Malvi Castillejos Lopez

Expediente 589/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
589/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Malvi Castillejos Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio que remite la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al que anexa testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 7/2021, de su índice, en la que determinó que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo número 589/2021, promovido por Malvi Castillejos López, del índice de este Juzgado; en consecuencia, acúsese recibo, y háganse las anotaciones correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, del capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente cuaderno como concluido. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, capítulo quinto, del Acuerdo General citado. Por lo que, transcurridos más de seis meses, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se hace constar que en el presente cuaderno de antecedentes de amparo indirecto no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, el cual fue registrado como 7/2021 de su índice; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio firmado electrónicamente por el Juez y Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, al que se anexa el expediente de amparo 342/2021, del índice de ese Órgano Jurisdiccional, y seis copias de la demanda, se provee: Téngase al titular de dicho Juzgado informando que no aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito, para el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Malvi Castillejos López, contra actos de los magistrados integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad, por los motivos y fundamentos que ahí expone. Ahora bien, una vez analizadas las razones que sustenta el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, para no aceptar la competencia propuesta, debe decirse respetuosamente que no se comparte dicho criterio y se insiste en carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Lo anterior, en la medida a que la determinación de incompetencia planteada en el juicio de amparo 589/2021, mediante auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, es la que técnicamente resulta ser la vía más idónea. Así, como se precisó en el auto de incompetencia, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: La resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca familiar 134/2020, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó la resolución interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 547/1999 o 1547/1999, por el juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, que decretó la cancelación de la pensión alimenticia decretada a favor de la quejosa. En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se advierten tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, los cuales son: 1. Será competente para conocer el juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito y se ha empezado a ejecutar en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en cualquiera de esos lugares ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De conformidad con lo ahí dispuesto, cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia por razón de territorio se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) Deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando, o d) se haya ejecutado el acto reclamado. Con ello, el legislador pretendió determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, criterios relacionados, entre otros, con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten. Como se dijo, el acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca familiar 134/2020, por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó la diversa que decretó la cancelación de la pensión alimenticia en el expediente 547/1999 o 1547/1999, del juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, tendrá ejecución en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, porque en ese lugar tiene residencia el Juzgado de lo Familiar, donde se tramita el juicio de origen. Aunado a lo anterior, en la demanda de amparo el quejoso señaló que tanto él, como el tercero interesado, tienen su domicilio en el Espinal, Oaxaca, que pertenece a ese distrito judicial. Por tanto, se estima respetuosamente que el acto reclamado tendrá ejecución en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, lugar sobre el que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es por ello que en proveído de veintiocho de mayo del año en curso, se declinó competencia al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, siendo que le tocó conocer de esta instancia constitucional al Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Salina Cruz, mismo que en proveído de diez de junio siguiente, no aceptó la competencia planteada, por las razones que ahí expuso. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca insiste, de manera respetuosa, en carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo origen de este juicio. Ante ello, con fundamento en el numeral 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, para que tenga a bien resolver el presente conflicto competencial. Hágase lo anterior del conocimiento del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que exponga ante el Tribunal Colegiado lo que estime pertinente. Sin que haya lugar a formar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que el mismo ya se formó con motivo de la remisión en su momento del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Malvi Castillejos López, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 589/2021. Incompetencia. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte, el acto reclamado consiste en lo siguiente: La resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca familiar 134/2020, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó la resolución interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 547/1999 o 1547/1999, por el juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, que decretó la cancelación de la pensión alimenticia decretada a favor de la quejosa. Así, en el caso, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se advierten tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, los cuales son: 1. Será competente para conocer el juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito y se ha empezado a ejecutar en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en cualquiera de esos lugar ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, se estima que cuando el acto reclamado tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos; así, si en el caso concreto se reclama la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca familiar 134/2020, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó la resolución interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 547/1999 o 1547/1999, por el juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, que ordenó la cancelación de la pensión alimenticia otorgada a la quejosa, por consiguiente, es competente entonces el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del asunto de origen, pues es quien sigue el procedimiento y habrá de ejecutar lo resuelto por el Tribunal responsable. Lo anterior es así, porque si bien es cierto, la autoridad responsable que dictó la resolución reclamada tiene su residencia en la jurisdicción de este juzgado de Distrito ante quien se presentó la demanda de amparo, no menos cierto es que, al contener aquella resolución un mandamiento que requiere ejecución, como es, el cancelar la pensión alimenticia que le había sido otorgada a la quejosa, se surte la regla prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde debe ejecutarse el acto reclamado, y en el caso, será el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca. Se invoca en apoyo, por su información, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), con número de registro 2001236, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 145, Materia Común, Civil, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." En tal virtud, el Juez de Distrito en turno en el Estado, con residencia en Salina Cruz, es el competente para conocer y resolver de la demanda de que se trata; esto, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. En consecuencia, con fundamento en el invocado numeral 37, así como en el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Remítase la demanda de cuenta y seis copias de la misma al Juez de Distrito en turno en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes, sin proveer respecto de la suspensión de los actos reclamados, al no estarse en alguno de los supuestos que establece el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Morelos, número quinientos dos, interior cinco, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y como autorizado en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a Virgilio Flores Moreno, y sin esas facultades a Roxana Flores Moreno, Juan Jesús Nava Flores, Miguel Ángel Castrejón Pérez, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, pues no proporcionan su número de cédula profesional o de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se tiene a la parte quejosa proporcionando el número telefónico 971 115 5800, y el correo electrónico abogadovirgilio@hotmail.com, para establecer el contacto respectivo en casos necesarios. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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