Maico Iván López Díaz
Expediente 482/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/07/2019
Partes del expediente
- Maico Iván López Díaz
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual acusa de recibo el oficio 17643/2019 y anexos, por medio del cual este Juzgado de Distrito se declaró incompetente para conocer de la demanda instaurada, informando que aceptó la competencia planteada, radicándola bajo el número de expediente 748/2019-II, de su índice. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración o destrucción. Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, en los términos del numeral vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo, al no existir diligencia pendiente en este juicio.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Escrito. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes, la comparecencia de cuenta, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Autorizado. Se tiene a J*********, aceptando el cargo conferido por la parte quejosa, en atención a lo solicitado en proveído de dieciocho de junio de la anualidad, téngasele como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa en cuestión. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA *******, ASÍ COMO SUS AUTORIZADOS ******, NO ATENDIERON EL AVISO QUE LES FUE DEJADO RESPECTIVAMENTE EL 19 DE JUNIO DE 2019, SE LE HACE EFCTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LES NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por su propio derecho, contra actos del Juez Militar de Control de la Región II Militar, con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el número 482/2019. Incompetencia. Ahora bien, en observancia del artículo 112 de la Ley de Amparo, y derivado del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables: III.- Autoridades responsables: 1.-Juez Militar de Control de la Región II Militar, Tijuana, B.C. 2.- Agente del Ministerio Público Militar, Judicializador de Tijuana, B.C., adscrito al Centro de Justicia No. 3, de la Fiscalía General de Justicia Militar, titular de la integración de la carpeta de investigación CI/FGJM/TIJUANA/100/2018. Ambos con domicilio conocido en Avenida Ramos Millán número 1875, colonia Morelos, Tijuana, Baja California. C.P. 22730." "IV.- Acto Reclamado: 1.- La negativa del Juez Militar de Control de la II Región Militar, de entregar copia de audio y video, copias certificadas que integran la carpeta administrativa digital y transcripción de audiencia pública del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, derivado de la causa penal 97/2019, si no es previo pago de $18.00 (dieciocho pesos 00/100 M.N.) 2.- La negativa de entregar carpeta de investigación certificada número CI/FGJM/TIJUANA/100/2018, SI NO ES PREVIO PAGO DE $ 4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) en razón que por hoja certificada tiene un consto de $20.00 (veinte pesos 00/100 M.N.). 3.- La abstención del Juez Militar de Control de la II Región Militar, de llevar a cabo audiencia de prórroga de plazo de investigación en la causa penal 97/2019, así como cerrar el plazo de investigación dentro de los 40 días naturales, hecho contrario al numeral 91 del Código Militar de Procedimientos Penales, hechos contrario al principio de la Defensa Técnica y real, lo anterior en relación directa con numeral 1 del citado código procesal militar. Atento a lo anterior, se colige que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el Juicio de Amparo en estudio. Para avalar esta postura, conviene tener presente lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, relativo a la competencia establece que: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1). Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2). Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3). Cuando el acto reclamado no requiera ejecución /material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura de las hipótesis antes precisadas, se desprende que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos reclamados. Así, si éste la tiene, operará alguna de las dos primeras reglas, y si carece de ella, se estará en presencia de la última. Establecido lo anterior, se tiene que la ejecución es el criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera, que no la requiere. [.] En el caso concreto, los actos reclamados por el quejoso consisten en la abstención del Juez Militar de Control de la II Región Militar, con sede en Tijuana, Baja California, de llevar a cabo audiencia de prórroga de plazo de investigación dentro de la causa penal 97/2019, de su índice, así como cerrar el plazo de investigación dentro de los cuarenta días naturales, así como la entrega en forma gratuita de las copias certificadas que refiere al quejoso, que consisten en copia de audio y video que integran la carpeta administrativa digital y transcripción de audiencia pública de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, así como la entrega de las copias certificadas por parte del Ministerio Público de la carpeta de investigación número CI/FGJM/TIJUANA/100/2018, Asimismo, es importante destacar que no pasa desapercibido para este juzgador, que la abstención que refiere el quejoso, no es mas que lo resuelto por el Juez Militar de Control, en fecha tres de junio del presente año, en que acordó en lo que interesa lo siguiente: Primero. Téngase por recibidos los escritos sin número de fechas veinticuatro y treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, signados por el Licenciado Jorge Camacho Ibarra, en su carácter de defensor particular del cabo de caballería *****, en la forma y términos en que los formula. Segundo. En atención a la solicitud de señalar fecha de audiencia para el plazo de cierre de investigación, dígasele al defensor particular del cabo de Caballería ****, que deberá estarse a lo acordado en la resolución emitida en audiencia pública de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dentro de la cual se señaló el plazo de cuarenta días para el cierre de investigación, feneciendo éste el día jueves seis de junio del presente año." Pues bien, de lo anterior podemos obtener claramente, en primer lugar, que lo aquí reclamado, se va dando dentro del procedimiento penal instaurado en contra del aquí quejoso con número de registro 97/2019, del índice del Juez Militar de Control, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, por el delito de deserción en su modalidad de abandono de plaza, de lo que resulta que dichos actos tienen ejecución material, en tanto tiene como consecuencia que el Juez Militar, continúe con el proceso instaurado en su contra, y en su caso la entrega de las copias que refiere el quejoso; es decir, las repercusiones que conlleva, la continuación del procedimiento penal de que se trata, necesariamente las debe realizar y ejecutar ese Juez natural, esto es, el Juez Militar de Control de la Región II Militar, con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California. Así, de lo expuesto, resulta evidente que la ejecución de tales actos que por este vía se reclaman, deben tener verificativo en dicha ciudad de Tijuana, Baja California, donde reside el Juzgador ante quien se tramita el proceso penal de primera instancia -territorio que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de quien ahora resuelve-; máxime que es en aquél lugar en donde se seguirá ejecutando el acto de reclamo y donde se continuará ese procedimiento génesis en caso del otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por contraponerse a la nueva de ley de amparo, conforma a su artículo sexto transitorio, por las razones que informa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Registro 160608, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Común, visible en la página 2183, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." [Énfasis añadido]. En tales condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece de competencia legal para conocer del presente sumario constitucional, por razón de territorio, y por ende, la declina al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana, puesto que es dentro de la jurisdicción del citado Juzgado Federal, donde tienen lugar la ejecución de los actos derivados aquí reclamados; por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo a ese órgano de control constitucional para que, si lo considera pertinente, se avoque al conocimiento del asunto. Consecuentemente, con fundamento en los numerales ya precisados, remítase al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicio Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, los autos originales del presente juicio de garantías número 482/2019, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo; solicítese de la manera más atenta informe a este Juzgado Federal si se aceptó o no la competencia planteada. Sin que en el caso se provea respecto a la suspensión del acto reclamado, dado que, en el asunto que nos ocupa, los actos de autoridad impugnados no se tratan de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tampoco de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la ley de Amparo a *****y *****, toda vez que se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Requerimiento. Por lo anterior, requiérase a las personas autorizadas en términos amplios antes precisadas, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, mediante escrito acepten y protesten el cargo conferido; ello a fin de que éste órgano de control constitucional les tenga por reconocido dicho carácter, dado que no firman el ocurso de cuenta, como señal de aceptación de tal mandato. [.] Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el plazo señalado, se revocarán las autorizaciones precisadas con antelación de ****y **** y, solo se les tendrá como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de la Materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.
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