Manuel Alejandro Alvarez Herrera
Expediente 91/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ HERRERA y Otros.
- Manuel Alejandro Alvarez Herrera
- IVAN XICOTENCATL o XOCHICATL o XOCHITECATL CUAUTLE
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Causa Estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan recurrido la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Lo anterior, en virtud de que la referida sentencia se notificó electrónicamente y por última vez a la parte quejosa el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, surtiendo efectos el mismo día y, por ende, el aludido plazo transcurrió del cinco al diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) seis -sábado-, siete -domingo-, trece -sábado-, catorce -domingo- y quince de marzo del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Archivo. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable 5. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución Penal de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital en apoyo a su informe, se ordena devolverle: ( Dos discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el diez y once de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 376/2021/PUEBLA. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de los discos versátiles digitales (DVD´S) referidos, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de los discos descritos. Finalmente, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en la foja en donde obra el sobre que contiene los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente al quejoso Iván Xochitécatl Cuautle, por conducto de Manuel Alejandro Álvarez Herrera -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado de la autoridad responsable 1. Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, a través de su representante, y sin realizar mayor pronunciamiento respecto a su contenido, toda vez que mediante proveído de doce de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el mismo vía correo electrónico institucional -al cual le correspondió el registro 2039-, y se acordó lo conducente. Cúmplase.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 91/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Manuel Alejandro Álvarez Herrera, en nombre y en favor del directo quejoso Iván Xochitécatl Cuautle; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado de forma electrónica ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a las cuatro horas con cincuenta minutos del diez de febrero de dos mil veintiuno -por razón de turno de guardia-, Manuel Alejandro Álvarez Herrera, en nombre y en favor del directo quejoso Iván Xochitécatl Cuautle, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula, Puebla y otras autoridades. El promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y suspensión de plano. Por acuerdo dictado a las cinco horas con cincuenta del diez de febrero del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla realizó lo siguiente: ( Registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 91/2021. ( Hizo constar que se cumplían con los requisitos para la recepción y tramitación de la demanda de amparo bajo los esquemas de "caso urgente" y juicio "en línea", a pesar de la suspensión de plazos procesales decretada por el Consejo de la Judicatura Federal del 1 al 15 de febrero de dos mil veintiuno en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19, comunicada mediante circulares SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno y SECNO/9/2021 de seis de febrero de dos mil veintiuno, suscritas por la Jueza Ileana Moreno Ramírez -Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal-. ( Luego, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, concedió al quejoso la suspensión de plano para el efecto de que cesaran de manera inmediata el acto de incomunicación o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, para evitar la consumación de los mismos; asimismo, se concedió dicha medida cautelar por la detención reclamada para los efectos precisados; para ello se requirió a las autoridades responsables acatar dicha medida y rendir su informe respectivo. ( Enseguida, ordenó al Actuario Judicial de la adscripción la localización del directo quejoso en el lugar de su detención, la ratificación de la demanda promovida a su nombre -en el momento de la diligencia respectiva o dentro de los tres días siguientes- y el cercioramiento de su condiciones físicas, del permiso de comunicarse con su defensor, familiares o personas de confianza, del hecho de que haya sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y de las condiciones del lugar de su detención, entre otras cuestiones. Tercero. Ratificación de la demanda. A las doce horas con quince minutos del mismo día, Abigail Olvera Hernández, Actuaria Judicial adscrita a este órgano de control constitucional, acudió a las instalaciones de la Casa de Justicia del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, a fin de localizar al directo quejosos, dando fe de lo siguiente: ( Que el quejoso directo sí ratifico la demanda de amparo promovida a su favor. ( Que el nombre correcto del quejoso era Iván Xochitécatl Cuautle y no Iván Xicoténcatl Cuautle como se asentó por error en el escrito de demanda. ( Que el directo quejoso presentaba una contusión en el ojo derecho, moretones y lesiones en las rodillas; y que al respecto, el mismo manifestó que los golpes fueron ocasionados por diversos taxistas. ( Que el directo quejoso manifestó que al momento de su detención no lo dejaron hablar con alguien y le informaron que el motivo era el robo a un taxista. ( Que el directo quejoso se encontraba en el área de separos, los cuales se observaron limpios, con ventilación, dos camas individuales y que sólo estaba en espera de la audiencia de control de detención. ( Que el directo quejoso se encontraba a disposición de la jueza de control Rosa Aurora Espejel Prado dentro de la causa penal 376/2021 por el delito de robo agravado y que la audiencia se llevaría a cabo a las trece horas con treinta minutos del mismo día -diez de febrero de dos mil veintiuno-. Cuarto. Auto admisorio. Por acuerdo dictado también el diez de febrero de la presente anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los actos reclamados -sin incidente de suspensión-, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables y se ordenó el emplazamiento del Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Quinto. Cita para audiencia. En dicho auto admisorio, se fijaron las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos en materia penal atribuidos a autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Iván Xochitécatl Cuautle reclama: 1. Incomunicación. 2. Su detención en flagrancia y retención dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/001977/2021/UF. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula, Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 110. 2 2. Fiscal General del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega la existencia de actos de incomunicación y acepta tácitamente la detención efectuada al quejoso. 82. 3 3. Rashif Flores Sánchez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia Central 1 de la Fiscalía General del Estado de Puebla -en su denominación correcta-. Niega la existencia de actos de incomunicación y acepta tácitamente la detención efectuada al quejoso. 64. 4 4. David Rodríguez González, Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula -denominación correcta-. Niega. 119. 5 5. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución Penal de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital -denominación correcta- Niega. 121. 6 6. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -por conducto de su representante- Niega la existencia de actos de incomunicación y acepta tácitamente la detención efectuada al quejoso. 83. Tabla única. Apartado A. Inexistencia de los actos de incomunicación. Las autoridades responsables negaron la existencia de los actos de incomunicación que se les atribuye, sin que desvirtúen dichas negativas las constancias derivadas de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/001977/2021/UF, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente-, por tratarse de una documental pública. Se explica. Primero, es menester indicar que en autos obra la diligencia practicada por Abigail Olvera Hernández, Actuaria Judicial adscrita a este órgano de control constitucional, de la que se advierte que a las doce horas con quince minutos del diez de febrero de dos mil veintiuno, estuvo en las instalaciones de la Casa de Justicia del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla con el fin de localizar al directo quejoso, donde dio fe de lo siguiente: ( Que el quejoso directo sí ratifico la demanda de amparo promovida a su favor. ( Que el nombre correcto del quejoso era Iván Xochitécatl Cuautle y no Iván Xicoténcatl Cuautle como se asentó por error en el escrito de demanda. ( Que el directo quejoso presentaba una contusión en el ojo derecho, moretones y lesiones en las rodillas; y que al respecto, el mismo manifestó que los golpes fueron ocasionados por diversos taxistas. ( Que el directo quejoso manifestó que al momento de su detención no lo dejaron hablar con alguien y le informaron que el motivo era el robo a un taxista. ( Que el directo quejoso se encontraba en el área de separos, los cuales se observaron limpios, con ventilación, dos camas individuales y que sólo estaba en espera de la audiencia de control de detención. ( Que el directo quejoso se encontraba a disposición de la jueza de control Rosa Aurora Espejel Prado dentro de la causa penal 376/2021 por el delito de robo agravado y que la audiencia se llevaría a cabo a las trece horas con treinta minutos del mismo día -diez de febrero de dos mil veintiuno-. De lo anterior, se destaca que el quejoso manifestó que al momento de su detención no lo dejaron hablar con alguien; sin embargo, ello no implica que con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo estuviera incomunicado, es decir, previo a las cuatro horas con cincuenta minutos del diez de febrero de dos mil veintiuno, pues de las probanzas que obran en autos, en específico de la carpeta de investigación de origen, no se aprecia que se les negara comunicación alguna. Asimismo, de dichas constancias se desprende lo siguiente: i. A las dos horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno, el fiscal responsable hizo saber al quejoso su derecho a realizar una llamada telefónica y a nombrar un defensor privado o uno público, a lo que contestó que en ese momento no recordaba algún número telefónico para realizar la llamada y que solicitaba la designación de un defensor público. ii. El mismo ocho de febrero de dos mil veintiuno, la abogada Martha Luna Espejel aceptó y protestó el cargo de defensora pública del quejoso, con quien tuvo una entrevista para hacerle saber los derechos que le asistían como detenido y presunto responsable. En ese sentido, de la información descrita, no se observa que el quejoso haya estado incomunicado previo a la presentación de la demanda de amparo, pues al margen de que se le hizo saber su derecho a realizar una llamada telefónica una vez que estuvo a disposición del fiscal, el ocho de febrero de dos mil veintiuno, esto es, antes de que se instara el presente juicio, se entrevistó con su defensora pública; de ahí que no se encuentre probada la existencia de ese acto reclamado. En tales condiciones, al no haberse demostrado que existió la incomunicación, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de tal acto. Apartado B. Existencia de la detención y retención del quejoso. Las autoridades responsables 2. Fiscal General del Estado de Puebla -por conducto de su representante-, 3. Rashif Flores Sánchez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia Central 1 de la Fiscalía General del Estado de Puebla -en su denominación correcta- y 6. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -por conducto de su representante- negaron la existencia de la detención y retención del quejoso; sin embargo, en su propio informe realizaron manifestaciones que evidencian la certeza de tales actos, por lo que se desvirtúan las negativas asentadas. Por su parte, la diversa autoridad 1. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula, Puebla -por conducto de su representante- negó la existencia de la detención y retención del ahora quejoso. Sin embargo, de la copia certificada de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/001977/2021/UF -valorada en líneas precedentes- se desprende lo siguiente: ( Que el siete de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso Iván Xochitécatl Cuautle fue detenido en flagrancia por su probable participación en hechos con apariencia del delito de robo agravado a transporte público, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, y 380, fracciones I, X y XVII, del Código Penal del Estado de Puebla. ( Que a las tres horas del ocho de febrero de dos mil veintiuno, el fiscal responsable ratificó la detención y ordenó la retención del referido quejoso. En ese tenor, se tienen avaladas las aceptaciones de la existencia del acto y por desvirtuadas las negativas asentadas. De ahí que, para efectos del presente juicio, se tengan por ciertos los actos apuntados en este apartado. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La carpeta de investigación de la que derivan los actos reclamados que se tuvieron por ciertos, se tramitan conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que les son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados se debe atender al texto reformado el 18 de junio de 2008, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. Quinto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio por cuanto a la detención y retención del quejoso, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/001977/2021/UF. * Cesación de efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional. En ese sentido, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) por revocación y b) por sustitución, las cuales no son excluyentes entre sí, es decir, ambas se pueden materializar en un mismo caso fáctico. El primer supuesto, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. En ese tenor, de las constancias relativas a la carpeta de investigación de origen -valoradas anteriormente- y de las inherentes a la causa penal 376/2021/PUEBLA, las cuales también tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, por tratarse de documentales públicas, se advierten los siguientes datos: 1. El siete de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso Iván Xochitécatl Cuautle fue detenido en flagrancia por su probable participación en hechos con apariencia del delito de robo agravado a transporte público, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, y 380, fracciones I, X y XVII, del Código Penal del Estado de Puebla. 2. A las tres horas del ocho de febrero de dos mil veintiuno, el fiscal responsable ratificó la detención y ordenó la retención del referido quejoso. 3. Mediante oficio 954/2021 de nueve de febrero de dos mil veintiuno, la representación social solicitó al Juez de Control en Turno de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, fijar hora y fecha para la celebración de la audiencia de control de detención y formulación de la imputación de los hechos investigados en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/001977/2021/UF. 4. En audiencia de once de febrero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal 376/2021/PUEBLA, 5. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución Penal de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, calificó de ilegal la detención del quejoso y ordenó su inmediata libertad De lo narrado, primero es dable concluir que los efectos de la detención y retención reclamadas han cesado, ya que fueron sustituidas por la determinación de la jueza en calificar de ilegal la detención del quejoso Iván Xochitécatl Cuautle en la audiencia de control. Al respecto, el artículo 131, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al agente del ministerio público para ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece el propio código. Por su parte, el diverso numeral 308 del referido ordenamiento legal, establece que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. En dicha audiencia, el fiscal deberá justificar las razones de la detención y el Juez procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en el código. De modo que la detención y retención efectuadas en la carpeta de investigación ya no tienen eficacia jurídica, tomando en consideración que el nuevo procedimiento penal contempla una resolución en la que el juez de control deberá convalidar o no tales actos, sustituyéndolos procesalmente sin importar el sentido de tal determinación. Ciertamente, la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte inconforme en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. De ahí que si tales actos, así como sus efectos jurídicos, han sido sustituidos o destruidos, se patentiza la imposibilidad de cristalizar una posible concesión de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo indirecto, por cuanto a la detención y retención del quejoso, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/001977/2021/UF. Atento a lo anterior, el suscrito juzgador Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de los citados actos en la presente contienda constitucional, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide el pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Séptimo. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente al quejoso la presente sentencia, por conducto de Manuel Alejandro Álvarez Herrera -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-, quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Iván Xochitécatl Cuautle, contra los actos, autoridades y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero, Apartado A, y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo. Notifíquese electrónicamente al quejoso Iván Xochitécatl Cuautle, por conducto de Manuel Alejandro Álvarez Herrera -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido -doblemente- por la autoridad responsable 5. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución Penal de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, con el que se da vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tienen como pruebas de su parte las que anexa al informe que se provee; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Respecto a los dos discos versátiles digitales que adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdense en un sobre cerrado los mencionados discos, mismos que se glosan al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; los cuales, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentran debidamente certificados con el sello y la firma correspondientes. Notifíquese electrónicamente al quejoso Iván Xochitécatl Cuautle, por conducto de Manuel Alejandro Álvarez Herrera -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por lista a las demás partes.
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- Maira Garcia Sanchez823/2023
- MALAQUIAS CRUZ GONZALEZ o FLORES97/2018
- Manolo Guerrero Cordova670/2019
- Manolo Maravilla Ubera391/2022
- Manuel Alberto del Toro Herrera696/2021
- Manuel Alejandro Alvarez Herrera949/2020
- MANUEL ALEJANDRO ÁLVAREZ HERRERA y Otros.247/2021
- Manuel Alejandro Álvarez Herrera92/2021
- Manuel Alejandro Barron Medrano7/2018
- Manuel Alejandro Juarez Albicker406/2021
- Manuel Alonso Flores Rodriguez224/2023