Manolo Maravilla Ubera

Expediente 391/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
391/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Manolo Maravilla Ubera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha de este proveído, feneció el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de once de mayo del dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de referencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, en virtud que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se estima innecesario retener el billete de depósito N-932416, expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió el quejoso Manolo Maravilla Ubera en su oportunidad, para que surtiera efectos la suspensión provisional que le fue concedida en auto de doce de abril de dos mil veintidós, dictado en el incidente de suspensión derivado de este sumario constitucional; por ende, se ordena devolver al mencionado peticionario, el certificado bancario de referencia, previa toma de razón de recibo que se deje asentada en autos. En el entendido, que por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de doce treinta a trece treinta horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y copia simple de la misma para los efectos legales correspondientes. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. En la inteligencia, que para la entrega del billete de depósito que se dejó a disposición del quejoso, éste deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en los artículos 3 y 6, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y generar la cita respectiva, dentro del horario comprendido entre las doce horas con treinta minutos y trece horas con treinta minutos, los días martes y jueves; en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permite a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Por lo que una vez que la referida parte procesal genere la cita respectiva, se realizará la entrega del billete de depósito antes señalado, en la residencia de este juzgado. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    11/05/2022 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con veinte minutos del once de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 391/2022 promovido por Manolo Maravilla Ubera, por propio derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes, ni de su representante legítimo. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan el escrito de demanda presentado por Manolo Maravilla Ubera (fojas 2 a 6); acuerdo admisorio (fojas 7 a 21); informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 55 y 56); y, proveídos en que se recibieron (fojas 34, 43 y 57). Asimismo, la Secretaria certifica: - Que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio: La secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable 8. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Villa Frontera de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el oficio 0932/2022/UISPXOCHI por el que rindió su respectivo informe justificado, recibido en este Juzgado, el veintiuno de abril de dos mil veintidós (fojas 38 y 39), consistentes en: a. Instrumental de actuaciones de todo aquello que favorezca a dicha potestad. b. Presuncional legal y humana en su doble aspecto, en todo lo que beneficie a dicha autoridad responsable. Asimismo, la Secretaria hace constar que el resto de las partes no ofrecieron pruebas de su parte. A lo que el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por la Secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; mientras que por el resto de las partes, se tiene perdido su derecho a ofrecer pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, realizó diversas manifestaciones en vía de alegatos mediante pedimento presentado el cuatro de mayo del año en curso (fojas 70 a 73); y, que las demás partes no los formularon. El juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por precluido el derecho del resto de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez procede a dictar: S E N T E N C I A V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 391/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Manolo Maravilla Ubera, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós (fojas 7 a 21) mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Manolo Maravilla Ubera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Centro, de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante acuerdo dictado el doce de abril de dos mil veintidós (fojas 7 a 21), este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Manolo Maravilla Ubera, en relación a los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso; así como su ejecución.; se tramitó por cuerda separada el incidente de suspensión; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se requirió los informes justificados a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (Foja 52). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de doce de abril del año en curso (fojas 7 a 21), se señalaron las nueve horas con veinte minutos de este día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Manolo Maravilla Ubera, reclama: 1. La orden de aprehensión emitida en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Centro, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niegan (foja 37) 2 Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Chapulco. Niega (foja 32) 3 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Margarita, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niegan (foja 36) 4 Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Popular, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (foja 30) 5 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Norte, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niegan (foja 55) 6 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Oriente, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (foja 42) 7 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Sur, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niegan (foja 33) 8 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Villa Frontera, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (foja 38 y 39) 9 Encargado del Despacho de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niegan (foja 31) 10 Encargado del Despacho de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género contra las Mujeres. Niega (foja 56) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. Aunado a lo anterior, cabe precisar que las autoridades señaladas como responsables, se tratan de Agentes del Ministerio Público, quienes acorde a lo previsto en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no cuentan con la facultad de dictar órdenes de aprehensión, pues tal potestad es exclusiva de la autoridad judicial; de ahí, que el citado precepto legal, así como los diversos 141 y 142, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén la obligación que los Agentes del Ministerio Público justifiquen ante el Juez de la causa, la solicitud de la emisión de una orden de aprehensión, ante la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Incluso en el citado numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que será el Juez de Control a solicitud del Ministerio Público quien librará una orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela; también podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. De ahí, que las autoridades señaladas como responsables en la presente contienda constitucional, no cuentan con la prerrogativa constitucional para emitir el mandato de captura que por esta vía se les reclama. Sustenta lo anterior en lo que aquí concierne, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se cita a continuación: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para el suscrito Juez, que la autoridad responsable 8. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Villa Frontera, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, negó los actos reclamados por Manolo Maravillas Ubera cuando el nombre correcto del aquí quejoso es Manolo Maravilla Ubera; empero, es evidente que únicamente se trata de un error mecanográfico, de ahí, que dicho yerro no invalida el contenido del citado informe de ley, por lo que subsiste el sentido del presente fallo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó el quejoso en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Manolo Maravilla Ubera, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el pedimento 127/2022 suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se dicte sentencia en el sentido que se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; y, 3. Se le expida copia de la sentencia correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°; téngasele por hechas las manifestaciones vertidas, vía alegatos; y, en su momento, expídase a su costa copia autorizada de la constancia que indica. Notifíquese electrónicamente la parte quejosa y por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vistos, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos los informes previos que rinden las autoridades responsables 5. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Norte, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 10. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos dichos informes, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia incidental. Notifíquese electrónicamente al quejoso a través del usuario proporcionado; y, por lista a las demás partes.

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