenado en diverso proveído de esta fecha, se procede a proveer lo conducente respecto a la omisión reclamada del Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, que se hace consistir en la siguiente: Omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 676/2018, relativo a la controversia familiar por guarda y custodia del menor con iniciales L.A.B.C., promovido por Raúl Barrientos Placencia, en contra de Karina Castillo Torres y Manuel Alejandro Barrientos Vargas. En relación a dicho acto el suscrito estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". En relación a los amparos interpuestos por una de las partes en el juicio natural contra omisiones de la autoridad jurisdiccional, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que acorde con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (actualmente recogidos en el artículo 107 de la Ley vigente), se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. Que en esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. Y que en razón de ello, por regla general, el amparo indirecto es improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a llevar a cabo el acto omitido. Norma el criterio anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 8/2015 (10a.), en la página 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". Al respecto, debe señalarse que los artículos 972, 973 y 974 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, disponen lo siguiente: "Artículo 972.- También se da el recurso de queja contra secretarios o ejecutores por exceso o defecto en las ejecuciones, así como por omisiones o negligencias en el desempeño de sus funciones". "Artículo 973.- El recurso de queja contra un juez se interpondrá por escrito ante el superior inmediato, dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto reclamado expresando los motivos del agravio. Al interponer el recurso, el quejoso deberá hacerlo saber al juez presentándole copia, por duplicado, del escrito de queja. Una de ellas se agregará al expediente y la otra se mandará entregar desde luego al colitigante. El juez, dentro de los tres días siguientes, remitirá al superior su informe con justificación y el colitigante, dentro de igual término, que se contará desde que reciba la copia, podrá ocurrir al mismo superior, expresando lo que a su derecho convenga. Dentro del tercer día de recibido el informe del juez, el superior resolverá lo que proceda. Será el acuerdo del Supremo Tribunal el que decida las quejas contra los jueces de primera instancia y los de la capital". "Artículo 974.- La queja contra los secretarios o ejecutores será resuelta de plano por el juez que conozca del asunto, oyendo el informe del acusado". Los anteriores dispositivos legales, entre otras cuestiones, prevén la posibilidad de que las partes interpongan recurso de queja en contra de los servidores públicos por omisiones en el desempeño de sus funciones. Así, tratándose del recurso en contra de un Juez, se interpondrá por escrito ante el superior inmediato, haciéndolo el quejoso del conocimiento del propio juzgador, quien dentro de los tres días siguientes remitirá al superior su informe con justificación, quien al tercer día de acontecido lo anterior resolverá lo que proceda. Por su parte la queja contra los secretarios o ejecutores será resuelta de plano por el juez que conozca del asunto, oyendo el informe del acusado. Lo anterior, evidencia la notoria improcedencia de la demanda de amparo, contra la omisión de que se trata, pues conforme al criterio contenido en la jurisprudencia de mérito (de aplicación obligatoria para todos los tribunales de este país, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo), la omisión reclamada se estará cometiendo dentro del procedimiento jurisdiccional de origen sin tener el carácter de imposible reparación, pues el inconforme se encuentra en aptitud, atendiendo a la legislación ordinaria, de hacer valer el recurso de queja respectivo a efecto de obligar a la responsable a llevar a cabo en el juicio de origen el acto que se considera omitido, en el caso, acordar lo pedido en la misiva presentada ante la autoridad responsable el veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Por lo que, es claro que dicha demanda, conforme al criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente. Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de considerarse que la omisión de acordar el escrito de referencia, por la clase de petición que en él se contiene es susceptible de ser considerado como generador de consecuencias de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos, previamente deben agotarse los medios de defensa previstos en la Ley ordinaria. También, ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como la diversa 1a./J. 113/2013 (10a.), de la referida Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos con antelación, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Notifíquese, y hágase personalmente a la parte quejosa.
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