Madelen Lacorte Fleitas

Expediente 591/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
591/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Madelen Lacorte Fleitas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a siete de octubre de dos mil veintidós. Firmeza de auto. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de mayo de la anualidad, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por José Bernardo Cruz Trillanes, quién se ostentó como apoderado de la parte quejosa Madelen Lacorte Fleitas -hoy parte quejosa-; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a (I) Josefina Sierra Álvarez, para los siguientes efectos: i 1. Deberán llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la parte quejosa Josefina Sierra Álvarez; 2. Deberán dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación presentada por la promovente del amparo el veintidós de enero de dos mil veinte, la cual deberá ser emitida por escrito; 3. Deberá ser en breve término, esto es, en un plazo no mayor a quince días, de conformidad con la Ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Asegurados, que rige al citado Instituto; 4. Deberá ser congruente con el escrito que contiene la petición respectiva, al igual que con el trámite previsto en la normatividad aplicable, específicamente, para la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación formulada por la parte quejosa; 5. Deberán notificarle la contestación respectiva dentro del plazo legal y en el domicilio que proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la parte inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. A mayor abundamiento, conforme al punto cuatro, las autoridades responsables deberán vigilar que la respuesta que otorguen a la parte quejosa en cumplimiento al presente fallo protector, se fundamente en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, debiéndose ceñir a lo previsto en la Ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California y, en su caso, al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de dicho instituto, siempre y cuando éste no contemple supuestos distintos a los previstos en la ley, y no la contradiga o vaya más allá; es decir, las autoridades responsables no deberán introducir requisitos extralegales previstos en normas secundarias que no correspondan al trámite respectivo contemplado en la ley que rige la materia para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Lo anterior es así pues, conforme a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, cuando se reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, ésta no puede regularse por otras normas secundarias, y por otro lado, en el reglamento únicamente se desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla. [.] Recurso de revisión. Inconformes con dicha resolución, la parte quejosa y autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 565/2021. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de la Superioridad, en la que confirmó la sentencia emitida, misma que concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos precisados en párrafos precedentes. En ese tenor, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la parte quejosa. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación presentada por la promovente del amparo el veintidós de enero de dos mil veinte, la cual deberá ser emitida por escrito, y en breve término, esto es, en un plazo no mayor a quince días, de conformidad con la Ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Asegurados, que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California. Que dicha respuesta fuere congruente con el escrito que contenía la petición respectiva, al igual que con el trámite previsto en la normatividad aplicable, específicamente, para la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación formulada por la parte quejosa. Notificar personalmente al quejoso la contestación en el domicilio que se le proporcionó en dicha solicitud. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Previos requerimientos, por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la delegada de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Baja California, remitió oficio 248/2022 en el cual dio contestación a la solicitud de pensión a la parte quejosa de veintidós de enero de dos mil veinte, misma de la cual se advierte que fue debidamente notificada. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Mediante escritos agregados en autos en cuatro y ocho de abril de dos mil veintidós, el autorizado de la parte quejosa realizó diversas manifestaciones, donde señaló, entre otras cuestiones, que no debe tenerse por cumplida la sentencia de amparo, dado que la responsable carece de facultades para negarle el otorgamiento de pensión por jubilación solicitada, al fundar su determinación en un instrumento normativo interno de la propia autoridad, que no obliga en sí, al asegurado a dar cumplimiento a este, ni a condicionarlo en el otorgamiento al derecho de pensión por jubilación, por lo que no puede ser apoyo para que la autoridad responsable funde su negativa. Manifestaciones infundadas de la parte quejosa. Sin embargo, no le asiste la razón a la parte quejosa, puesto que las autoridades responsables no estaban obligadas a fundar y motivar su respuesta, pues ese deber se encuentra implícito en su propia actuación como autoridades por mandato de diverso precepto constitucional al que se consideró vulnerado -artículo 8° constitucional-; por lo que, en ese orden de ideas, no se les debía constreñir, a priori, a respetar un derecho fundamental que no se estimó violado. Por tanto, los efectos de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, únicamente constriñeron a las autoridades responsables a dar respuesta al escrito de petición y proceder a su notificación, sin tomar en cuenta los fundamentos de la contestación, lo cual así aconteció, tal como se advierte de las constancias remitidas por las autoridades responsables, sin que la sentencia de amparo tenga un mayor alcance al ya referido. Incluso, la respuesta emitida sin duda es congruente, en la medida que se aborda frontalmente la petición de pensión planteada por la quejosa, y se le explican las razones por las que no procedió su solicitud; al margen que sea correcta o incorrecta dicha contestación, puesto que lo cierto es que, en todo caso, la impetrante podrá combatirla, ante la autoridad competente y a través de los medios ordinarios que considere pertinentes. De ahí, que sean infundadas las manifestaciones de la parte solicitante de amparo. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de este propio Circuito: "Registro digital: 2024038 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: PC.XV. J/6 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." Similar criterio aquí sostenido fue determinado por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 236/2021, interpuesto contra el proveído que decretó el fallo no cumplido de la sentencia de amparo, en el juicio de amparo 70/2021 de nuestro índice, el cual se trae a la vista como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º. De igual manera, tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que invoca lo siguiente: "Registro digital: 187526 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.1o.P. J/25 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199 Tipo: Jurisprudencia HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la delegada de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Baja California, mediante oficio 248/2022 en el cual dio contestación a la solicitud de pensión a la parte quejosa de veintidós de enero de dos mil veinte, misma que se advierte que fue debidamente notificada. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Vías de cumplimiento al fallo protector. Se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo las actuaciones e informando las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de mayo de dos mil veintidós. Escrito. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado electrónicamente por *****, quién se ostenta como apoderado de la parte quejosa ****. No ha lugar. Ahora, en atención a su contenido, no ha lugar a tener por cumplida la prevención formulada mediante proveído de diez de mayo del año en curso, toda vez que como ya quedo establecido en el auto que antecede, el documento exhibido por el promovente no resulta idoneo para acreditar su personalidad, ya que exhibe una carta poder simple otorgada ante dos testigos, pero sin la respectiva ratificación ante notario o ante juez, al tratarse de una instancia judicial o bien sin que el poder constara en escritura pública, de conformidad con los artículos 2551, 2555 y 2556 del Código Civil Federal, es evidente que no demostró contar con facultades suficientes para instar el juicio de amparo en nombre y representación de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se transcribe, ya que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que a la letra dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 200084 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 43/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, página 48 Tipo: Jurisprudencia PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por consiguiente, no se ha dado cumplimiento a la prevención decretada, por lo cual continúa corriendo el plazo concedido para tal efecto, el cual se reanudará una vez que surta efectos la notificación del presente proveído. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil cuatrocientos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Tomo I, que dice así: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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