Magdaleno Cruz Rodríguez
Expediente 999/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Magdaleno Cruz Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Ahora, la protección constitucional se otorgó para los efectos siguientes: " El amparo se concede para que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca: Adopte las medidas que estime necesarias para dictar sentencia en el expediente agrario 1592/2019, ajustando su actuar a lo establecido en el artículo 17 Constitucional." Ahora bien, en auto de doce de noviembre del año en curso, se reservó proveer respecto las constancias que remitió el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Veintiuno, consistente en copia certificada de la sentencia dictada en el expediente agrario 1592/2019 de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes corriéndoles traslado con las documentales que remite la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En la inteligencia, que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el numeral antes citado de la ley reglamentaria, este Juzgado resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad en cuestión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Ahora, la protección constitucional se otorgó para los efectos siguientes: " El amparo se concede para que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca: Adopte las medidas que estime necesarias para dictar sentencia en el expediente agrario 1592/2019, ajustando su actuar a lo establecido en el artículo 17 Constitucional." Ahora bien, en auto de doce de noviembre del año en curso, se reservó proveer respecto las constancias que remitió el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Veintiuno, consistente en copia certificada de la sentencia dictada en el expediente agrario 1592/2019 de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes corriéndoles traslado con las documentales que remite la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En la inteligencia, que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el numeral antes citado de la ley reglamentaria, este Juzgado resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad en cuestión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Veintiuno, en alcance a su informe justificado remite copia certificada de la sentencia dictada en el expediente agrario ******************** de su índice. En consecuencia, téngase por recibida la constancia que señala y hágase del conocimiento de la responsable que el veintisiete de octubre del año en curso, se dictó sentencia en el presente asunto; por lo tanto, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto a la documental que exhibe, hasta en tanto se decrete firme la sentencia pronunciada en este juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 999/2021 III-B, promovido por Mag********************, contra el acto que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El problema jurídico a resolver en el presente asunto consiste en determinar -en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes- si la autoridad responsable vulneró los derechos fundamentales de la parte quejosa, consagrados por los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, al omitir dictar sentencia en el expediente ********************, dentro del término establecido en la ley del acto. I. ANTECEDENTES Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de Mag********************, en contra de Felisa Cruz Robles, registrándose con el progresivo ********************, señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. En audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ratificaron la demanda y la contestación de la misma; asimismo, se admitió a trámite la demanda reconvencional. El dos de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora ampliando la demanda. En audiencia de trece de abril de dos mil veintiuno, se desahogaron las pruebas testimoniales y se otorgó el término de tres días a las partes, para que en forma escrita formularan sus alegatos. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se recibieron los alegatos formulados por las partes y al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en los artículos 188 y 189 de la Ley Agraria, se ordenó dictar la sentencia que en derecho corresponda. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mag******************** -por su propio derecho- presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. La parte quejosa señala como derecho fundamental violado el contenido en los artículos 8°, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó en la misma data de su presentación a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que mediante acuerdo de diez de septiembre siguiente, la admitió a trámite y registró con el número 999/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; otorgó intervención conducente al agente del Ministerio Público adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la omisión por parte de una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que el quejoso reclama de Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo siguiente: La dilación procesal relativa a la omisión de dictar sentencia en el expediente ********************. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, al rendir su informe justificado, no manifestó si aceptaba o no la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, indicó que se encontraba elaborando el proyecto de sentencia del expediente agrario ********************. De ahí que sea cierta la omisión de dictar sentencia que se le reclama. Lo que se corrobora con las copias certificadas deducidas del expediente ******************** que remitió el Magistrado responsable en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de omisiones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa, que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El Magistrado responsable indicó que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, ya que el acto que se le reclama, a su decir, no afecta el interés jurídico del quejoso. Sin embargo, dicha apreciación es infundada. Se dice lo anterior, porque el quejoso sí acreditó el interés que le asiste para acudir al juicio de amparo, pues es la parte actora en la controversia de origen, donde solicitó que se dicte sentencia. Luego, como en el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia diversa a la invocada por la autoridad responsable, ni tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO. Es esencialmente fundado el concepto de violación en el que aduce la parte quejosa que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, ha omitido resolver el juicio ********************, violando con ello el artículo 188 de la Ley Agraria, así como el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente señala lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del segundo párrafo del precepto en cita, se advierte que uno de los derechos ahí consagrados, es decir, el de expedita y eficaz administración de justicia, mismo que es considerado como el complemento del derecho fundamental consagrado en el primer párrafo, impone al estado la creación de tribunales que se encuentren siempre expeditos para impartir justicia, en los términos y plazos fijados por las leyes. Es decir, el carácter expedito de la administración de justicia se fundamenta en que la seguridad jurídica del gobernado no permanezca en estado de incertidumbre durante mucho tiempo, por lo que, se llega a las conclusiones siguientes: a) En ese precepto se garantiza a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia; b) Entre ellos, el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; así, debe precisarse que para su acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; c) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; y, d) Los plazos y términos que se establezcan en las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la Justicia, por lo que los requisitos y presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Por su parte, la Ley Agraria en su artículo 188 dispone: "Artículo 188. En caso de que la estimación de pruebas amerite un estudio más detenido por el tribunal de conocimiento, éste citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, sin que dicho término exceda en ningún caso de veinte días, contados a partir de la audiencia a que se refieren los artículos anteriores." (Énfasis añadido) Del precepto citado se obtiene que el Tribunal Agrario citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, pero que dicho plazo en ningún caso podrá exceder de veinte días, contados a partir de la audiencia prevista en el numeral 185 del invocado ordenamiento legal. Ahora bien en el caso concreto, como ya se apuntó, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la falta de actividad procesal en el juicio ******************** del índice del Tribunal responsable, específicamente, por la omisión de tomar las medidas necesarias para el dictado de la sentencia definitiva. De acuerdo con las constancias que obran en autos, se advierte que en audiencia de trece de abril del año en curso, el Tribunal responsable concedió un término común de tres días para que las partes formularan alegatos, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les tendría por perdido su derecho para ese fin y sin acuerdo previo se turnarían los autos para la emisión de la sentencia que en derecho corresponda. Luego, en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, recibió alegatos de las partes y precisó lo siguiente: "..En las destacadas circunstancias al no existir diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en los artículos 188 y 189 de la Ley Agraria, díctese la sentencia que en derecho corresponda como se ordenó en autos." (Lo resaltado es de origen) Esto es, desde que se llevó a cabo la audiencia de trece de abril de dos mil veintiuno, prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, al dictado de la presente resolución (veintisiete de octubre de dos mil veintiuno), han transcurrido más de seis meses, sin que el Tribunal Unitario Agrario responsable tome las medidas necesarias para elaborar el proyecto de sentencia, puesto que en términos del artículo 188 de la mencionada ley, no podía excederse del plazo de veinte días, contados a partir de la citada audiencia, para su dictado; por lo tanto, si ya se excedió, tal omisión constituye una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho de impartición de justicia pronta y expedita. En la inteligencia que este órgano jurisdiccional toma en cuenta que derivado de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, las labores jurisdiccionales del Tribunal responsable se suspendieron del nueve al trece de agosto de la presente anualidad. DECISIÓN En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Mag********************. EFECTOS DE LA CONCESIÓN El amparo se concede para que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca: Adopte las medidas que estime necesarias para dictar sentencia en el expediente agrario ********************, ajustando su actuar a lo establecido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto establecen: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, al dictado de la presente resolución, no haya fenecido la vista concedida a la parte quejosa en acuerdo de catorce de octubre del año en curso, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues de diferir la audiencia constitucional para que éste concluya, se postergaría el dictado de la misma, siguiendo vulnerando los derechos fundamentales establecidos en el numeral 17 Constitucional al impetrante de amparo, motivo de la instauración del juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege a Mag********************, respecto del acto reclamado y autoridad, por los argumentos expuestos en el apartado VIII de la presente resolución. El amparo se concede para los efectos precisados en el diverso apartado X. NOTIFÍQUESE.
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