Manuel Alejandro Alvarado Murga
Expediente 1394/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 50 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1394/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Manuel Alejandro Alvarado Murga
- Agente del Ministerio Publico Federal Adscrito Al Juzgado Sexto de Distrito En el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Se acuerda escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, en atención a su contenido se provee: Téngase al ocursante, desahogando la vista ordenada en proveído de once de septiembre del año en curso, para lo cual realiza manifestaciones relativas al incumplimiento que aduce, han dado las autoridades responsables a la suspensión definitiva decretada en el presente incidente de suspensión. En ese tenor procédase a emitir el pronunciamiento relativo a si las autoridades responsables han acatado la medida cautelar otorgada en el presente incidente de suspensión, mediante interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil veintidós, la cual fue modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante resolución de dieciséis de febrero del año en curso, dictada en el incidente en revisión administrativo ********************, misma que culminó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva respecto de la autoridad y por el acto reclamado. TERCERO. Deben continuar realizándose los pagos de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, hasta en tanto no surja alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos." En ese tenor, vistas las constancias de los presentes autos, se advierte que mediante interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil veintidós, y con la finalidad de preservar la materia del juicio en lo principal, se decretó la suspensión definitiva, para el efecto de que no se lleve a cabo la ejecución del acto reclamado consistente en el oficio ********************, de siete de septiembre de dos mil veintidós, notificado el veintiséis de septiembre siguiente, por medio del cual se ordenó el cambio de adscripción del quejoso a partir de la primera data referida, debiendo presentarse el ocho de septiembre del año en curso, en la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, a fin de recibir instrucciones inherentes al grado que ostenta dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Es decir, para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban respecto de dicho oficio, y se continuara realizando el pago de sus haberes con motivo de sus labores al aquí quejoso, hasta en tanto causara ejecutoria la resolución que sobre el fondo de amparo se pronunciara. Señalándose expresamente que lo anterior no conllevaba que la parte quejosa incumpliera con la normatividad que regula su actuación como elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la cual debía acatar a cabalidad, quedando expeditas las facultades de las autoridades responsables en caso de su incumplimiento. Inconforme con dicha determinación, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Guardia Civil Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, interpuso en su contra recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien lo radico con el número de incidente en revisión ********************. Seguidos los trámites legales de dicho medio de defensa, mediante resolución de dieciséis de febrero del año en curso, dictada en el incidente en revisión administrativo ********************, se modificó la interlocutoria recurrida. Cabe destacar que en dicha determinación, se señaló que debía quedar firme por falta de impugnación, la parte relativa del considerando tercero de la resolución recurrida, en la que se determinó que debía seguirse realizando el pago de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, hasta en tanto causara ejecutoria la resolución que sobre el fondo del amparo se pronunciara. En diverso aspecto, se señaló que resultó incorrecto que con la suspensión del acto reclamado no se contravinieran disposiciones de orden público, pues como se señaló en dicha resolución, la ley que rige el acto es de orden público y la sociedad está interesada en su cumplimiento, por lo que paralizar los efectos del acto reclamado conllevaría impedir el desarrollo de las actividades y estrategias que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha implementado para la obtención de sus fines, de modo que el interés social se ve afectado, puesto que las funciones que realiza el quejoso tienen como destinataria a la sociedad y es a quien importa que sus actividades se realicen de la mejor manera en términos de las disposiciones aplicables. Funciones que resultan de mayor trascendencia para todo el país, pues con independencia de las molestias que ese acto pueda generar al quejoso en lo individual, por encima de ese interés personal se encuentra el interés de la sociedad en que se cumpla la función que desempeña como elemento de Seguridad Pública del Estado; y por ello, contrario a lo considerado en la interlocutoria recurrida, la realización de esas funciones no puede esperar a que se resuelva sobre el fondo del asunto. Así, los intereses de la sociedad que son tutelados a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tales como salvaguardar la vida, libertad, integridad y patrimonio de las personas, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, entre otros, no pueden quedar supeditados a las afectaciones personales que aduce el peticionario le ocasionaría el acto reclamado, respecto de los cuales también la sociedad está interesada en que sean respetados, pero no por encima del orden público En ese sentido, el interés social y el orden público deben entenderse bajo dos aspectos, a saber: el primero, que se refiere al derecho fundamental de la persona que se ve afectada por el acto de autoridad, y el segundo, relativo al adecuado desempeño o funcionalidad de la institución a la que pertenece; y, por consiguiente, del servicio público; toda vez que ambos se ven involucrados, porque el impetrante se defiende de un acto que atañe a su interés personal y que lo involucra en el ámbito de validez de sus derechos fundamentales; y además, su propia actuación es parte del funcionamiento del aparato gubernamental, de manera que ello transciende, necesariamente, en la operatividad y actuación de la institución, que vive y refleja su eficacia en el mundo material mediante la actuación de sus miembros, entre los que se encuentra el propio quejoso. Luego, los intereses de la sociedad no pueden esperar a que se resuelva el fondo del amparo para ser tutelados, en tanto que, en caso de que el peticionario obtenga resolución favorable, se le restituiría en el goce del derecho violado, a través de su reincorporación a las actividades que venía desempeñando, por lo que la cita para recibir nuevas instrucciones inherentes al grado que ostenta dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no ocasionaría al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación. Por tanto, reiteró no es procedente conceder la suspensión solicitada, en tanto que las funciones que realiza el disidente constitucional, tienen como destinataria a la sociedad, quien tiene interés en que sus actividades como miembro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, se realicen conforme a las disposiciones que las rigen, pues tales funciones son de interés público y general, porque promueven el orden, la paz social, salvaguardan la integridad y el patrimonio tanto de las personas como de la sociedad en su conjunto. Motivo de ello, señaló la Superioridad, no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, en torno al acto reclamado, de ahí que proceda negar la suspensión definitiva solicitada respecto a ese tópico. Así, concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva respecto de la autoridad y por el acto reclamado. TERCERO. Deben continuar realizándose los pagos de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, hasta en tanto no surja alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos." Como se puede advertir de lo antes expuesto, si bien el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el incidente en revisión ******************** de su índice, señaló que debía quedar firme por falta de impugnación, la parte relativa del considerando tercero de la resolución recurrida, en la que se determinó que debía seguirse realizando el pago de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, hasta en tanto causara ejecutoria la resolución que sobre el fondo del amparo se pronunciara. También resulta cierto que precisó que dichos pagos debían continuar realizándose, hasta en tanto no surja alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos. Ahora, el quejoso acude ante este por órgano jurisdiccional, aduciendo en esencia, que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la medida cautelar, pues señala que desde el dieciséis de marzo del año en curso, no le han hecho pago de sus haberes a que tiene derecho a percibir con motivo de las funciones que desempeña, sin que exista, según refiere, alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos. En relación con lo anterior, cabe señalar que mediante oficio ******************** recibido el diez de agosto del año en curso, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en lo que aquí interesa, en relación al cumplimiento dado a la suspensión definitiva decretada en el presente incidente de suspensión, informó que la Subdirectora de la Sección Primera de Estado Mayor de la Comandancia de la Guardia Civil del Estado, remitió formato preventivo de suspensión de sueldo mediante oficio ********************, a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, adjuntando formato preventivo de suspensión de sueldo elaborado a ********************, elemento de la Comandancia de la Guardia Civil del Estado, respecto de quien se encuentra pendiente de definir su situación laboral por faltas continuas a partir de los días quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. En el mismo sentido, mediante oficio ********************, recibido el catorce de agosto del año en curso, se tuvo al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Guardia Civil Estatal, haciendo del conocimiento de este Juzgado de Distrito, que el quejoso ********************, no se ha presentado a sus labores, sin causa justificada; ausencias injustificadas que aduce encuadran en lo estipulado en el "Capitulo III "De la Permanencia", artículo 65 fracción XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada por un periodo de tres días consecutivos, o de cinco días dentro de un término de treinta días", de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Acompañando al efecto, copia certificada del oficio ********************, signado por el Comandante de la Guardia Civil Estatal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través del cual solicitó se sirviera integrar el expediente de investigación respetiva en contra del quejoso ********************, por concepto de faltas continúas a su servicio sin causa justificada en un periodo de treinta días. Asimismo, adjuntó copia certificada del oficio ********************, signado por el Comandante de la Guardia Civil Estatal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través del cual, en alcance al oficio ********************, remitió "Original del acta administrativa, original del parte informativo s/n, ambos de fecha 21 de marzo 2023 elaborados con motivo de las faltas continuas a su servicio el C. ********************". En la misma tesitura, al oficio ********************, recibido el catorce de agosto del año en curso, se tuvo al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Guardia Civil Estatal, haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que mediante diverso oficio SSPC/UAI/8********************, la Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, le informó que en relación al diverso comunicado ********************, mediante el cual se solicitó se integrara el expediente de investigación respetiva en contra de ********************, por concepto de faltas a su servicio sin causa justificada, con fecha veintinueve de marzo del año en cuso, se acordó el inicio de la investigación respectiva, quedando registrado en el libro de gobierno de esa Unidad de Asuntos Internos, bajo el número ********************, el cual a la fecha se encuentra en etapa de integración; acompañando al efecto copia autógrafa de dicho comunicado. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto con antelación, se advierte que se encuentra actualizado el motivo de excepción previsto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el incidente en revisión administrativo ********************, en sesión de dieciséis de febrero del año en curso, mismo que destacó en el resolutivo tercero de dicha determinación, en los siguientes términos: "TERCERO. Deben continuar realizándose los pagos de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, hasta en tanto no surja alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos." Se afirma lo anterior, pues si bien se otorgó la medida cautelar a efecto de que las responsables continuaran realizando el pago de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, lo anterior, se precisó, hasta en tanto no surgiera alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos. Por ende, si en el caso, las responsables justificaron ante este órgano jurisdiccional, con las documentales a que se ha hecho referencia, que la Subdirectora de la Sección Primera de Estado Mayor de la Comandancia de la Guardia Civil del Estado, mediante oficio ********************, remitió a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, formato preventivo de suspensión de sueldo elaborado a ********************, elemento de la Comandancia de la Guardia Civil del Estado, por faltas continuas a partir de los días quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. Con motivo de ello, se generó el oficio ********************, signado por el Comandante de la Guardia Civil Estatal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través del cual solicitó se sirviera integrar el expediente de investigación respetiva en contra del quejoso ********************, por concepto de faltas continúas a su servicio sin causa justificada en un periodo de treinta días, el cual a la fecha se encuentra en etapa de integración. De lo anterior deviene incuso que, se acredita la citada excepción señalada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el incidente en revisión administrativo ********************, por lo que no es procedente obligara las responsables a efecto de que incumplimiento a la medida cautelar, hagan pago al quejoso de los haberes que señala. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que a la fecha no se haya emitido resolución en dicho expediente de investigación, pues en el caso, la causa que justifique que no le sean cubiertos sus haberes al quejoso, se generó desde que se ausento de sus labores sin justificación, emitiéndose con ello el formato preventivo de suspensión de sueldo. Máxime, que el quejoso no justifica ante este órgano de control constitucional, que a la fecha se encuentre desempeñado las actividades que se le hayan asignado inherentes al grado que ostenta dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y no obstante ello, las responsables no han hecho pago de sus haberes respectivos. Motivo de lo anterior, no ha lugar a requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de la medida cautelar otorgada. Notifíquese personalmente al quejoso; por medio de lista; y por oficios a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Se acuerda escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, en atención a su contenido se provee: Téngase al ocursante, desahogando la vista ordenada en proveído de once de septiembre del año en curso, para lo cual realiza manifestaciones relativas al incumplimiento que aduce, han dado las autoridades responsables a la suspensión definitiva decretada en el presente incidente de suspensión. En ese tenor procédase a emitir el pronunciamiento relativo a si las autoridades responsables han acatado la medida cautelar otorgada en el presente incidente de suspensión, mediante interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil veintidós, la cual fue modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante resolución de dieciséis de febrero del año en curso, dictada en el incidente en revisión administrativo ********************, misma que culminó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva respecto de la autoridad y por el acto reclamado. TERCERO. Deben continuar realizándose los pagos de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, hasta en tanto no surja alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos." En ese tenor, vistas las constancias de los presentes autos, se advierte que mediante interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil veintidós, y con la finalidad de preservar la materia del juicio en lo principal, se decretó la suspensión definitiva, para el efecto de que no se lleve a cabo la ejecución del acto reclamado consistente en el oficio ********************, de siete de septiembre de dos mil veintidós, notificado el veintiséis de septiembre siguiente, por medio del cual se ordenó el cambio de adscripción del quejoso a partir de la primera data referida, debiendo presentarse el ocho de septiembre del año en curso, en la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, a fin de recibir instrucciones inherentes al grado que ostenta dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Es decir, para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban respecto de dicho oficio, y se continuara realizando el pago de sus haberes con motivo de sus labores al aquí quejoso, hasta en tanto causara ejecutoria la resolución que sobre el fondo de amparo se pronunciara. Señalándose expresamente que lo anterior no conllevaba que la parte quejosa incumpliera con la normatividad que regula su actuación como elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la cual debía acatar a cabalidad, quedando expeditas las facultades de las autoridades responsables en caso de su incumplimiento. Inconforme con dicha determinación, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Guardia Civil Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, interpuso en su contra recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien lo radico con el número de incidente en revisión ********************. Seguidos los trámites legales de dicho medio de defensa, mediante resolución de dieciséis de febrero del año en curso, dictada en el incidente en revisión administrativo ********************, se modificó la interlocutoria recurrida. Cabe destacar que en dicha determinación, se señaló que debía quedar firme por falta de impugnación, la parte relativa del considerando tercero de la resolución recurrida, en la que se determinó que debía seguirse realizando el pago de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, hasta en tanto causara ejecutoria la resolución que sobre el fondo del amparo se pronunciara. En diverso aspecto, se señaló que resultó incorrecto que con la suspensión del acto reclamado no se contravinieran disposiciones de orden público, pues como se señaló en dicha resolución, la ley que rige el acto es de orden público y la sociedad está interesada en su cumplimiento, por lo que paralizar los efectos del acto reclamado conllevaría impedir el desarrollo de las actividades y estrategias que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha implementado para la obtención de sus fines, de modo que el interés social se ve afectado, puesto que las funciones que realiza el quejoso tienen como destinataria a la sociedad y es a quien importa que sus actividades se realicen de la mejor manera en términos de las disposiciones aplicables. Funciones que resultan de mayor trascendencia para todo el país, pues con independencia de las molestias que ese acto pueda generar al quejoso en lo individual, por encima de ese interés personal se encuentra el interés de la sociedad en que se cumpla la función que desempeña como elemento de Seguridad Pública del Estado; y por ello, contrario a lo considerado en la interlocutoria recurrida, la realización de esas funciones no puede esperar a que se resuelva sobre el fondo del asunto. Así, los intereses de la sociedad que son tutelados a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tales como salvaguardar la vida, libertad, integridad y patrimonio de las personas, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, entre otros, no pueden quedar supeditados a las afectaciones personales que aduce el peticionario le ocasionaría el acto reclamado, respecto de los cuales también la sociedad está interesada en que sean respetados, pero no por encima del orden público En ese sentido, el interés social y el orden público deben entenderse bajo dos aspectos, a saber: el primero, que se refiere al derecho fundamental de la persona que se ve afectada por el acto de autoridad, y el segundo, relativo al adecuado desempeño o funcionalidad de la institución a la que pertenece; y, por consiguiente, del servicio público; toda vez que ambos se ven involucrados, porque el impetrante se defiende de un acto que atañe a su interés personal y que lo involucra en el ámbito de validez de sus derechos fundamentales; y además, su propia actuación es parte del funcionamiento del aparato gubernamental, de manera que ello transciende, necesariamente, en la operatividad y actuación de la institución, que vive y refleja su eficacia en el mundo material mediante la actuación de sus miembros, entre los que se encuentra el propio quejoso. Luego, los intereses de la sociedad no pueden esperar a que se resuelva el fondo del amparo para ser tutelados, en tanto que, en caso de que el peticionario obtenga resolución favorable, se le restituiría en el goce del derecho violado, a través de su reincorporación a las actividades que venía desempeñando, por lo que la cita para recibir nuevas instrucciones inherentes al grado que ostenta dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no ocasionaría al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación. Por tanto, reiteró no es procedente conceder la suspensión solicitada, en tanto que las funciones que realiza el disidente constitucional, tienen como destinataria a la sociedad, quien tiene interés en que sus actividades como miembro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, se realicen conforme a las disposiciones que las rigen, pues tales funciones son de interés público y general, porque promueven el orden, la paz social, salvaguardan la integridad y el patrimonio tanto de las personas como de la sociedad en su conjunto. Motivo de ello, señaló la Superioridad, no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, en torno al acto reclamado, de ahí que proceda negar la suspensión definitiva solicitada respecto a ese tópico. Así, concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva respecto de la autoridad y por el acto reclamado. TERCERO. Deben continuar realizándose los pagos de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, hasta en tanto no surja alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos." Como se puede advertir de lo antes expuesto, si bien el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el incidente en revisión ******************** de su índice, señaló que debía quedar firme por falta de impugnación, la parte relativa del considerando tercero de la resolución recurrida, en la que se determinó que debía seguirse realizando el pago de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, hasta en tanto causara ejecutoria la resolución que sobre el fondo del amparo se pronunciara. También resulta cierto que precisó que dichos pagos debían continuar realizándose, hasta en tanto no surja alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos. Ahora, el quejoso acude ante este por órgano jurisdiccional, aduciendo en esencia, que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la medida cautelar, pues señala que desde el dieciséis de marzo del año en curso, no le han hecho pago de sus haberes a que tiene derecho a percibir con motivo de las funciones que desempeña, sin que exista, según refiere, alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos. En relación con lo anterior, cabe señalar que mediante oficio ******************** recibido el diez de agosto del año en curso, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en lo que aquí interesa, en relación al cumplimiento dado a la suspensión definitiva decretada en el presente incidente de suspensión, informó que la Subdirectora de la Sección Primera de Estado Mayor de la Comandancia de la Guardia Civil del Estado, remitió formato preventivo de suspensión de sueldo mediante oficio ********************, a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, adjuntando formato preventivo de suspensión de sueldo elaborado a ********************, elemento de la Comandancia de la Guardia Civil del Estado, respecto de quien se encuentra pendiente de definir su situación laboral por faltas continuas a partir de los días quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. En el mismo sentido, mediante oficio ********************, recibido el catorce de agosto del año en curso, se tuvo al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Guardia Civil Estatal, haciendo del conocimiento de este Juzgado de Distrito, que el quejoso ********************, no se ha presentado a sus labores, sin causa justificada; ausencias injustificadas que aduce encuadran en lo estipulado en el "Capitulo III "De la Permanencia", artículo 65 fracción XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada por un periodo de tres días consecutivos, o de cinco días dentro de un término de treinta días", de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Acompañando al efecto, copia certificada del oficio ********************, signado por el Comandante de la Guardia Civil Estatal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través del cual solicitó se sirviera integrar el expediente de investigación respetiva en contra del quejoso ********************, por concepto de faltas continúas a su servicio sin causa justificada en un periodo de treinta días. Asimismo, adjuntó copia certificada del oficio ********************, signado por el Comandante de la Guardia Civil Estatal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través del cual, en alcance al oficio ********************, remitió "Original del acta administrativa, original del parte informativo s/n, ambos de fecha 21 de marzo 2023 elaborados con motivo de las faltas continuas a su servicio el C. ********************". En la misma tesitura, al oficio ********************, recibido el catorce de agosto del año en curso, se tuvo al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Guardia Civil Estatal, haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que mediante diverso oficio SSPC/UAI/8********************, la Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, le informó que en relación al diverso comunicado ********************, mediante el cual se solicitó se integrara el expediente de investigación respetiva en contra de ********************, por concepto de faltas a su servicio sin causa justificada, con fecha veintinueve de marzo del año en cuso, se acordó el inicio de la investigación respectiva, quedando registrado en el libro de gobierno de esa Unidad de Asuntos Internos, bajo el número ********************, el cual a la fecha se encuentra en etapa de integración; acompañando al efecto copia autógrafa de dicho comunicado. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto con antelación, se advierte que se encuentra actualizado el motivo de excepción previsto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el incidente en revisión administrativo ********************, en sesión de dieciséis de febrero del año en curso, mismo que destacó en el resolutivo tercero de dicha determinación, en los siguientes términos: "TERCERO. Deben continuar realizándose los pagos de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, hasta en tanto no surja alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos." Se afirma lo anterior, pues si bien se otorgó la medida cautelar a efecto de que las responsables continuaran realizando el pago de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, lo anterior, se precisó, hasta en tanto no surgiera alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos. Por ende, si en el caso, las responsables justificaron ante este órgano jurisdiccional, con las documentales a que se ha hecho referencia, que la Subdirectora de la Sección Primera de Estado Mayor de la Comandancia de la Guardia Civil del Estado, mediante oficio ********************, remitió a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, formato preventivo de suspensión de sueldo elaborado a ********************, elemento de la Comandancia de la Guardia Civil del Estado, por faltas continuas a partir de los días quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. Con motivo de ello, se generó el oficio ********************, signado por el Comandante de la Guardia Civil Estatal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través del cual solicitó se sirviera integrar el expediente de investigación respetiva en contra del quejoso ********************, por concepto de faltas continúas a su servicio sin causa justificada en un periodo de treinta días, el cual a la fecha se encuentra en etapa de integración. De lo anterior deviene incuso que, se acredita la citada excepción señalada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el incidente en revisión administrativo ********************, por lo que no es procedente obligara las responsables a efecto de que incumplimiento a la medida cautelar, hagan pago al quejoso de los haberes que señala. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que a la fecha no se haya emitido resolución en dicho expediente de investigación, pues en el caso, la causa que justifique que no le sean cubiertos sus haberes al quejoso, se generó desde que se ausento de sus labores sin justificación, emitiéndose con ello el formato preventivo de suspensión de sueldo. Máxime, que el quejoso no justifica ante este órgano de control constitucional, que a la fecha se encuentre desempeñado las actividades que se le hayan asignado inherentes al grado que ostenta dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y no obstante ello, las responsables no han hecho pago de sus haberes respectivos. Motivo de lo anterior, no ha lugar a requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de la medida cautelar otorgada. Notifíquese personalmente al quejoso; por medio de lista; y por oficios a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficios. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos el oficios de cuenta, por medio del cual el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en atención al requerimiento ordenado en proveído de uno de septiembre pasado, realiza manifestaciones relacionadas con la suspensión definitiva, asimismo, hace del conocimiento de este juzgado su denominación correcta. Vista. Con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese por medio de lista.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Guardia Civil Estatal, en atención a lo solicitado en proveído de veintinueve de agosto pasado, hace del conocimiento de este juzgado el contenido del oficio ******************** que le remitió el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil Estatal, en relación al diverso ********************, de veintisiete de marzo pasado, que le dirigió el Comandante de la Guardia Civil Estatal, por el que le solicitó integrar el expediente de investigación respectiva en contra del aquí quejoso ********************, derivado de las faltas a su servicio sin causa justificada. Análisis del informe. Del contenido del anexo de cuenta se advierte, que el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil Estatal, informó que el veintinueve de marzo pasado, se acordó el inicio de la investigación de mérito, registrado con el número ********************, el cual al treinta de agosto pasado, se encontraba en etapa de integración. Requerimiento. En ese tenor, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de amparo, requiérase al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil Estatal, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito cuales son las constancias o diligencias que considera necesarias para resolver lo correspondiente a la investigación solicitada por el Comandante de la Guardia Civil Estatal, en relación al expediente ********************, y en su caso la temporalidad estimada para contar con la resolución respectiva. Lo anterior, a fin de que este juzgado de distrito, se encuentre en condiciones de determinar lo correspondiente al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil veintidós, la cual fue modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante resolución de dieciséis de febrero del año en curso, dictada en el incidente en revisión administrativo ********************, misma que culminó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva respecto de la autoridad y por el acto reclamado. TERCERO. Deben continuar realizándose los pagos de los haberes del quejoso con motivo de sus labores, hasta en tanto no surja alguna causa que justifique legalmente que no le deban ser cubiertos." En el entendido que los efectos que subsisten son los señalados en esta última ejecutoria, además de que deberá remitir a este Juzgado copia certificada de las constancias que acrediten su informe. Apercibimiento. En caso de no cumplir con lo señalado en el párrafo que antecede, se les impondrá a cada una, multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Notifíquese por medio de lista; y mediante oficio al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil Estatal. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
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