Magdalena Vargas Huerta

Expediente 589/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
589/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Magdalena Vargas Huerta
  • Magdalena Membrila Vargas
  • Juez Tercero de lo Civil de Apatzingán, Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán, acusando recibo del oficio 8976, mediante el cual se le notificó el auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno y se le devolvieron las constancias que allegó al presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 26 de mayo de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 589-2020, sin la comparecencia de las partes . Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales remitidas por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes de admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente presentó alegatos el tercero interesado. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del tercero y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Magdalena Vargas Huerta, Magdalena Membrila Vargas y Lizbeth Membrila Vargas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán y del Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número 589/2020 y en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte determinó carecer de competencia para conocer y resolver la demanda y la declinó a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Tercero. No se acepta competencia. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; órgano de control constitucional que la registró en el libro de gobierno con el número 485-2020; y, en proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, determinó que no aceptaba la competencia planteada, por lo que ordenó devolver el juicio de amparo a este juzgado de distrito. Cuarto. Acusa recibo y se admite parcialmente la demanda de amparo. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el titular de este juzgado de distrito acuso recibo del oficio por medio del cual su homóloga informó que no aceptaba competencia; desechó la demanda por lo que ve al secretario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán y la admitió respecto de los actos atribuidos al titular de dicho órgano jurisdiccional. Asimismo, solicitó a la mencionada autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno se reconoció el carácter de tercero interesado a Edit Membrila Alfaro. Finalmente tuvo verificativo la audiencia constitucional correspondiente, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3-2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P.-J.40-2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI-2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, los actos reclamados por la parte quejosa al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, son: El emplazamiento por edictos efectuado en el juicio especial oral familiar 62-2019 que sobre cesación de la obligación de dar o suministrar alimentos, promovió Edit Membrila Alfaro frente a Magdalena Vargas Huerta, Magdalena y Lizbeth Membrila Vargas; ordenado de esa forma en auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve; y, el proveído de dieciséis de octubre siguiente en el que se tuvo por precluido el derecho de la parte demandada para contestar la demanda así como por contestada en sentido negativo. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe justificado, consistente en copias certificadas del juicio especial oral familiar 62-2019 que sobre cesación de la obligación de dar o suministrar alimentos, promovió Edit Membrila Alfaro frente a Magdalena Vargas Huerta, Magdalena y Lizbeth Membrila Vargas [cuatro tomos]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierten los autos de ocho de agosto y dieciséis de octubre de dos mil diecinueve así como emplazamiento realizado por edictos al juicio de origen; de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El tercero interesado aduce que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 constitucional, ya que estima que no es posible que las quejosas se hayan dado cuenta de los actos reclamados el treinta de julio de dos mil veinte, sino que ello ocurrió al menos desde la segunda quincena de diciembre de dos mil diecinueve, en que se vieron reflejados los efectos de la orden judicial de cesación o cancelación de pensión alimenticia. Causa de improcedencia que es infundada. Ello, porque al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de tesis 32-2000-PS [Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito], determinó: Es decir, el conocimiento que tenga el quejoso respecto del acto reclamado debe ser completo, real e indubitable y no presuntivo, pues no es suficiente que esté enterado de que se emitió una resolución u otro tipo de acto en su contra, ni de qué autoridad la pronunció, sino que debe conocer todos los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento a tal acto a fin de poder defenderse de él. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda hubiera empezado a correr desde días antes al en que hubiera tenido un conocimiento íntegro del acto reclamado, limitando de esa manera el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría también en una denegación de impartición de justicia, rompiéndose, inclusive, el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa. En conclusión, el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para la interposición de la demanda, debe empezar a correr a partir del día siguiente al en que se tiene conocimiento pleno del acto reclamado, esto es, a partir del día siguiente al en que se recibieran las copias solicitadas, atento que no es sino hasta ese momento en que se puede asegurar que el quejoso tuvo conocimiento integral y exacto del acto reclamado". Del texto transcrito se advierte en esencia, que el conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Y en el caso, aun cuando pudiera tenerse por cierto que las quejosas tuvieron conocimiento desde diciembre de dos mil diecinueve que se les dejó de dar el monto correspondiente a la pensión, ello de modo alguno implica que tenían conocimiento del emplazamiento por edictos y demás actuaciones del juicio especial oral familiar 62-2019 que reclaman en el presente juicio, pues ello sólo sería una presunción. Es aplicable, en lo de interés, la jurisprudencia 1a.-J. 42-2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la mencionada contradicción de tesis 32-2000-PS, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, Novena Época, Materia Común, registro digital 186084, la cual es del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa". Por tanto, toda vez que las partes no hicieron valer otra causal de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa la actualización de alguna de ellas; lo procedente es realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a.-J.58-2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En principio es necesario establecer que parte quejosa aduce que tiene el carácter de persona extraña al juicio de origen, respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que es aquélla que no figuró como parte en sentido material dentro del juicio, pero que sufre un perjuicio dentro de éste o dentro del procedimiento de ejecución correspondiente, sin haber sido oída ni vencida, por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P.-J. 7-98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, registro 196932, de rubro y texto: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Sobre esa base, el estudio de la constitucionalidad de fondo se realizará de la forma siguiente: primero, se explicará en qué consiste el emplazamiento a juicio, su trascendencia como garantía del derecho al debido proceso; luego, como en el caso se reclama el emplazamiento dentro de un juicio especial oral familiar, se destacarán las formalidades para su práctica conforme a las reglas descritas en el Código Familiar para el Estado de Michoacán y finalmente, se analizarán los conceptos de violación. Emplazamiento y derecho de audiencia El emplazamiento es el acto procesal mediante el cual se hace saber a una persona que ha sido demandada, se le da a conocer el contenido de la demanda y se le previene que la conteste o comparezca a juicio, con el apercibimiento de tenerlo por rebelde y sancionarlo como tal si no lo hace. Reviste gran importancia porque permite el cumplimiento del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de audiencia consiste en otorgar la oportunidad de defensa previamente ser sometido a un procedimiento, que tenga como objeto privar de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para la determinación de sus derechos y obligaciones en controversias de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, esto es, el respeto al derecho al debido proceso. Sobre el tema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P.-. 47-5, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO" sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: la notificación del inicio del procedimiento; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. Siguiendo esas directrices, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 1a.-. 11-014 (10a.), titulada: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." En ese sentido, la falta de emplazamiento o su verificación defectuosa se traduce en la violación procesal más grave a la ley, porque deja indefenso al demandado, impidiendo la correcta integración del vínculo procesal y vulnera el derecho humano de audiencia. Formalidades del emplazamiento en materia familiar En principio cabe precisar que el llamado a juicio cuya ilegalidad reclama la parte quejosa emana de un juicio especial oral familiar, el cual se rige conforme a los artículos 741 al 746 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, vigente en la fecha en que se ordenó llevar a cabo el emplazamiento del juicio de origen por edictos [ocho de agosto de dos mil diecinueve], los cuales con del tenor siguiente: Artículo 741. La primera notificación se hará en el domicilio designado al efecto y en la persona misma del que deba ser notificado, de no encontrarlo el notificador y cerciorado por el informe de dos vecinos, de que ese es su domicilio y está en la población, le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera, se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre y apellido del promovente, el tribunal o juez que mande practicarla, la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre y apellido de la persona que lo reciba, de todo ello se levantará acta pormenorizada suscribiéndola los que intervinieron en ella, incluyendo a los vecinos, si supieren y quisieren hacerlo". Artículo 742. Para el caso de no localizar al notificado y haya lugar a dejar citatorio, el actuario para fijar la hora de espera, deberá atender a las reglas de la lógica y la experiencia, tomando en cuenta las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda; debiéndose además expresar la razón por la cual determinó el plazo que hubiese concedido". Artículo 743. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán al cónyuge, hijos, parientes, empleados del notificado o a cualquiera otra persona que viva en la casa y si se negaren a recibirlos, se fijarán en la puerta; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, quedarán en la secretaría a disposición del demandado". Artículo 744. Si el funcionario encargado de hacer una notificación recibiere noticia de que la persona buscada en ese momento se encuentra accidentalmente fuera de la población, se hará la notificación mediante instructivo, previo citatorio, dejando en su caso las copias de traslado y asentará razón de esa diligencia, en la que también hará constar que la notificación se tendrá por hecha ocho días después de la fecha de la entrega o de fijado el instructivo". Artículo 745. Cuando la persona que por primera vez deba ser notificada residiere en un punto distinto del lugar del juicio, se enviará exhorto o carta rogatoria, según sea el caso, para que se le emplace. Cuando se ignore su domicilio, se le citará por edictos que se publicarán tres veces consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación de la capital del Estado y en los estrados del juzgado o tribunal; si se indica que radica fuera del Estado, los edictos se publicarán además en un periódico de mayor circulación nacional; y si radica fuera del país, también se publicarán en un periódico de mayor circulación en dicho lugar, en idioma español. En el caso del párrafo anterior, las copias de traslado quedarán en la secretaría a disposición del notificado". Artículo 746. Si se desconoce el domicilio del demandado se le emplazará por edictos conforme al artículo anterior, señalándose para que comparezca un término prudente que no podrá ser mayor de treinta días contados al día siguiente hábil de la publicación del último edicto en el periódico que corresponda, según sea el caso. Si residiere en el extranjero, el juez ampliará el término del emplazamiento a lo que considere necesario, atentas las distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones". Del contenido de los artículos transcritos se advierte el marco jurídico del emplazamiento o llamado a juicio, así como las formalidades de la diligencia que lo debe cumplimentar, que son las siguientes: La primera notificación se hará en el domicilio designado al efecto y en la persona misma del que deba ser notificado, de no encontrarlo el notificador y cerciorado por el informe de dos vecinos, de que ese es su domicilio y está en la población, le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si la persona a notificar no espera, se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre y apellido del promovente, el tribunal o juez que mande practicarla, la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre y apellido de la persona que lo reciba, de todo ello se levantará acta pormenorizada suscribiéndola los que intervinieron en ella, incluyendo a los vecinos, si supieren y quisieren hacerlo. Cuando no se localice al notificado y haya lugar a dejar citatorio, el actuario para fijar la hora de espera, deberá atender a las reglas de la lógica y la experiencia, tomando en cuenta las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda; debiéndose además expresar la razón por la cual determinó el plazo que hubiese concedido. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán al cónyuge, hijos, parientes, empleados del notificado o a cualquiera otra persona que viva en la casa y si se negaren a recibirlos, se fijarán en la puerta; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, quedarán en la secretaría a disposición del demandado. Si el funcionario encargado de hacer una notificación recibiere noticia de que la persona buscada en ese momento se encuentra accidentalmente fuera de la población, se hará la notificación mediante instructivo, previo citatorio, dejando en su caso las copias de traslado y asentará razón de esa diligencia, en la que también hará constar que la notificación se tendrá por hecha ocho días después de la fecha de la entrega o de fijado el instructivo. Cuando la persona que por primera vez deba ser notificada residiere en un punto distinto del lugar del juicio, se enviará exhorto o carta rogatoria, según sea el caso, para que se le emplace. Cuando se ignore su domicilio, se le citará por edictos que se publicarán tres veces consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación de la capital del Estado y en los estrados del juzgado o tribunal; si se indica que radica fuera del Estado, los edictos se publicarán además en un periódico de mayor circulación nacional; y si radica fuera del país, también se publicarán en un periódico de mayor circulación en dicho lugar, en idioma español. Las copias de traslado quedarán en la secretaría a disposición del notificado. Si se desconoce el domicilio del demandado se le emplazará por edictos conforme al artículo anterior, señalándose para que comparezca un término prudente que no podrá ser mayor de treinta días contados al día siguiente hábil de la publicación del último edicto en el periódico que corresponda, según sea el caso. Si residiere en el extranjero, el juez ampliará el término del emplazamiento a lo que considere necesario, atentas las distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. También debe agregarse que si bien, en el caso del emplazamiento por edictos los artículos 745 y 746 del Código Familiar para el Estado de Michoacán no establecen de manera expresa que debe investigarse de forma exhaustiva el lugar de residencia de la persona buscada para tener la certeza de que se desconoce su domicilio y, por ende, proceda la notificación por edictos, una interpretación extensiva de dicho numeral permite colegir que para estimar válida la notificación por edictos es necesaria esa investigación previa, ya que de otro modo, no podría determinarse con seguridad si efectivamente se ignora el domicilio de la persona que se busca y se correría el riesgo de transgredir el derecho de audiencia garantizado por el artículo 14 Constitucional. La finalidad de los requisitos en comento se debe a que el emplazamiento constituye la diligencia de mayor relevancia dentro del procedimiento, toda vez que su omisión o realización en forma contraria a las normas aplicables, no permite al demandado acudir a juicio a oponer las excepciones o defensas que estime pertinentes. Por ende, se impone al funcionario encargado de realizarlo, una serie de formalidades que debe seguir, a fin de obtener certeza de que la persona que deba ser emplazada tenga pleno conocimiento de la existencia del juicio en el que ha sido señalada como parte. De ahí que la estricta observancia de las normatividades que le resulten aplicables, garantiza al demandado el cumplimiento de las prerrogativas formales de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando que se le pueda causar el consecuente estado de indefensión. Sobre este punto, es ilustrativa la jurisprudencia 784, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 531, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, registro 394740, que es del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL. NECESIDAD DE SATISFACER LAS, PARA SU VALIDEZ. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios, que salvaguarda la garantía de audiencia, por lo que el legislador instituyó para su realización una serie de solemnidades sin las cuales el mismo debe considerarse ilegal." Auto en el que se ordenó el emplazamiento por edictos. Es oportuno traer a glosa el contenido del auto en el cual el juez responsable ordenó emplazar a las demandadas del juicio de origen [aquí quejosas] por medio de edictos, el cual es del texto siguiente: Apatzingán, Michoacán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Visto el escrito que suscribe Edit Membrila Alfaro, con el carácter que tiene reconocido, dentro del juicio especial oral familiar número 62-019, en atención a las manifestaciones que realiza en su ocurso de cuenta y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se agotó el procedimiento de investigación ante diversas autoridades administrativas, así mismo se realizaron diversas gestiones a fin de lograr el emplazamiento de las demandadas Magdalena Vargas Huerta, Magdalena Membrilla Vargas y Lizbeth Membrila Vargas, sin obtener resultados satisfactorios, pues no obstante que se logró ubicar algunos domicilios registrados a nombre de las demandadas, no se logró ubicar su paradero. En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 constitucional, que establece que las justicia debe ser pronta y expedita, en relación con los diversos 745 y 746 del Código Familiar el Estado, se ordena emplazar a Magdalena Vargas Huerta, Magdalena Membrilla Vargas y Lizbeth Membrila Vargas, por medio de edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda entablada en su contra, mismos que se ordena publicar a costa de la actora por tres veces consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación de la capital del Estado y en los estrados de este juzgado, para que en el término de treinta días contados a partir del día siguiente hábil de la publicación del último edicto en el periódico que corresponda, comparezcan ante el juez de los autos a dar contestación a la demanda entablada en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por contestada la misma en sentido negativo, quedando las copias de traslado a su disposición en la secretaría de este juzgado. Respecto a las copias certificadas que anexa a su ocurso de cuenta el promovente, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, toda vez que la investigación que realizó la autoridad federal fue realizada por este tribunal con idénticos resultados. Con apoyo en los artículos 17 constitucional, 712, 713, 716, 732, 745, 746, 1000, 1001, 1002, 1003 del Código Familiar del Estado, lo acordó y firma [.]". De igual manera se estima necesario insertar las imágenes tanto del edicto que se publicó en los estrados del juzgado responsable como en el periódico "La Voz de Michoacán", que son las siguientes: Estudio de los conceptos de violación Los conceptos de violación hechos valer por las quejosas son infundados. Previo a establecer las razones de dicha calificativa, debe aclararse, como se asentó en líneas anteriores, que en el caso es aplicable el Código Familiar para el Estado de Michoacán y no el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, como lo manifiestan las quejosas, ya que el juicio de origen es un juicio especial oral familiar que se rige por el primero de los ordenamientos legales citados. Ahora bien, contrario a lo señalado por las quejosas fue legal su emplazamiento al juicio de origen, ya que como se advierte de las constancias que remitió el juez responsable, el juez previo a ordenar su llamamiento a juicio por medio de edictos realizó una búsqueda exhaustiva de su domicilio, ya que para tal efecto en el auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, giró oficio con tal objetivo a las dependencias siguientes: Comisión Federal de Electricidad. Teléfonos de México. Administración de Rentas. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado. Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado. Incluso, aunque no lo incluyó en dicho proveído, se advierte que también giró oficio al Director de Seguridad Pública Municipal de Apatzingán y a la Secretaría de Finanzas del Estado. De la información proporcionada por dichas dependencias, se obtuvieron diversos domicilios, por lo que el juez ordenó su emplazamiento en los mismos. Entre dichos domicilios se encuentran los siguientes: 1. Avenida 22 de octubre, número 948, de la colonia Varrilero de Apatingán (razón de trece de mayo de dos mil diecinueve, foja 470). 2. Calle Ingeniero Heber Soto Fierro, número 120, interior quince, residencial Oasis, en la ciudad de Morelia, Michoacán (razón de cinco de junio de dos mil diecinueve, foja 486 del tomo de pruebas V). 3. Calle Ignacio Carrillo, número 157, colonia Residencial Lancaster, en Morelia, Michoacán (razón de cinco de junio de dos mil diecinueve, foja 487 del tomo de pruebas V). En los cuales se presentaron los actuarios respectivos para emplazar a las demandadas, pero sin lograr localizarlas en los mismos. Asimismo, mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, el actor del juicio de origen exhibió copias certificadas del juicio de amparo 88/2019 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para acreditar que dentro del mismo también se había llevado a cabo un procedimiento de búsqueda del domicilio de las quejosas para emplazarlas al mismo, sin lograrlo. Tan es así que obra el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, en el que al igual que en el juicio de origen, el juez federal ordenó practicar el emplazamiento de Magdalena Vargas Huerta, Lizbeth y Magdalena Membrila Vargas por medio de edictos. Por lo tanto, es evidente que fue legal que el juez haya ordenado en proveído de ocho de agosto de dos mil diecinueve, que el emplazamiento de las demandadas [aquí quejosas] se efectuara por medio de edictos al haber realizado las gestiones necesarias para localizar a las demandas. De igual manera, esta juzgador estima que el juez responsable acató los lineamientos establecidos en los artículos 745 y 746 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ya que los edictos correspondientes se publicaron tres veces consecutivas [diecinueve, veinte y veintiuno de agosto de dos mil diecinueve] en uno de los periódicos de mayor circulación de la capital del Estado, en este caso en "La Voz de Michoacán" y en los estrados del juzgado responsable, como se advierte de las imágenes que se insertaron en páginas anteriores. Del mismo modo, en el auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable les otorgó el término de treinta días contados a partir del día siguiente hábil de la publicación del último edicto en el periódico que corresponda, para que comparecieran ante él a dar contestación a la demanda entablada en su contra y también indicó que las copias de traslado quedarían a disposición de las demandadas en la secretaría del juzgado a su cargo. Máxime las quejosas no ofrecieron prueba alguna tendente a acreditar que el aquí tercero interesado conocía su domicilio, o bien, para probar que viven en otra entidad En las relatadas condiciones, procede negar el amparo solicitado por las quejosas. Negativa que se hace extensiva por el diverso acto reclamado consistente en el proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, ya que no lo reclama por vicios propios, sino que lo hizo depender de la legalidad del emplazamiento reclamado. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Magdalena Vargas Huerta, Magdalena Membrila Vargas y Lizbeth Membrila Vargas, en contra de los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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