Manuel Adonay Vargas Cuevas
Expediente 211/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Adonay Vargas Cuevas
- Radamés Vargas Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VII. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales adscrito a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales "5" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria; ello, para que obre como legalmente corresponda, sin necesidad de acordar lo relativo a su contenido, toda vez que por auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, causó estado la resolución en la que se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia. No obstante lo anterior, con apoyo en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe con justificación.
- Principal
MESA VII. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías el treinta y uno de agosto del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VII.Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que la parte quejosa, en su escrito de demanda, reclamó de la responsable Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México, los actos reclamados consistentes en la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, concretamente por lo que se refiere al Anexo 24, así como la expedición del documento técnico que contiene la referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales XML, a que remite dicho Anexo 24. Ahora bien, este órgano de control constitucional estima que, en el caso, se actualiza una causa de improcedencia de estudio oficioso. Antes de establecer las razones por las cuales se llega a esa conclusión, debe precisarse lo siguiente. El artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general." Del artículo transcrito, se advierte que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las Leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obligue a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 primer párrafo, de la Ley citada. Además, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario a la solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. En principio, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso (autoaplicativas), basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, y que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar, para los gobernados a quienes están destinadas. Asimismo, cabe indicar que conforme a los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa también puede ser combatida con motivo de su primer acto concreto de aplicación, dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Sin embargo, la existencia de los dos plazos mencionados para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de treinta días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de quince días en los términos destacados, pues aun cuando tenga el carácter de autoaplicativa, el quejoso la combatiría a través de su primer acto de aplicación. En el segundo caso (heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley citada. Así, para la impugnación de normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que éstas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor, tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, de la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Lo anterior se destaca pues la naturaleza jurídica de las disposiciones que se impugnan en este juicio de amparo son de observancia general. Para justificar lo anterior, es importante destacar que, en efecto, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales que por su sola entrada en vigor causen perjuicio a la parte quejosa. La primera fracción del artículo señalado en el párrafo anterior revela que son normas generales para los efectos de la Ley de Amparo, entre otras, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Ahora bien, de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, las autoridades hacendarias, para el mejor cumplimiento de sus facultades, proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes, para lo cual publicarán anualmente las resoluciones que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento a través de la Resolución Miscelánea Fiscal. Estas reglas tienen por objeto agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto los de comercio exterior, así como subsanar posibles irregularidades contenidas en las leyes fiscales; únicamente serán obligatorias si acatan el principio de reserva de ley, es decir, que su contenido no establezca cargas adicionales para los contribuyentes respecto de las que establecen las leyes fiscales, las que deben subordinarse a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para preservar los derechos de cada individuo. En suma, se puede definir a la Resolución Miscelánea Fiscal como un conjunto de disposiciones fiscales de carácter general, que emite anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tienen como finalidad precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República para lograr su eficaz aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 180485, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE PUEDEN LLEGAR A ESTABLECER OBLIGACIONES A LOS CONTRIBUYENTES, YA QUE NO CONSTITUYEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN SINO DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL. De los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación se advierte que la atribución conferida a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las normas tributarias, se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposición de observancia general que incida en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que, por su propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de dichas normas y en caso de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgarán derechos a los contribuyentes. En cambio, las disposiciones de observancia general cuya emisión y publicación se rigen, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, tienen como finalidad precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República con el fin de lograr su eficaz aplicación y están sujetas a principios que tutelan la seguridad jurídica de los gobernados, entre otros, los de reserva y primacía de la ley, por lo que deben ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisión. En tal virtud, al tratarse de actos de diversa naturaleza no existe razón alguna para considerar que las reglas agrupadas en la Resolución Miscelánea Fiscal se rigen por los mencionados artículos 33, párrafo penúltimo y 35, ya que éstos se refieren exclusivamente a criterios interpretativos que sostengan las autoridades fiscales, los que en ningún momento serán obligatorios para los gobernados, a diferencia de las disposiciones de observancia general que emita el Presidente del Servicio de Administración Tributaria, las cuales son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo de que alguna de ellas, con motivo de una sentencia dictada en algún medio de defensa que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos, total o parcialmente, al no ceñirse a los referidos principios y, en su caso, a las condiciones que establezca el legislador para su dictado." Asimismo es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 914, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2013239, de rubro y texto siguiente: "MISCELÁNEA FISCAL. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN QUE SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUELLA RESOLUCIÓN (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 27/2002) (*).De acuerdo con dicha jurisprudencia, el Alto Tribunal carece de competencia para conocer del recurso de revisión en el que se cuestiona la constitucionalidad de una resolución miscelánea conforme al artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el 3 de octubre de 2011. Sin embargo, en virtud de la reforma a dicho precepto constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de ese año, las reglas de la resolución miscelánea fiscal, al ser normas generales, actualizan la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de su impugnación, en la medida en que, por una parte, pueden resultar directamente violatorias de los derechos previstos en la Ley Fundamental y, por otra, el Código Fiscal de la Federación hace una remisión a dichas reglas para establecer, en su caso, distintas obligaciones de los contribuyentes. Así, ante el cambio constitucional señalado, resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2002, pues tornaron las condiciones de su aplicación." Ahora bien, la parte quejosa acude al juicio de amparo impugnando la modificación al Anexo 24 de la Resolución a la Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en cuatro de octubre de dos mil dieciséis, la cual entró en vigor a partir del uno de noviembre del mismo año, así como la expedición del documento técnico que contiene la referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales XML, a que remite dicho Anexo 24. Y la impugna como una norma autoaplicativa, esto es, por su sola entrada en vigor. Como se adelantó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77 y 78, todos de la Ley de Amparo, toda vez que no podrían concretarse los efectos del amparo. Esas disposiciones establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." "Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado." La causal transcrita alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal en atención a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Esto es, conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea una norma general, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo que solicita, será el determinar si es constitucional, o si se debe considerarse inconstitucional; en caso de declararse inconstitucional de la norma general impugnada, los efectos se traducirían en la inaplicación de la misma, pudiéndose especificar medidas adicionales a la inaplicación que deberán adoptarse para restablecer a la quejosa en el pleno goce del derecho violado. Como se indicó, la quejosa reclamó las disposiciones referidas, en su carácter de autaplicativas, es decir, antes de que fueran susceptibles de ser aplicadas a la parte quejosa a través de un acto concreto. La modificación al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, contenida en la cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, y sus anexos entre ellos el 24, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, así como el respectivo "Documento Técnico", hacen referencia a la descripción de la información que deben contener los archivos de contabilidad electrónica y los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML, vigente a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis. Disposiciones que dejaron de surtir efectos, toda vez que el seis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, por lo que el periodo de vigencia de la norma general reclamada, ha fenecido. Sobre las bases anotadas, aún en el caso de que resultaran fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, ningún beneficio se obtendría con la concesión de un amparo, pues no habría posibilidad material de que se repararan los perjuicios que éste pudo haber sufrido con la vigencia del anexo y su documento técnico reclamados, esto es, en su caso, enviar su contabilidad, vía electrónica, con la información requerida en el anexo reclamado, sujeto a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML, contenidos en el respectivo "Documento Técnico" de dicho anexo, ello es así, pues al no existir un acto concreto de aplicación de dicha miscelánea fiscal y esta a su vez, haber sido sustituida por la vigente a partir del seis de enero de dos mil diecisiete, por lo que es evidente que para el caso de que la quejosa envíe su contabilidad electrónica, deberá hacerlo bajo las disposiciones vigentes al año dos mil diecisiete y no en base a las que impugnó, que corresponden al año próximo pasado. De ahí que si la miscelánea fiscal de dos mil dieciséis, no impactó en la esfera jurídica de la quejosa a través de un acto de aplicación, y aquélla fue sustituida por la relativa al dos mil diecisiete, es evidente que aun concediendo el amparo a la impetrante para que no le fueran aplicadas las disposiciones de dos mil dieciséis, ningún beneficio le acarrearía, pues necesariamente tendría que enviar su contabilidad electrónica basándose en la normatividad vigente, esto es, la del dos mil diecisiete. Esto es, la concesión del amparo no se podría traducir en la desincorporación de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos relativos a la información que deben contener los archivos de contabilidad electrónica, ni a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML -archivos de contabilidad electrónica-, al ser materialmente imposible reintegrar el tiempo que duró tal obligación. Consecuentemente, resulta improcedente el juicio de amparo porque no se podría restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, al haber fenecido el periodo de vigencia del mismo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 197245, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En tales condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, por lo que hace al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, así como su documento técnico, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracciones XXIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, y en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del ocho de septiembre de dos mil diecisiete.
- Principal
MESA VII. Agréguese el telegrama remitido por el Subadministador de Amparo e Instancias Judiciales adscrito a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales "5"", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, señalada como responsable en este asunto, con el que informa que carece de antecedente alguno para rendir su informe de ley; por tanto, a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, remítase a la responsable, vía mensajería acelerada, el oficio 17597/2017, de dieciséis de junio del año en curso, con copia de la demanda de amparo, a fin de que rinda su informe de ley.
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