Magdalena Rojas Ramírez

Expediente 516/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
516/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Magdalena Rojas Ramírez
  • MAGDALENA ROJAS RAMÍREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 286/2021, el expediente original del amparo indirecto 516/2021 y un cuaderno de pruebas; acúsese recibo y agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío. Ahora bien, de la ejecutoria que se atiende se advierte que el Tribunal de Alzada confirmó la resolución que negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a los quejosos Magdalena rojas Ramírez y Humberto Morales Santiago; hágase lo anterior, del conocimiento de las partes. En consideración a lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Toda vez que carece de objeto que continúe en la secretaría de este juzgado el tomo de pruebas que en su momento remitió el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, devuélvase a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de Decimotercer Circuito, acusa recibo del juicio de amparo indirecto 516/2021, de un tomo de pruebas y del escrito de expresión de agravios que hizo valer la parte quejosa contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. Así mismo, informa que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que al estar notificadas las partes de la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil veintiuno en el presente juicio, del auto de nueve de julio del mismo año por el cual Magdalena Rojas Ramírez, representante común de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión contra la sentencia, remítanse el original y copia del escrito de agravios del recurso de revisión, un tomo de pruebas y el juicio de amparo 516/2021 al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno, del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 516/2021 III-A, promovido por ******************** y ********************, contra de actos de la Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. I. ANTECEDENTES Ante el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se tramita el juicio sumario civil sobre suspensión definitiva de obra nueva, promovido por ******************** y ********************, en contra de ********************, ********************, a través de quien resulte su representante legal, y de manera personal al ********************. Seguido el trámite del aludido juicio, el veintidós de abril de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva, en la que se resolvió que la parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su acción y se absolvió a la parte demandada de todas y cada una de las prestaciones, consistentes en la suspensión de una obra, la demolición de las construcciones que se han realizado, la restitución de las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la realización de la obra, la reparación de los daños ocasionados a la construcción de la propiedad y posesión de los actores, la realización de todas las obras necesarias para evitar que se sigan causando daños al predio y construcción de éstos, y el pago de gastos y costas. Inconforme con la sentencia de mérito, la parte actora interpuso recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; misma que mediante resolución de veinticinco de septiembre de dos mil quince, confirmó la sentencia impugnada, en el toca civil ********************. En desacuerdo con lo resuelto por la Segunda Sala Civil, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del que conoció en otrora Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo del Décimo Tercer Circuito, el que por ejecutoria de once de julio de dos mil dieciséis, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la Segunda Sala Civil emitió la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciséis, en la que revocó la sentencia apelada y condenó a los demandados a ".la suspensión definitiva de la obra realizada en la colindancia oriente y sur del predio de la parte actora, así como a la demolición de lo edificado o construido y a la restitución de las cosas, al estado anterior de la obra nueva." Inconforme con lo resuelto por la Segunda Sala Civil, la parte demandada promovió juicio de amparo directo, del que conoció el entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, el que mediante resolución de uno de diciembre de dos mil diecisiete, en el expediente ********************, negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Luego, a petición de la parte actora, por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se requirió a la parte perdidosa ********************, ******************** y ******************** (lo correcto es ********************) en nombre propio y como representante legal de la primera, para que dentro del plazo de cinco días cumpliera con el resolutivo cuarto de la resolución emitida por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. En auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se regularizó el procedimiento y se hizo la aclaración que el nombre correcto del demandado es ********************, por lo que se requirió de nueva cuenta que se diera cumplimiento de forma voluntaria dentro del plazo de tres días. De lo anterior, la parte demandada quedó notificada el veintisiete siguiente. En proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora promoviendo incidente de ejecución de sentencia de pago de daños, por lo que se ordenó dar vista a la parte demandada. Por auto de once de diciembre de dos mil diecinueve, se abrió a prueba el incidente. El diecisiete de enero de dos mil veinte, se ordenó el desahogo de las probanzas ofrecidas. El once de diciembre siguiente, se reprogramó la audiencia de alegatos, ello con motivo de la suspensión decretada por la pandemia de COVID-19. El diez de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de alegatos. Mediante resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, resolvió que no era procedente el incidente en ejecución de sentencia de pago de daños, por lo que no entró al estudio y dejó a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía y forma que legalmente corresponda. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Por escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ******************** y ********************, promovieron juicio de amparo contra las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señala como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. En proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, se registró el expediente con el número 516/2021 y se admitió a trámite, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintiocho de mayo del año en curso, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, lo que se llevó a cabo el tres de junio posterior. La audiencia constitucional tuvo verificativo el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado resulta ser de naturaleza civil y se atribuye a autoridades que residen dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y del Actuario adscrito a ese Juzgado, lo siguiente: La resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio sumario civil sobre suspensión definitiva de obra nueva ********************, que declaró improcedente el incidente en ejecución de sentencia de pago de daños y dejó a salvo los derechos de la aquí quejosa para que los haga valer en la vía y forma que legalmente le corresponda. La ejecución de la mencionada resolución. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y el Actuario adscrito a ese Juzgado, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron el acto que se les reclamó. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corroboró con las copias certificadas relativas al expediente ******************** del índice de la responsable; mismo que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y del que se advierte la existencia del acto combatido. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. LEGITIMACIÓN ******************** y ********************, se encuentran legitimados para promover el presente juicio de amparo, porque tienen el carácter de actores en el juicio sumario civil ******************** del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, del que deriva la resolución reclamada. VII. OPORTUNIDAD La demanda de amparo se presentó de manera oportuna, puesto que la resolución reclamada se notificó a la parte quejosa el veintidós de abril del presente año y la demanda que dio origen al presente juicio, se instó el diez de mayo siguiente. En ese orden, el plazo para presentar la demanda de amparo transcurrió del veintiséis de abril al diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, descontando los veinticuatro y veinticinco de abril, uno, dos, cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis de mayo del año en curso, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda se presentó el diez de mayo de dos mil veintiuno, ello implica que se instó dentro del plazo que establece el numeral 17 de la Ley de Amparo. VIII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, este órgano jurisdiccional no advierte la existencia de alguna causa que involucre la improcedencia del juicio, así como tampoco existe alguna que haya sido invocada por las partes. IX. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO Se procede a examinar el asunto a la luz de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, sin que haya obligación de realizar una cita literal de los mismos, toda vez que, además de no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que lo exija, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia 58/2010, Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que con forman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Esencialmente, parte quejosa hace valer los siguientes conceptos de violación: Que se vulnera el artículo 14 Constitucional, porque el Juez responsable no actuó conforme a lo previsto en los artículos 487, 488, 493 y 495 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. Lo anterior, porque se concedió a la parte demandada un plazo para cumplir voluntariamente con la sentencia, pero no lo hizo y al no haber cantidad líquida por la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la obra nueva, es que procedió en términos de los artículos 501, en relación con el diverso 503, fracción II, del invocado Código. Refieren los quejosos que el incidente es procedente, porque la parte demandada desatendió el plazo que se les otorgó para cumplir con la sentencia. Aduce que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 17 Constitucional, ya que la autoridad responsable no entró al estudio del incidente que planteó. Lo anterior, en razón de que la resolución combatida no está fundada ni motivada y que la interpretación que realizó de la sentencia es incorrecta, porque ésta indica que la reparación debe consistir en el restablecimiento de las cosas al estado que tenían, en términos de los artículos 1788 y 1985 del Código Civil del Estado de Oaxaca, por lo que si no es posible hacer esto, procede el pago de daños y perjuicios. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se estiman infundados, por las razones que a continuación se apuntarán. Para evidenciar lo aseverado, conviene reproducir los efectos de la sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil dieciséis, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca civil ********************, derivado del expediente ********************del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca : "Por ende, es procedente REVOCAR la sentencia apelada para el efecto de CONDENAR a los enjuiciados sociedad mercantil ********************SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y ********************, a la suspensión definitiva de la obra realizada en la colindancia tanto oriente y sur del predio de la parte actora, conforme a lo señalado en la demanda, así como a la demolición de lo edificado o construido y a la restitución de las cosas al estado anterior de la obra nueva, en los términos del artículo 19, del Código Procesal Civil. Sin embargo, no ha lugar al pago de daños, dado que si conforme a lo expuesto en la demanda, la naturaleza de estos son de carácter estructural, la reparación debe consistir en el restablecimiento de las cosas al estado que tenía, en términos de los artículos 1786 y 1985 del Código Civil del Estado." Luego, como se expuso en el apartado de antecedentes, por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se requirió a la parte perdidosa para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento voluntario a la sentencia emitida por la Segunda Sala Civil. Sin embargo, el trece de noviembre siguiente, se regularizó el procedimiento porque se asentó incorrecto el apellido del demandado, por lo que de nueva cuenta se le requirió el cumplimiento. En virtud de haber fenecido los tres días obsequiados a la parte perdidosa para cumplir voluntariamente con la sentencia, la parte quejosa promovió incidente de ejecución de sentencia de pago de daños, con el fin se liquide el precio total de la reparación, ya que, a su decir, se ocasionaron daños estructurales. Seguido el trámite de dicha incidencia, el Juzgado Civil responsable indicó que ésta no era procedente, en esencia, porque la reparación a la que se condenó consiste en el restablecimiento de las cosas al estado que tenían, en términos de los artículos 1786 y 1985 del Código Civil del Estado de Oaxaca; asimismo, se estableció que no se actualizaba la hipótesis prevista para que se condene al pago de daños, por lo que dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que legalmente corresponda. Los invocados artículos son del tenor literal siguiente: "Artículo 1786.- La reparación del daño debe consistir, a elección del perjudicado, en el restablecimiento de la situación anterior a él, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total o parcial, permanente o temporal, el monto de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, computado sobre el salario o ingresos que perciba la víctima al momento de su fallecimiento o de producirse la incapacidad. La indemnización por muerte no podrá ser inferior a los setecientos noventa días de salario, computados sobre el triple del salario mínimo vigente en el área geográfica que corresponda al Estado, pero tratándose de víctimas menores de dieciocho años o incapacitadas se computará sobre el doble de dicho salario mínimo. En caso de muerte, la indemnización se decretará a favor de los herederos de la víctima. La cantidad que servirá de base para calcular la reparación del daño en caso de incapacidades, no podrá ser inferior al doble del salario mínimo general. Tratándose de lesiones, la reparación comprenderá el pago de los tratamientos curativos que sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. Si el daño produce cicatrices perpetuas y notables en cara o en el pabellón auricular, el monto de la reparación no podrá ser inferior al equivalente de un año de salario mínimo." "Artículo 1985.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." El primer precepto invocado establece que la reparación del daño debe consistir, a elección del perjudicado, en el restablecimiento de la situación anterior a él, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. Por su parte, el diverso numeral establece que se entiende por daño, la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. De lo expuesto con antelación, se obtiene que la sentencia estableció que los demandados deberían suspender en definitiva la obra realizada en la colindancia oriente y sur del predio de la parte actora, así como a la demolición de lo edificado o construido y a la restitución de las cosas al estado anterior de la obra nueva. Además, quedó asentado que no ha lugar el pago de daños, porque la reparación debía consistir en el restablecimiento de las cosas al estado que tenían, en términos de los artículos antes precisados. Ahora bien, la parte quejosa refiere que la autoridad responsable no actuó conforme a lo previsto en los artículos 487, 488, 493 y 495 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, porque la parte demandada no cumplió voluntariamente con la sentencia y por ese motivo, resultaba procedente el incidente que planteó. También, indica que como en la sentencia no existe cantidad líquida, es que procedieron en términos de los artículos 501, en relación con el 503, fracción II, del mencionado Código. Los mencionados preceptos disponen: "Artículo 501.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, se tramitará en forma de incidente en los términos del artículo 404 de éste Código. La resolución que se dicté en estos incidentes no admitirá recurso alguno." "Artículo 503.- Si la sentencia condena a hacer alguna cosa, el juez señalará al que fue condenado un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias del hecho y de las personas. Si pasado el plazo el obligado no cumpliere, se observarán las reglas siguientes: (.) II. Si el hecho pudiere prestarse por otro, el Juez nombrará persona que lo ejecute a costa del obligado en el plazo que le fije; y" Sin embargo, el Juez responsable precisó que no era posible entrar al estudio del incidente planteado, con el objeto de liquidar el pago de la reparación de los daños, porque únicamente se condenó a la suspensión definitiva de la obra realizada en colindancia tanto oriente y sur, como a la demolición de lo edificado o construido y a la restitución de las cosas al estado anterior de la obra nueva; precisando la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca que no ha lugar el pago de daños, porque la reparación consistiría en el restablecimiento de las cosas al estado que tenían, en términos de los ya invocados numerales 1786 y 1985 del Código Civil de esta Entidad Federativa. Concatenados los artículos invocados con lo resuelto por el Juez responsable, es que resultan infundados los motivos de disenso hechos valer por los quejosos, al realizarse una interpretación correcta de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, pues en efecto, no se condenó al pago de daños. Aunado a que si bien la parte demandada no dio cumplimiento voluntario a la sentencia, la parte quejosa estuvo en aptitud de solicitar nuevamente que se les conminara a ejecutarla o en su caso, que se aplicara en su perjuicio alguna de las medidas de apremio contempladas en el código aplicable, pues no debe perderse de vista que en la ejecución de sentencia, es la parte actora quien debe impulsar el procedimiento. Empero, antes de instar el incidente de ejecución de sentencia de pago de daños, la parte actora únicamente solicitó que se requiriera a los demandados el cumplimiento de la sentencia en dos ocasiones, a través de los escritos de fechas dieciocho de junio y ocho de noviembre, ambos de dos mil dieciocho. Tampoco asiste la razón a los impetrantes cuando refieren que el artículo 1786 establece que la reparación del daño consiste, a elección del perjudicado, en el restablecimiento de la situación anterior a él, cuando ello sea posible o en el pago de daños y perjuicios, y que el Juez responsable no aplicó ese numeral. Se dice lo anterior porque la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada fue clara al establecer que no se condenaba al pago de daños porque conforme a lo expuesto en la demanda, la naturaleza de éstos son de carácter estructural y la reparación del daño deberá de consistir en el restablecimiento de las cosas al estado que tenían. Pero contrario a lo aducido por los quejosos, la sentencia emitida no deja a su arbitrio si se restablecen las cosas al estado que guardaban o se pagan los daños, como prevé el artículo 1786 antes transcrito; primero, porque en esos términos no se condenó en la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Segunda Sala Civil, así como tampoco existe alguna actuación de la que se desprenda que es imposible cumplir con lo condenado. Es por lo expuesto que se estiman infundados los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos, ya que la resolución impugnada sí se encuentra fundada y motivada, y sí se expusieron los motivos por los cuales no era procedente el incidente planteado. Sin que se haya dejado en estado de indefensión a los promoventes del amparo, porque se dejaron a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que legalmente corresponda. No pasa inadvertido que en la resolución reclamada, la autoridad responsable citó diversos artículos pero no transcribió su contenido, empero, los razonamientos vertidos sirven para explicar éste. Sustenta lo expuesto, la tesis P. CXVI/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, página ciento cuarenta y tres, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." En otro punto, debe asentarse que contrario a lo expuesto por los impetrantes, la tesis que citan para apoyar sus conceptos de violación no es aplicable de manera exacta y no es de carácter obligatorio para este Juzgado Federal. Se dice lo anterior, porque se trata de una tesis aislada, no de una jurisprudencia, aunado a que ésta fue emitida por un Tribunal Colegiado del Primer Circuito, no del Décimo Tercer Circuito, que es donde se ubica este órgano jurisdiccional. Además, del análisis de la ejecutoria que dio origen a la tesis citada por los quejosos, se desprende que en la sentencia analizada a través del amparo directo ********************, se condenó al pago de daños ocasionados a determinado inmueble y se precisó que éstos de cuantificarían en ejecución de sentencia, circunstancia que no acontece en el acto que en esta vía se combate. Por las razones apuntadas, se reitera que son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues en la resolución reclamada, el Juez de origen sí le indicó los motivos por los cuales consideró que era improcedente el incidente de ejecución de sentencia de pago de daños. X. DECISIÓN En consecuencia, lo que procede es negar la protección de la Justicia Federal solicitada por ******************** y ********************, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos. Resulta importante destacar, que el suscrito no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la parte tercero interesada, así como los formulados por el Fiscal Federal de la adscripción, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio de amparo. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ******************** y ********************, contra el acto que reclama del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado IX del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

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