Manuel Alberto Amador Rojas
Expediente 1416/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1416/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Alberto Amador Rojas
Actuaciones
- Principal
IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintinueve de octubre del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, del que se advierte que en fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, acordó respecto de la devolución del documento que exhibió, en el expediente 644/2015 del índice de la responsable. Ahora bien, se trae a colación que el once de octubre del año en curso, el quejoso Manuel Alberto Amador Rojas, presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, la cual se turnó el catorce de octubre del presente año, a este Juzgado. En dicha demanda, el promovente reclamó del Juez responsable, la falta de contestación respecto de su escrito de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, mismo que a su parecer constituye una paralización del juicio de origen 644/2015. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Como se ha dicho, de las constancias que la Juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que dicha autoridad ya proveyó respecto a la citada omisión, desde el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, mismo que incluso fue notificado el veinte del propio mes y año, a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado, tal y como se advierte a foja (21) del juicio de amparo. Por tanto, se concluye que el acuerdo aludido, fue dictado en una fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito, esto fue, desde el once de octubre del año en curso; en consecuencia, el acto reclamado consistente en la omisión de proveer respecto de su escrito, se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías.La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional al agraviado es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir al imperante de garantías en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que el quejoso promovió la demanda de garantías, no existía la negativa reclamada a la responsable, ya que con anterioridad a ésta, se había dictado el proveído en donde se acordó el escrito presentado por el quejoso el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio de origen; de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió la resolución que dictó en el juicio de origen con el que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y siete minutos del treinta de octubre del año en curso. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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IV. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, del que se advierte que en fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, acordó respecto de la devolución del documento que exhibió, en el expediente 644/2015 del índice de la responsable. Ahora bien, se trae a colación que el once de octubre del año en curso, el quejoso Manuel Alberto Amador Rojas, presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, la cual se turnó el catorce de octubre del presente año, a este Juzgado. En dicha demanda, el promovente reclamó del Juez responsable, la falta de contestación respecto de su escrito de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, mismo que a su parecer constituye una paralización del juicio de origen 644/2015. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Como se ha dicho, de las constancias que la Juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que dicha autoridad ya proveyó respecto a la citada omisión, desde el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, mismo que incluso fue notificado el veinte del propio mes y año, a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado, tal y como se advierte a foja (21) del juicio de amparo. Por tanto, se concluye que el acuerdo aludido, fue dictado en una fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito, esto fue, desde el once de octubre del año en curso; en consecuencia, el acto reclamado consistente en la omisión de proveer respecto de su escrito, se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional al agraviado es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir al imperante de garantías en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que el quejoso promovió la demanda de garantías, no existía la negativa reclamada a la responsable, ya que con anterioridad a ésta, se había dictado el proveído en donde se acordó el escrito presentado por el quejoso el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio de origen; de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió la resolución que dictó en el juicio de origen con el que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y siete minutos del treinta de octubre del año en curso. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
IV. Vista la demanda de amparo promovida por MANUEL ALBERTO AMADOR ROJAS, contra el acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad. Ahora bien, el análisis integral de la demanda, permite al suscrito advertir que Manuel Alberto Amador Rojas, señala como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 112, de la Ley de la Materia, se deba desechar de plano la demanda de amparo, solamente por cuanto a los actos que se reclama de dicha autoridad responsable. Se afirma lo anterior, toda vez que éste no tiene la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sus actos carecen de imperio y facultad de decisión. Al respecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Por su parte, el artículo 1° de la invocada ley de la materia establece: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Asimismo, el artículo 5 de la invocada Ley de la materia, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". La interpretación literal y sistemática de los preceptos invocados, permiten establecer que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso, de particulares en los casos señalados en la propia Ley. Igualmente, se precisa que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En este sentido destaca lo previsto en la norma, referente a que, para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, pero cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En relación con esto, es decir, al analizar el concepto de autoridad responsable o particular responsable en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en la ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil catorce, de la contradicción de tesis 4/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Tercero del Segundo Circuito, Tercero del Tercer Circuito, Segundo, Sexto y Décimo Séptimo del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: "... para los efectos de esta ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general'; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra a subordinación." Posteriormente, la misma Segunda Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2014, en lo que interesa expresó: "Que en tratándose de juicios promovidos bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo, existe un nuevo paradigma respecto del concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional... Que en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Que a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general... Que este tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: de subordinación, de supraordinación y la de coordinación. Las relaciones de subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Que con base en las notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, atendiendo al marco conceptual que dio origen al texto de la vigente Ley de Amparo, es que, como se indicó en el asunto citado, en cada caso concreto debe analizarse si los actos de que se trata, pueden reputarse como provenientes de autoridad." De lo transcrito se advierte que para el Alto Tribunal del País, la identificación del concepto "autoridad" y, por ende, del concepto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", en la actual Ley de Amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación, que consisten en: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. En tal virtud, será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, tratándose de particulares, los sujetos en contra de quienes es procedente el juicio de amparo son aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Bajo estas premisas, en el caso no se actualizan los supuestos normativos precisados, toda vez que el acto reclamado al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, consiste en la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio 644/2015, promovido por Manuel Alberto Amador Rojas, en su carácter de apoderado legal de José Severiano Poot Poot; y, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es autoridad para efectos del amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, por las razones jurídicas que la sustentan, la tesis P. XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Materia(s): Común, Página: 118 y registro: 199459, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Luego, si en la especie, el acto atribuido al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado responsable, consisten en la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio 644/2015; en inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que el Secretario de acuerdos sólo cumple con las funciones inherentes a su cargo, esto es, la de dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma, fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno, por lo que carece de imperio y facultad de decisión y, por ende, no puede ser autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en tanto que sus funciones se encuentran limitadas para autorizar diligencias y resoluciones, que estime el titular ante el tribunal, quien le corresponde la responsabilidad y pronunciamiento de las determinaciones que emita en dichos asuntos, en forma unilateral y obligatoria. De ahí que, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no existe razón legal que implique la posibilidad de considerar como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, esto, en términos de las jurisprudencias con los rubros siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). "SECRETARIO DE ACUERDOS, NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". En ese tenor, lo procedente es desechar la demanda de amparo, por cuanto a dicho funcionario se refiere. Dicho lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA únicamente por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, la que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. Con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que las acrediten. Apercibida dicha autoridad, de que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio que señala en su escrito de cuenta. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa a su demanda de amparo, consistentes en la copia simple del escrito de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dirigido al Juez Tercera de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado y copia simple de un recibo número 6842, de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, para ser valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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