Magally Aranda Lomelí

Expediente 550/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
550/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Magally Aranda Lomelí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el diez de julio del año en curso (fojas 75 y 76), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de once de julio del actual año (foja 77), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el doce de julio del actual año (foja 78); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del dieciséis al dieciocho de ese mes, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** En ese sentido, mediante resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 45 a 58), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ** Resolución que causó ejecutoria el doce de junio de dos mil diecinueve (fojas 63 y 64). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la disidente, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a la agraviada única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de la cantidad de $20,064.00 (Veinte mil sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el diez de julio del actual año (fojas 75 y 76), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó la impresión de la transferencia efectuada en favor de la promovente del amparo, el nueve de julio del actual año, por la cantidad de $19,797.97 (Diecinueve mil setecientos noventa y siete pesos 97/100 Moneda Nacional), por concepto de las sumas que en su momento erogó la agraviada con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $20,064.00 (Veinte mil sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de $19,774.00 (Diecinueve mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (foja 12) y el nueve de julio del año en curso, la autoridad responsable efectuó la transferencia antes indicada (foja 76); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a julio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de mayo del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior de los meses respectivos, no hubiera sido publicado por el Banco de México al día en que, en su caso, se expidió el recibo fiscal o bien, se efectuó la devolución de la cantidad erogada, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual anterior publicado, esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.108; y para el mes de mayo de esta anualidad fue de 103.233 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0012. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $19,797.72 (Diecinueve mil setecientos noventa y siete pesos 72/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $23.72 (Veintitrés pesos 72/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de $19,797.97 (Diecinueve mil setecientos noventa y siete pesos 97/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $19,797.72 (Diecinueve mil setecientos noventa y siete pesos 72/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $19,797.97 (Diecinueve mil setecientos noventa y siete pesos 97/100 Moneda Nacional), es decir, entregó en favor de la promovente del amparo un excedente de $0.25 (Cero pesos 25/100 Moneda Nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por ésta por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite el oficio signado por Karla Marvelly Gudiño Dena, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y documental que adjunta, mediante los que en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo, informa que remitió a la Dirección General de Tesorería, los datos necesarios a efecto de que éste realice la transferencia electrónica a la parte quejosa; sin embargo, únicamente glósense a sus autos para que obren como legalmente corresponda, toda vez que mediante proveído de veintiocho del mes próximo pasado (foja 70), se tuvo a dicha delegada comunicando lo conducente y se proveyó al respecto.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al requerimiento contenido en el proveído de trece de junio del año en curso (foja 175); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el cinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 54 a 81), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de $26,783.97 (veintiséis mil setecientos ochenta y tres pesos con noventa y siete centavos 97/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"." 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige que el acto que debía realizar las autoridades responsables para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; asimismo, para que fueran desincorporados de su esfera jurídica. B). Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público número dieciocho mil novecientos sesenta y cuatro, respecto de la cantidad de $26,783.97 (veintiséis mil setecientos ochenta y tres pesos 97/00 moneda nacional) la cual debía ser actualizada. Luego, a través de los oficios y anexos presentados por la autoridad responsable a través de su delegada (fojas 112, 113 y 127 a 128, respectivamente), informó a este Juzgado Federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho y veintitrés de enero de dos mil diecinueve se efectuó las devoluciones a la parte quejosa por medio de transferencias electrónicas, por las cantidades de $13,730.35 (trece mil setecientos treinta pesos 35/100 moneda nacional) y $13,407.06 (trece mil cuatrocientos siete pesos 06/100 moneda nacional), respectivamente, sumando un total de $27,137.41 (veintisiete mil ciento treinta y siete pesos 41/100 moneda nacional. En ese contexto, dado que al monto de $26,783.97 (veintiséis mil setecientos ochenta y tres pesos 97/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $26,503.97 (veintiséis mil quinientos tres pesos 97/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho y en el mes de enero de dos mil diecinueve, se efectuó la última devolución mediante trasferencia electrónica a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable pretendió devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de julio del año pasado a diciembre del mismo año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de diciembre del año pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio del año pasado fue 99.909; y, para el mes de diciembre de dos mil dieciocho 103.020. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.103113. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $27,329.03 (veintisiete mil trescientos veintinueve pesos 03/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $825.06 (ochocientos veinticinco cinco mil pesos 06/100 moneda nacional). Por tanto, mediante el oficio y anexo señalados en párrafos que anteceden, se advirtió que la autoridad oficiante entregó a la parte quejosa la cantidad de $27,137.41 (veintisiete mil ciento treinta y siete pesos 41/100, moneda nacional), por concepto del derecho reclamado; sin embargo, se evidenció que no se pagó la totalidad de la cantidad actualizada referida en el párrafo que antecede, resultando un déficit equivalente a $191.62 (ciento noventa y un pesos 62/100 moneda nacional). Derivado de lo anterior, mediante proveído de dieciséis de mayo actual (fojas 165 y 166), este Órgano Jurisdiccional requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit para que entregara el citado faltante a la parte quejosa. Luego, mediante auto de tres de junio de este año, se tuvo a la delegada del recaudador responsable, informando que la parte quejosa, no se había presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización de la cantidad condenada en la sentencia amparadora, esto es, la suma de $191.62 (ciento noventa y un pesos 62/100 moneda nacional), no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello; asimismo, mediante auto de trece de junio de la presente anualidad (foja 175), este órgano jurisdiccional le dio vista a la parte quejosa de manera personal con lo antes informado por la responsable, a fin de que compareciera a recoger el título de crédito puesto a su disposición, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del término otorgado, este juzgado con apoyo en la ejecutoria y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio se pronunciaría en relación al mencionado cumplimiento del fallo protector, lo que no aconteció por la parte promovente del amparo. Por tanto, se DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sin que sea óbice a lo anterior, que del análisis de las constancias de autos, no se aprecia que la parte quejosa haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hiciera entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector respecto de la actualización de la cantidad condenada; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la peticionaria de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

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