Magdaleno Medrano Martinez
Expediente 104/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Magdaleno Medrano Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en el que transcribe el proveído de veintisiete de febrero del año en curso, dictado en el amparo directo civil 126/2023, mediante el cual acusa recibo del oficio que este juzgado le giró y sus respectivos anexos e informa que se aceptó la competencia, avocándose al conocimiento del juicio de amparo promovido por Magdaleno Medrano Martínez, contra actos de los Magistrados que integran la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. No existen documentos originales Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Valoración del expediente. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Presidenta Municipal el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, a través del cual manifiesta la imposibilidad que le asiste a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata e informa que la diversa autoridad responsable Director de Obras Públicas del citado Ayuntamiento se encuentra incapacitado y solicita se le conceda una prórroga de diez días para su cumplimiento. Requerimiento. En atención a lo anterior, requiérase nuevamente a la citada Presidenta para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciba el oficio respectivo, remita la constancia que acredite tal incapacidad; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita. En el entendido de que una vez que acredite tal circunstancia, se proveerá lo conducente respecto a la prórroga solicitada. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término legal concedido a la parte quejosa para que compareciera a recoger el billete de depósito N 650884, expedido por el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, ahora Banco del Bienestar, sin que a la fecha lo hubiese hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte y por ende, se prescribe a favor del erario federal en términos del artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, por lo cual se ordena el endoso del mencionado billete a favor de dicha dependencia. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y comuníquese lo anterior al Tesorero de la Federación, remitiéndole el referido documento debidamente endosado. Hecho lo anterior, devuélvanse estos autos al archivo de donde fueron extraídos. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Se ordena agregar el escrito aclaratorio de demanda. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta presentado por el quejoso Magdaleno Medrano Martínez, firmado a su ruego por Florencio González Hernández y Cristina Palomo Ortega, con ocho copias que acompaña, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de veintisiete de enero del año en curso, por lo que se provee: Actos reclamados. La parte quejosa reclama de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 789/2022, en la que confirmó la sentencia definitiva de doce de agosto de dos mil veintidós, pronunciada en el juicio ordinario civil reivindicatorio 84/2020. Asimismo, al Juez Mixto de Primera Instancia de Guadalcázar, San Luis Potosí, le atribuye la ejecución de dicha determinación. Incompetencia. Este Juzgado estima carecer de competencia legal para resolver el presente juicio por razón de vía, en términos de los artículos 34, primer párrafo, 47, 170 y 176, de la Ley de Amparo. Marco legal. En ese contexto, dichos numerales disponen lo que a continuación se transcribe: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.) Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. (.) Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. (.) Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley. De los preceptos legales transcritos se observa que en contra de las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que, es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, a saber: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) La determinación resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden algún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. 2. Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no conceda algún recurso ordinario, al respecto, es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para los efectos de la promoción del juicio de amparo directo o indirecto, deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo y, 3. Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. Precisado lo anterior, se puede concluir que los supuestos de procedencia del amparo directo son únicamente dos: I) sentencias definitivas y laudos; así como II) resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal. Caso concreto. Así, como se dijo, la parte quejosa reclama la resolución emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca 789/2022; relativo al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil reivindicatorio 84/2020, en la que se determinó: - Que resultó procedente la acción reivindicatoria hecha valer por Magdalena Camacho Medrano; - Se declaró que la citada Magdalena Camacho Medrano, tiene el dominio y propiedad del bien inmueble materia del juicio de origen; - Se condenó al demandado -aquí quejoso- a la entrega material y jurídica de dicho bien; - Se absolvió a la parte reo del pago de daños y perjuicios; y, - Se condenó al demandado por el pago de costas y gastos. Por lo anterior, se estima que en el caso se cumple con la hipótesis que establece el artículo 170 de la ley de la materia; por ello, es inconcuso que este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, ya que salvo mejor opinión de la Superioridad, corresponde conocer de la misma al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno. Decisión. En consecuencia, con fundamento en los artículos 34, primer párrafo, 47, 170 y 176, de la Ley de Amparo, así como 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por Magdaleno Medrano Martínez, firmada a su ruego por Florencio González Hernández y Cristina Palomo Ortega, contra actos de los Magistrados que integran la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí y otra autoridad. Por lo que mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase el expediente original de este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, en virtud de estimarse que éste es el competente para conocer del mismo. Se ordena la apertura del cuaderno de antecedentes. Por tanto, con las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.
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