Magdalena Ochoa López

Expediente 867/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
867/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
31/07/2018

Partes del expediente

  • Magdalena Ochoa López
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 111 a 112), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 113), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 71 a 84), se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder a la quejosa Magdalena Ochoa López, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. los artículo 21, fracción I y XVIII, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, que prevén respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 respecto de la cantidad de $9,326.46, que pago por concepto de inscripción de documento público o privado y por inscripción de préstamo hipotecario con sustento en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, declarado inconstitucional, así como también, realice la devolución de los impuestos adicionales erogados a la quejosa. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 97 a 98), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el siete de junio del presente año (fojas 111 a 112), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia simple del reporte de transferencia bancaria (foja 112), en la cual se advierte que devolvió la cantidad de $14,121.18 (catorce mil ciento veintiún pesos 18/100 moneda nacional), que corresponde al monto erogado por el quejoso con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho (foja 16) y que el diez de julio del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo (foja 112), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil dieciocho al mes de junio del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio del año en que se actúa entre el índice para el mes de marzo del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil dieciocho fue de 132.282 y para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.9988; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $14,121.18 (catorce mil ciento veintiún pesos 18/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, se SOBRESEYÓ por una parte y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. Finalmente se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Magdalena Ochoa López parte quejosa en el presente juicio, en el cual informa el día en que le fue devuelta la cantidad erogada, por tanto, solicita se tenga por cumplida la ejecutoria; sin embargo, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 111 a 112), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 113), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 71 a 84), se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder a la quejosa Magdalena Ochoa López, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. los artículo 21, fracción I y XVIII, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, que prevén respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 respecto de la cantidad de $9,326.46, que pago por concepto de inscripción de documento público o privado y por inscripción de préstamo hipotecario con sustento en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, declarado inconstitucional, así como también, realice la devolución de los impuestos adicionales erogados a la quejosa. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 97 a 98), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el siete de junio del presente año (fojas 111 a 112), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia simple del reporte de transferencia bancaria (foja 112), en la cual se advierte que devolvió la cantidad de $14,121.18 (catorce mil ciento veintiún pesos 18/100 moneda nacional), que corresponde al monto erogado por el quejoso con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho (foja 16) y que el diez de julio del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo (foja 112), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil dieciocho al mes de junio del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio del año en que se actúa entre el índice para el mes de marzo del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil dieciocho fue de 132.282 y para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.9988; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $14,121.18 (catorce mil ciento veintiún pesos 18/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, se SOBRESEYÓ por una parte y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. Finalmente se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Magdalena Ochoa López parte quejosa en el presente juicio, en el cual informa el día en que le fue devuelta la cantidad erogada, por tanto, solicita se tenga por cumplida la ejecutoria; sin embargo, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistas las constancias que anteceden levantadas por la Actuaria Judicial adscrita a este Órgano Jurisdiccional, de la cual se advierte que la primera de ellas, por las razones que expone, no fue posible notificar el auto de cinco de julio del año en curso, a las quejosas Mireya y Guadalupe, ambas de apellidos Hernández Ayala, en el domicilio ubicado en calle Jalisco número doscientos once, de la colonia Valle de Matatipac, de esta ciudad, donde anteriormente se ubicaban las oficinas de la Procuraduría Agraria del Estado de Nayarit. Luego entonces, como es de conocimiento público que las oficinas de la mencionada institución se localizan en calle P. Guerrero número doscientos diez, esquina con la diversa Amado Nervo, de la colonia Emiliano Zapata, de esta ciudad; consecuentemente, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, a fin de que se constituya en el domicilio que ocupa las oficinas de la Procuraduría Agraria del Estado de Nayarit y lleve a cabo la notificación relativa a las mencionadas quejosas. Luego, de la segunda de las razones actuariales de mérito, se observa que a la referida funcionaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, no le fue posible notificar el auto de cinco de julio de la presente anualidad, a la parte tercera interesada Benjamín Hernández Vera, por las razones que de la misma se desprenden. De ahí que con fundamento en el arábigo 297, fracción II, de la Ley Adjetiva Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcione el domicilio exacto y actual donde pueda ser notificado el aludido tercero interesado, apercibida que en caso de ser omisa, en el plazo que se le concede, se procederá en términos de lo establecido por el dispositivo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con residencia en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector.

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