Magdalena Angulo González
Expediente 450/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Magdalena Angulo González
- Juez de Control del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del diverso remitido dentro del presente juicio, en el cual se le declinó competencia para resolver el mismo, acusa recibo de estilo y, por último, comunica que aceptó la competencia que se le declinó. En consecuencia, al no existir providencia pendiente por dictar, ni promoción que deba acordarse, se ordena el archivo del presente asunto. En otro aspecto, toda vez que el presente cuadernillo, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no constan documentos originales, así como que es susceptible de destrucción. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de septiembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 450/2019-II. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El catorce de junio de dos mil diecinueve, se recibió en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Fiscal General del Estado, Fiscal de Distrito en la Estado Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, Zona Norte, Agente del Ministerio Público Coordinadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, denominación correcta de la señalada como "Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua", Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Secretario de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Juárez y Coordinador Regional de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, de quienes reclamó: IV. ACTO RECLAMADO. De las autoridades señaladas como ordenadoras se reclama la legal (sic) orden de aprehensión, detención, o presentación, decretada en mi contra. De las autoridades señaladas como ejecutoras se reclama el ilegal cumplimiento de la orden de aprehensión, detención o presentación girada por las autoridades ordenadoras. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 450/2019-II y se desechó respecto de la orden de citación y se admitió a trámite respecto del resto de los actos reclamados; enseguida, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se tuvo como autoridad inexistente a la que la quejosa designó como "Agencia Estatal de Investigación Zona Norte". Asimismo, en proveído de dos de agosto del actual, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo y se ordenó continuar el procedimiento en los términos planteados únicamente en la demanda de amparo, acuerdo que causó estado el catorce del mismo mes. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Para explicar lo anterior, se estima pertinente reproducir los artículos 107, fracción VII de la Constitución General de la República y 37 de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Los preceptos constitucional y legal invocados establecen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado. De lo anterior, se deduce que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado; de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto. En el caso, dadas las características y naturaleza de la orden de aprehensión, cabe señalar que la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), relativa a que si el acto reclamado tiene ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que trate de ejecutar, ejecute o haya ejecutado el acto reclamado, sin que la competencia del Juez de Distrito pueda circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda pues de hacerlo se dejaría al arbitrio del impetrante de amparo, la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, de lo que se sigue que para fijar la competencia debe atenderse al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que hayan reconocido el acto reclamado o aquellas a las que se les tuvo por cierto. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 12/95, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 97, Tomo II, correspondiente a septiembre de 1995, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. Ahora, mediante criterio jurisprudencial PC.I.P. J/39 P (10a.), el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, se ha pronunciado en el sentido de que, cuando se reclama una orden de aprehensión, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en el que reside la autoridad que la emitió, cuando una vez que se hubieren rendido los informes con justificación desaparece la posibilidad de que el citado acto se vaya a ejecutar en más de un circuito. El aludido criterio se encuentra visible página 1071, correspondiente al mes de abril de dos mil dieciocho, del Libro 53, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. Ahora, el citado criterio precisa que, tratándose de la orden de aprehensión, si una vez que se hubieren rendido los informes con justificación de las autoridades ejecutoras, éstas niegan los actos que se les reclaman y el quejoso no desvirtúa esa negativa; es inconcuso que la posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, por no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial distinto al en que resida la autoridad que emitió la orden de aprehensión, debiendo entonces conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió. Ahora, de la citada jurisprudencia se advierte que para que el Juez que inicialmente conoció del juicio de amparo, por residir dentro de su jurisdicción territorial la autoridad señalada como ejecutora, deba declararse incompetente, es necesario que se actualicen los supuestos siguientes: a) Que la demanda de amparo se presente ante el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción territorial residan las autoridades que se hayan señalado como ejecutoras. b) Que las autoridades ejecutoras que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez que lo hacían competente, una vez rendido su informe con justificación nieguen el acto reclamado. c) Que la negativa del acto no se desvirtúe por el solicitante de amparo. En la especie, según se colige de las constancias de autos, en cuanto al primer supuesto marcado con el inciso a), éste se encuentra acreditado, pues la demanda de amparo fue presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el catorce de junio de dos mil diecinueve, de la que se advierte que la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que hicieron consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución, entre otros privativos de libertad, el cual atribuyó a los Jueces de Control de los Distrito Judiciales Morelos y Bravos, a quien señaló en su carácter de autoridades ordenadoras. La quejosa señaló como autoridades ejecutoras a las diversas: Fiscal General del Estado, Fiscal de Distrito en la Estado Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, Zona Norte, y a la Agente del Ministerio Público Coordinadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, denominación correcta de la señalada como "Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua", Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Secretario de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Juárez y Coordinador Regional de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte. Como se aprecia, algunas de las autoridades señaladas en la demanda de amparo tienen su domicilio oficial dentro del territorio en el cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Ahora, en relación al segundo supuesto marcado con el inciso b) se estima colmado, virtud a que las autoridades responsables en su carácter de ejecutoras que tienen su residencia en esta demarcación territorial, Fiscal de Distrito en la Estado Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, Zona Norte, Secretario de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Juárez y Coordinador Regional de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes con justificación, negaron la existencia del acto que por la presente vía constitucional se les reclamó; ello aunado a que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, también negó haber dictado la orden de aprehensión de la que se duele la quejosa. Por su parte, la diversa autoridad señalada como responsable ejecutora, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, si bien fue omisa en rendir su informe con justificación, no se actualiza la hipótesis de tener por presuntivamente cierto el acto de ejecución que se le atribuyó, pues del cuaderno incidental que deriva del presente asunto y que se tiene a la vista al momento de resolver, se advierte que al rendir su informe previo negó la existencia de los actos de ejecución que se le imputaron; de ahí que también deba tenerse como inexistente. Ahora bien, en cuanto al tercero de los supuestos marcado con el inciso c) se tiene por colmado, pues de las constancias de autos se advierte que la quejosa no ofreció probanza con la que se desvirtuara la negativa de las autoridades ejecutoras y menos aún del Juez de Control del Distrito Judicial bravos. En cambio, la diversa autoridad responsable señalada como ordenadora, Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, así como el Fiscal General del Estado y la Agente del Ministerio Público Coordinadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, aceptaron la existencia de la orden de aprehensión reclamada por la quejosa y su respectiva ejecución. Para acreditar esa aseveración, las autoridades citadas en primer y último término remitieron copia certificada de diversas constancias de la causa penal ******* del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial Morelos; constancias a las que se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civil de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su numeral segundo, de las que se aprecia que mediante resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve, la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos libró orden de aprehensión contra la aquí quejosa, por considerar que probablemente participó en los hechos constitutivos del delito de *******, en agravio de la persona moral tercero interesada. Por tanto, es de concluirse se encuentran colmados en su totalidad los supuestos establecidos en el aludido criterio jurisprudencial, en el que se establece que no resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que habiendo sido inicialmente competente por encontrarse dentro de su jurisdicción algunas de las autoridades responsables, éstas negaren la existencia del acto reclamado. En ese tenor, conforme al punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se establece en lo que interesa lo siguiente: CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . XVII. DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Bachiniva, Balleza, Batopilas, Bocoyna, Camargo, Carichi, Coronado, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Cusihuiriáchi, Chihuahua, Chínipas, Delicias, Doctor Belisario Domínguez, El Tule, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Jiménez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachi, Matamoros, Meoqui, Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, Ocampo, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Temósachi, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza. Los juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Práxedis G. Guerrero. De lo anterior, se evidencia que los Juzgados de Distritos en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, son los que ejercen jurisdicción en el lugar en el que tiene su residencia la autoridad responsable que libró la orden de aprehensión motivo de reclamo en el presente controvertido constitucional. En las relatadas condiciones, si las autoridades responsables que tienen su residencia en donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal negaron la existencia del acto reclamado y las diversas autoridades que reconocieron la certeza del acto reclamado, tienen su residencia en Chihuahua, Chihuahua, lugar en el que ejercen jurisdicción los órganos jurisdiccionales con sede en la ciudad del mismo nombre; es inconcuso que al haberse colmado los supuestos del criterio jurisprudencial PC.I.P. J/39 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer del asunto. Robustece lo anterior el criterio jurisprudencial P./J. 9/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establece que es competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, negara el acto reclamado y el quejoso no desvirtuare esa negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente. Criterio jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que visible se encuentra a página 5, correspondiente al mes de enero de dos mil uno, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. Además, el diverso criterio P./J. 8/2001, en el que se establece que en caso de que llegare a dictarse la sentencia por el Juez cuya competencia se originó en razón del domicilio de la autoridad que negó la existencia del acto reclamado y sin que ésta se hubiese desvirtuado, de interponerse recurso en contra de la sentencia respectiva, el Tribunal Colegiado al que correspondiera conocer del recurso, se vería obligado a revocarla y remitir los autos al Juez de Distrito competente, para que se dicte la sentencia correspondiente, ello con independencia que pudiera incurrirse en responsabilidad por parte del Juzgador que resolviere el asunto, aun siendo incompetente. Dicho criterio se encuentra visible página 5, correspondiente al mes de enero de 2001, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente tenor: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente. Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el numeral 217 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto, por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los presentes autos, así como el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo y el tomo de pruebas formado por separado, al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que previos los trámites de ley, se avoque a su conocimiento, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo 450/2019-II, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda el oficio que, mediante del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envía la Secretaria en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, al cual adjunta debidamente diligenciado el exhorto 149/2019, con número de orden 153/2019 de su índice, formado con motivo de la recepción del diverso 326/2019-II, derivado del juicio de amparo 450/2019-II, de la estadística de este recinto judicial; sin necesidad de acusar de recibido en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 artículo 110 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tal sentido, toda vez que de las constancias que integran la comunicación oficial recibida, se advierte un escrito presentado por el apoderado de la tercero interesada *******; con fundamento en el numeral 27, fracción I de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, contra el proveído de dos de los actuales, en el que se tuvo por no presentada su ampliación de demanda de amparo, sin que se haya exhibido promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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