Magdalena Leticia Rangel Ortiz

Expediente 1123/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1123/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Magdalena Leticia Rangel Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, en específico del estado procesal que guardan los autos se advierte que mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se difirió la audiencia constitucional, señalando de nueva cuenta las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés; sin embargo, dicho diferimiento es erróneo, dado que el auto en cita debió realizarse dentro del juicio de amparo 1123/2021 promovido por Luis Manuel Vargas Urieta, contra actos de la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Judicial de Zamora, Michoacán, y otra autoridad. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se deja sin efectos el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, aunado a que éste se encuentra totalmente concluido. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de dos del mes y año en curso, se ordenó emplazar al tercero interesado ********************, por medio de edictos, y para ello se otorgó el término de veinte días a la parte quejosa para que solicite dichos edictos, término que a la fecha se encuentra transcurriendo. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene al secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil con sede en la Ciudad de México, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Erika Navarrete Rangel por conducto de su tutora Magdalena Leticia Rangel Ortiz, contra actos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad y de otras autoridades, en virtud de que por auto de cinco de los actuales se declaró incompetente para conocer del presente asunto en virtud de que considera que el acto reclamado tendrá ejecución en este distrito judicial. Por tanto, con apoyo en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo que promueve Erika Navarrete Rangel por conducto de su tutora Magdalena Leticia Rangel Ortiz. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número III-1123/2022-O Ahora bien, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 217 de la Ley de Amparo, constituye hecho notorio para este juzgado que la aquí quejosa promovió diverso juicio de amparo registrado con el 1104/2022, del índice de este juzgado, contra las mismas autoridades responsables y los mismos actos reclamados que en su demanda de cuenta, lo cual se corrobora con el propio juicio de amparo, así como de la captura correspondiente que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) del Poder Judicial de la Federación, con apoyo además en la jurisprudencia XXI.3o. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 183053, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." De igual forma, la jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 168124, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En ese orden, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados en la presente instancia lo siguiente: 1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito; de quien reclamó todo lo actuado dentro del juicio de amparo directo 680/2018; 2. Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; a quien le atribuye todo lo actuado dentro del toca I-175/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que resolvió el juicio ordinario civil 270/2017; y, 3. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad; autoridad a la que reclama todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 270/2017. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. Entonces, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Al respecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.).". Dicha causal de improcedencia tiende a evitar que una misma cuestión concreta pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produzca una proliferación de juicios sobre la misma materia, que impediría la firmeza de las resoluciones judiciales. En el caso, el acto reclamado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, deriva de todo lo actuado dentro del juicio de amparo directo 680/2018, es decir, que combate actos emitidos dentro de diverso juicio de amparo, con sus consecuencias jurídicas. Lo anterior, revela que la cuestión que ahora plantea la quejosa en su demanda de amparo no es susceptible de análisis a través de otro juicio de amparo, toda vez que los actos reclamados fueron emitidos dentro de un juicio de la misma naturaleza que el que se intenta, contra lo cual es improcedente el juicio constitucional de conformidad con el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo será improcedente contra resoluciones en los juicios de amparo o ejecución de las mismas. Sirve de sustento a lo anterior el contenido de la Jurisprudencia XXI.1°.J/15, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 867, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." Resulta aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Luego, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo instituye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (El subrayado es nuestro) (.)". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando exista otro juicio pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, por lo que resultará improcedente el nuevo juicio de amparo. Por tanto, como se dijo antes, constituye hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que con fecha trece de los actuales dentro del juicio de amparo 1104/2022, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Erika Navarrete Rangel por conducto de su tutora Magdalena Leticia Rangel Ortiz, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia y Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, la cual quedó registrada con el número 1104/2022. En relación con lo anterior, resulta pertinente destacar que dentro del juicio de amparo 1104/2022 la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados: I. Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; a quien le atribuye todo lo actuado dentro del toca I-175/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que resolvió el juicio ordinario civil 270/2017; y, II. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad; de quien reclama todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 270/2017. Por tanto, es claro que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio de amparo será improcedente cuando exista otro juicio pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, resulta patente que los actos reclamados son idénticos en ambos expedientes de amparo 1123/2022 y 1104/2022, ambos del índice de este órgano jurisdiccional; extremos que se encuentran satisfechos en el presente expediente, ya que en ambos asuntos se reclaman los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades responsables, sin que se trate de actos diversos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Abril de 2014, Materia Común, Décima Época, visible en la página 265 de texto y rubro siguientes: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Igualmente, la Tesis número 83, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero, Materia Común, Novena Época, visible en la página 260 del texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." También la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero 1996, Materia Común, Novena Época, visible en la página 312 del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Robustece lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 58, del Volumen 16, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, número de registro 239125, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." En las anotadas condiciones se actualiza las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones IX y X, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Ahora, como lo solicita la parte promovente y con fundamento en los artículos 3, 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena hacer las notificaciones subsecuentes, aún las de manera personal, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través del "Nombre de Usuario "manriquez_vieyra", por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se encomienda al actuario adscrito a este juzgado que una vez que se genere la constancia de la consulta realizada digitalice ésta, realice la impresión de un tanto a fin de que se agregue al expediente correspondiente como constancia de notificación. Por otro lado, se tiene como autorizadas para recibir notificaciones a las personas que refiere en su libelo constitucional, sin la plenitud de facultades que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo por no habérselas conferido expresamente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio CCJ/ST/4738/2022 de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 183, fracción II, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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