Magdaleno Sifuentes Barraza

Expediente 384/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
384/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Magdaleno Sifuentes Barraza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a quien le pudiera causar perjuicio (quejoso Magdaleno Sifuentes Barraza), haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se decretó el sobreseimiento en el presente asunto. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, no histórico y no obran documentos originales. Finalmente, se tiene recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el escrito firmado por el licenciado ********** -autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-, por los motivos que al efecto expone; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y a continuación acuérdese lo conducente a su contenido. En tal virtud, téngasele por señalado como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de mérito, sin que obste el hecho de que no aparezca plasmada la firma de la diversa profesionista **********, ya que sí cuenta con la del profesionista referido en el párrafo que antecede, mismo que está facultado para tal fin. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de junio de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver el juicio de amparo **********/2021, promovido por **********, contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado en esa misma fecha a este juzgado, ********** demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, reclamando lo siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS: La omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 89 de la Ley Federal del Trabajo. (.) 7.2.- Pese a que la autoridad responsable, radicó la demanda se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas ordenándose el perfeccionamiento de las ofertadas por las partes, hasta el día de la presentación de esta audiencia, ha sido omisa, en realizar los trámites necesarios para la substanciación del procedimiento laboral, y específicamente el desahogo de pruebas dentro de los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo por lo que esto constituye el acto reclamado de la presente demanda de amparo," SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se registró dicha demanda de amparo con el registro estadístico **********/2021; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido el trámite del presente juicio de amparo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 63 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que la conducta se atribuye a autoridades residentes en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que el quejoso reclama: De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de realizar los trámites para el desahogo de las pruebas ofrecidas, en el juicio laboral **********. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que era cierto parcialmente; sin embargo de las constancias que remitió se advierte la certeza del acto reclamado, de ahí que tal acto deba considerarse existente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Se corrobora lo anterior, con las copias certificadas del juicio laboral 3/20/0769; documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en el que se señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, se considera que sí se acreditan los supuestos de la causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto el quejoso Magdaleno Sifuentes Barraza reclama a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de proveer respecto a las pruebas ofrecidas en el expediente laboral **********. Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que la autoridad responsable se pronunció sobre la omisión reclamada, toda vez que de las constancias que adjuntó en complemento al informe justificado, se aprecia la audiencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, donde la junta laboral responsable desahogó algunas pruebas, así como realizó las gestiones necesarias para el desahogo de otros medios de convicción, como se aprecia de dicha audiencia digitalizada: / / / / Del contenido de lo anterior se aprecia que la junta laboral responsable desahogó algunas pruebas, así como realizó las gestiones necesarias para el desahogo de otros medios de convicción; por ello, la omisión reclamada quedó sin efectos al momento en que se subsanó por parte de la autoridad responsable, es decir, al momento en que en la audiencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, desahogó algunas pruebas, así como realizó las gestiones necesarias para el desahogo de otros medios de convicción, dentro del expediente laboral **********. Por lo que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual al ser su estudio de orden público, procede el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal aludido. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, a foja doscientos diez, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que pase inadvertido para la suscrita que aún no transcurre el plazo de ocho días concedido al quejoso, sin embargo, al actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta y notoria a nada práctico conduciría esperarse a que fenezca dicho plazo, pues en nada cambiaría dicho sobreseimiento, inclusive se faculta a la suscrita a sobreseer fuera de audiencia. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Juárez; téngasele enviando copia de la audiencia de desahogo de confesionales de ocho de junio del año en curso, relativa al expediente ********** de su índice, relacionado con el presente juicio de amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado remitido por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Juárez; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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