Magdalena Leticia Rangel Ortiz

Expediente 756/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
756/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • Magdalena Leticia Rangel Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de quince de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amaro; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNO DE PRUEBAS. Devuélvase al Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, las copias certificadas del juicio 757/2015, con el que se ordenó formar un tomo de pruebas por separado, el cual acompañó como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 756/2018, promovido por Magdalena Leticia Rangel Ortiz, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, recibido en esa misma data por el Oficial de Partes de este Juzgado, Magdalena Leticia Rangel Ortiz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, respecto de los actos reclamados al Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violado en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previas aclaraciones en auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con la misma con el número de expediente II-756/2018; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículos 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades circunscritas al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste en: La sentencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho que resolvió el recurso de revocación plateado para combatir el auto de fecha dos de julio del año en cita. TERCERO.- CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. CUARTO. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. No obstante la certeza del acto reclamado a la responsable, no se entrara al estudio de fondo del asunto que nos ocupa en virtud de las siguientes consideraciones. Del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo que nos ocupa, aparece que por auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional le reconoció el carácter de tercero interesado a Silvia Contreras Alipio; para lo cual en ese mismo auto se ordenó su emplazamiento. Sin embargo, virtud a las razones expuestas en autos del presente juicio de amparo, no fue posible llevar a cabo el emplazamiento respecto de la tercero interesada, motivo por el cual en auto de once de octubre de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio de la interesada de marras. Después de concluido el plazo referido en el párrafo anterior, sin que la quejosa haya proporcionado domicilio alguno en auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se inició el procedimiento de investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, para lo cual se giraron diversos oficios al Vocal del Instituto Nacional Electoral, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, Gerencia Comercial Zona Michoacán de Teléfonos de México, S.A., Comisión Federal de Electricidad, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, Titular de la Subdelegación Metropolitana del Instituto Mexicano del Seguro Social y Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, todos con residencia en esta ciudad; sin que haya sido posible emplazar a dicha tercero en los domicilios que resultaron de dicho procedimiento. En consecuencia, en auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar al tercero interesado, a través de edictos que se publicarían a costa de la parte quejosa, por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en el periódico de mayor circulación en el Estado, requiriéndose en dicho proveído a la parte impetrante del amparo, para que dentro del término de veinte días, contados a partir del siguiente al en que quedara debidamente notificada de ese auto, compareciera a recoger los edictos respectivos, a fin de que procediera a su publicación, o bien, dentro del mismo término manifestara el impedimento legal o material que tuviere para ello, apercibiéndole que de no hacerlo, se celebraría la audiencia constitucional en su perjuicio, lo cual no hizo tal y como se desprende de la certificación relativa asentada en la audiencia que antecede. De lo anterior, se pone de relieve, que en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63 fracción II, de la Ley de Amparo, si se tiene en consideración que no obstante de haber pretendido llevar a cabo el emplazamiento de Silvia Contreras Alipio, en los domicilios que se allegaron al sumario, no fue posible realizar dicha diligencia, por las razones ya expuestas en párrafos precedentes; de modo que, una vez agotado el procedimiento de investigación a que se refiere el penúltimo de los preceptos legales invocados, se ordenó emplazar al tercero interesado, a través de edictos a costa de la parte impetrante, los cuales no fueron recogidos, ni tampoco acreditado la imposibilidad económica alguna para su publicación, no obstante haberle requerido para ello. Situación, la anterior, de la cual se colige que la parte quejosa ha incumplido con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento, derecho protegido y elevado a rango constitucional en términos del segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna; lo que hace que el suscrito no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio de garantías en que se actúa, dado que, pese al requerimiento formulado a la parte quejosa no compareció a recoger los edictos relativos para emplazar a los terceros interesados, ni a acreditar la imposibilidad económica que tuviera para ello. Luego, es de considerarse que en el caso particular, se actualiza la causal de sobreseimiento en cita, pues con la no publicación de los edictos ordenados, los que incluso no compareció a recoger, queda paralizado el juicio de amparo, con lo cual se entorpece la administración de justicia, al retardarse la solución del conflicto, lo que contraviene lo establecido por el artículo 17 constitucional, ya que tal circunstancia no es atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, como es en este caso, la parte quejosa. Sirve de apoyo a la presente determinación, la jurisprudencia número 64/2002, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso éste no los recoge para su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso con lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, si no al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". El criterio que antecede se invoca aun y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de la misma; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. Sin que en el caso se hubiese procedido en términos del artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, toda vez que, como quedó de manifiesto la parte quejosa ni siquiera compareció a recoger los edictos para su publicación. En tales condiciones y con apoyo además en el artículo 63, fracción II de la ley de la materia, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por Magdalena Leticia Rangel Ortiz, contra actos Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. CUARTO. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de ellas, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en la misma se contengan. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Magdalena Leticia Rangel Ortiz, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a ocho de febrero de dos mil diecinueve. JUEZ DE DISTRITO SOLICITA COPIAS. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, como lo solicita, mediante oficio que derive del presente proveído, remítansele las copias certificadas a que alude. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Silvia Contreras Alipio por medio de edictos a costa de la parte quejosa, por lo que se encuentra transcurriendo el término concedido en dicho auto, en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. PEDIMENTO MINISTERIAL. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Femmg

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