Malaquias Aurelio Jimenez

Expediente 788/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
788/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • Malaquias Aurelio Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Del estado de los autos advierte que esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión, en el que únicamente se concedió la suspensión provisional; por tanto, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación [Cuaderno incidental. Es depurable cuando se concede la suspensión definitiva o la definitiva y provisional y destruible cuando se concede sólo la suspensión provisional], de ahí que: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia en que se sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo del archivo; Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Sin que se ordene devolución de documentos, puesto que no fueron exhibidos por las partes en el presente expediente. No es obstáculo a lo anterior, que no se encuentren los acuses de recibo de los oficios 23414, 23415 y 23416, enviados a las autoridades responsables de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca y de San Juan Cacahuatepec, Jamiltepec, Oaxaca, al no causarles afectación la sentencia emitida en este juicio de amparo, pues en ella se determinó en sobreseer el juicio. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: Registro digital: 164688 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.9o.P. J/11 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010, página 2542 Tipo: Jurisprudencia "REVISIÓN, RECURSO DE. CASO EN QUE TIENE LEGITIMACIÓN LA AUTORIDAD EJECUTORA PARA INTERPONERLO. En términos del numeral 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado; ahora bien, tomando en consideración que la sentencia dictada en el juicio de amparo biinstancial le afecta directamente a la ejecutora, dado que, no obstante que negó la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado ante el Juez de amparo, al señalar que dentro de sus atribuciones no se encontraba la de ejecutarlo, dicho acto se le tuvo por cierto, en razón de que la ordenadora admitió su existencia; en consecuencia, la autoridad responsable ejecutora, en este caso, aun cuando la ordenadora no interponga el recurso, sí se encuentra legitimada para ejercer dicho medio de impugnación (el que por cierto no incide en el fondo de la Litis constitucional)." NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 788/2021 II-B; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, Malaquías Aurelio Jiménez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en la citada población, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en San Juan Cacahuatepec, Jamiltepec, Oaxaca, consistentes en: "IV. ACTO RECLAMADO: DE LA ORDENADORA: - La probable orden de aprehensión girada en mi contra. DE LAS EJECUTORAS: - La ejecución que pretenden dar a la inconstitucional orden de aprehensión girada en mi contra." Actos que estimaron violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. En proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, este juzgado admitió la demanda de mérito, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio; aunado a que las autoridades responsables tienen su domicilio dentro del territorio en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo se precisa las autoridades responsables y el acto reclamado, en los términos siguientes: Al Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en la citada población, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en San Juan Cacahuatepec, Jamiltepec, Oaxaca, la orden de aprehensión girada en contra del quejoso y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en la citada población, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en San Juan Cacahuatepec, Jamiltepec, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, ni de autos se advierta su existencia. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por el quejoso, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". CUARTO. Autorizacio´n mediante Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federacio´n (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 788/2021 II-B, promovido por Malaquías Aurelio Jiménez, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de este fallo, en términos del diverso penúltimo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.

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