Magdaleno Medrano Martinez
Expediente 264/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Magdaleno Medrano Martinez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que presuntamente promueve Magdaleno Medrano Martínez, y copias que acompaña; contra actos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 264/2021-III. Ahora bien, en el caso, se advierte que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: 1. Figura como parte demandada dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 84/2020 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Guadalcázar, San Luis Potosí. 2. Seguido el procedimiento respectivo, el juzgado de origen emitió la sentencia correspondiente. 3. En contra de dicha determinación, la entonces parte actora promovió recurso de apelación, misma que correspondió por turno conocer a la aquí señalada como responsable Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 4. Mediante resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, la aludida sala ordenó la reposición del procedimiento natural, según se refiere, para el efecto de que se desahoguen y revaloren diversas pruebas de las ofertadas en la contienda natural. Determinación esta última que constituye el acto que por esta vía se pretende combatir. Sentado lo anterior y, considerando que los referidos hechos se manifiestan bajo protesta de decir verdad, debe establecerse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido y como primer punto, debe decirse que analizada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que el escrito respectivo se presenta sin la firma autógrafa del promovente, sino únicamente con una huella dactilar y una firma, según se aprecia, a su ruego, por persona diversa. En esa medida, se considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º de la propia legislación. Así, de conformidad con los preceptos legales de referencia, el juicio de control constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal. Por tanto, atendiendo a que del escrito que se presenta como original de demanda, carece de firma autógrafa del impetrante, contando únicamente con su huella dactilar y una firma a su ruego; no se patentiza la voluntad de dicha persona de instar a la acción constitucional de que se trata, en los términos establecidos por la ley que rige al acto reclamado. En esa medida, cabe resaltar que ambos requisitos en tratándose de la carencia de la firma autógrafa, esto es, la impresión de la huella dactilar y la firma ya sea a ruego de la agraviada o bien, ante dos testigos o fedatario público, según la legislación aplicable al caso -como se verá más adelante-, no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de la parte de ejercitar un derecho, se manifiesta mediante la firma o bien, si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo o testigos que firmen a su ruego; por lo que ante la ausencia de dichos requisitos, no hay forma de saber si es voluntad de las mencionadas personas, promover el juicio que nos ocupa, de acuerdo a las exigencias de cada materia. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión, únicamente contiene una huella dactilar y una firma a ruego, más no así la firma a ruego respecto de dos testigos o ante fedatario público; por ende, cabe concluirse que la falta de dicho requisito permite considerar que en el caso, no existe prueba de voluntad de la persona antes mencionada, esto es, de Magdaleno Medrano Martínez, para instar a este órgano de control constitucional de forma debida. Es decir, se carece del signo autógrafo de dos testigos o de un fedatario público que firmara a ruego del aludido impetrante, y que exteriorizara la voluntad del promovente; y dado que por disposición de artículo 5°, fracción I, y 6º de la ley de la materia, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º de la propia legislación; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el invocado artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente el presente acuerdo a la parte promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniéndose como autorizados en términos amplios del artículo 12 del ordenamiento legal en cita, a Isabel Georgina Palomo Ortega y Blanca Idalia Mendoza Zavala, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que presuntamente promueve Magdaleno Medrano Martínez, y copias que acompaña; contra actos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 264/2021-III. Ahora bien, en el caso, se advierte que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: 1. Figura como parte demandada dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 84/2020 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Guadalcázar, San Luis Potosí. 2. Seguido el procedimiento respectivo, el juzgado de origen emitió la sentencia correspondiente. 3. En contra de dicha determinación, la entonces parte actora promovió recurso de apelación, misma que correspondió por turno conocer a la aquí señalada como responsable Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 4. Mediante resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, la aludida sala ordenó la reposición del procedimiento natural, según se refiere, para el efecto de que se desahoguen y revaloren diversas pruebas de las ofertadas en la contienda natural. Determinación esta última que constituye el acto que por esta vía se pretende combatir. Sentado lo anterior y, considerando que los referidos hechos se manifiestan bajo protesta de decir verdad, debe establecerse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido y como primer punto, debe decirse que analizada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que el escrito respectivo se presenta sin la firma autógrafa del promovente, sino únicamente con una huella dactilar y una firma, según se aprecia, a su ruego, por persona diversa. En esa medida, se considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º de la propia legislación. Así, de conformidad con los preceptos legales de referencia, el juicio de control constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal. Por tanto, atendiendo a que del escrito que se presenta como original de demanda, carece de firma autógrafa del impetrante, contando únicamente con su huella dactilar y una firma a su ruego; no se patentiza la voluntad de dicha persona de instar a la acción constitucional de que se trata, en los términos establecidos por la ley que rige al acto reclamado. En esa medida, cabe resaltar que ambos requisitos en tratándose de la carencia de la firma autógrafa, esto es, la impresión de la huella dactilar y la firma ya sea a ruego de la agraviada o bien, ante dos testigos o fedatario público, según la legislación aplicable al caso -como se verá más adelante-, no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de la parte de ejercitar un derecho, se manifiesta mediante la firma o bien, si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo o testigos que firmen a su ruego; por lo que ante la ausencia de dichos requisitos, no hay forma de saber si es voluntad de las mencionadas personas, promover el juicio que nos ocupa, de acuerdo a las exigencias de cada materia. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión, únicamente contiene una huella dactilar y una firma a ruego, más no así la firma a ruego respecto de dos testigos o ante fedatario público; por ende, cabe concluirse que la falta de dicho requisito permite considerar que en el caso, no existe prueba de voluntad de la persona antes mencionada, esto es, de Magdaleno Medrano Martínez, para instar a este órgano de control constitucional de forma debida. Es decir, se carece del signo autógrafo de dos testigos o de un fedatario público que firmara a ruego del aludido impetrante, y que exteriorizara la voluntad del promovente; y dado que por disposición de artículo 5°, fracción I, y 6º de la ley de la materia, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º de la propia legislación; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el invocado artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente el presente acuerdo a la parte promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniéndose como autorizados en términos amplios del artículo 12 del ordenamiento legal en cita, a Isabel Georgina Palomo Ortega y Blanca Idalia Mendoza Zavala, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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